German Paul Cáceres

* German Paul Cáceres

Politólogo de la Universidad Nacional de Colombia. Especialista en Control y Gestión de Políticas Públicas y Magíster en Ciencias Sociales con orientación en Educación por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO-Argentina). Actualmente trabaja en México en temas de evaluación de políticas de desarrollo social

Stephanie Magón Ramírez, mujer, joven, colombiana, fue encontrada muerta en una calle de la colonia Nápoles de la Ciudad de México el pasado 30 de julio. Ese mismo día también apareció muerta la colombiana Sara Ramírez en la Ciudad de Cancún. Según el dictamen de las autoridades mexicanas, las dos se suicidaron al precipitarse de edificios. Estos hechos se suman a una lista de connacionales muertos o desaparecidos en circunstancias confusas y no esclarecidas.

En el caso de Stephanie, por ejemplo, el primer detalle que se debe resaltar son las contradicciones en las investigaciones. El Presidente del Tribunal Superior de Justicia, Édgar Elías Azar, dio una primera versión oficial donde señalaba que “intencionalmente la mataron a golpes” pero la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJ) salió rápidamente a desmentirlo: fue un suicidio y será la línea de investigación, misma que apoyó el Jefe de Gobierno de la ciudad, el ex-titular de la PGJ, Miguel Ángel Mancera.

Además de estos casos, los medios de comunicación han llamado la atención sobre el de Diana Alejandra Pulido y de Mile Virginia Martín. La primera, una cantante colombiana que según las autoridades mexicanas, murió al precipitarse por el balcón en el año 2012. En su caso, a pesar de que se señaló como suicidio, es importante recordar que su acompañante en ese momento, el empresario mexicano Jorge Julio Jiménez desapareció luego del incidente por varios meses. Diana Alejandra estaba desnuda y una vecina señaló días después que escuchó a la mujer decir: “por favor no me boten”. Sin embargo, por alguna razón, la mujer negó luego haber escuchado alguna cosa.

Mile Virginia Martín fue violada y asesinada junto a otras cuatro personas, en un multihomicidio en la colonia Narvarte de la Ciudad de México, en el año 2015. En esa ocasión asesinaron al periodista Rubén Espinosa y a la activista Nadia Vera, ambos del estado de Veracruz y críticos del cuestionado gobernador de ese Estado, Javier Duarte, en cuya administración fueron asesinados 14 comunicadores sociales, todos críticos de su gobierno.

La mala suerte de los colombianos asesinados o desaparecidos en México continúa relacionada con Veracruz, un estado sumido hoy en la violencia y la impunidad. En octubre de 2015 se conoció de la desaparición de cinco colombianos relacionados con el negocio de préstamo gota a gota, cuyos cuerpos fueron encontrados en el municipio de Puente Nacional. Las autoridades han señalado que de acuerdo con algunos indicios se trataba de un ajuste de cuentas entre narcotraficantes y que los colombianos desarrollaban actividades ilícitas.

Algunos periodistas y grupos de activistas de derechos humanos como Me muevo por Colombia hablan de la existencia de más casos de colombianos desaparecidos y muertos en México que no han captado la atención de la opinión pública y han enfatizado en los feminicidios. Varios artículos se han referido a estos hechos y han explorado varios aspectos de la situación1.

¿Por qué todos estos casos no se han logrado esclarecer por parte de las autoridades judiciales?2

La pregunta, en un estado normal de cosas, tendría que remitir a una discusión sobre las dificultades técnicas que conllevan las investigaciones criminales o al tiempo razonable que requiere la ciencia forense para dar dictámenes rigurosos. Pero no es así, la pregunta está en el ambiente acompañada de un repudio a la actuación de las policías y las procuradurías, a su empeño por desacreditar a las víctimas, a su recurrente tendencia a dar declaraciones públicas basadas en suposiciones no probadas o prejuicios sobre la nacionalidad u oficios de las víctimas o por la lamentable manipulación de algunos expedientes como en el caso La Narvarte.

Sin credibilidad, corruptibles y practicantes de conductas discriminatorias, la actuación de las autoridades conduce a un solo resultado: impunidad3.

Los medios de comunicación ponen su cuota de confusión: narcotizan a la audiencia, reproducen estereotipos, insinúan juicios de valor que revictimizan, pues ni para las autoridades ni para los medios parece existir la presunción de inocencia. Sin investigación judicial y con declaraciones de medios (en ocasiones contradictorias y hasta surrealistas), nada queda claro, es el camino fácil de acusar a los muertos y cerrar el caso.

Pero no solo es la ineficiencia por acción u omisión lo que conduce a la impunidad, es el involucramiento o de plano la complicidad de las autoridades en estos y muchos otros crímenes no solo de colombianos, ni solo de mujeres. Las policías y las autoridades judiciales en México están en entredicho y es una percepción generalizada de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública ENVIPE (Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía, 2015).

Según la ENVIPE, en el 92.8% de delitos no hubo denuncia o no hubo averiguación previa (en la CDMX 91.6%), de las pocas averiguaciones previas iniciadas en más de la mitad no pasó nada o no se resolvió y en el 63.1% de los casos las personas no denuncian por causas atribuibles a la autoridad (miedo a que la autoridad lo extorsione, pérdida de tiempo, trámites largos y difíciles, desconfianza en la autoridad o actitud hostil de la misma).

La ENVIPE también reveló que el 65.6% de los ciudadanos consideran que los jueces son corruptos, el 64.8% lo considera de las procuradurías estatales, el 63.6% lo piensa de las policías federales, el 62.4% de la policía judicial, el 59.2% de la Procuraduría General de la República y el 54.6% piensa lo mismo de la policía federal.

Impunidad y corrupción son hermanos gemelos, tienen una alta correlación y atentan todos los días contra la dignidad y los derechos humanos de la población. Aquí se habla de los y las colombianas, pero los mexicanos están igualmente preocupados por un régimen ineficaz y de corrupción, que amenaza a las personas y sus familias.

Es urgente reclamar justicia y mantener su exigencia sobre estos casos, llamar la atención a los gobiernos mexicano y colombiano sobre la mayor vulnerabilidad de los migrantes en este país. Les han juzgado por su condición de migrantes y la verdad judicial sobre los hechos ha sido postergada.

De cualquier modo, es paradójico ver cómo las instituciones de un país como México, con la mayor población migrante en los Estados Unidos y consciente de los vejámenes a las que han sido históricamente sometidos sus propios migrantes, reproduce un patrón similar, una especie de complejo autoritario que también es parte del debate.

  1. http://www.elespectador.com/noticias/elmundo/mujer-colombiana-y-migrante-articulo-649105 (Mariana Camacho); http://www.elespectador.com/opinion/cuidado-los-balcones (Catalina Ruiz-Navarro); http://www.proceso.com.mx/449462/la-cdmx-tumba-modelos-colombianas (Revista Proceso 2076); http://www.eluniversal.com.mx/es-noticia/metropoli/cdmx/2016/08/3/stephanie-magon-ramirez (resumen de noticias del diario El Universal); entre otros.
  2. Especialmente, la Procuraduría General de la República (PGR) o en este caso, la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJ). Las Procuradurías (general o estatales) en México son el equivalente a la fiscalía en Colombia.
  3. De acuerdo con el Índice Global de Impunidad 2015, México es el segundo país con mayor índice de impunidad seguido de Colombia. Véase, http://www.udlap.mx/igimex/