José Antequera

* José Antequera

Abogado. Mg. Estudios Políticos. Activista por los derechos humanos, la memoria histórica y la paz. Ha formado parte de organizaciones como H.I.J.O.S., el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado. Hizo parte de la primera delegación de víctimas participantes de la mesa de diálogos de paz de La Habana. Hizo parte del equipo fundador del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación de Bogotá. Actualmente es asesor del Centro Nacional de Memoria Histórica. También se desempeña como presentador del programa "La Otra Vuelta" de Canal Capital. Ha publicado varias columnas en El Espectador y el portal Las 2 Orillas. Ha publicado los libros "Memoria Histórica como relato emblemático" (2011) y "Detrás del espejo. Los retos de las comisiones de la verdad (Comp.) (2014)

El procurador Ordóñez y el expresidente Uribe, la Corte Constitucional, el expresidente Gaviria. Todos coinciden en que el plebiscito no es sobre el derecho a la paz, sino solo sobre el Acuerdo Final, producto del proceso de La Habana entre el gobierno y las FARC-EP. Dicho consenso, sin embargo, aunque lógico desde el punto de vista jurídico, no puede significar que se diluya el consenso anterior que ellos mismos han enarbolado desde posiciones distintas, asegurando cada uno a su manera que lo más importante son las víctimas.

Jurídicamente, y de allí las claridades establecidas por la Corte Constitucional, se trata de que los ciudadanos sepamos que ningún plebiscito puede derogar un derecho fundamental consignado en la carta política; un mensaje para Vivian Morales, y una certeza imperativa, sin duda. Gane el “Sí” o el “No”, seguiremos teniendo derecho a la paz, lo que implica que el Estado seguirá teniendo la obligación de garantizar ese derecho a todos los ciudadanos.

Políticamente se trata también de un límite a los alcances de lo que se está negociando en La Habana y a lo que los actores promotores del “Sí” y el “No” pueden hacer y decir. Los promotores de la campaña por el “No” saben que su opción quedaría prácticamente inhabilitada si los electores tuvieran que elegir entre conservar un derecho fundamental o perderlo. Y los del “Sí”, siendo los padres del plebiscito mismo (por ser quienes ganaron la puja por el mecanismo de refrendación en la Mesa de la Habana), necesitan dotar al plebiscito de una legitimidad que requiere de la validación de sentido para ambas opciones.

Vale decir, entre la izquierda el punto no se cuestiona demasiado, creo, porque se trata de la derivación de una perspectiva con la que yo, de hecho, estoy de acuerdo: la paz es la materialización de los derechos humanos y sociales y no la firma de los acuerdos, de manera que resulta cierto que el plebiscito tiene que tener un alcance limitado. Lo curioso es que ahora, detractores del proceso de paz, han comenzado a decir lo mismo, afirmando que ya que la paz es mucho más que los acuerdos, se reducen los motivos para apoyar el plebiscito.

Aunque sean comprensibles todas las razones para este consenso creo que los ciudadanos debemos ir más allá, es decir, volver a pensar en las víctimas, lo que significa también asumir que nuestras razones no pueden ser las mismas que las del procurador, las de Uribe, e incluso las de Gaviria. De un modo trascendente a los liderazgos partidistas por el “Sí” o el “No”, debemos asumir la importancia del sufrimiento que, aunque no haya dejado de ocurrir, no puede ya nunca más ser aceptado como lo normal en la Colombia donde nos acostumbramos a la guerra.

Es una verdad simple y dura que el derecho a la paz ha sido hasta ahora la letra más muerta de la Constitución Política para las más de ocho millones de personas que han sufrido como consecuencia del conflicto armado interno. Que ha sido el derecho más incumplido por todos los gobiernos incapaces de desarrollar procesos de paz viables, así como por aquellos que escogieron la vía de la guerra con consecuencias probadas que, precisamente, las víctimas encarnamos. Aún más, no puede decirse que en Colombia exista un derecho a la paz en abstracto, como si todas las constituciones del mundo lo tuvieran. Si está allí ese artículo 22 que dice que “la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”, es en virtud del conflicto real que hemos tenido, de manera que su garantía no puede verse por fuera de la realidad de ese conflicto y de sus posibilidades reales de solución.

En ese sentido, solo a partir de la vía del diálogo y la negociación es que las víctimas hemos visto al acercamiento a la garantía del derecho a la paz. Y solo a partir de este acuerdo histórico que ponga fin al conflicto es que estamos cerca de ver planamente garantizado el mismo derecho, aunque falte el proceso con el ELN. Seguir en la senda la una solución política y negociada que asegure una paz completa es seguir en la senda de darle vida a un derecho que se quedó en el papel durante todos estos años. Al contrario, seguir intentando soluciones infructuosas es incumplir su garantía. Y en ese marco, el “Sí” o el “No”, si me disculpan, sí que suponen una gran diferencia con respecto al derecho a la paz, al menos para las víctimas.

A este respecto reflexionamos con Leyner Palacios, líder sobreviviente de la tragedia de Bojayá frente a estudiantes en Bogotá. Les dijo Leyner a ellos, y todo el país tendría que escuchar:

hoy yo les digo a los colombianos, mi gente, y a ustedes muchachos. Ayúdennos, para que Colombia entienda que es la única oportunidad, o la mejor oportunidad que tenemos los colombianos que vivimos en esa periferia, para seguir sobreviviendo. De lo contrario es muy difícil para nosotros tener que levantarnos todos los días, ver al guerrillero, ver al paramilitar, no poder ir a cultivar la tierra…”.

Consciente del fallo de la Corte y de sus motivos, no pretendo con estas reflexiones que se caiga el plebiscito en virtud del derecho a la paz de las víctimas. Pero lo que sí creo que es fundamental es que la sociedad colombiana (al menos quienes puedan leerme), se plantee la importancia de un debate con los ojos puestos en las comunidades que están esperando la solución política del conflicto armado, más allá de previsiones jurídicas, y más acá de los anhelos de la construcción de la paz que viene.

También creo que es necesario que los promotores de la campaña por el “Sí”, por fuera del liderazgo que ojalá sepa emprender Gaviria, planteemos la discusión sobre nuestra mirada y nuestras verdades simples; aquellas con las que podremos enfrentar las mentiras fáciles frente a las que no se puede luchar solo con las verdades complejas de pedagogía profunda. Porque para los éxitos electorales, según me han enseñado los propios publicistas, antes que diseños creativos con grandes recursos, se necesitan convicciones claras y capacidad de síntesis.

Termino diciendo, contra las falsedades de quienes promueven el “No”, que el derecho a la paz de las víctimas está en la posibilidad de que se conozca la verdad, que es el centro de los acuerdos de La Habana, y en la reconciliación, que en el mundo de la política real no es otra cosa que democracia. Y que está en el diálogo con los actores reales, FARC-EP y el ELN, y en el alcance de acuerdos efectivos y viables, y no en la expectativa de que se reviva la Seguridad Democrática que algunos les liberó las carreteras mientras a otros les quitó a sus familias para siempre.

Porque sí, para la paz que queremos falta mucho. Pero para llegar, hay que terminar el conflicto. Así de simple.