Olga Nadezhna Vanegas

* Olga Nadezhna Vanegas

Licenciada en Ciencias Sociales de la Universidad Distrital F.J.C. Máster en Sociología y Filosofía Política de la Universidad París VII. Actualmente cursa estudios de doctorado en Filosofía Política en la misma universidad. Su línea de investigación es la filosofía política contemporánea y sus temas de trabajo giran en torno a la articulación entre conflicto político, acción política y ciudadanía a partir del pensamiento de Arendt, Lefort y Rancière

Uno de los puntos más polémicos y problemáticos dentro del proceso de paz que se lleva a cabo en Colombia es el tema de las víctimas. En medio de esta gran categoría que designa a todas las personas que han sufrido las consecuencias del conflicto armado, cabe resaltar la presencia de un « grupo » particularmente numeroso y relegado a una cierta invisibilidad, las mujeres. En efecto, a pesar de la amplitud que tiene el fenómeno de la violencia contra la mujer, esta problemática no solamente ha estado ausente de los grandes debates en torno a la paz, también lo ha estado de las políticas públicas dirigidas a las víctimas.

En el marco del conflicto armado, las mujeres están expuestas a la violencia en tanto que miembros de la población civil, así que por su propia condición de mujer. Como lo reconoce la Corte Constitucional en su Auto 092 de 2008, el conflicto armado tiene un impacto de género desproporcionado. Esto quiere decir que la violencia contra la mujer es un elemento clave dentro de la situación de violación generalizada a los derechos humanos, que simboliza la larga degradación del conflicto interno y sus repercusiones sobre la sociedad colombiana. Sin embargo, llama la atención el hecho de que este flagelo suele minimizarse cuando se evoca la situación de los derechos humanos en Colombia.

Es indudable que la ausencia de respuestas contundentes a esta forma de violación a los derechos humanos no es ajena al lugar que tiene el fenómeno en la opinión pública colombiana. En efecto, la cuestión sobre este tipo de violencia sale a la luz pública solamente cuando ciertos casos extremos o simbólicos son narrados por los medios masivos de comunicación, como ha ocurrido con las muertes de Rosa Elvira Cely y Angélica Bello. La noticia de la violación y de la muerte de Rosa Elvira Cely, el año pasado, provocó en la opinión pública una reacción generalizada de fuerte rechazo, que se puede explicar por el nivel de barbarie del acto. La muerte de Angélica Bello, reconocida defensora de las víctimas de violencia sexual, también fue noticia pero su presunto suicidio escondió las verdaderas razones que produjeron su muerte.

La manera en que la exposición mediática de los dos casos genera un debate esencialmente coyuntural, que impide ver la esencia del problema, pone en evidencia el persistente silencio y la indiferencia que existe en torno a la violencia contra la mujer. La exposición mediática sitúa el fenómeno en un instante, que no permite ubicar la violencia contra la mujer en un contexto más amplio de prácticas sociales propias de la discriminación de género. En este sentido, cabe señalar que la muerte de Angélica Bello, resultado de la violencia estructural de la que son víctimas las mujeres, provocó en la opinión pública una indignación relativa. Sin embargo, la trayectoria de Angélica Bello es un ejemplo contundente de las situaciones extremas por las que pasan miles de colombianas víctimas de violencia sexual. Esta defensora de derechos humanos, quien luego de haberse opuesto a la explotación sexual de sus dos hijas por parte de los paramilitares, de haber enfrentado los riesgos resultantes y de haber sido obligada al destierro, sufrió el “castigo” de la violación, esta vez en carne propia y como represalia a su trabajo de defensora. Los dos casos de Rosa Elvira Cely y Angélica Bello son sólo una muestra de la complejidad del problema, que lejos de ser un fenómeno coyuntural se inscribe en las prácticas de dominación y de discriminación de género omnipresentes en la sociedad colombiana.

La violencia contra la mujer en el contexto del conflicto armado ha sido visibilizada recientemente en algunos informes de ONG´s internacionales defensoras de derechos humanos1. El contenido de estos informes expresa claramente la amplitud del fenómeno de la violencia de género y denuncia la situación de abandono que sufre la gran mayoría de las víctimas. En ellos se enumeran las causas de la casi total impunidad que rodea ese tipo de crímenes y se pone en evidencia la ausencia de voluntad política para enfrentar el problema. Por otro lado, la Oficina de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, en su reporte intermedio del examen preliminar acerca de la situación en Colombia, señaló la situación dramática de impunidad que existe en los casos de violencia sexual al decir que “el nivel de actividad procesal y judicial relacionada con los crímenes de violación y otras formas de violencia sexual parece desproporcionado en comparación con la escala del fenómeno, las consecuencias devastadoras de los crímenes y el número de víctimas”2. Frente a esta situación, la CPI afirma que las actuaciones judiciales relacionadas con crímenes sexuales harán parte de sus prioridades en la continuación de su examen preliminar sobre la situación de los derechos humanos en Colombia.

El trabajo de las ONG´s de defensa de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales, ha contribuido a establecer que la violencia sexual, utilizada por todos los actores armados, se convirtió en una auténtica arma de guerra. El fenómeno es tan generalizado que la Corte Constitucional, en el mismo Auto 092 del año 2008, declaró la violencia sexual contra la mujer como “una práctica habitual, extendida, sistemática e invisible en el contexto del conflicto armado colombiano”. En este contexto, la violencia sexual adquiere un carácter « simbólico » de venganza o de castigo, convirtiéndose en un arma de terror que jugó y sigue jugando un rol como método para provocar el desplazamiento forzado. A esto se suma la utilización del cuerpo de la mujer como instrumento de satisfacción sexual primaria, haciendo de la esclavitud sexual una práctica banal.

A pesar de constatar el carácter generalizado de la violencia sexual, tanto en el marco del conflicto como fuera de él, es imposible conocer su verdadera escala en el país, ya que no existe una base de datos única y completa que permita dar cuenta en cifras de la gravedad del fenómeno. Sin embargo, se puede hacer referencia a algunas cifras que contribuyen a visibilizar la amplitud de ese tipo de crímenes. Por ejemplo, sólo por el año 2011, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (INMLCF) realizó un total de 22.597 exámenes en presuntos casos de violencia sexual, donde la gran mayoría concernía a niñas3. Otro ejemplo son los resultados del informe publicado por un grupo de ONG´s4 sobre la violencia sexual entre el año 2001 y 2009, en 407 municipios del país que contaban con presencia de actores armados, en donde se señala que 489.687 mujeres fueron víctimas de violencia sexual durante este período. Es decir un promedio de 54.410 víctimas por año, 149 víctimas por día y 6 víctimas cada hora. Cabe resaltar que de este total de víctimas identificadas, más del 80% no han denunciado el crimen.

El silencio de las víctimas es justamente uno de los factores que impide ver la verdadera dimensión y gravedad de esta forma de violencia. Tanto en el marco del conflicto como fuera de éste, las mujeres víctimas de violencia sexual se deben enfrentar a varios obstáculos de diferente orden. Al sentimiento de vergüenza y al miedo a las represalias, se suma la ausencia de información en cuanto a los procedimientos de denuncia, así que la falta de confianza en un sistema judicial que, en muchos casos, se ha convertido en otra fuente de agresión.

En este sentido, enfrentar seriamente el problema de la violencia contra la mujer requiere, en una primera instancia, de una verdadera voluntad política, así que de recursos adaptados por parte del Estado para afrontar los potentes obstáculos a la justicia. Cabe anotar que esta ausencia de voluntad política se pone en evidencia si se toma en cuenta la falta de visibilidad que ha tenido, hasta ahora, el proyecto de ley que busca garantizar el acceso a la justicia de las víctimas de violencia sexual, presentado el pasado 25 de julio en la Cámara de Representantes por Iván Cepeda y Ángela María Robledo. La demora en el trámite legislativo parece hacer eco a la demora en la toma de conciencia del país frente a la violencia contra la mujer. En una segunda instancia, y en una dimensión más global y a largo plazo, es necesario insistir en que este tipo de violencia está íntimamente ligado con la discriminación económica, social y política de la que son víctimas las mujeres, y que por ende, sin transformaciones radicales en estos ámbitos, la violencia contra la mujer, que se inscribe en una masculinidad que enaltece la virilidad, la fuerza y la violencia, seguirá siendo noticia solamente cuando la brutalidad de la agresión « merezca » que la historia sea contada.

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1Ver los dos informes de Amnistía Internacional : “Eso es lo que nosotras exigimos. Que se haga justicia” (2011), http://www.amnesty.org/fr/library/asset/AMR23/018/2011/fr/cd5a3a1c-6cdf-43a0-9ec7-2332c12187a7/amr230182011es.pdf. Invisibles ante la justicia (2012),  http://www.amnesty.org/fr/library/asset/AMR23/031/2012/fr/a722995e-36d6-4c1b-8dd4-154aa29d6cce/amr230312012es.pdf. Y el informe de Human Rights Watch : Derechos fuera de alcance (2012), http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/colombia1112sp_sumandrecs_1.pdf

2http://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/3D3055BD-16E2-4C83-BA85-35BCFD2A7922/285202/OTP2012035032COLResumenEjecutivodelReporteIntermed.PDF, p71
3http://www.amnesty.org/fr/library/asset/AMR23/037/2012/es/f3fc9afc-7742-4619-bcd3-dc407328174b/amr230372012es.pdf
4http://www.peacewomen.org/assets/file/Resource/NGO/vaw_violenceagainstwomenincolombiaarmedconflict_2011.pdf