Colombia lleva cuatro años en “modo paz”. Tiempo valioso para tomar conciencia del significado profundo que implica salir de la guerra y hacer el tránsito hacia una vida normal, como cualquier país latinoamericano. No obstante, la diversas miradas que existen sobre la superación del conflicto armado por la vía negociada y la construcción de paz, convierten estos dos objetivos en una disputa política donde cada quien juega sus mejores apuestas. Así las cosas, los desafíos se multiplican.

Frente al Gobierno nacional, es claro que su partida mayor está en desmovilizar a las guerrillas y saldar el conflicto armado, con el costo político y económico propio de una negociación que requiere reformas básicas para el tránsito hacia la vida civil. Sus ganancias sin duda serán mucho mayores, como advierten altos funcionarios del Gobierno, relacionadas con mayor inversión extranjera, confianza y seguridad inversionista, llegada de los empresarios a zonas inaccesibles hasta ahora, incremento de la extracción de recursos naturales. En fin, mejoría del contexto para el fortalecimiento del modelo neoliberal. Todo muy lejano a la superación de la pobreza e inequidad, altamente diagnosticada en Colombia.

Para las insurgencias, por el contrario, se trata de dejar la piel que los envuelve hace más de 50 años y arrancarle a la negociación parte de sus apuestas políticas, económicas y sociales, que sin duda, serán pocas frente al sacrificio y costos que arrastran por cinco lustros de desangre.

Para el movimiento social (diverso y amplio por demás) las expectativas en el proceso de paz no son menores, en la medida que ha sido víctima de la guerra y del modelo económico, pero además considera que la negociación del conflicto armado, conlleva la superación de importantes conflictos sociales y políticos, todos conexos entre sí.

En consecuencia, los retos y desafíos del proceso de paz, son una constelación interesante de tangibles e intangibles, difíciles de enumerar. Sin embargo, recogemos tres asuntos programáticos y problemáticos arraigados en la cultura política del país, que de no ser superados, el tránsito del conflicto hacia la paz, no verá buenos frutos.

Garantías y doctrina de seguridad nacional

De años atrás diversos sectores vienen exigiendo al Gobierno y al Estado nacional la construcción de garantías para el ejercicio de la defensa de los derechos humanos, de la oposición política, la movilización social, entre otros. Hoy, en los diálogos de paz en La Habana, las garantías sigue siendo un tema central para la tranquilidad de quienes piensan entrar al juego político en la vida civil. Es decir, un posconflicto armado sin garantías reales, queda en dificultades.

Ante las numerosas exigencias de garantías demandadas al Estado colombiano por las elevadas cifras de líderes sociales y defensores y defensoras asesinadas, la respuesta de los diferentes gobiernos ha sido prácticamente la misma: incrementar los mecanismos de protección física, aumentar el presupuesto de la Unidad Nacional de Protección y esquemas de seguridad privatizados. Sin embargo, protección física no es lo mismo que garantías, y eso parece que los funcionarios no lo han querido entender.

Proteger es dar por hecho riesgos y amenazas reales que afectan a una persona o grupo, ante lo cual hay que generar una barrera de protección para evitar que el daño se concrete. Garantías es todo lo contrario: quitar del contexto los riesgos y amenazas que ponen en peligro la integridad física de una persona o colectivo, ante lo cual, ya no sería necesaria la protección física.

Así las cosas, por ejemplo, creer que con fuertes esquemas de seguridad para los liderazgos políticos surgidos de los acuerdos de paz, es suficiente para garantizar su vida, con los elevados costos económicos que ello implica, es simplemente miope. El desafío radica en avanzar hacia la construcción de un modelo de seguridad para el posconflicto armado y enfoque de paz. En este punto, los y las ciudadanas tienen mucho que decir, aportar y decidir, contrario a lo que piensa el Gobierno, que considera el tema de la seguridad vedado tanto para las insurgencias, como se ha evidenciado en las negociaciones, como para la sociedad, ya demostrado igualmente en la mesa de negociación de la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular.

El reto para Colombia en materia de garantías está en empezar a remover el modelo de seguridad (Doctrina de Seguridad Nacional) de enfoque básicamente militarista y cuya construcción política de “enemigo interno”, no sólo se centró en combatir las insurgencias, sino también de manera importante todo el espectro organizativo social y de oposición. Así mismo, erradicar instrumentos criminales, como el paramilitarismo y la utilización de la inteligencia para la persecución de importantes sectores sociales y populares. De la misma manera, resulta imperativo sanear las Fuerzas Militares y entes como la Fiscalía y la Procuraduría, utilizados contra el liderazgo social.

Participación

Por otra parte, mucho se habla de la participación para la paz, a propósito de las fases que siguen a la firma de los acuerdos: refrendación, implementación y verificación. Sin embargo, frente a este tema, también existen evidentes diferencias reflejadas en el enfoque de participación esbozado por el Gobierno, por las insurgencias y por el movimiento social.

Para el Gobierno nacional, la participación de la sociedad en el proceso de paz tiene un carácter funcional o instrumental para legitimar las decisiones o escenarios donde se discute la política. A lo sumo, se recurre a la participación consultiva para escuchar opiniones de las comunidades, pero no para recoger el sentir y búsqueda de éstas y convertirlas en realidad. Vale decir, se aplica el enfoque histórico de la restringida democracia colombiana, donde la participación es una mera formalidad para involucrar al “constituyente primario” pero sin vincularlo en las decisiones y políticas tomadas. Éstas quedan solo y exclusivamente en los representantes institucionales. Hablar aquí de los mecanismos de participación existentes en la Constitución Política, no tiene sentido, pues estos han demostrado su ineficacia, incluso en clave de paz.

Distinto piensan importantes sectores del movimiento social y popular del país. Participar implica decidir en las políticas que resuelven el rumbo del país, haciendo uso del sentido categórico del constituyente primario. Participar es, en sí mismo, el más profundo ejercicio de la democracia real. De ahí que un cambio sustancial, producto de la superación del conflicto armado para dar paso a la construcción de la paz, es el modelo de participación. Seguir creyendo que las comunidades no tienen la capacidad, legitimidad y sabiduría para regir sus destinos, es obtuso y mezquino, propio de las élites políticas gobernantes en la historia de Colombia, generadoras, por demás, de la exclusión política y económica, fuente nutricional del conflicto armado.

Cambiar el enfoque estrecho de la participación y devolverle la connotación más amplia, garantizará así mismo, la construcción de confianza en la institucionalidad por parte de las comunidades. Dará al pueblo la soberanía que le otorga la Constitución Política para decidir sobre los principales problemas que se deben superar. Permitirá que el buen vivir edificado por comunidades ancestrales gane vigencia en las políticas públicas. Facilitará el control social a las finanzas del Estado y, en la medida que la población tenga decisión sobre la suerte del país, serán menos necesarias las movilizaciones y protestas sociales, dado que sus búsquedas se van integrando, y transformando el modelo generador de marginalidad, inequidad e injusticia social.

Confianza

Tantos años de conflicto armado, enraizado en las regiones del país, ciertamente desfiguraron el papel de los distintos actores que actúan en un territorio, y superpusieron poderes reales sobre los nominales o estos últimos cogobernaron con los primeros, en detrimento de la democracia y los valores propios de una sociedad equilibrada.

Así, se construyó una relación instrumental mutua entre comunidades e institucionalidad, de tal manera que no se edificó confianza entre ellas, ni reciprocidad, sino una suerte de instrumentalización recíproca. Mientras los gobernantes utilizan a los pobladores para ser elegidos a cualquier precio y prometen el oro y el moro, con la certeza de que no van a cumplir, aquéllos miran al administrador como un burócrata recubierto de poder, sin ningún asomo de dignidad y autoridad moral, que lo convierte en un hacedor de favores particulares o colectivos, desprovisto de capacidad para coadyuvar a superar las penurias de las comunidades y mucho menos contribuir a su progreso.

Por tanto, lo que se encuentra en los territorios es una arraigada desconfianza bilateral que no permite ni siquiera el ejercicio de la democracia formal. A esto se suma la desconfianza profunda y el “principio de mala fe” que acompaña a las instituciones militares sobre las comunidades y viceversa. Y si se agrega el poder de control territorial también ejercido por las guerrillas, la situación es realmente compleja para imaginarse una convivencia.

Pues bien, una vez superado el conflicto armado y colateralmente algunos sociales y políticos, no será la confianza la inmediatamente gananciosa; la creación de esta requerirá un largo periodo de pruebas recíprocas y la deconstrucción de narrativas arraigadas en la desconfianza para ir dando pasos de credibilidad mutuas, necesarias para la convivencia y apertura a la lucha política civil en condiciones de garantías para todos y todas.

Ahora bien, en muchos lugares, además de esa complejidad, las comunidades acudieron a fortalecer sus juntas de acción comunal, asociaciones de juntas y otras expresiones organizativas para ordenar su territorio, ante la ausencia del Estado y de gobernabilidad institucional. Pero también, hay que decirlo, sujetaron sus poderes políticos y autónomos a imposiciones de las guerrillas, cuando estas ejercen parte del control territorial.

En fin, una vez desmovilizadas las insurgencias, ajustar y reacomodar poderes, termina siendo un gran desafío: las comunidades y sus organizaciones políticas han de ganarse un lugar importante y decisorio; las autoridades elegidas tendrán que ver a las comunidades como sujetos de derecho, poder de acción y decisión, pero además, asumir el papel de ejecutoras de mandatos otorgados por la población; las autoridades militares ocupar el lugar limitado y dependiente de la autoridad civil como corresponde, y despojarse de esa súper estructura onerosa que les permitió el establecimiento con la excusa del conflicto armado y bajo la cual tanto abuso han cometido.


*Diana Sánchez es defensora de Derechos Humanos, directora de la Asociación Minga y coordinadora del programa Somos Defensores.