Argentina atraviesa, en estos primeros meses de gobierno del Frente Cambiemos a cargo de Mauricio Macri, el ajuste tarifario más brutal del que se tenga memoria en cuatro décadas. La reacción social, aun cuando se hace sentir, sigue siendo tibia teniendo en cuenta la radicalidad del ajuste. Este es apoyado por todos los grandes medios de comunicación y se ampara en la construcción argumental de lo que se denomina “la pesada herencia” del kirchnerismo, que habría producido en el país una suerte de fantasía e ilusión que vuelve inevitable un “sinceramiento” de la economía.

El nuevo gobierno empezó con un ritmo vertiginoso, borrando con decretos o decisiones intempestivas varias de las marcas políticas, económicas, sociales y culturales de la gestión anterior. Posiblemente los cambios más profundos se encuentren en materia de política económica y política exterior.

Ya en los primeros meses, la política económica dio un giro de ciento ochenta grados: se eliminaron los controles de cambio con la consiguiente devaluación de la moneda y el acrecentamiento de la tensión inflacionaria, se quitaron las retenciones a los exportadores agrarios y a los mineros, se levantaron las barreras arancelarias a varios productos que competían con la industria nacional, se inició una ola masiva de despidos a empleados estatales que redundó en la habilitación al sector privado para actuar de manera homóloga, se realizaron aumentos desorbitantes de tarifas de los servicios públicos; y, en abril, se retomaron las negociaciones con los fondos buitre, trabadas y congeladas desde 2015, coronadas finalmente con la toma de deuda por 15 mil millones de dólares para afrontar el pago a estos acreedores externos.

En materia de política exterior, el giro no fue menos radical. Atravesando Brasil una crisis política compleja, el gobierno argentino se entusiasmó con la posibilidad de convertirse en referencia regional, al menos en lo que se refiere a las cuestiones de política exterior. El primer blanco de esta política fue Venezuela. Macri pidió acudir a la cláusula democrática del MERCOSUR aduciendo la inconstitucionalidad del accionar del gobierno de Maduro, tras los resultados adversos que dejaron un parlamento opositor en el país caribeño. Y la otra apuesta, en consonancia con la anterior, fue el restablecimiento de las relaciones con las potencias occidentales que incluye el acercamiento a Estados Unidos. Ese acercamiento no es de índole meramente político, sino que está acompañado por la idea de un realineamiento de los vínculos económicos y comerciales a favor de la Alianza del Pacífico y en detrimento del MERCOSUR.

Así las cosas, frente a este nuevo escenario y a la asiduidad de los análisis de la coyuntura desde arriba, desde las políticas de gobierno, cabe preguntarnos: ¿Qué resistencia encuentra el macrismo a todas estas políticas? La resistencia más activa y resonante no viene desde el parlamento ni desde la clase política, sino que emerge de distintos sectores de la sociedad civil con distintos grados de organización y capacidad de movilización. Hasta el momento, en estos primeros seis meses de gobierno, ha habido cuatro marchas multitudinarias que ponen de relieve los obstáculos más intensos que puede encontrarse el macrismo en su intento por imponer su restauración neoliberal.

La primera de ellas fue la marcha del 24 de marzo, cuadragésimo aniversario del último golpe de Estado en Argentina y fecha sensible para buena parte de la sociedad y particularmente para los organismos de derechos humanos. Allí se mostró que el compromiso de la sociedad con las consignas de “Memoria, verdad y justicia” no son banderas de moda ligadas a un período político particular, sino que están llamadas a trascender como políticas de Estado. Si bien la marcha por el Día de la Memoria suele ser multitudinaria, hubo un consenso en notar que este año lo fue aún más y, aun cuando se organizaron marchas separadas en función de estructuras político-partidarias, el contraste entre el pueblo en las calles y la soledad del acto de Macri acompañado por Barack Obama resultó elocuente. Fue una jornada que advirtió a un proyecto político deshistorizante (y que coquetea con la idea de la reconciliación) la presencia viva de la memoria y una alerta respecto al avance del gobierno sobre áreas claves ligadas a los derechos humanos, como el Archivo Nacional de la Memoria y diversos programas que han sido fundamentales en los aportes a los juicios de lesa humanidad.

La segunda marcha multitudinaria tuvo lugar el 13 de abril con un sesgo netamente político-partidario. En un tiempo marcado por la judicialización de la política (en todo el continente), los tribunales federales de Comodoro Py debutaron como nueva sede de manifestaciones masivas. Buena parte de la militancia y simpatizantes de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner se hicieron presentes para apoyarla con motivo de su citación a declarar por una causa donde se la investiga por una política económica de su gestión en materia cambiaria (la llamada causa de “dólar futuro”). Tras un período de prolongada reclusión de la escena pública, esta citación marcó también la primera reaparición de la expresidenta desde el final de su mandato. La jornada acabó dejando en claro que su figura aún despierta apoyos.

El 29 de abril fue otra de las fechas claves para pensar los obstáculos a la agenda neoliberal. El adelantamiento del acto del día del trabajador no tuvo un ánimo de festejo, sino de reclamo. El día del trabajador unió, por primera vez, a los tres sectores de la Central General de Trabajadores (CGT) oficial y a los dos sectores de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) en un acto conjunto y en torno a un reclamo común: el impulso a la sanción de la Ley Antidespidos. Esta fue la demostración de fuerza más contundente de un movimiento sindical cuya dirigencia (sobre todo de parte de la CGT) venía mostrándose demasiado contemplativa con la ofensiva del gobierno en materia de despidos y negociaciones paritarias. Más allá de la posición de los dirigentes, la manifestación mostró tanto la masividad del descontento hacia las políticas del nuevo gobierno como los límites que puede tener una actitud conciliadora de parte de los dirigentes sindicales.

Y, por último, merece mencionarse también la manifestación en defensa de la educación pública del 12 de mayo. Ante el ahogo presupuestario de varias universidades, cuyas partidas no habían sido actualizadas teniendo en cuenta los siderales aumentos tarifarios y la persistencia del proceso inflacionario, sumado a un reclamo salarial, tanto estudiantes como docentes de universidades y colegios públicos protagonizaron las marchas estudiantiles más grandes desde el año 2001. La jornada de protesta fue la desembocadura de un proceso que ya traía varias jornadas de paro e incluso toma de algunas facultades de la Universidad de Buenos Aires, y que encontró a estudiantes unidos con profesores.

A las movilizaciones ya mencionadas, se suman los cortes de calle y marchas por parte de distintos movimientos populares ante la grave situación económica de los sectores más humildes y los trabajadores de la economía popular en el marco de un tarifazo que atenta directamente contra la promesa de campaña de “pobreza cero”. Asimismo, la marcha “Ni una menos” realizada el 03 de junio, aun focalizada en el reclamo contra los femicidios, este año adquirió un matiz de denuncia del desmantelamiento de programas y observatorios estatales vinculados a la protección y acompañamiento de víctimas de violencia de género y de la estrechez de la relación entre el empeoramiento de la situación económica y el aumento de la violencia de género.

Este esbozo de un mapa de las resistencias parte de la premisa de que en la coyuntura argentina actual “la calle” – las marchas, los cortes, las concentraciones – se presenta como un espacio de mayor vitalidad que las instituciones políticas. El caso más patente quizás sea el del Congreso, en donde, pese a no contar con mayoría, el oficialismo no ha encontrado mayores obstáculos para aprobar las leyes que propuso, aprovechando la desorientación de un peronismo que oscila entre la herencia kirchnerista y el liderazgo de los clásicos gobernadores, lo que torna la oposición político-partidaria, hasta el momento, bastante endeble.

A diferencia de lo sucedido en el viejo neoliberalismo de los noventa, la vitalidad de la calle ocurre ya en el inicio mismo de la gestión. La rapidez en la emergencia de estas expresiones de resistencia se debe no solo a la radicalidad de las medidas tomadas sino también a un sentido posiblemente heredado del período kirchnerista del “nunca menos”, del piso que no debe ser tocado, de las políticas públicas que no pueden ser socialmente resignadas.

Las marchas enumeradas convocan distintos sujetos y sectores marcadamente heterogéneos que no responden principalmente a estructuras partidarias (con excepción de la marcha del 13 de abril), poniendo en escena al movimiento obrero organizado, los movimientos populares y el movimiento estudiantil pero también un conjunto de ciudadanos sueltos y de a pie que consideran que en las calles se encuentra uno de los bastiones de la resistencia al gobierno.

En igual sentido, se observa una heterogeneidad en las temáticas que nuclean las marchas. Hasta el momento, estas temáticas presentan un carácter más bien defensivo en busca de cuestionar y limitar la ofensiva gubernamental: no al retroceso de las políticas de derechos humanos y de género, no al alineamiento con Estados Unidos (y la vuelta a las relaciones “carnales” del viejo neoliberalismo), no a la judicialización de la política, no a los despidos, no al vaciamiento de la educación pública, no al ajuste y los tarifazos. Justamente, esta sumatoria de “no” da cuenta de un campo popular en alerta pero que aun no se despliega en un plano propositivo.

Los efectos políticos derivados de estas plazas llenas y marchas multitudinarias a nivel de su incidencia en el modelo económico y las políticas públicas, también se mostraron disímiles. En el caso de los reclamos de corte netamente reivindicativo se observaron impactos más visibles, aunque limitados: la votación en el congreso de la Ley Antidespidos obtenida luego de la marcha sindical, aunque vetada posteriormente por Macri, y el aumento del presupuesto para las universidades y la mejora de la oferta paritaria para el sector docente dada la presión de los paros y la marcha estudiantil-docente.

En conjunto, estas marchas señalan el progresivo agotamiento del discurso de la alegría, la esperanza y la austeridad que enarbola el gobierno para sortear la crisis económica; y, al mismo tiempo, delinean un escenario de fuerte movilización popular. Pasar de la defensiva a la ofensiva implica para los sujetos y sectores involucrados en la resistencia tomar la tarea de la unidad y la articulación y, particularmente, saldar la polarización kirchnerismo-antikirchnerismo en el campo popular a partir de un balance crítico de los últimos doce años. Aun situándonos en una coyuntura dinámica de reposicionamiento de actores y discursos, seguramente sean estos sectores mapeados quienes se consoliden como los protagonistas de la resistencia al giro neoliberal y conservador de la política en Argentina.