Lucas Restrepo

* Lucas Restrepo

Doctorante en Ciencias Sociales, mención Sciences juridiques et philosophie politique, de la Universidad Denis Diderot - Paris 7 (Francia). Proyecto de investigación: ’’Gouverner le conflit, faire justice. Une lecture généalogique de l’expérience de la justice à propos du conflit politique colombien’’. Master 2 europeo en Filosofía, mención: Philosophie et critiques contemporaines de la culture, de la Universidad de Paris 8 (Francia). Especialista en Derecho Público de la Universidad Externado de Colombia. Abogado de la Pontificia Universidad Javeriana - Cali

Reducir el neoliberalismo a su aspecto meramente económico o incluso a su decálogo supuestamente anti-ético ultraliberal limita cualquier ejercicio serio de comprensión y de análisis. Resulta más interesante entenderlo menos como un conjunto de medidas de desregulación o como una ética individualista y más como una nueva forma de gobernar los individuos y las poblaciones, esto es, una forma de producir lo político y, en grueso, de producir el Estado, sus instituciones y sus relaciones en el contexto de la globalización. Bajo esta óptica, es plausible ver en la Mesa de La Habana (que para algunos debía ser el momento de las claudicaciones) a un foro de definición, reflexión, evaluación y solución, desde una perspectiva política, de los insolubles, olvidados u ocultados problemas urgentes del país. En efecto, aunque la bandera histórica de las FARC-EP, discutir el modelo, parece definitivamente arriada frente a la negativa histórica del Gobierno respecto de ese asunto, los acuerdos hasta ahora firmados muestran, al menos, dos cosas que difuminan un poco dicha apariencia.

En primer lugar, que lo que pareciera una derrota de las FARC-EP es realmente la apertura de una enorme posibilidad para todo el país: la posibilidad de una crítica en miras a un abandono colectivo de ciertas racionalidades que han orientado recientemente la política en Colombia. Basta ver el balance negativo que hace el borrador sobre el punto 2 del Acuerdo General1: Colombia es una democracia cerrada en el sentido de que sólo admite ciertos grupos en su seno (lo que implica decir, en estricto sentido, que no es una democracia). En segundo lugar, sin ser tampoco una derrota ni del Gobierno y ni mucho menos del régimen (tal como lo definiera Álvaro Gómez), los acuerdos intentan redefinir el problema contemporáneo de la “seguridad”, en tanto que promesa del Estado, realidad en los intercambios sociales en el marco de un Estado de derecho, y “estado del alma” de los ciudadanos, por decirlo de alguna manera. Sin ser excluida de la agenda política, en La Habana han entendido que, de una parte, el enfoque seguritario debe ser excluido del ejercicio gubernamental pero que, de la otra, la función estatal de “asegurar” debe ser pensada desde una perspectiva que no impida la “apertura democrática” anhelada por los Acuerdos2, lo que implica decir institucionalmente que hasta ahora las políticas de seguridad han sido todo menos democráticas y que es la hora de ligar, realmente, la seguridad a la democracia por el bien de la paz futura.

Una nueva racionalidad

Los Acuerdos dejan entrever un posicionamiento crítico frente a la lógica punitiva de la política actual, que muestra sus rasgos más fuertes tanto en la “guerra contra las drogas” y el “terrorismo” (y la inmigración en el caso europeo y norteamericano), como en la lucha por el control del orden público frente a la agitación social. Se trata de una racionalidad que impuso nuevas formas de gestionar de manera diferencial las conductas calificadas como ilegales en la medida en que el Estado providencial era desmontado. Una racionalidad que responde simétricamente a una gestión diferenciada y focalizada de inversiones sociales en favor de ciertos grupos poblacionales bajo criterios de “eficiencia” y de “competitividad”, en desmedro de otros. Así, aquellos grupos poblacionales considerados como ineficientes o incompetentes fueron automáticamente desplazados, por la fuerza de la desinversión, a un lugar de marginalidad creciente. Una buena cantidad de los nuevos excluidos no tardarían en ser re-calificados como grupos “peligrosos” o, al menos, con un potencial de peligrosidad frente al cual el Estado debía responder eficientemente, aun cuando la criminología clásica de corte antropológico había sido ya rechazada con las reformas penales de finales del siglo XX. En adelante, la medida de la peligrosidad sería el resultado de un ejercicio de ponderación respecto de la potencialidad de producir daños considerables e irreparables en un circuito de circulación de valores, determinada según una serie de regularidades establecidas de manera actuarial. Aquí, las leyes de “seguridad ciudadana” y las masacres (tanto de unos como de otros) participan de una misma lógica: no se trata tanto de castigar o eliminar grupos enteros de personas sino más bien de contener, desarticular e incluso sustituir los grupos de población. En medio de todo ello se ubica el conflicto armado, modificado él mismo por esta nueva racionalidad.

Un novísimo enfoque, una ruptura posible

Decir que el neoliberalismo es una forma de gobernar, implica decir que se trata de todo un cambio en las técnicas del poder político. En su aspecto más punitivo, la técnica de la disuasión por la fuerza del soberano, así como la normalización de las conductas en escenarios cerrados asimétricamente distribuidos sobre toda la superficie social, han resultado ser sensiblemente desplazadas por nuevas técnicas dirigidas a incidir sobre el “interés individual” y la “concurrencia”, entendidos éstos como motores del bienestar individual y colectivo. El abandono de la pretensión decimonónica de eliminar por completo el crimen fue posible introduciendo la noción de riesgo como criterio principal de definición de las conductas punibles y de las acciones de control policial. Puesto que el riesgo cero es inexistente, de lo que se trata ahora es de disminuirlo a niveles gobernables. El contexto colombiano no parece ser ajeno a este desplazamiento. En los últimos 15 o 20 años, la combinación entre una política pública orientada hacia el levantamiento de las cargas sociales que pesan sobre el capital y la superinversión en favor de medidas de control policial y militar reforzado dieron como resultado un periodo de escalamiento del conflicto armado a niveles no vistos desde los años cincuenta, con un resultado mal previsto: la emergencia de todo un pueblo, las víctimas (más de siete millones si contamos a los desplazados y a las victimas indirectas). La seguridad democrática, tal como fue planteada, fue un éxito relativo por cuanto disminuyó los índices de riesgo para el capital, pero el costo en términos humanos es incalculable y pesará sobre el país por muchos años.

En La Habana parecen tener ciertamente la memoria fresca en cuanto a la redefinición del enfoque de la política de seguridad: ni el desastre humanitario de los años recientes, ni la violencia de los ochenta están fuera del tintero. No se trataría ya de disminuir los índices de riesgo para las inversiones sino de aumentar las posibilidades del ejercicio pacífico de la política, incluyendo a las poblaciones marginalizadas en la definición de sus destinos. Ello, en sí mismo, es el comienzo de una ruptura frente al neoliberalismo. Sin embargo, sólo la implementación de lo firmado mostrará qué tan lejos o qué tan cerca estamos de romper con nuestro pasado.