Andrés Felipe Parra Ayala

* Andrés Felipe Parra Ayala

Filósofo de la Universidad de Los Andes, Magíster en Filosofía de la Universidad Nacional de Colombia. Profesor del Departamento de Ciencia Política de la Universidad Nacional de Colombia. Doctor en Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la misma universidad

Votar “no” el domingo 2 de octubre es absolutamente incomprensible. Se pueden tener reparos frente a lo acordado entre las Farc y el Gobierno en La Habana, pues en muchos aspectos el Acuerdo no soluciona por sí mismo algunos de los problemas más graves del país. Incluso uno puede decir con razón que no representa en sí mismo el fin de la violencia y del conflicto armado; de todas maneras el 3 de octubre continúan el ELN, los reductos del paramilitarismo y el narcotráfico. Eso es verdad, pero bajo ningún motivo es un argumento para votar “no”.

Es cierto que el “sí” no trae consigo necesariamente el fin del conflicto en su totalidad. Pero la opción del “no” tampoco. Quienes critican a los que votan “sí”, porque el resultado de su triunfo no es una paz completa, deberían también criticarse a sí mismos, pues si gana el “no” tampoco hay paz completa. Negar lo pactado porque no se desmovilizan todos los actores armados es en el mejor de los casos un pensamiento atrofiado, que supone que ganando el “no” el ELN y las Bacrim entregan las armas el 3 de octubre, o un acto de deshonestidad intelectual y engaño deliberado.

Estas características peculiares del razonamiento de quienes se oponen al Acuerdo se hacen evidentes en sus objeciones al punto de la participación política. Allí también hay serios tropiezos en el raciocinio o engaño deliberado. Plinio Mendoza señaló en su columna de El Tiempo, al mejor estilo de los documentales cibernautas de teoría de la conspiración, que el Acuerdo hacía parte de un plan de Cano para que las Farc llegaran al poder. Esta afirmación descubre el agua tibia y se da a sí misma un tono dramático para intentar ser tomada en serio y generar una objeción inexistente. El agua tibia es que las Farc quieren ser un partido político. Y no hay que ser marxista ni supersticioso –ni mucho menos totalitario- para darse cuenta de que los partidos políticos buscan el poder y quieren ganar las elecciones. El que las Farc puedan llegar al poder no se deriva pues de un oscuro plan de Cano, sino de algo más que obvio: el concepto de “partido político” implica competir por el poder.

Lo que escandaliza a los críticos del Acuerdo no es, entonces, que lo acordado sea fruto de una conspiración de Cano o de las Farc para tomarse el poder con complicidad de Santos, sino el tener que derrotarlos políticamente con argumentos y no con balas. La indignación y el miedo que produce el hecho de que las Farc puedan llegar al poder por la vía democrática es curiosamente una traición del inconsciente en el uribismo. La reticencia a aceptar a las Farc como un actor político en la democracia (con voz y voto) refleja implícitamente que no tienen ningún argumento ni ninguna estrategia para vencerlos en el terreno político ni en un debate público. Cuando los uribistas afirman que el Acuerdo conduce al ascenso inmediato de las Farc al poder, gracias a los recursos políticos (curules) y comunicativos que tendrán las Farc, nos dicen por debajo de cuerda que no hay nadie en sus filas que tenga la capacidad intelectual y política para detenerlos democráticamente o vencerlos en debate. En esto hay que conceder que al menos hacen un diagnóstico honesto –aunque inconsciente- de sus propias capacidades.

Pero de nuevo, eso no es una razón para votar “no”. Votar “no” porque a uno le da miedo discutir en el parlamento y en los medios con la guerrilla es un acto sensacional de cobardía política. Creer que vendrá el apocalipsis si las Farc ganan unas elecciones en democracia es una creencia y una opinión política particular, que puede tener mucho o poco sentido. Pero independientemente de eso, una victoria del “sí” no le quitará el derecho a quienes piensan así de actuar públicamente (no militarmente) para impedir que las Farc ganen las elecciones o implementen sus políticas económicas en el país. Una victoria del “sí”, deja al uribismo en manos de su propia astucia, sin un enemigo interno para legitimar sus posturas e intrépidas ocurrencias. Y para ser sinceros, eso realmente sí que es una mala vaina (para ellos). Quizá por eso voten “no” a la participación política de la insurgencia.

El uribismo, no obstante, racionaliza su propio miedo y declara que los guerrilleros no merecen participar en política debido a los crímenes que han cometido. Esta afirmación solo merece ser tomada en serio si se eleva a todos los actores del conflicto, ya que todos han cometido infracciones al DIH y han sido partícipes en actos de barbarie. En este aspecto las Farc, las fuerzas estatales y los civiles implicados activamente en el conflicto deben ser juzgados exactamente con el mismo rasero. El argumento de que el Estado tiene superioridad moral o jurídica porque defendía el orden legal y constitucional se cae sencillamente por su propio peso: los falsos positivos, la coordinación entre las Fuerzas Armadas y grupos paramilitares para cometer masacres no hacen parte del orden constitucional, así se hayan hecho en nombre de este. Así, cualquier debate serio sobre la justicia transicional o sobre la conexión de esta con la participación política debe incluir por igual a todos los actores del conflicto, sean estatales, armados o civiles. Quienes se preguntan si las Farc van o no a pagar cárcel, deben preguntarse si todos los actores del conflicto van o no a pagar cárcel.

Así el tono del debate cambia, sobre todo para los que tienen rabo de paja. Pero más allá de las culpas, la idea de que todos los actores implicados en el conflicto (no solo los guerrilleros) van a pagar cárcel como lo exige la ley ordinaria es simplemente irrealizable y es además inconveniente para el futuro de la sociedad colombiana. La justicia transicional no es una concesión que la sociedad le hizo a las Farc, ni un “sapo” que nos tengamos que tragar en nombre de un bien superior, sino un mecanismo más práctico que la sociedad en su conjunto se da a sí misma para investigar un número gigantesco de delitos cometidos por muchas personas, conocer la verdadera historia del conflicto y poder reparar a las víctimas. La justicia penal ordinaria no está en capacidad de cumplir con esos requisitos, pues carece de incentivos para que los actores del conflicto cuenten la verdad, lo que dificulta la celeridad en las investigaciones e incluso la reparación efectiva a las víctimas. Lo que ofrece la justicia ordinaria se queda corto frente a lo que nos da la justicia transicional: una oportunidad de mirarnos al espejo como sociedad y mirar quién hizo lo que hizo y por qué.

Quienes critican la impunidad en el acuerdo creen sin haberlo demostrado que la única forma posible de justicia en una sociedad es la cárcel. Esa idea representa lo que algunos penalistas llaman el populismo punitivo: una simplificación tal de la realidad sociológica del delito (en este caso del conflicto armado), que supone que la única solución al problema es la detención intramuros de chivos expiatorios. Estas soluciones pueden satisfacer los deseos de venganza, pero le quitan el chance a la sociedad de tratar el conflicto armado desde una perspectiva seria y madura, haciendo a un lado el relato unilateral de los buenos y los malos para poder discutir qué problemas tuvimos y tenemos como sociedad para haber entrado en guerra. El dilema de la justicia transicional no es pues entre impunidad y castigo, sino entre radicalización de la democracia (que es la mayor justicia para la sociedad) y venganza.

Pero además de tener una idea unilateral y tosca de la justicia, los partidarios del “no” optan por la injusticia absoluta: la guerra, así digan que quieren la paz pero no así. El argumento de que puede hacerse un mejor acuerdo es, además de irresponsable, el velo de un raciocinio mezquino y egoísta: ellos quieren que se haga un mejor acuerdo, no para el país, sino para ellos mismos. Un acuerdo en el que no tengan que depender de su propia astucia política –y no de un enemigo interno- para sobrevivir como partido y movimiento; uno en el que las personas de sus filas implicadas en acciones del conflicto armado (comenzando por el propio Uribe) no sean investigadas, ni se conozca la verdad de sus actuaciones frente a la opinión pública y frente a la historia.

El miedo al fin de la guerra y a enfrentarse con el hecho de depender de la propia astucia política es, sin duda, un gran motivo para votar “no”. Pero nunca, en ningún lugar sobre la tierra, será una razón.