Laura Gabriela Gutiérrez

* Laura Gabriela Gutiérrez

Abogada, especialista en Derecho Administrativo y candidata a Magíster en Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia. Es investigadora del área de Justicia Transicional del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad – Dejusticia, en donde se ha especializado en el estudio del desarrollo rural, el proceso de restitución de tierras, tensiones entre políticas de desarrollo y políticas de reparación, y judicialización de las políticas públicas

Ahora que todo está acordado en La Habana, la sociedad en conjunto tiene la obligación no solamente de tomar una decisión informada en el plebiscito del 2 de octubre –preferiblemente orientada al sí-, sino también de continuar haciendo aportes para enriquecer y democratizar la implementación de los acuerdos. Por ejemplo, uno de los puntos cruciales en materia de justicia es resolver la pregunta sobre cuál es el nivel adecuado de participación de las víctimas, que resuelva la tensión entre, por un lado, escuchar las voces de quienes padecieron en carne propia el conflicto y que esto tenga impacto en la decisión que adopten las diferentes salas de la Justicia Especial para la Paz (JEP), y por otro lado, un proceso expedito que resuelva con precisión la situación jurídica de los excombatientes, de acuerdo con criterios de priorización y selección.

En palabras sencillas, estamos hablando de qué tanto podrán las víctimas conducir, afectar u orientar el proceso y qué tanta autonomía van a tener los organismos jurisdiccionales especiales creados para definir la estrategia de judicialización de los excombatientes. Por ahora no es posible dar una respuesta unívoca y, antes de cualquier afirmación, debe siempre tenerse en cuenta que la garantía de los derechos de las víctimas es el centro de todo el sistema de justicia transicional. En consecuencia, me limito a poner algunas consideraciones a disposición del lector, para orientar la discusión por caminos más acotados.

La participación y la autonomía de la jurisdicción no son excluyentes

El derecho a participar en los juicios de los victimarios y la conducción del proceso a través de órganos especializados no es excluyente. Sin embargo, se habla de la existencia de tensiones en la medida en que el grado de participación puede eventualmente imponer mayores trámites, plazos más amplios e interposición de más recursos, entre otras situaciones. Por ejemplo, la participación implica necesariamente la existencia de un mecanismo para determinar quiénes deben ser escuchados durante el proceso, por tener un interés legítimo en el mismo, y esto toma tiempo; también puede implicar la ampliación de los tiempos de audiencias y sistemas de interlocución poco fluidos entre las víctimas y los encargados de conducir el proceso.

Entonces, el punto central a resolver es cuál es el grado de participación en el que se potencia y mejora el proceso de judicialización y cuál es el punto en el que, a mayor participación, menos ventajas para el mismo, pensando en una gráfica de ‘u invertida’.

La celeridad importa

Ahora bien, surge la pregunta de ¿por qué la celeridad es tan importante si se trata nada más y nada menos que de uno de los derechos de las víctimas? Parte de la respuesta es que la participación no es el único derecho y un balance adecuado entre un juicio expedito pero certero y uno incluyente permite garantizar el derecho a la verdad y a algunos componentes de la reparación de las mismas víctimas. Sugiero pensar en las críticas que se han hecho al proceso de Justicia y Paz, en el que parte de la inconformidad de las víctimas y de la sociedad en conjunto se produce porque en diferentes casos los tribunales no habían logrado tomar una decisión sobre los excombatientes, incluso cuando estos ya habían cumplido la pena especial interpuesta por la ley. Adicionalmente, el impacto de la participación en la garantía de reparación es bastante dudoso. A enero de este año, aún había 400 mil víctimas esperando a ser reconocidas como tales en los fallos.

No quiero decir con esto que las fallas de Justicia y Paz son consecuencia de la participación de las víctimas en el proceso, pero es importante que en la discusión se tenga muy en cuenta la trascendencia que adquiere la celeridad en la garantía de otros de los derechos que les pertenecen, más cuando no debe perderse de vista que un mecanismo de justicia transicional que se prolongue demasiado en el tiempo puede generar pérdida de confianza en la capacidad que tiene la justicia para hacer transitar al país de la guerra a la paz.

Lecciones desde Camboya y Kenia

La organización Impunity Watch ha realizado entre muchos otros estudios, uno sobre la participación de víctimas en procesos frente a las Salas Especializadas de las Cortes de Camboya. Sin el ánimo de simplificar los resultados, vale la pena destacar tres hallazgos: el primero, que la contribución de las víctimas a manera de testigos puede potenciar mucho el proceso, pues el valor jurídico de estos testimonios que se presentan bajo la gravedad de juramento coadyuva en algunos casos a la labor investigativa del órgano especializado que conduce el proceso ante las Salas.

El segundo hallazgo es que la participación de las víctimas como ‘partes civiles’ puede complejizar y retrasar el proceso –en el mejor de los casos- hasta cuatro meses. Esto sucede porque la parte civil, a diferencia del testigo, busca la reparación de su daño particular a través del fallo, lo cual implica que además de determinar la responsabilidad del combatiente, se compruebe el nexo entre la conducta cometida y el daño particular. Una apuesta por desligar la reparación individual de la judicialización no es necesariamente mala cuando –como en Colombia- se cuenta complementariamente con un sistema administrativo de reparaciones que atiende a las víctimas, independientemente de la determinación del nexo entre el responsable y el daño, o como en el caso de restitución de tierras, que aún siendo un sistema administrativo y judicial, repara sin tener que hacer un juicio de responsabilidad sobre el causante del abandono o despojo.

El tercer hallazgo proviene de otro estudio realizado por esta misma organización en Kenia sobre la participación de víctimas ante la Corte Penal Internacional. La conclusión relevante es la necesidad de reconocer que las víctimas priorizan necesidades de manera diferente dependiendo de su victimización y de dónde viven, y que cuando se trata de personas a las cuales no les ha sido restablecida su dignidad y tienen un muy limitado acceso a derechos económicos y sociales, la participación para el reconocimiento de una indemnización es el mecanismo a través del cual pueden garantizarse a sí mismos esos derechos. Vale la pena entonces pensar en cómo el Estado debe fortalecer no solo los mecanismos complementarios del Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación, sino tomarse en serio la garantía de derechos económicos, sociales y culturales de las víctimas, para que la participación de estas en el proceso sea mucho más conducente a los propósitos de este mecanismo en particular y a la estrategia global de justicia.