Ann Spanger

* Ann Spanger

Egresada del Departamento de Filosofía de la Universidad Nacional de Colombia. Asistente de investigación en la Fundación Karisma. Algunos de sus intereses son los derechos humanos y su relación con las tecnologías de la información, específicamente la cuestión de la privacidad, la libertad de expresión, la equidad de género y la emergencia de movimientos políticos y sociales en la era digital, y en el contexto colombiano y latinoamericano. También ha trabajado como dibujante y es autora de varios proyectos editoriales y gráficos

El reciente paro cívico en Chocó se sostuvo, desde el inicio, sobre la premisa del abandono estatal. Y no es nada difícil estar de acuerdo. Los chocoanos viven en medio de una grave crisis del sistema de salud, problemas en la infraestructura vial, condiciones precarias para acceder a la educación y numerosos casos de desnutrición infantil. Como si fuera poco, una gran parte de la población no tiene acceso a servicios básicos de alcantarillado, gas y electricidad, y su tasa de desempleo es la más alta del país. Por racismo, clasismo o desidia -o por una mezcla de los tres-, lo que pasa en Chocó es fantasmal y cuando aparece, aunque espeluznante, nunca parece ser suficiente para que no solo sean las comunidades negras o indígenas las que se indignen y protesten. A pesar de todo, la idea del “abandono estatal” es parcial a la hora de definir lo que ha sucedido, desde hace varias décadas, en este departamento.

¿Qué Estado es el que ha abandonado a los chocoanos? Porque lo cierto es que Chocó reporta altos índices de explotación minera legal e ‘ilegal’; numerosas plantaciones de palma han invadido las tierras chocoanas con el beneplácito gubernamental; la presencia de grupos armados con diversos intereses económicos y políticos, entre los que se encuentra el Ejército, ha sido constante. Y cuando es menos lesivo, pero no menos cínico, ‘el Estado’ se ha manifestado a través de la Defensoría del Pueblo1 o de otras instituciones que estudian “el caso” y alertan sobre lo que sucede sin que esta intervención tenga efectos en reformas estructurales o siquiera paliativas. Sabemos en detalle lo que pasa en Chocó, el gran interrogante es por qué, desde el Gobierno Nacional, no se ha hecho algo por cambiarlo o por qué, si se ha hecho, ha sido tan insuficiente.

La siembra de palma y la minería son la muestra ejemplar del rol ambiguo que el Estado colombiano ha tenido en este territorio. Las condiciones en las que se realiza la explotación de los recursos naturales locales, han tenido efectos devastadores en términos ambientales, políticos y culturales pues las regulaciones que los organismos estatales han impuesto, por una parte, son vulneradas permanentemente por grupos armados ilegales al servicio de intereses que los gobiernos, por otra parte y también en nombre del Estado, han buscado legalizar. Mientras las comunidades logran que les sean reconocidos unos derechos, los gobiernos de turno han hecho lo posible por defender los intereses de grupos empresariales. La respuesta a la pregunta sobre quién o qué ha abandonado a los chocoanos no es el “Estado”sino la voluntad política de aquellos que ocupan cargos públicos. El Estado ha seguido manifestándose en el Chocó a través de la violencia y de leyes que responden a los intereses de unos pocos. Es problema político sobre quién tiene el control de las instituciones y a quién sirve.

En el caso de la siembra de palma, en particular de la palma africana2, Chocó ha tenido un papel bastante enmarañado durante las dos últimas décadas. Desde el gobierno de Andrés Pastrana, en el de Álvaro Uribe y, en adelante, a lo largo de toda la gestión de Santos, la siembra de palma en Colombia ha sido de gran magnitud. A pesar de que varios estudios (reseñados por el documento que cito en la primera línea de este párrafo) muestran que en Chocó no existen territorios extensos, aptos para la siembra de esta planta (sea porque no cumplen con las condiciones físicas, sea porque son territorios que, de acuerdo a la Ley 70 de las comunidades negras, pertenecen colectivamente a un grupo étnico), la siembra de palma se ha realizado desde inicios de los 2000 desplazando a los lugareños con títulos colectivos y pasando por encima de todas las consideraciones de carácter ambiental. Miles de hectáreas en los alrededores de la Cuenca del Curbaradó han sido sembradas desde entonces. Cuando este auge de la palma empezó a invadir Chocó, por cuenta de una política gubernamental en el marco de la “globalización” y la incursión de Colombia en nuevos mercados, la arremetida paramilitar se intensificó.

La minería, por su parte, demuestra claramente cómo los gobiernos privilegian los intereses de grupos económicos muy específicos que explotan recursos a gran escala: legalizando los títulos mineros y criminalizando la minería artesanal, los últimos gobiernos han conseguido monopolizar la minería en condiciones devastadoras para las poblaciones locales y la naturaleza3. En este caso, la explotación de oro, plata y platino ha tenido efectos catastróficos a corto, mediano y largo plazo: contaminación de las aguas con mercurio y destrucción total de zonas naturales y entornos vitales de los habitantes de la región. La gran consecuencia de esto ha sido el desplazamiento forzado que sin duda ha sido causado por la intervención “estatal” en manos de empresarios y de los ricos de siempre.

El anuncio de la culminación de las negociaciones entre las FARC y el gobierno tiene que poner nuestra mirada en las regiones que han sufrido (y siguen sufriendo) el flagelo del conflicto; ahora, sin las FARC, los esfuerzos deben concentrarse en erradicar el paramilitarismo que ha estado, desde siempre, de la mano de la desmedida y brutal explotación de recursos naturales en regiones en las que existe una intervención estatal muy dudosa. La precarización de la vida en zonas cuyas riquezas naturales y culturales son incalculables, solo es el caldo de cultivo que permite que estos fenómenos de violencia surjan y se recrudezcan. A pesar de que dice bastante que solo hasta el último momento4, los representantes de las comunidades indígenas y afro consiguieron que en el acuerdo final existiera un espacio dedicado a las peticiones que llevan haciendo hace décadas, es fundamental que su largo camino de lucha y organización haya sido reconocido; por lo menos, es un primer paso para que el Estado les muestre una cara menos brutal, una cara en la que al fin, este dejaría de ser un medio para beneficiar a unos pocos en contra de una mayoría invisibilizada históricamente. Una buena parte de este espacio en los acuerdos incluye la necesidad de que en su implementación sea considerada una reforma rural que no se haga en detrimento de las creencias y las formas de vida de las comunidades; en otras palabras, que exista la posibilidad de deliberación y autonomía en aquellos territorios que tantas veces les han querido arrebatar y en los que deberían poder vivir digna y tranquilamente. Uno de los más significativos, en los que la fuerza de las contradicciones que atraviesan a Colombia son palmarias, es Chocó. Hace catorce años, Bojayá se inundó de lágrimas y de sangre y una sombra de dolor y miedo se extendió sobre los alucinantes paisajes de esta región. Por ello, si hay un lugar en el que todo lo pactado tiene que empezar a ser real, ese lugar es Chocó. Chocó es nuestra promesa de paz.

  1. Crisis Humanitaria en Chocó. Diagnóstico, valoración y acción de la Defensoría del Pueblo. Bogotá. 2014.
  2. El cultivo de la palma africana en el Chocó. http://www.acnur.org/t3/uploads/media/COI_1937.pdf
  3. La minería en el Chocó en clave de derechos. Investigación y propuestas para convertir la crisis socio-ambiental en paz y justicia territorial. Tierra Digna. 2016. http://tierradigna.org/pdfs/LA%20MINERIA%20EN%20CHOCO_web.pdf
  4. Acuerdo con las Farc tiene capítulo étnico. http://www.verdadabierta.com/procesos-de-paz/farc/6377-indigenas-y-afros-a-la-expectativa