Marya Hinira Sáenz

* Marya Hinira Sáenz

Politóloga de la Universidad Nacional de Colombia. Estudiante de la Maestría en Filosofía de la misma institución. En la actualidad es integrante del grupo de investigación en Teoría Política Contemporánea (TEOPOCO) de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, en el que coordina el Observatorio Posiciónal de Medios (Negociación y Conflicto Armado), y del grupo de investigación en Estudios Sociohistóricos de la Salud y la Protección Social, de la Facultad de Medicina

Después de cuatro años desde la presentación de la agenda y la metodología de la negociación entre el Gobierno nacional y la guerrilla de las FARC, de una pausa declarada por el grupo guerrillero, de otra interrupción ordenada por el presidente Santos y de una implacable oposición promovida por los sectores más conservadores del país, las partes sentadas en la mesa de La Habana lograron concluir los puntos que habían sido pactados para ser discutidos y permitieron dar inicio al fin del enfrentamiento armado entre el grupo guerrillero y el Estado colombiano. Y respetando el compromiso adquirido desde aquella presentación de la agenda en el 2012, los y las colombianos fuimos convocados por el presidente Santos para que el próximo 2 de octubre decidamos si aceptamos o no el resultado de esa negociación, el Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera.

Sobre el significado de ese primer domingo de octubre se ha escrito mucho, y por supuesto no han faltado palabras para resaltar su importancia; sin embargo, me pregunto si no será necesario matizar la relevancia que se le ha querido atribuir a ese día. Sobra decir que no será el día en que se corra el riesgo de entregarle el país al terrorismo, como vociferan quienes no pudieron detener el proceso de diálogo. Pero no está de más decir que, aunque así lo quisiéramos, tampoco será el momento que marque el comienzo de una nueva era para el país, pues posiblemente, si se evalúa a largo plazo, el resultado del plebiscito no será otro que el de haber sido una nueva derrota electoral del uribismo. En otras palabras, porque puede pasar que a pesar del mayoritario entusiasmo a favor del Sí, el resultado de la refrendación no tenga ningún efecto relevante para la implementación. Veamos.

Es claro que el plebiscito no es un mecanismo necesario ni útil para validar jurídicamente el Acuerdo final, pues el presidente Santos tiene las facultades legales para pactar la conclusión del enfrentamiento armado con la guerrilla de las FARC. Por otra parte, pero también dentro del ámbito del derecho, es evidente que este mecanismo tampoco será una barrera sólida para proteger lo acordado frente a una eventual intervención de la Corte Penal Internacional en un hipotético escenario de impunidad derivada del sistema de justicia transicional acordado, ya que estas instituciones no se hicieron para tomar decisiones basadas en la voluntad popular, sino para garantizar la aplicación del derecho internacional por encima, incluso, de las consideraciones de los habitantes de un Estado. En suma, la refrendación no tendrá la función de darle ningún tipo de seguridad jurídica al Acuerdo.

Se dice entonces que la importancia del plebiscito está en su significado político. En efecto, se escucha y se lee que el alcance de la refrendación está en las consecuencias políticas que se derivarán de este llamado a la voluntad popular. Por una parte, la superación del umbral y la victoria del sí desvirtuarían la oposición liderada por el uribismo y los sectores económicos que lo acompañan. No deja de ser emocionante y satisfactorio que a no ser que ocurra un hecho absolutamente extraordinario, parezca casi seguro que el plebiscito superará el umbral fijado por la Corte Constitucional y que la opción por el Sí logrará la mayoría, tal vez incluso de manera holgada. Es como si la costumbre que nos dejó la guerra se hubiese sacudido de muchos ciudadanos indiferentes para darle paso a un sentimiento de esperanza, aunque esta pueda estar acompañada de algo de escepticismo y vaguedad, y no al sentimiento de terror que ha pretendido inspirar la campaña uribista. Por esto, si la mirada con la que evaluamos el plebiscito se posa estática en nuestro presente, la refrendación del Acuerdo final significará una nueva derrota electoral del proyecto político que defiende el uribismo. Y esto, por supuesto, no es un tema menor. Pero aunque este hecho no deba ser reducido en su importancia, tampoco debe ser valorado con exageración. No sobra recordar que en el escenario seguirán presentes los sectores reacios a las transformaciones necesarias para superar las causas que motivan la emergencia de las violencias y las condiciones que propician su perpetuación; de hecho uno de sus representantes más visibles es por ahora el más fuerte candidato a la presidencia del país para las próximas elecciones.

Ahora bien, más allá de esto, al plebiscito se le ha asociado otra consecuencia política: darle legitimidad a las conclusiones a las que llegó la mesa de conversaciones y extender con base en las votaciones un suelo firme para la implementación de las medidas establecidas en el Acuerdo final, en especial a mediano y largo plazo. Pero por loable que sea esta consideración, tal vez haya sido sobrestimada. La pregunta que hay que hacerse es si el plebiscito permitirá darle ese sustento de legitimidad a los acuerdos del proceso de paz y si, derivado de esto, puede ser considerado como un momento crucial en la historia reciente del país. Me arriesgo a decir que lo sería si las posibilidades del No fueran significativamente altas. Pero dado que afortunadamente ese no es el caso, debemos exigirnos la capacidad de mirar en una doble dirección. Sin descuidar el ahora, nuestra mirada debe dirigirse también hacia al futuro donde se decidirá la orientación de las palabras del Acuerdo y el efecto que tendrá su implementación, porque es allí donde reposará la legitimidad de los resultados de la negociación.

Hacia el futuro porque sea cual sea el resultado de la elección, habrá implementación. Primero, porque en un escenario en el cual el Acuerdo final ya es un hecho y en el que el cese al fuego bilateral, que se nos prometió definitivo, también es un hecho, es casi absurdo pensar que una decisión mayoritaria por el No tendrá como resultado la negación o la renegociación de lo ya pactado. Segundo, porque en una situación donde el resultado electoral sea negativo, el único que tendrá las manos medio atadas para implementar los acuerdos será el presidente Santos, mas no el conjunto del Estado. Y tercero, porque las decisiones que las FARC han tomado desde que anunciaron detener unilateralmente las ofensivas militares, solo permiten pensar que dejar las armas es una determinación acordada. Prueba de esto es que hace varias semanas sus integrantes se están movilizando hacia las zonas de concentración. Un No mayoritario poco o nada cambiará esta situación. Por ello el problema no es la refrendación sino la implementación. Y es problema porque los acuerdos son texto y todo texto es sujeto de interpretación, y esta no será una tarea que juristas o técnicos harán desde los fríos escritorios de la objetividad, será un ejercicio fundamentalmente político en el que se disputará el sentido de la palabra “paz”.

Situar la mirada solamente en el presente y desatender el reto que supone ese escenario de interpretación, puede llevarnos al riesgo de considerar que con la aprobación del Acuerdo final no habrá disputa por lo allí pactado, que la implementación será un ejercicio del que se encargarán los técnicos y no un asunto de la política, que en sí misma supone el encuentro de interpretaciones que pueden entrar en conflicto. Al riesgo de creer que después del ejercicio democrático de la votación, serán los expertos en tierras, reformas políticas, cultivos ilícitos y justicia transicional quienes deberán tomar las mejores decisiones del país, al margen de los reclamos ignorados de quienes vivieron el despojo del campo, quienes vieron cómo se cerraban las posibilidades de la acción política legal y con garantías, de quienes conocen la historia de horror de la guerra. O al riesgo de dejar que el Acuerdo se convierta en un conjunto de propósitos que irán siendo enterrados y que con el paso de los años, cuando queramos evaluar lo que nos dejó el proceso de paz, solo nos deje la sensación de impotencia por lo que pudo haber sido.

En suma, si el plebiscito se evalúa pensando en el futuro y no solo en el ahora, puede pensarse que no era necesario y posiblemente tampoco llegue a tener la importancia que muchos le han otorgado. Pero todo esto no debe dar lugar a pensar que aquí hago un llamado a no votar el plebiscito. Por supuesto esta no es mi intención. Desde que la mesa de conversaciones determinó que el acuerdo final sería refrendado, crearon un hecho político que tenemos que respaldar quienes apoyamos el proceso de paz o quienes simplemente ya no quieren más guerra entre el Estado y las FARC. Mi propósito es otro, es simplemente señalar que la legitimidad del Acuerdo no se decidirá con el resultado de la refrendación sino con los efectos de su implementación. No será el número de votos sino las transformaciones reales que se logren para el conjunto de la población, en especial para aquella parte que sufrió con más dureza las consecuencias directas e indirectas de ese enfrentamiento de cinco décadas. El verdadero hecho democrático no será el voto que depositemos en dos semanas, será la inclusión real de la población, y no puramente formal o técnica, en la puesta en marcha de los proyectos con los que se pretende cumplir la segunda parte de lo nombrado en el acuerdo: la construcción de una paz estable y duradera.