José David Copete

* José David Copete

Politólogo de la Universidad Nacional de Colombia, candidato a Magíster en Políticas Públicas de la misma universidad. Ha trabajado investigaciones relacionadas, principalmente, con política social y participación política juvenil. Es integrante del Grupo Interdisciplinario de Estudios Sociales y Políticos THESEUS. Actualmente se desempeña como docente universitario en la Universidad el Bosque y la Universidad Nacional de Colombia

En los últimos días en Colombia está configurándose, sin lugar a dudas, un momento trascendental para la historia del país. No sólo se ha concretado un acuerdo que pone de presente la voluntad política para poner punto final a un conflicto armado cruento y de larga duración, sino que, de la mano de esta enorme decisión política, se abre la posibilidad de concretar un escenario político en el que la eliminación física se suceda por la incesante confrontación, en un espacio marcado por el respeto a la vida del contendor político. Lo que está en juego es nada más y nada menos que la posibilidad de reconfigurar las dinámicas políticas de la sociedad colombiana en y desde la arena política.

Desde esta perspectiva el “sí” en el plebiscito del domingo 2 de octubre es el primero de varios actos afirmativos de la política como elemento neurálgico en la construcción de la paz. Después de decirle “sí” a lo acordado en La Habana, es necesario que la sociedad civil y -ante todo- la institucionalidad colombiana le digan “sí” a la posibilidad de configurar una arena política en la que las diversas expresiones populares puedan desplegarse sin ser constreñidas y/o atacadas como se ha hecho reiterativamente en el marco de la guerra contrainsurgente.

La paz, entonces, antes que remitir a un escenario idílico signado por la estabilidad institucional -entendida como perpetuación- por la que muchos abogan, refiere a una dinámica de despliegue de la conflictividad mediante ejercicios políticos que potencian y encauzan la inagotable conflictividad social y política. Es necesario traer a colación el valor de la dificultad y de la lucha que, remitiéndose al Fausto de Goethe, pone de presente Estanislao Zuleta. Antes que a una vida plana e insulsa como sociedad, la posibilidad, cada vez más cercana, de construir la paz nos remite a la “aspiración de luchar sin descanso por una altísima existencia”.

Sí al acuerdo para superar el hermanamiento entre violencia y política

El voto por el “sí” en el plebiscito no puede ni debe asumirse como un mero acto de apoyo al gobierno de Santos. Aunque para varios sectores el Acuerdo se reduzca a tal perspectiva, en esta columna se plantea que la aprobación del plebiscito pone de presente la posibilidad de abrir el espacio para que las alternativas políticas que han sido perseguidas históricamente desde la institucionalidad colombiana puedan disputar políticamente las transformaciones sociales y políticas que se evidencian urgentes para nuestro país.

No se puede perder de vista que un enorme reto que se desprende de lo acordado en La Habana es el de quebrantar los fuertes y múltiples vínculos que se han generado entre el ejercicio de la política y la violencia en Colombia. Este desafío, vital para sentar las bases de un escenario político inédito para varias generaciones colombianas, hace que la institucionalidad colombiana asuma responsabilidades históricas obviadas con el pretexto de la guerra contrainsurgente. Es desde la institucionalidad, con las posibles reconfiguraciones que se concreten en el corto y mediano plazo, que se deben garantizar las condiciones para que la violencia se desligue de la actividad política en Colombia.

Ello está ligado a dos cuestiones distintas pero entrelazadas. En primer lugar, no se puede perder de vista la condición anómala o excepcional de la dinámica del sistema político colombiano. Los vínculos entre represión y democracia en el régimen político colombiano ponen en tela de juicio el fuerte vínculo que debe existir entre democracia y salvaguarda de los derechos y libertades de la población. Si bien dicha tendencia se venía perfilando desde las últimas décadas del siglo XX, es en los albores del XXI que se profundiza una lógica política en la que la seguridad, el miedo y el uso indiscriminado e ideológico del terrorismo generaron una “industria del miedo” (Ruíz 2012).

Históricamente, la oposición política se asumió como terrorismo y las acciones dinamizadas desde la institucionalidad estatal se movieron en una lógica de anulación, cuando no eliminación simbólica y física, del otro. La generalización del miedo se asocia al sistemático e intenso uso de la represión como mecanismo de estabilización del sistema y de simultánea vulneración de derechos. Se deben tener en cuenta tanto las dinámicas de represión enmarcadas dentro del contenido político de la confrontación bélica como aquellas que desbordan el mismo, irrigándose en la cotidianeidad de la sociedad. Entonces, más allá de la represión con claros móviles políticos, en Colombia se ha acudido intensamente a “múltiples agresiones contra las “clases peligrosas”, que van desde redadas de reclutamiento forzado hasta la destrucción física de las llamadas operaciones de “limpieza social” (Gutiérrez 2012:62).

La connivencia entre dinámicas democráticas formales y prácticas sistemáticas de represión persiste, evidenciando problemas estructurales que desbordan el conflicto armado y su despliegue. Así las cosas, cumplir con lo pactado en el Acuerdo número 2 y que está irrigado en todo el acuerdo impele a la institucionalidad colombiana a generar las condiciones para que el ejercicio de la oposición política sea el eje gravitacional de la ampliación democrática que se plantea en el Acuerdo final.

En segundo lugar, la proyección a futuro del contenido del Acuerdo final nos acerca a un escenario en el que la institucionalidad colombiana se puede y debe transformar sustancialmente. Debe abrirse a la participación efectiva de aquellos actores sociales y políticos que entran en el escenario político. No solo se trata de garantizar la vida de quienes plantean proyectos políticos contrahegemónicos sino de asumir que tales proyectos entran a confrontar la anquilosada clase política colombiana. Es claro que ello está íntimamente relacionado con la posibilidad de que las alternativas políticas excluidas logren entrar en dinámicas de competencia política que las conviertan en alternativas viables y atractivas para el grueso de la ciudadanía colombiana.

Aquí se pone de presente la necesidad de que se generen los diálogos y acuerdos respectivos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Tal inclusión en el escenario político de dicha agrupación insurgente no solo es importante en términos del orden público y la imposibilidad de cerrar el capítulo de la guerra. También y ante todo es importante porque las propuestas políticas de dicha organización puede y debe complementar el escenario político hacia la construcción de la paz. Tanto los insurgentes como las instituciones y la sociedad en general deben coincidir, caminando hacia un escenario en el que los cambios sociales y políticos ligados a la construcción de la paz estable y duradera tengan lugar.

El cambio referido es trascendental en la medida en que permite que posiciones políticas que han sido históricamente excluidas del escenario institucional, siendo esta una cuestión central para labrar el camino de superación de, como planteara Lukacs, “la democracia de las doscientas familias”. En este marco, nada más importante para nuestra sociedad que poder acoger a todas las posiciones políticas en aras de, por fin, dinamizar la política democrática.

Estos dos retos que se le imponen con la firma de los acuerdos a la institucionalidad y, en últimas, al grueso de la sociedad colombiana denotan un gran avance pero deben entenderse como una condición para la construcción de la paz y no como la paz misma.

Sí a la política porque es el eje gravitacional de la construcción de paz

El acto de decirle sí a la política está ligado a reconocer y proyectar el contenido de las luchas populares que, en el marco del conflicto armado, fueron señaladas, estigmatizadas y hasta perseguidas por fuerzas estatales y paraestatales. Ello implica que antes que decirle que sí a la gestión política de Santos, aprobar el acuerdo final es generar un espacio en el que las políticas desplegadas desde el gobierno actual y sus predecesores puede ser cuestionada profundamente. Es más, la apertura política ligada a la firma del acuerdo se corresponde con la dinamización de luchas sociales y políticas por la transformación de las profundas problemáticas que han signado el desgarrador cuadro de la historia política colombiana.

Sólo mediante la política se puede arribar a un escenario en el que paz y justicia social se correspondan. Habrá muchos sectores que digan sí al Acuerdo, pero que se nieguen al despliegue de un escenario político en el que -con la convergencia de las múltiples voces acalladas históricamente- se pongan en tela de juicio tanto la configuración institucional colombiana y los horizontes que la han signado. Juan Manuel Santos, sus copartidarios y otros tantos asumen que la institucionalidad colombiana vigente debe salvaguardarse y que el modelo económico desplegado en el país es el mejor posible y el que hay que defender.

Hacia la ruptura con esa pretendida estabilidad y continuidad es que apunta el decirle sí a la política. Colombia no se puede seguir vanagloriando de la estabilidad institucional mientras las brechas producidas por la dinámica económica del país antes que cerrarse se mantienen y hasta se expanden. En este marco, se yergue vital pensar que la estabilidad institucional que debe tener lugar debe orientarse, precisamente, hacia la posibilidad de transformación radical de la institucionalidad misma y de la sociedad colombiana en general.

Está sobre la mesa la posibilidad de generar un cambio de horizonte y de constitución de la agenda política de la institucionalidad colombiana. Quienes conformen el legislativo y el ejecutivo han de poner de relieve la importancia de solucionar problemáticas con profunda raigambre en las dinámicas de la sociedad colombiana.

Se puede vislumbrar en el horizonte un espacio en el que la disonancia y el conflicto, antes que ser perseguidos y/o eliminados, sean los elementos estructurantes de la dinámica social y política del país. Entonces, es necesario asumir que la construcción de la paz en Colombia está más ligada a una dinámica marcada por la conflictividad que a un ilusorio espacio de desaparición de la confrontación social y política. Las movilizaciones, los pliegos y las reivindicaciones antes que poner en riesgo la paz, la re-crean como tensión política inagotable.

En últimas, hablar de la paz refiere a la emergencia de una arena política en la que la estabilidad es, de suyo, inestable; de una institucionalidad supeditada a la potencia instituyente; de una paz cuyos cimientos refieren al conflicto frontal. Una arena en la que el horizonte de la sociedad colombiana esté iluminado por la incansable lucha por una altísima existencia.