Edwin Cruz Rodríguez

* Edwin Cruz Rodríguez

Politólogo, especialista en Análisis de políticas públicas de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en Análisis de problemas políticos, económicos e internacionales contemporáneos de la Universidad Externado de Colombia, candidato a doctor en Estudios políticos y relaciones internacionales e integrante del Grupo de Investigación en Teoría Política Contemporánea de la Universidad Nacional de Colombia. Ha publicado varios artículos en revistas especializadas de distintos países. En 2011 obtuvo el primer lugar en el premio de ensayo sobre América Latina (categoría estudiante de doctorado) del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Alcalá

Uno de los más grandes retos a los que se enfrentará Colombia, luego de la suscripción de un acuerdo de paz definitivo, será terminar con la lógica que ha justificado el genocidio político, en particular, aunque no exclusivamente, el de la Unión Patriótica (UP). Se trata de un conjunto de proposiciones, no necesariamente consistentes desde una perspectiva formal pero insertas en el sentido común, que directa o indirectamente terminan por justificar el exterminio de ese partido político y que algunas veces están presentes incluso en el discurso de quienes lo rechazan.

Los desencadenantes de esos hechos son diversos y muy complejos, están arraigados en la manera como se ejerce el poder en lo local y en lo nacional, en el sistema de mecanismos sustentado en la ya conocida mezcla de balas, dinero y votos, y en la constelación de intereses de los diversos actores que de él se han beneficiado.

Así, esa lógica no explica por completo el genocidio político, pero es un elemento ideológico imprescindible para comprender de qué manera intereses disímiles, como los de la clase política nacional y regional, de sectores de las Fuerzas Armadas y de criminales organizados, pueden converger en tan macabro propósito y, más que eso, para responder por qué ante los ojos de nuestra sociedad, vale decir, del colombiano promedio, no reviste la gravedad que merece, no indigna como debería.

El silogismo podría sintetizarse de la siguiente forma:

Premisa 1. Las FARC no se comprometieron con el proceso de paz de Betancur y en forma premeditada usaron el exterminio de la UP para mostrar las restricciones de la democracia colombiana y legitimar la lucha armada.

Premisa 2. Además, el genocidio se originó como parte de la guerra entre el Cartel de Medellín y las esa guerrilla.

Conclusión: por lo tanto, los culpables del genocidio son las FARC y los dirigentes de la UP, por no renunciar a la “combinación de todas las formas de lucha”.

Como puede verse, en su conjunto estas proposiciones no dejan de ser absurdas; sin embargo, cada cierto tiempo se repiten tanto en la prensa como en mentideros políticos de las más disímiles corrientes.

Es cierto que en el momento de firmar los acuerdos de La Uribe que darían nacimiento a la UP, el 28 de marzo de 1984, las FARC le apostaban a la “combinación de todas las formas de lucha”, pero de ahí a pensar que deliberadamente calcularon el genocidio para legitimar la lucha armada, a la manera de una “profecía autocumplida”, como lo han sostenido incluso respetados académicos, hay un trecho gigantesco. Y el problema no es dilucidar si esa guerrilla sería o no capaz de hacer algo así.

Para empezar, la lógica formal no apoya esa hipótesis, pues implicaría que las FARC tendría tanto conocimiento del funcionamiento del sistema político colombiano, como para predecir sus desenlaces a mediano plazo. En el fondo, esa creencia se apoya en una visión simplista y conspirativa de la política, muy similar a esa otra que dice que las negociaciones de paz están entregando el país al “castrochavismo”. Si eso fuera cierto, es decir, si las FARC pudieran hacer este tipo de predicciones, y si la política funcionase de esa manera, entonces esa guerrilla no tendría por qué estar negociando su desmovilización. Por el contrario, la política, aún en un país tan particular como el nuestro, es el reino de la contingencia y ninguno de los actores puede prever cómo será el desenlace de los procesos.

Por esa razón básica, los hechos no permiten corroborar la primera premisa. Estudiosos como Leah Anne Carroll1, han demostrado que los procesos de democratización que emprendió el presidente Betancur, entre ellos las negociaciones de paz con las guerrillas, tuvieron desenlaces diversos a nivel regional y difícilmente hubieran podido premeditarse; incluso en algunos momentos hubo coaliciones insospechadas entre actores que activamente participaban en la guerra con el fin de construir estados de paz regional. Es reprochable, en todo caso, que en ciertos momentos las FARC utilizaran sus armas para forzar resultados electorales e incluso para promover movilizaciones en favor de candidatos de la UP, como también muestra la autora, pero no hay que perder de vista que entonces no hacían cosa diferente a la “política”, en el sentido que esa palabra reviste en la mente de muchos colombianos, pues para los demás actores de ese escenario había sido y era normal, y no faltará quien a estas alturas apueste porque lo seguirá siendo, la combinación entre balas y votos. Por consiguiente, la indignación con el genocidio, si se apoya en esa razón, debería dirigirse tanto contra la guerrilla de las FARC como contra buena parte de la clase política colombiana.

La segunda proposición de la lógica genocida no merecería mayor consideración, si no fuera porque ha sido reproducida en ese género tan singular como es la literatura, las leyendas populares y las telenovelas sobre los narcos. No hay duda de que hubo una confrontación entre la guerrilla de las FARC y el Cartel de Medellín, en particular con alias “El Mexicano”. No obstante, con frecuencia la manera en que esa confrontación es presentada prescinde por completo del contexto en que tuvo lugar2, para convertirla en una pelea de bandidos en la que prácticamente el genocidio de la UP se justifica por la ley del talión que predomina en ese mundillo y que, en buena medida gracias a dichos productos culturales, cada vez parece tener mayor aceptación. Así, las víctimas de la UP sufren otra victimización, pues dejan de ser consideradas como personas que dieron su vida apostando por una manera de construir la paz, así a posteriori se haya comprobado errónea, para igualarse con criminales de la misma calaña de “El Mexicano”.

Tal vez esas dos proposiciones puedan ser objeto de discusiones razonables, pero la conclusión del silogismo que legitima el genocidio resulta por completo indignante allí donde culpa a las víctimas de la UP de su propia victimización. Quizás por eso muchas veces esa conclusión se presenta reformulada: “las culpables del genocidio son las FARC, por no renunciar a la combinación de todas las formas de lucha”. En este caso, los militantes de la UP habrían sido vilmente instrumentalizados y sacrificados por la guerrilla. Paradójicamente, así se produce otra victimización por cualquiera de las dos vías siguientes.

Primera. Los militantes de la UP conocían la estrategia de la combinación de todas las formas de lucha, e incluso buena parte de ellos, que pasaron a conocerse como los “perestroikas”, no la compartieron y la cuestionaron públicamente3. No obstante, en lugar de verlos como personas que se la jugaron por la paz, aún a sabiendas del peligro que corrían, se justifica su genocidio porque “ellos se lo buscaron”. La segunda alternativa no es menos victimizante, pues implica pensar que todos ellos eran simples instrumentos, “idiotas útiles” de la guerrilla en cierto argot militar, lo que por principio es un irrespeto a su memoria.

El genocidio político no es injustificable por su magnitud como a veces se sostiene, aun cuando es vergonzoso que éste sea el único caso de una “democracia” en el que se haya exterminado todo un partido político por ser el “brazo político” de un movimiento armado, sin mencionar que era una alternativa para que dicho movimiento transitara hacia la política legal.

En el fondo, el problema de esta absurda lógica es precisamente que trata de proveer “razones” soportadas en hechos que se ofrecen como “evidencias”, para justificar algo que no es justificable con ese tipo de razones ni con ese clase de evidencias, puesto que compete al terreno de la ética. Ni la supuesta instrumentalización de la UP por parte de las FARC, ni el hecho de que los narcotraficantes fuesen agentes activos en el genocidio, ni el resto de “argumentos”, pueden justificarlo. Todas estas razones son irrelevantes en este caso, pero el sólo hecho de que se hayan esgrimido y que haya habido ese esfuerzo de justificación alertan sobre los desafíos a los que se enfrenta esta sociedad si en realidad se avoca a construir la paz.

Incluso si todos los integrantes de la UP hubieran sido al mismo tiempo miembros de las FARC convencidos de la estrategia de la combinación de todas las formas de lucha, el hecho sería injustificable porque se trató de asesinatos, desapariciones, torturas, etc., de gente indefensa por el simple hecho de pertenecer a un partido político, esto es, por tratar de ser consecuentes con lo que pensaban. Lo que debería indignar, además de las razones que se esgrimen como justificación, es en primera instancia el hecho de que se trató del exterminio sistemático de personas indefensas por el hecho de ser como eran, sin importar lo que pensaban o para qué causa política trabajaban.

El carácter de víctima se define en virtud de su estado de indefensión, este es un precepto hoy formalmente reconocido incluso para quienes participan directamente en actos de guerra por el DIH, pero que aún no consigue desactivar la lógica del genocidio político que parece estar muy incrustada en nuestra cultura política.

Evitar el genocidio político es una necesidad que pasa por garantizar los derechos políticos tanto de los futuros desmovilizados como de todos los ciudadanos colombianos. Por lo tanto, invita a pensar en maneras de desactivar la posibilidad de que se combinen balas, dinero y votos, algo que no parece estar entre las prioridades de las élites que han sacado provecho de ella. Pero construir la paz también supone una ética pública en la que sea una obviedad condenar el hecho de que la reivindicación y práctica de una ideología política sigan costando la vida a muchas personas en este país o, en términos positivos, que sea natural, que no sea objeto de reflexión, el hecho de que todos los colombianos puedan ejercer sus libertades y derechos políticos sin temor a ser asesinados por eso.

  1. Ver su libro “Democratización violenta”, en el que estudia a profundidad los casos de Urabá, El Caguán y Arauca. Disponible en: https://muse.jhu.edu/book/10548
  2. Para una contextualización muy juiciosa de esa disputa ver el libro de María Clemencia Ramírez, “Identidad y ciudadanía…” Disponible en: http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/politica/estadoyguerrilla/indice.htm
  3. Ver Steven Dudley, Armas y urnas. Historia de un genocidio político. Bogotá: Planeta, 2008, pp. 193-209.