Martha Cecilia Herrera

* Martha Cecilia Herrera

Magíster en Historia de la Universidad Nacional. Doctora en Filosofía e Historia de la Educación Universidad Estadual de Campinas (Sao Paulo, Brasil). Profesora Emérita y Catedrática Titular de la Universidad Pedagógica Nacional. Fundadora del grupo de investigación Educación y Cultura Política (grupo A1 en Colciencias). Investigadora Senior 2015-2018. Ha contribuido al diseño y puesta en marcha de la Maestría en Educación y del Doctorado Interinstitucional en Educación de la Universidad Pedagógica Nacional. Miembro del Grupo de Trabajo CLACSO "Subjetivaciones, Ciudadanías Críticas y Transformaciones Sociales”. Dentro de sus publicaciones se encuentran: Herrera, Martha Cecilia; Pertuz, Carol. (2016). Educación y políticas de la memoria sobre la historia reciente de América Latina (Revista Colombiana de Educación. No. 71). Herrera, Martha Cecilia (2016). Los entramados de la violencia política en las memorias de maestros y maestras. Apuestas biográficas para su reconfiguración. (Educación y Cultura, Fecode, No. 114). Herrera, Martha Cecilia; Pertuz, Carol. (2015). Narrativa testimonial y memoria pública en el contexto de la violencia política en Colombia. (Kamchatka. Revista de Análisis cultural. No. 6). Herrera, Martha Cecilia; Pertuz, Carol (2015). Testimonio, Subjetividad y lenguajes femeninos en contextos de violencia política en América Latina. (Kamchatka. Revista de Análisis cultural. No. 5). Herrera Martha Cecilia. (2013). ¿Educar el nuevo príncipe: un asunto racial o de ciudadanía?. Bogotá: Universidad Pedagógica Nacional

A finales del año pasado la prensa se refirió a la investigación sobre cultura política realizada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) en el 2015, la cual fue elaborada con base en un sondeo a más de 32.614 personas mayores de 18 años, en cabeceras municipales de 24 departamentos, cuyos resultados mostraron que “los ciudadanos no creen en la democracia colombiana”, al tiempo que señalan la “baja credibilidad en las instituciones y en los procesos políticos”, lo cual lleva a concluir que “los colombianos se rajan en cultura política” (El Colombiano, 22 de diciembre de 2015, p. 6).

Si nos abstuviésemos de lanzar juicios sobre la metodología que inspiró esta investigación, basada en sondeos de opinión y, más allá de negarnos a respaldar la afirmación estereotipada de que nos rajamos en cultura política, pasásemos, más bien, a coincidir sobre el escepticismo que tenemos los colombianos en nuestro sistema político, en sus instituciones y en los procesos políticos que le son inherentes, podríamos preguntarnos: ¿cuál es el país, el político y el nacional, como solía decir Gaitán, que recibe hoy el Acuerdo de La Habana?, ¿cuáles son los ciudadanos, los sujetos políticos, que hoy deben, creer, confiar, que el enemigo de antaño, al que se le enseñó a odiar con persistencia, mutó en adversario político?, ¿cómo horadar el tupido tejido educativo de una cultura política anti-insurgente gestada durante las últimas décadas?, ¿cómo recuperar los repertorios de lucha y resistencia en los que se acrisolan propuestas y soluciones a los conflictos desde una otra cultura política? Es decir, ¿a partir de qué reservorios urdir los hilos para tejer una cultura política democrática y participativa, como horizonte de formación política de los colombianos, según lo invoca el Acuerdo?

Las consideraciones en torno a los reservorios sobre cultura política aquilatados a lo largo del siglo XX en Colombia, que nutren los imaginarios y las prácticas de los sujetos y actores que intervienen en el escenario político, llevan a pensar sobre algunas de las categorías que han entramado la red de las conversaciones en La Habana, en especial en lo expuesto en el “Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”, firmado entre el gobierno y las FARC el 24 de agosto de 2016; red conceptual que nos indica, a su vez, el contexto político nacional e internacional en el que se posibilitaron estas conversaciones y el lugar dado a aspectos como la educación y la formación política.

Es claro, que a partir del triunfo del orden social dominante, de índole capitalista, sobre los movimientos insurreccionales en América Latina, la izquierda, así como los grupos políticos armados que se reincorporaron a la vida legal, los que no fueron aniquilados, tuvieron que aprender a hablar en la lengua de la democracia, algo que nos deja una lección en el campo de la subjetivación política, y jugar con los márgenes impuestos por el modelo político hegemónico, basado en la democracia representativa, que en la actualidad propende también por ser participativa, modelo según el cual es preciso consolidar una formación basada en una cultura política democrática, asimilada en el Acuerdo a una cultura de paz.

De este modo, a la palabra democracia, le acompañan otras como cultura política, derechos humanos, tolerancia, convivencia, paz, las cuales han venido tejiendo la red de inteligibilidad de los acuerdos vigentes en Occidente para poder vivir juntos, ahora frente a los ojos del mundo cada vez más interconectados en tiempo real y bajo normativas internacionales de obligatorio cumplimiento. “Hoy en día todos somos demócratas”, como dice Brown (2010), para quien “la democracia ha florecido como una religión mundial –no una forma específica de poder y cultura política sino un altar ante el que se arrodillan Occidente y sus admiradores” (p. 54).

Es bajo su égida, como camisa de fuerza, o “como emblema dominante de la sociedad política contemporánea” (Badiou, 2010, p.15), que todos los actores deben jugar su juego, acogiéndose a su normatividad. No obstante, “lo propio de las nociones políticas no es que sean más o menos polisémicas, es que son el objeto de una lucha. La lucha política es también una lucha por la apropiación de las palabras”, como recuerda Ranciere (2010, p. 83). Lo que nos hace pensar que existen formas y modos de imaginar la democracia, lo cual se extiende a las otras categorías en juego en la red conceptual desplegada en el Acuerdo y que, frente a dos actores, antaño en contienda, y ahora en negociación, se abren interrogantes sobre ¿cómo se fue consensuando entre ellos las palabras que los nombrarían en comunión? Un verdadero ejercicio de subjetivación política a lo largo de cuatro años de conversaciones. ¿Cómo se entrelazaron estos dos actores para lograr un tejido común? ¿Desde qué idearios de orden social se llevaron a cabo los hilos que cada parte colocó para este tejido? ¿Es verdad que nadie venció a nadie en este proceso? Y, en este sentido, ¿qué especie de alquimia se produjo entre lo aportado por cada una de las partes?

Asuntos todos ellos de gran calado sobre los cuales podemos decir inicialmente cosas como las siguientes: en primer lugar, la base del tejido, la urdimbre, plasmada en el documento del Acuerdo, se basa en el Estado de derecho y el sistema de democracia representativa y participativa que rige el capitalismo en Occidente; en segundo lugar, es la doctrina de los derechos humanos la que gobierna las relaciones individuo-sociedad-Estado y postula el ideario del sujeto político, el ciudadano, sus derechos y deberes, así como el margen de sus acciones; al tiempo que, en tercer lugar, la cultura política a la que se alude es la democrática y participativa en consonancia con este orden social dominante.

Nada nuevo en el lenguaje político que también acompañó la Constitución de 1991, un texto que marcó una inflexión política en nuestra historia reciente y que fue legitimado como referente normativo en el Acuerdo, texto que, en su momento, dio lugar a una afiebrada puesta en marcha de proyectos educativos sobre constitución política y derechos humanos y trastocó la cotidianidad escolar al cuestionar ciertas jerarquías y formas autoritarias de ejercer el conocimiento. Iniciativas que en buena parte quedaron eclipsadas, por un lado, por el avance de las políticas públicas que, bajo mandato internacional, se centraron en las competencias, estándares y mediciones, superponiéndose con las modificaciones recientes que, en el área de ciencias sociales, procuraban situar las problemáticas sobre la violencia y el conflicto armado en los lineamientos curriculares; pero también fueron eclipsadas, por otro lado, por la persistencia del conflicto armado y la complejización de sus actores, y el uso desmedido de la fuerza y de la violencia arbitraria.

Buena parte de los abordajes no institucionales hicieron una mirada crítica sobre el proceso de democratización del escenario escolar propiciado en los noventa, aludiendo a que la sola creación de mecanismos de participación en la escuela y la apropiación de lenguajes de la técnica jurídico democrática, no aseguraba la democratización de la educación en la sociedad. Las expresiones de violencia política y el exacerbamiento del conflicto continuaron atropellando la vida y la cotidianidad de los colombianos, restringiendo la participación y la libertad de opinión; las escuelas fueron eco de los enfrentamientos armados y el miedo y el terror ensombreció sus corredores y sus entornos, en medio de una pulsión que se resiste a la muerte y nos recuerda las paradojas de la vida en su diario transcurrir.

Ante la continuidad del conflicto y la no aparente victoria de ninguna de las partes, léase en este caso, gobierno y FARC, estas decidieron de común acuerdo detener el enfrentamiento armado, poner fin a cincuenta años de conflicto, y en esta dirección, el Acuerdo firmado el 24 de agosto de 2016, hace un gran énfasis en la proscripción de la violencia como método, en el propósito de que se entienda esta prohibición como condición sine qua non para consolidar la democracia, en comprometer al actor insurgente a “convertirse en actor válido dentro de la democracia”, al tiempo que se habla de garantías para el ejercicio de la participación y de la oposición política como posibilidad de eliminar el uso de la violencia armada, aludiéndose, a su vez, a una ciudadanía que, en su estado ideal, deberá estar organizada y ser participativa (tal como se piensa el ciudadano en las sociedades contemporáneas, Rose, Bauman). De este modo, el Estado, en común acuerdo con su contrincante, aspira de nuevo a obtener el monopolio legítimo de la violencia y de la administración de lo social, algo de gran magnitud dadas las condiciones reales del desarrollo de nuestro Estado, su grado de legitimidad, su desigual presencia en el territorio nacional, así como la vigencia de otros actores armados ilegales.

Crear un consenso social, ciudadano, en torno a la proscripción del uso de la violencia para fines políticos, es quizás uno de los mayores retos en una sociedad caracterizada por la lógica del orden y la violencia a lo largo del siglo XX, hermanos gemelos cuyas acciones se imbrican de modo persistente en la escena política y de la cual han echado mano tanto las elites como los sectores subalternos. De manera curiosa la palabra violencia política no aparece nombrada como tal en el Acuerdo, tal vez en el imaginario de la Mesa, o por lo menos del documento escrito que consigna el Acuerdo, esta fue olvidada en el secreto deseo de salir de ella, de archivar su uso en nuestro lenguaje político. En verdad se alude a ella muy pocas veces, y cuando se lo hace no se le califica directamente de violencia política, se le menciona más como violencia a secas, de la cual se hace uso como medio, como método, de acción política. Si lo pensamos un poco, tal vez en el texto del Acuerdo logró dominio la acepción corriente desde la Comisión de Estudios sobre la violencia de los ochenta, la cual entronizó la idea de violencias generalizadas y superpuestas, en las que la violencia política es una de ellas, y quizás por esto se dice en el texto: “Romper con los ciclos de violencia que han caracterizado la historia de Colombia”, sin hacer referencia específica a la violencia política. Así, son más numerosas las demás acepciones de violencia: violencia del territorio (una de las más mencionadas), de género, intrafamiliar, sexual, criminal, relacionada con el narcotráfico, violencia contra las etnias, colectivos, movimientos sociales y sindicales, y partidos políticos, entre otras. Tal vez ahora tengamos como reto lo que Gonzalo Sánchez mencionó en una ocasión, frente a esta idea de violencias múltiples y superpuestas y sus posibles dificultades conceptuales (idea que él mismo contribuyó a poner en circulación), el poder pensar la articulación entre estas violencias y dotarlas de sentido cuando se piensa en clave política la sociedad colombiana.

Ahora, si abrazamos la idea de democracia en su acepción agonística, y coincidimos con Rancière en que “democracia es la igualdad que ya existe en el corazón de la desigualdad”, podremos develar la serie de asuntos a trabajar respecto al Acuerdo y al período de posacuerdos que ahora se instala en el escenario político colombiano, llevando a que, además de nuestro entusiasmo y respaldo a la refrendación de las negociaciones con las FARC, tracemos el mapa de los retos que enfrentamos en materia de formación política y de comprensión de nuestra historia reciente, para tener claro cuál es la desigualdad que encubre la palabra democracia en nuestro contexto político y cuál es la violencia que le subyace. Sólo así se podrán llevar a cabo resignificaciones radicales sobre las tramas y los relatos que sellaron las negociaciones (el mejor acuerdo posible), y avizorar otras formas de barajar las cartas, o reelaborar la red en pro de un horizonte democrático entendido, más en su sentido utópico, como devenir constante y fruto de luchas sociales y políticas, y no como el cierre de un acuerdo entre partes desiguales en las que se privilegió el orden social establecido, orden respecto al cual el pensamiento crítico tiene muchos puntos de distanciamiento.

Así, es preciso entender en materia de formación política que “la democratización exige a sus partidarios luchar por la repartición de poderes que les dan forma y los gobierna, pero es un proceso sin fin” (Brown, Op. cit., p. 62). De este modo, como lo han dicho muchos, el Acuerdo con las FARC no significa ni el fin del conflicto ni de la violencia política, ni el advenimiento de la paz, como si bastase de modo mágico cerrar una cortina oscura de violencia, estigmatización y rencor, e instalar en su lugar otra diáfana y pulcra que pueda ocultar por completo la anterior. La cátedra de paz, entendida como lugar simbólico, debe dar claridad sobre esto, y digo como lugar simbólico, porque habría que evitar la multiplicación de cátedras, ahora el Acuerdo habla de otra sobre cultura política, y pensar mejor en una reforma estructural de los contenidos curriculares, en la renovación y actualización de los textos escolares y materiales educativos, así como en la formación de maestros y maestras; pensar en una reforma con sentido integral que, además, entre en sinergia con los múltiples escenarios sociales en los que se llevan a cabo procesos de formación y aprendizaje y preste, a su vez, especial atención a los lugares o espacios de la memoria, escenarios de vital importancia en la puesta en escena de una pedagogía pública sobre la violencia y el conflicto. Una reforma que nos aleje de los lugares comunes del activismo constitucional de los noventa y de cierta ingenuidad que caracterizó el accionar de los intelectuales en su momento.

Retomo, entonces, la cátedra de paz debe perfilarse como un trabajo de largo aliento capaz de crear conciencia ciudadana y opinión informada en torno a los acuerdos de paz, a las negociaciones con los actores armados y la búsqueda de verdad y justicia en torno a hechos concretos, pero proporcionando, al mismo tiempo, una perspectiva de conjunto sobre los problemas de violencia política en el país, sus implicaciones culturales, las condiciones estructurales que los han alimentado y ameritan profundas reformas sociales, políticas y educativas, así como sobre los intereses de los distintos actores en contienda.

Desde esta perspectiva la cátedra debe ser entendida como una convocatoria a recoger las experiencias de acción colectiva, de justicia y dignidad, que en esta dirección se han sedimentado en las prácticas llevadas a cabo por colectivos integrados por movimientos sociales, por organizaciones de derechos humanos y de defensa de las víctimas, así como por grupos de maestros y maestras, padres y madres de familia, alumnos y alumnas, que han persistido en el propósito de encontrar formas de sobrevivencia, de resistencia y de acción educativa, en medio de la violencia y el conflicto armado, reservorios estos que han dotado y seguirán dotando de nuevos sentidos la palabra democracia, entendida en su sentido agonístico como la posibilidad de leer en el consenso los disensos y la potencialidad siempre presente del conflicto como algo inherente a lo político (Mouffe, 2010). Esto es algo que nos permitirá leer desde otro lugar la cultura de paz que se pretende instaurar en el escenario político colombiano.

Lo anterior, está al mismo tiempo en relación con propender por una transmisión, apropiación y recreación en torno al pasado por el conjunto de la sociedad, de tal manera que se gesten comunidades que comprendan y atesoren memorias sobre los efectos productivos de la violencia, no sólo sobre sujetos o grupos particulares sino como un legado que nos afecta a todos/as, como una herencia común respecto a la cual se requiere ampliar la comprensión del nosotros/as afectado por la violencia hacia el nosotros/as ciudadano. He ahí los múltiples retos que deberá abocar la formación política y la enseñanza y aprendizaje de nuestra historia reciente, de los cuales la cátedra de paz, insisto, entendida en su sentido simbólico, podrá contribuir a responder a algunos de ellos.

Bibliografía

Agambem, Giorgio (comp.). (2010). Democracia en qué Estado. Buenos Aires, Prometeo.

Ciudadanos no creen en la democracia colombiana. (22 de diciembre, 2015). El Colombiano, p. 6.

Mouffe. (2010). Política agonística en un mundo multipolar. Barcelona, CIDOB, Serie dinámicas interculturales, No. 15.

***

*Intervención en el marco del lanzamiento del libro Bitácora para la Paz. Formación de maestros y educadores para una Colombia en paz. UPN. Centro Cultural Gabriel Betancur Mejía, martes 13 de septiembre 2016.