Sergio Felipe Ayala

* Sergio Felipe Ayala

Politólogo e Historiador de la Universidad Nacional de Colombia. Maestría en Filosofía de la Universidad de los Andes. Estudiante de maestría en economía política en el King's College London. Miembro del Grupo de Investigación en Teoría Política Contemporánea - TEOPOCO de la Universidad Nacional de Colombia. Mis principales intereses de investigación se desarrollan, por un lado, en la teoría política en torno a temas de participación política y democracia, y por otro, en investigaciones interdisciplinares sobre conflictos politico-económicos en Colombia.

La semana pasada llegó con un hecho visible: la afirmación pública efectuada por el Procurador según la cual su expulsión corresponde al cumplimiento del “primer pacto en La Habana”. Ordóñez dice que respeta y acata la decisión del Consejo de Estado y que defiende las instituciones. Aplica entonces la ley del embudo bajo un cálculo político de fina destreza: el Procurador hace cumplir las reglas y, a la vez, no tienen nada que ver con decisiones políticas las emblemáticas inhabilidades y procesos disciplinarios a importantes líderes de izquierda, los pronunciamientos retrógrados sobre asuntos como el matrimonio igualitario y los bombardeos de ultraderecha al proceso de paz. En cambio, su destitución por incurrir en actos de corrupción para su reelección hace parte de una persecución política de parte de Santos y las FARC.

Que el derecho y las instituciones no sean imparciales y estén mediadas por ejercicios de poder es algo más o menos evidente. También es más o menos evidente que una de las principales formas en que son funcionales a determinados ejercicios de poder radica en la legitimidad otorgada por “el respaldo de las reglas”. Ahora bien, reducir la discusión de las instituciones en Colombia a una cuestión de meros instrumentos a merced de los poderosos de turno simplifica demasiado lo que está en juego acá. Hay dos niveles del análisis que no habría que perder de vista.

En primer lugar, el hecho de que las instituciones en Colombia, mal que bien, hayan implicado, en las últimas décadas, marcos de posibilidad en los que se juegan una serie de condiciones y límites para los abusos de poder. Frecuentemente las leyes y las instituciones tienen origen en tales abusos, pero también en ganancias políticas y sociales parciales de parte de sectores no alineados con la hegemonía e incluso en contra de ella. El 30 de enero de 2013 Dejusticia, la Comisión Colombiana de Juristas, el Centro de Estudios Constitucionales PLURAL, la Corporación Viva la Ciudadanía y Foro por Colombia presentaron la demanda que el pasado 7 de septiembre (tres años después) tumbó la reelección del Procurador. Lo hicieron a través del derecho y, de una u otra manera, lograron una victoria política parcial.

Sin embargo, en segundo lugar, afirmar que es una victoria política parcial va justamente al punto de que hay tensiones y problemas en términos de los juegos políticos que se abren acá. No se trata solo de la lucha contra la corrupción y la búsqueda de la transparencia institucional (aunque esas sean dos cosas importantes). Si de eso se tratara, la espera de tres años frente a la lenta respuesta del Consejo de Estado no sería tan problemática porque al final la Justicia habría llegado –sí, tarde, pero habría llegado–. Más que ello, se trata de las oportunidades políticas que esta destitución abre, en primer lugar para la ultraderecha, en segundo para la Paz y en tercero para la izquierda.

En cuanto a lo que significa para la ultraderecha, partamos de la idea de que la expulsión llega en un excelente momento: ad portas del plebiscito, todo lo que sirva como caballito de batalla es bienvenido. Eso incluye la férrea cruzada cristiana contra la tal “ideología de género” y, por supuesto, la manipulación de las decisiones judiciales frente a los actos de corrupción para mostrarlas como persecuciones políticas. A Ordóñez, por demás, no podía llegarle en mejor tiempo esta noticia: ya habiendo hecho todo lo que tenía que hacer desde la Procuraduría, martirizarse le sirve de trampolín para toda la lucha que se viene contra el proceso de Paz (lucha que se extiende hasta las presidenciales del 2018).

Lo que significa para la Paz es ambiguo y dependerá mucho de la manera en que lo capitalicen quienes le están apostando hoy a la Paz en el país. Por un lado, puede implicar un obstáculo si de ello solo saca provecho la ultraderecha en los términos ya dichos. Pero, por otro, puede implicar que se agite un descontento significativamente amplio con el procurador de parte de distintos sectores sociales. Esto es constructivo para que la sociedad participe y se exprese sobre qué le conviene y qué no le conviene a un país construyendo paz. Claramente, no convienen instituciones dirigidas por corruptos cavernarios a los que les interesa que el país siga en guerra. Es importante que la gente se movilice y diga (como en el plantón del pasado martes en la Procuraduría) que la Paz necesita, cuando menos, de instituciones y funcionarios distintos. Y, mucho más radicalmente, de un cambio de las rancias élites tradicionales que detentan el poder estatal desde siempre. Adicionalmente, mantener a una figura de peso para la ultraderecha como Ordóñez lejos de un cargo de poder en el próximo tiempo es relevante para los retos que requiere el proceso de paz hoy.

Y, en el mismo sentido ambiguo, la forma en que este tipo de hechos le son útiles a la izquierda depende también del trabajo que se haga para disputar y construir una paz no funcional al modelo de país de Santos sino a un modelo de país basado en la justicia social y la vida digna. Hechos como el de Ordóñez dejan abierta la pregunta por el papel de las instituciones en el proceso de paz y la relación de estas con el ejercicio de la política. Si de lo que se trata es de generar condiciones para desligar la política de las armas (para el caso de las insurgencias) pero también para ampliar las formas de participación (para el resto de la izquierda), dos son los grandes retos que quedan puestos: por un lado, hacer que la sociedad participe y se adueñe del proceso de la manera más amplia y contundente posible. Pero, por otro, tener una generación de gente lo suficientemente capaz y formada para asumir lo que impone la disputa política al interior del Estado (la generación de condiciones para acceder a espacios estatales con posibilidades de acción reales y también la capacidad de actuar política y no simplemente burocráticamente). Tanto en uno como en otro caso, a la izquierda colombiana le queda un largo y adverso trecho.