A medida que se acerca la firma de los acuerdos de la mesa de negociaciones de La Habana entre el gobierno y las FARC, se fortalece y se difunde ampliamente un discurso sobre la necesidad de establecer un gran pacto nacional en torno a la paz y de fomentar un proceso de reconciliación entre todos los colombianos. Este discurso es defendido en gran medida por las élites políticas, económicas y mediáticas del país, por lo que tiende a volverse un consenso “oficial” de cara al “posconflicto”. Si bien su contenido aparece como loable y positivo, este representa más un deseo que un programa concreto.

La voluntad de inclusión de este discurso de reconciliación nacional está ilustrada en los numerosos llamamientos, desde distintas orillas, a que el expresidente Álvaro Uribe se junte al proceso de paz, y deje entonces de liderar la oposición en su contra. La idea es que se requiere el respaldo de Uribe, y por lo tanto de los sectores que representa, para que la paz sea completa, estable y duradera. Esta idea ha sido defendida por el propio presidente Santos desde el principio del proceso y por numerosos editoriales y columnas en medios influyentes, invitando al expresidente a “montarse en el bus de la paz”. Pero estos numerosos llamamientos también emanan de voces “independientes”, como la de Álvaro Leyva, e incluso de algunos uribistas, como el excomisionado de Paz, y actualmente prófugo de la justicia, Luis Carlos Restrepo. Hasta el propio Timochenko, jefe máximo de las FARC, se dirigió a Uribe para decirle que lo querían “sentado a la Mesa de la Reconstrucción y Reconciliación Nacional”.

Sin embargo, estas invitaciones a que Uribe se conecte al proceso de paz y de reconciliación nacional, para un supuesto beneficio mutuo, no parecen interrogarse lo suficiente sobre la esencia y el significado de su oposición a la paz, como tampoco sobre la particularidad de su profunda radicalidad, y lo presentan como un político “normal”, que actúa por egoísmo y terquedad. Pero más allá de la voluntad simplista de querer atraer al campo de la paz a su máximo contrincante, cabe preguntarse si es realmente conveniente buscar el respaldo de Uribe a la paz.

Uribe o la criminalidad al poder

Sobre Álvaro Uribe se ha escrito una infinidad de cosas, pero lo seguro es que el término “controversial” parece un eufemismo cuando se hace referencia a él. Lo que queda ilustrado, por ejemplo, en el hecho de que su entorno siempre ha estado integrado por un gran número de individuos que han venido siendo condenados o investigados por crímenes particularmente graves. Como lo afirmó el magistrado Rubén Darío Pinilla Cogollo durante una audiencia de Justicia y Paz, al referirse a los numerosos hechos que relacionan a Uribe con el paramilitarismo, “no es posible estar dentro de una piscina y no mojarse”.

Gran parte de la imagen “positiva” de Uribe corresponde a su famosa “mano dura” y a sus supuestos logros en materia de seguridad. En este sentido, se volvió un tópico la afirmación según la cual las FARC están sentadas en la mesa de La Habana “gracias” a la arremetida militar en su contra durante los ocho años de la “seguridad democrática”. Sin embargo, no se puede dejar de lado que esta arremetida fue acompañada de una verdadera “guerra sucia”, dirigida particularmente contra la población civil y fomentada y legitimada desde la propia Casa de Nariño.

A pesar de la cantidad de elementos que relacionan a Uribe con la criminalidad, su popularidad sigue siendo alta, lo que demuestra que su discurso guerrerista todavía cala en una parte importante de la sociedad colombiana. Además sigue siendo considerado por una gran mayoría de las élites, los mismos que determinan el contenido del “relato nacional”, como un gran líder político. Sin embargo, se puede pensar que uno de los “resultados” de la paz debería ser justamente que cambie esta imagen, es decir que Uribe, y su presidencia, aparezcan cada vez más como un símbolo de la criminalidad al poder.

Oposición al proceso de paz para conquistar de nuevo el poder

A estas alturas del proceso de paz, seguir esperando que Uribe cambie de actitud y respalde las negociaciones no es más que un deseo piadoso. Es más, el caudillo no ha dado ninguna señal, ni siquiera una premisa, de autocrítica de su análisis político, de su actuación en el poder o de su discurso guerrerista. Desde que volvió plenamente a la arena política, ha logrado posicionar su partido, de manera engañosa, como la oposición al gobierno de Santos, al mismo tiempo que ha conseguido hacer creer que no está en contra de la paz sino de este proceso de paz. La motivación de este regreso y de la conformación del Centro Democrático está enteramente sustentada en esta doble oposición.

El hecho de que la política del gobierno de Santos no difiera mucho en realidad de la de su propio gobierno y que esté comprobado que como presidente estaba dispuesto a otorgar beneficios parecidos a las FARC para iniciar negociaciones, no cambia esta constatación. Por más que sus argumentos puedan parecer “irracionales”, sesgados y de mala fe, sería un error considerarlo como un politiquero susceptible de “cambiar de chaqueta”, y minimizar la fuerza de su oposición. Dicho de otra manera, las élites se equivocan si piensan todavía que pueden “domesticar” a Álvaro Uribe.

No deja de llamar la atención la rapidez con la cual Uribe ha logrado conformar una nueva fuerza política de peso, con la creación de un nuevo partido compuesto de integrantes dedicados a él, muchos de ellos jóvenes, que ha tenido de manera inmediata resultados electorales importantes y cuyo candidato presidencial casi derrotó a Santos en el 2014. Para conseguir esto, no dudó en volver a ser un “simple” senador, en un hecho inédito para un expresidente, lo que demuestra la dimensión de su “motivación”. Paralelamente, sigue teniendo apoyos muy importantes dentro de las Fuerzas Militares y aún puede contar con auxiliadores decisivos en los medios de comunicación.

Esta “nueva fuerza uribista” está presente para disputar el poder y conseguir la hegemonía ideológica, no para hacer parte de cualquier coalición por la paz. En este sentido, existe una fuerte probabilidad de que el uribismo fomente una alianza estratégica con un candidato presidencial “crítico” del proceso de paz, exterior a su partido pero con altas posibilidades de victoria, ya sea el actual procurador Ordóñez o el “todopoderoso” Germán Vargas Lleras. Es preciso darse cuenta de que la popularidad de Uribe corresponde en gran parte al desprecio de la gente por la clase política “tradicional”, la misma que defiende la campaña “oficial” a favor del proceso de paz, porque él sabe muy bien como capitalizar este descontento y sacar provecho de su talante demagógico.

La necesaria confrontación del uribismo y la democratización del país

Más allá de la cuestión de saber si Uribe puede terminar por apoyar el proceso de paz, cabe preguntarse si este apoyo sería pertinente y conveniente. Primero que todo, es evidente que invitar al expresidente a participar de un “diálogo constructivo” así como a juntarse al trabajo de “edificación de un país mejor” no ha tenido mayores efectos puesto que él y sus seguidores no se ubican en una postura de crítica argumentativa y democrática, sino de diabolización a ultranza. Por lo tanto, el uribismo no se puede neutralizar sino que tiene que ser confrontado. En este sentido, es importante señalar que la crítica al uribismo, en un contexto futuro de “posacuerdo”,  no puede ser entendida como una  venganza o como una falta de compromiso con la paz, porque esta representa una parte necesaria de la disputa política nacional, que podrá expresarse de manera más contundente ya sin el espectro del conflicto armado.

Paralelamente, un proceso de paz exitoso debería traducirse en una profunda democratización del país, lo que va claramente en contravía de las concepciones uribistas. En efecto, Uribe es símbolo de caudillismo, de conservatismo a ultranza, de los terratenientes, de la estigmatización de la protesta social y de la oposición política, de la sujeción de las instituciones… Es más, confrontarlo es clave puesto que él es la personificación de la “cultura paraca” que ha impregnado la sociedad colombiana durante décadas y que es tal vez el principal obstáculo a la implementación del proceso de paz. Es decir una “cultura” que mezcla estigmatización política, desprecio social, feudalismo y machismo, y que ha representado una altísima degradación moral para el país.

La paz es la derrota de Uribe

Así las cosas, la insistencia de una gran parte de las élites de invitar a Uribe a acogerse al proceso de paz es reveladora de su concepción “artificial” y minimalista de la paz, y es contradictoria con el supuesto fortalecimiento de la democracia que debería promoverse, puesto que el uribismo simboliza su negación. Tomando esto en consideración, la problemática central ya no es que la paz necesite a Uribe, sino que Uribe es dependiente de la permanencia de la guerra. Por lo tanto, un respaldo de Uribe al proceso de paz sería de cierta manera una derrota. El desafío es más bien lograr marginalizarlo y vencerlo tal como es. En otros términos, una paz completa y duradera no pasa por la adhesión de Uribe al proceso de paz, es por el contrario el fortalecimiento de la paz lo que podría generar el debilitamiento progresivo del uribismo y de su discurso. De la misma manera que el fracaso de las negociaciones del Caguán permitió la creación del “personaje” Uribe, el éxito de las negociaciones de La Habana podría significar su “muerte política” a mediano plazo.

Es equivocado pensar que abogar por la necesidad de un consenso nacional es favorable para la paz, pues sería en realidad la mejor manera de esquivar los imprescindibles cambios que requiere una auténtica paz. En este sentido, parecería que la voluntad de atraer a Uribe al proceso de paz correspondería ante todo a un cálculo simplista para lograr de manera automática el respaldo de sus seguidores, es decir de un gran número de electores potenciales. Pero se trata de un cálculo erróneo, pues lo que hay que buscar es que estos seguidores se alejen progresivamente del uribismo al ver los “beneficios” que traerá la paz, lo que implica unos cambios profundos en cuanto a la inclusión política y a la justicia social. Cambios que representarían un costo para las élites nacionales, que tal vez no están muy dispuestas a pagar.