Ana María Parra

* Ana María Parra

Investigadora con estudios en ciencia política y gobierno de la Universidad del Rosario. Magíster en Filosofía de la Universidad de Los Andes. Sus intereses académicos e investigativos se enmarcan dentro de la Filosofía política contemporánea. Actualmente se desempeña como docente de la Facultad de Filosofía de la Universidad de La Salle, Colombia.

Quiero comenzar con una cita en la que el alto comisionado para la paz, Sergio Jaramillo, se refiere a la caducidad de un modelo estatal centralizado que ha sido históricamente dominante y que ha condicionado buena parte de las decisiones locales y regionales del país. La cita, que se encuentra en un texto dedicado a lo que el Gobierno entiende por “paz territorial”, es significativa: tanto porque deja ver la conciencia que hoy se tiene de que en los territorios se juega la experiencia democrática por venir, como porque pone en evidencia la singular contradicción que hoy atraviesan las apuestas del Gobierno. Jaramillo señala que “(…) el modelo centralista, en el que unos funcionarios aterrizan como unos marcianos entre las comunidades para “traer el Estado” se quedó sin aire (…)” y que está “convencido de que así el Estado nunca va a “llegar” a ninguna parte de manera sostenida y con suficiente intensidad”. Aunque esta idea queda apenas enunciada en el texto, y aparece casi en la forma de un comentario marginal, Jaramillo abre con ella al menos dos asuntos que considero importantes para pensar algunos hechos de nuestro presente a los que quisiera acá referirme.

El primer asunto tiene que ver con un cuestionamiento a la forma en que el gobierno, desde un nivel central -global- aspira a regular e intervenir en los planes y decisiones locales, como ya lo señala la cita. Sin embargo, y muy a pesar de que se pronuncien afirmaciones como esta desde el Alto Comisionado para la Paz, el Gobierno se esfuerza todavía en querer decidir lo que les concierne, lo que les conviene y lo que no, a los territorios. Esta arbitraria vocación, acompañada por una racionalidad de mercado (fuente objetiva de saber que puede decirnos qué hacer y cómo hacerlo), se deja ver en las más recientes noticias que hemos recibido de las consultas populares. Tanto en la consulta popular de Ibagué como en la de Cajamarca, el Gobierno -desde declaraciones que se expresan en la voz del ministro de Minas- insiste en la necesidad que hay de permitir que las decisiones asociadas a actividades de extracción le correspondan a “un orden superior”1, y respalda su posición con el argumento de que no es posible convocar consultas para asuntos asociados al subsuelo porque se trata de un tema que es de su exclusiva competencia. Ha sido precisamente este el argumento que la Corte Constitucional ha cuestionado en un reciente fallo sobre minería, señalando que es competencia de los municipios o bien concertar o bien prohibir la minería en sus territorios. Y lo es, porque esta supone una afectación al suelo y, por lo tanto, al modo en que se ordena el territorio en el nivel municipal.

Pero más allá de estas tensiones, que en general se expresan en la dimensión jurídica del asunto2, me interesa señalar que no podemos cuestionar el modelo centralista al que Jaramillo alude, sin cuestionar la otra cara de esta intervención. Una intervención que supone ya no un Estado “presente” para decidir los rumbos y los planes locales sino, al contrario, un Estado que se desvincula de los efectos concretos que sus decisiones propician. Creo que es ese ‘movimiento’ el que no podemos pasar como inadvertido: el de un Estado que intenta y muchas veces consigue operar en un nivel central y que, tras su severa y decidida vocación por definir los rumbos locales, termina por deslindarse de los efectos concretos que sus decisiones producen. Es entonces la otra cara de las intervenciones centrales lo que debemos poner en cuestión. Entre otras cosas, porque a éstas parece corresponderle un interés implícito: el interés de dejar a su suerte poblaciones enteras cuya tarea no será otra que la de hacerse “merecedoras” de los empleos y las ventajas económicas que eventualmente las empresas les puedan reportar (hacerse responsables ya no como ciudadanos sino como los individuos emprendedores en los que tendrán que convertirse, sí o sí). Es el camino que acá se defiende y hacia el que el Gobierno reclama que todos deberíamos conducirnos, es la forma de esta presencia estatal (aun sabiendo que es compleja y difícilmente unitaria), lo que debería ponerse en cuestión. Una forma que, tras decidir acerca del uso del territorio y los recursos, termina por convertirse en un paso previo que no solo favorece la llegada de los negocios de minería extractiva y agroindustriales, sino que favorece la desvinculación del Estado ante una multiplicidad de efectos (ambientales, sociales, culturales, económicos) que terminan por reproducir las violencias que en el proceso de paz se buscan transformar.

La cuestión es entonces en qué medida esta lógica a la que Jaramillo se refiere todavía está presente en el modo como se conciben las decisiones asociadas al territorio y a los recursos, y cómo las exigencias del presente tienen que ver, más bien, con hacer valer decisiones autónomas que en todo caso a muchos nos conciernen y que se juegan en el ámbito de lo político. De hecho, si hay algo que plantean las consultas populares a este Gobierno y a su lobby empresarial, es que las decisiones relacionadas con el uso del territorio y los recursos son decisiones políticas (y no técnicas como nos lo quieren hacer ver desde su parcela de saber privilegiada…siempre, claro, aduciendo argumentos en favor de índices de empleo, productividad y crecimiento económico). Y es una decisión política en el sentido en que abre la posibilidad de disputar el sentido o los múltiples sentidos que puede tener el hecho de habitar un territorio en común. Lo es, además, en el sentido más amplio de que con las consultas populares y muy seguramente con otras formas y vías de acción política, se puede abrir un auténtico ejercicio de la democracia (esa abierta e inestable práctica a la que hoy muchos le temen). Digo auténtico en el sentido en que se trata de un ejercicio que hace irrumpir disensos, desacuerdos enfáticos y experiencias a las que el conflicto les puede ser constitutivo. Es en la forma del disenso y no solo de la “participación directa”, como recurrentemente se hace referencia a los procesos de consulta popular, que podemos referirnos a esta apropiación de una vía institucional. No quiero decir con eso que ahora el lugar de la acción política esté reservado a este tipo de vías, pero sí pensar que recurriendo a ellas les es posible a otras apuestas, a otras historias, a otros caminos, darse un lugar, organizar sus reclamos políticos y, en los casos en que así sea, instituirlos como posibles. Por eso, si las voces de las consultas populares se pronuncian es para decir que no es lo mismo pensar el territorio para explotar que pensarlo para vivir, y para comprender que en ambas apuestas, tan distintas e inconmensurables, se juega una historia…una decisión acerca del porvenir.

  1. “No impulsamos minería que acaba el medio ambiente” http://www.wradio.com.co/escucha/archivo_de_audio/no-impulsamos-mineria-que-acaba-medio-ambiente-minminas-sobre-consulta-minera-en-ibague/20160801/oir/3203994.aspx
  2. Para información más detallada acerca de la dimensión jurídica a la que hago referencia, recomiendo los artículos que Natalia Ordúz y César Rodríguez Garavito le han dedicado al tema.