Andrea Barrera

* Andrea Barrera

Politóloga de la Universidad Nacional de Colombia con título de maestría en ciencias sociales, especialidad en género, política y sexualidades de la Escuela de Estudios Superiores en Ciencias sociales -EHESS-. Adelanta estudios de doctorado en sociología y género en la Universidad Paris 7. Integrante del grupo de investigación en Teorías Políticas Contemporáneas -TEOPOCO- y del Colectivo Adelinda Gómez: territorio, género y violencias

El anuncio público hecho hace algunos días por parte de las delegaciones de la Mesa de Diálogos de La Habana, en el que se nos hacía saber que, tras cuatro años de negociaciones, difíciles y llenas de tropiezos, habían llegado a un Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, estremeció al país. En torno a ello, las sensaciones y opiniones más variadas han marcado a la sociedad colombiana en estas últimas semanas y han calado muy profundo en nuestras cotidianidades, al punto que algunos noticieros han dedicado los espacios de consejos médicos que (sorprendentemente) tienen, para recomendarnos no pelear entre familias por nuestras opiniones sobre los acuerdos y el plebiscito que pronto votaremos.

No es para menos: sin ninguna duda se trata de un momento histórico para nosotras y nosotros, no importa (o más bien poco importa) desde donde se lo mire; no obstante, a pesar de su importancia, este momento no contribuye a romper las lógicas de polarización que se han instaurado en nuestras vidas, como individuos y como colectivos, y por el contrario parece venir a reforzarlas. Sin embargo, más allá de la polarización, esta coyuntura tiene lugar en medio de las esperanzas de amplios sectores de esta sociedad que soñamos con un país diferente, con un país verdaderamente democrático y cuyo destino “fatal” no esté marcado por el cumplimiento a rajatabla de la “ley del embudo” y por los círculos de violencia que permiten que quienes detentan el poder lo sigan teniendo, ejerciendo y acumulando. Con esto queremos decir que esta coyuntura se nos presenta como una ocasión crucial para que las esperanzas de muchas y muchos colombianos sigan floreciendo y que, no está de más insistir en ello, este momento viene no tanto a crear esas esperanzas o a sembrarlas, como a fortalecerlas y ser testigo partícipe de su manifestación.

Para nosotras, muchas de estas esperanzas, en su diversidad, son esperanzas críticas que pretenden la construcción de condiciones sociales más justas y democráticas, de modo que los sectores que sueñan con un país mejor tienen posturas que ubican algunos contrastes y matices respecto a los acuerdos logrados en La Habana. Para decirlo claramente: esos sectores de la sociedad colombiana de ninguna manera desconocen la importancia de lo acordado, de los avances en los mecanismos por medio de los cuales fueron pactados y de las oportunidades que estos acuerdos pueden tener en términos de la construcción de otra Colombia. Estos sectores rodean los acuerdos y los valoran. Pero simultáneamente, y esto es quizás lo más valioso de su esperanza, no olvidan que los acuerdos no son la paz, que lo pactado en La Habana no representa avances categóricos de cumplimiento mágico, que los cambios no se concretan a punta de papel y de tinta, sino que los acuerdos son oportunidades de transformación que requieren de acciones concretas y, sobre todo, que nos plantean retos enormes que tendremos que enfrentar como sociedad.

Ejemplo claro de los contrastes y complementariedades existentes entre los acuerdos y las esperanzas y procesos organizativos de los movimientos sociales, resulta del análisis de los aportes realizados por la Subcomisión Técnica de Género, con énfasis en cinco puntos de la agenda de La Habana, a través de ocho ejes de trabajo. Estos, a pesar de su enorme valor histórico, en relación con los anteriores procesos de paz a nivel mundial y nacional, no constituyen avances acabados, ya logrados y consumados, en términos de equidad de género y respeto a las identidades y orientaciones sexuales diversas ya que, como bien sabemos, del dicho al hecho hay mucho trecho. Sin embargo, parte de este trecho ya ha venido siendo sembrado y andado, desde hace mucho tiempo y aún en medio de los momentos más cruentos de la confrontación armada, por las organizaciones sociales y populares de mujeres, LGBTI y feministas del país. Y, de hecho, la creación y puesta en marcha de la Subcomisión en septiembre de 2014, casi dos años después de la instalación de la Mesa de Negociación de La Habana, es uno de los frutos de ese largo proceso de arado y siembra del camino recorrido. Es pues, como bien lo saben esas organizaciones, un triunfo de ese largo e incansable trabajo y no una concesión o un favor de las delegaciones del gobierno colombiano y de las FARC-EP.

En ese sentido, las organizaciones sociales y populares de mujeres, feministas y LGBTI, tienen lecturas críticas de los aportes hechos por la subcomisión de género. Como hemos venido insistiendo, no se trata de críticas en términos de desaprobación o de desconocimiento de los avances que estas discusiones y los esfuerzos hechos por incluir el enfoque de género en el Acuerdo General para la Terminación del Conflicto Armado y la Construcción de una Paz Estable y Duradera1. Son críticas, en cambio, porque saben que las propuestas allí consignadas implican desafíos y oportunidades valiosas, que requieren de mucho trabajo y movilización colectiva, para continuar marchando en la construcción de un país en el que las mujeres no seamos discriminadas, explotadas, violentadas, asesinadas, desconocidas en nuestra acción política y en nuestra dignidad (¡y no solo en el marco del conflicto armado!).

En torno a esto, tuvimos la oportunidad de concurrir en una discusión intensa y muy interesante con mujeres que hacen parte de varias organizaciones sociales populares del suroccidente colombiano, en el marco de un proceso de construcción de una agenda común para la paz desde los territorios2. En ella, se dialogó acerca de las percepciones que tenemos, como mujeres diversas, sobre la contribución de la subcomisión y la adopción del enfoque de género en los acuerdos (a partir del comunicado conjunto #82 y de los comunicados de las delegaciones del gobierno y de las FARC-EP), además de los retos y desafíos que esto suscita en general a la sociedad colombiana y en particular a las organizaciones sociales populares mixtas y de mujeres. Nuestro objetivo ahora será el de compartir algunas de las reflexiones gestadas en dicho escenario, dejando algunas preguntas abiertas que puedan contribuir a nuevas discusiones, posibilitando tanto la apropiación de los acuerdos en materia de género como la creación de soluciones, alternativas y movilización que permitan hacer frente a tales retos.

Para empezar, algunas de las mujeres tienen reservas generales, por decirlo de alguna manera, frente al enfoque de género que fue acogido en los acuerdos, pues consideran que está marcado por una visión “homogenizante” de las mujeres que, a pesar de reconocer que el conflicto las ha afectado de manera diferente, no evoca la diversidad existente en las mujeres colombianas, ni tampoco cómo esta afectación ha tenido distintas manifestaciones que corresponden a tal heterogeneidad. De acuerdo a la apreciación de estas mujeres, los acuerdos sí hablan específicamente de mujeres, de las mujeres, y es un logro mayor, pero no se hace explícita la existencia de mujeres indígenas, campesinas, afro, urbanas, víctimas, etc., o en todo caso, no de manera sistemática. Ahora claro, más allá de la mención, esta ausencia puede resultar problemática porque es probable que no se atiendan las necesidades concretas emergidas de la diversidad de las mujeres en los territorios. Adicionalmente, algunas de ellas afirman que el enfoque de género no satisface todas sus expectativas frente a las identidades y orientaciones sexuales de las mujeres, sin desconocer que hay avances al respecto, y de manera autocrítica, realizan un llamado al acercamiento a las problemáticas de la población LGBTI y al reconocimiento de las reivindicaciones de las mujeres lesbianas y trans dentro de los movimientos de mujeres.

Con esto en mente, las mujeres plantearon ciertas preguntas y preocupaciones frente a algunos de los ejes temáticos sobre los cuales trabajó la subcomisión, de los cuales mencionaremos solo algunos (por falta de espacio y no porque unas tengan más importancia que otras). Así, por ejemplo, en lo relacionado con el acceso y la formalización de la propiedad rural en igualdad de condiciones, que atiende al punto uno de los acuerdos, se evocaron los obstáculos que enfrentan muchas mujeres, entre los que se destacaron la falta de escrituración y nomenclatura en muchos predios, la forma en la que en los momentos de despojo de tierras éstas se encontraban a nombre de los hombres y ahora no pueden ser restituidas a las mujeres; las enormes dificultades económicas que deben afrontar algunas mujeres debido a los altos costos de la formalización de la propiedad, entre otros. Sin embargo, la discusión en torno a este eje va más allá, puesto que se considera que la ruralidad y la tierra no se agotan en el acceso y la propiedad, y por ello plantean otras preguntas, en términos de desafíos, como por ejemplo ¿cuál es el papel que tendremos las mujeres en los nuevos conflictos territoriales e interétnicos que tendrían lugar en el escenario de pos-acuerdos?, ante la posible profundización de la economía extractiva ¿cómo se ven afectadas las mujeres por esta actividad?, ¿cómo incidirá esto en la lucha por la seguridad y la soberanía alimentaria de la cual, en la mayoría de las comunidades, se hacen cargo las mujeres? Asimismo, consideran clave poder llevar a cabo un diagnóstico que atienda a las especificidades territoriales de las mujeres, que tienen que ver con todo esto, pero también en la forma particular en la que las mujeres se ven perjudicadas con la escasez de agua, cómo son ellas las más expuestas a enfermedades en zonas endémicas debido a los roles que cumplen en sus comunidades, o cómo deben ser atendidas las mujeres cuya economía está relacionada con los cultivos ilícitos.

Frente al eje de “Garantías de los derechos económicos, sociales y culturales de las mujeres”, en el que se hace énfasis en la “formación profesional y vinculación laboral de las mujeres en disciplinas y áreas productivas no tradicionales y otras que garanticen el acceso y permanencia de las mujeres, niñas, niños y adolescentes en el sistema educativo”, las mujeres discuten no solo la oferta educativa para ellas en roles relacionados con la economía del cuidado, sino también la necesidad de reconocimiento de los saberes propios dentro de la concepción del modelo educativo, además de la apuesta por la transformación de los contenidos que permitirá, a través de sus luchas y las reivindicaciones, avanzar en la construcción de una educación antipatriarcal, libre de sexismos y discriminaciones, en la que exista un diálogo permanente de saberes que involucre a las mujeres adultas y permita el acceso total a las mujeres rurales.

Esta nueva educación, como reto de los y las colombianas en el escenario de implementación de los acuerdos, debería permitir avances en dos vías. La primera de ellas, relacionada con la construcción de espacios de formación política para las mujeres, que correspondan a sus necesidades y a su diversidad, lo que indudablemente llevará al movimiento social colombiano a preguntarse acerca del tipo de participación política que queremos y debemos ejercer las mujeres, de la pertinencia de reforzar o no mecanismos como la ley de cuotas o del fortalecimiento del liderazgo de las mujeres al interior de las organizaciones sociales. Asimismo, emergen preguntas sobre ¿cómo nos comprometeremos todos y todas en la lucha por las reivindicaciones de la diversidad de las mujeres?, y ¿cuál será el papel que tendremos las mujeres en la construcción de un sistema político otro y de la arquitectura institucional requerida para la implementación de los acuerdos? En segundo lugar y de la mano con lo anterior, esta nueva educación permitiría la construcción de una nueva cultura política que “incluya valores no sexistas y de respeto al derecho de las mujeres a una vida libre de violencias”, contribuyendo así a la materialización del sexto eje temático que promulga “Reconocimiento público, no estigmatización y difusión de la labor realizada por mujeres como sujetas políticas”, que requeriría, desde la visión de estas mujeres, la construcción de nuevas masculinidades por medio de una educación emancipadora y antipatriarcal.

La preocupación por la forma en la que serán tratados los casos de violencia sexual en las diferentes instancias creadas en los acuerdos para su juzgamiento, es una de las más grandes de las mujeres que participaron de esta discusión, pues les inquieta, por ejemplo, saber quiénes juzgarán los delitos sexuales y bajo qué perspectiva se hará el juzgamiento. Esto teniendo en cuenta el alto grado de impunidad que existe al respecto, siendo este aún más grave en los casos cuyas víctimas hacen parte de la población LGTBI. Ante ello, estas mujeres enfatizan en el rol irremplazable de la incidencia de las organizaciones sociales, mixtas y de mujeres, en la acción de las instituciones encargadas.

En síntesis, los reconocimientos claves que hizo la subcomisión de género en la Mesa de Conversaciones de La Habana, en torno al hecho de que las mujeres hemos desempeñado roles claves en la construcción de paz en el país y que esos roles no podrán desconocerse tras la firma de los acuerdos de paz con las FARC-EP, y que las mujeres, como individuos y como grupo social, somos sujetas políticas, son analizados por las mujeres pertenecientes a organizaciones sociales, encontrando que se consolidan como una oportunidad invaluable para fortalecer y consolidar la democracia, pero que ello dependerá de la movilización, de las alternativas que encuentren para enfrentar los desafíos que configuran los horizontes de sus luchas con la creatividad y la convicción que el momento político amerita. En ello se encuentra la posibilidad de ejercer ciudadanías plenas, de reafirmarnos como sujetas políticas y constructoras de paz, y también de incidir directamente en una implementación de los acuerdos que permita ir más allá, construir a partir de ellos, una nueva cotidianidad para las mujeres que esté libre de todo tipo de violencias, entendiendo que la actual coyuntura nacional es una ocasión propicia para transformar la sociedad y trabajar por erradicar todas sus violencias estructurales.

Muchas mujeres colombianas, como las lideresas sociales del suroccidente con las que tuvimos la invaluable oportunidad de hablar, tenemos la convicción de que los acuerdos en La Habana, de ser refrendados, constituyen una posibilidad única en tanto facilitarían la formación de un nuevo escenario político propicio para el avance y el fortalecimiento de las acciones colectivas y para las luchas del movimiento social, de las organizaciones populares, de mujeres, feministas, LGBTI. Sabemos que es un escenario posible, y que buena parte de su concreción depende de las maneras en las que resolvamos, como sociedad, los desafíos que tendremos que enfrentar en el largo camino de construcción de un país verdaderamente democrático e incluyente. En consecuencia, consideramos que es clave y de importancia capital votar Sí al plebiscito de refrendación de estos acuerdos el próximo 2 de octubre y fortalecer nuestras organizaciones para estar a la altura que el momento político amerita, respondiendo a los desafíos que hemos de enfrentar en la construcción de una nueva Colombia.

  1. Y más específicamente en los acuerdos sobre los puntos 1: “Hacía un Nuevo Campo Colombiano: Reforma Rural Integral”, 2: “Participación Política, Apertura democrática para construir la paz” y 4: “Solución al Problema de las Drogas Ilícitas”, y también en el acompañamiento de la construcción del punto 5: “Víctimas” y el punto 3: “Fin del Conflicto”.
  2. “La Agenda Común Para la Paz desde los Territorios, ACPT es un proceso que convoca aproximadamente a 250 organizaciones sociales populares, 300 líderes y lideresas de 18 departamentos y 2 ciudades del país para definir colectivamente unos mínimos comunes para la construcción de la paz desde una perspectiva territorial, en el marco de la actual coyuntura de negociación del conflicto armado. En este sentido, se constituye como un espacio que permite tanto el fortalecimiento de los consensos para la exigibilidad de la materialización de los acuerdos de paz, como el posicionamiento de las propuestas y apuestas de las organizaciones sociales populares.” Este es un proyecto apoyado por Planeta Paz y OXFAM.