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Se dirá que América Latina está comenzando a atravesar un cambio de ciclo, esto es, un cambio del escenario político en su conjunto, y por lo tanto una reconfiguración de las relaciones de poder. En los últimos años, la región estuvo caracterizada, dependiendo de los distintos países, por lo que algunos autores denominaron como el “giro a la izquierda” de América Latina. Gobiernos progresistas, nacional-populares, reformistas o pos-neoliberales, América Latina logró consolidar un espacio político común, a partir de la emergencia de gobiernos que pusieron como eje central de sus acciones políticas una serie de medidas en favor de los sectores populares y de un proyecto nacional: redistribución del ingreso, ampliación de derechos, inclusión social, fortalecimiento de las capacidades estatales, e intervención activa del Estado en la economía, en la cultura y en la sociedad con un sentido democratizador, ampliando las zonas de igualdad.

La situación actual da cuenta de una crisis de este ciclo. El triunfo presidencial de Mauricio Macri en Argentina y de la oposición al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela en las últimas elecciones legislativas, la destitución de Dilma Rousseff en Brasil, el triunfo del “no” al referendum que hubiera habilitado la posibilidad de reelección de Evo Morales en Bolivia, a lo que se suma la reciente decisión de Rafael Correa de no ir por una reforma constitucional que también pudiera permitirle volver a presentarse a elecciones, son hechos todos estos que expresan una crisis del ciclo de los gobiernos nacional-populares. Resta pensar sin embargo cuál es el status de esta crisis. La pregunta que está pendiente es si esta crisis es efectivamente el inicio de un cambio de ciclo, una especie de “giro a la derecha” de América Latina, o más bien una interrupción momentánea -pasajera diríamos-, de un ciclo más largo de transformaciones, anclajes y luchas populares. Para ello es imprescindible poder distinguir, en términos teóricos pero también políticos, la idea de un “ciclo corto” dado por las elecciones y los cambios en la gestión de gobierno del Estado, de un “ciclo largo” conformado por la posibilidad de fortalecimiento, madurez y profundización de las experiencias, los conflictos y las luchas de las fuerzas y los movimientos nacional-populares. De algún modo, podría decirse que esto es precisamente lo que está en juego en América Latina, el status, los alcances y la dimensión temporal del cambio de ciclo. Desde esta perspectiva resulta fundamental para un análisis crítico de la realidad latinoamericana, la posibilidad de abrir esa otra temporalidad de la política, una temporalidad otra que pueda reflexionar acerca de lo político en un plano cruzado o yuxtapuesto al tiempo de la política gubernamental.

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La falta de madurez del campo nacional-popular en América Latina se debe a diversos motivos que son a la vez, culturales, económicos, sociales y políticos. En términos generales, todos los gobiernos a los que se ha hecho referencia se han sostenido por lo que podría considerarse una especie de “triángulo de poder” conformado por la combinación de tres elementos claves: en primer lugar, la existencia de fuertes liderazgos que han logrado la articulación de sectores políticos y sociales heterogéneos; en segundo lugar, un alto nivel de movilización popular, dado no solo por la adhesión personal a dichos liderazgos, sino también movidos por el deseo de defensa y expansión de una serie de medidas a favor de dichos sectores; en tercer lugar, un contexto económico favorable gracias al elevado precio de las materias primas, elemento central para países que han basado sus economías en un modelo primario exportador, y que ha permitido (no de manera a-problemática) una política expansiva de industrialización y de distribución del ingreso. Si bien es cierto que la combinación de estos tres elementos es lo que ha llevado a dichos gobiernos a mantener el control del Estado durante algo más de una década, y logrado en base a ello buena parte de sus políticas redistributivas y democratizadoras; no menos cierto es que también aquí se encuentran algunas de las razones de sus respectivas crisis. En efecto, quisiera sostener que una de las mayores dificultades de las fuerzas nacional-populares se encuentra precisamente, en la incapacidad de construir un proyecto político más autónomo y perdurable en el tiempo, que no dependa tanto de los liderazgos, la movilización popular, o de un contexto económico favorable, y que por lo tanto pueda reducir los grados de fragilidad y de vulnerabilidad, tanto cuando dichas fuerzas se encuentran en el gobierno como cuando no lo están. De los tres elementos, sin dudas la cuestión del contexto económico, junto a las dificultades para transformar el sistema productivo, constituye la mayor fuente de conflictos porque se enraíza en la naturaleza de la composición actual del capital en su doble relación: capital-trabajo y capital-naturaleza.

En este plano, el campo nacional-popular se encuentra ante el importante desafío de trabajar para fortalecer el carácter irreversible de ciertas transformaciones o reformas, pero también para imaginar y producir otras. En este sentido, resulta importante re-pensar uno de los aspectos quizás más espinosos tanto de la práctica teórica como de la práctica política de los procesos latinoamericanos, que es la tensa relación entre la democracia como “proceso de democratización” y sus instituciones. Ciertamente, en muchos de los países ha habido un déficit institucional, aunque no en el sentido más banal de la crítica conservadora, que ve en estos procesos el signo de un avasallamiento de las instituciones liberales, sino más bien en los modos de generar otro tipo de institucionalidad de corte popular.

Las instituciones son las formas de estabilizar determinadas relaciones de poder. Por lo tanto, podría decirse que resulta imprescindible convertir el “triángulo de poder” en un “cuadrilátero de poder”, y complementar dichos procesos con importantes reformas institucionales que logren modificar sustancialmente las relaciones de poder y dominación. En estos años ha habido un error en términos teóricos, pero también políticos, al oponer populismo a instituciones, o democracia a republicanismo. El populismo no es lo contrario a las instituciones, en todo caso antagoniza con ciertas instituciones y produce otro tipo de institucionalidad. De ahí la necesidad de avanzar hacia un republicanismo popular, que sea capaz de encontrar nuevas formas de poder constituyentes que no se agoten en las formas conocidas de los poderes constituidos.

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Todo proyecto político a largo plazo depende en buena medida de su capacidad de construir experiencia. En el caso de Argentina hay un piso de derechos ganados y consolidados, una cultura política democrática, un movimiento obrero sindicalizado, y por lo tanto más fortalecido y organizado; pero sobre todo hay una experiencia acumulada. Cuando se habla de “nuevas derechas”, cuando se dice que estas derechas son modernas e inteligentes, que ganan elecciones democráticamente, que no vuelven a las privatizaciones o que mantienen ciertos programas sociales, habría que decir que esto no es un logro de las derechas; por el contrario, es un logro de la memoria viva y activa de la democracia, de las luchas populares y de la experiencia sedimentada que han dejado los gobiernos de los últimos años, al desplazar el eje y los marcos epistemológicos y ontológicos de la discusión política, y de lo que es posible pensar, decir y hacer en términos de gestión de gobierno del Estado. Para decirlo de otra manera, las medidas que se tomen de ahora en adelante tendrán que desplegarse en un campo político-cultural constituido de otra manera.

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Podría plantearse una hipótesis acerca del lugar que han ocupado los gobiernos nacional-populares al interior del sistema de dominación global capitalista-neoliberal. Esta hipótesis requiere establecer una diferencia entre dominación y hegemonía: la dominación es homogénea, estable, y permanente; la hegemonía por el contrario es inestable, maleable y contingente. De alguna manera, lo que hubo en América Latina fue una experiencia contra-hegemónica al interior de un orden o de un sistema de dominación neoliberal. Esto no significa desconocer las transformaciones que se hicieron, sino pensar cuáles son los límites de un proyecto de transformación social en sentido democrático, emancipatorio e igualitario, si no se tocan los resortes centrales del poder tanto en sus formas macro-políticas como micro-políticas.

En este contexto se hace necesario realizar una re-conceptualización de lo político. Existe una dimensión de lo político vinculada a la incorporación de nuevos actores a la esfera pública, de creación de nuevos sujetos: lo político como subjetivación política. Esta dimensión de lo político se vincula a su vez con una concepción de la democracia entendida como ampliación e institución permanente de derechos. En Argentina, como en muchas de las sociedades de América Latina, se ha ido consolidando esta idea de la democracia (que ahora está siendo puesta en cuestión) como institución permanente de derechos.

Pero hay otra forma de lo político: lo político como transformación del orden social. En efecto, en Argentina hubo una incorporación de nuevos actores, de nuevos sujetos, pero no hubo (y en todo caso esa es una de las tareas pendientes) una transformación profunda del plano o del terreno del poder. Como ya se ha dicho, esto no implica subestimar las importantes transformaciones que se hicieron en el campo político, cultural, económico y social. En todo caso, tendrá que servir para pensar los límites de los proyectos políticos con vocación transformadora que no logran modificar significativamente el sistema de dominación.

El kirchnerismo se propuso generar algunos cambios centrales al interior del sistema de dominación neoliberal: la cuestión de la deuda y la política de desendeudamiento, la transformación del sistema productivo, la democratización de la ley de medios de comunicación audiovisual, la reforma del poder judicial. Ninguna de estas medidas se pudo llevar a fondo, encontraron fuertes resistencias en los sectores dominantes, y constituyen el telón de fondo del nuevo gobierno. Las primeras medidas tomadas por la Alianza Cambiemos (la reconcentración de los medios de comunicación, la mega-devaluación y su consecuente transferencia de ingresos de los sectores populares a los sectores más concentrados de la economía, la política de endeudamiento, la reducción de la masa salarial vía despidos y congelamiento de paritarias como dispositivo de disciplinamiento de la fuerza de trabajo) no son acciones de gobierno, son resortes del poder; son las condiciones que hacen posible las acciones de gobierno, es decir, constituyen el terreno o el suelo sobre el que se monta el neoliberalismo como tecnología de gobierno.

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Ante este escenario de retroceso para los sectores populares lo político no puede ser solo gesto de resistencia sino que se deberá avanzar hacia la construcción de procesos instituyentes que logren radicalizar las formas de la democracia. De esto depende que la diferencia entre interrupción y cambio de ciclo no sea una cuestión meramente teórica sino política. Esto implica, de manera fundamental, la construcción de una “nueva hegemonía”. Ahora bien, la construcción de una nueva hegemonía en el contexto actual implica al menos tres cosas importantes: En primer lugar, el reconocimiento de la fragilidad, la incompletitud, y el carácter abierto y poroso de toda identidad política, o que no hay un discurso total. La construcción de un movimiento político con pretensión de mayorías tiene que establecer fronteras políticas, pero a su vez considerar dichas fronteras, los antagonismos o la insalvable distinción nosotros/ellos (forma constitutiva de lo político), de manera difusa, posible siempre de transformación. En segundo lugar, que hay algo de la identidad del otro o del discurso del otro que debe ser incorporado a la propia identidad o al propio discurso. En tercer lugar, una nueva hegemonía requiere la derrota del adversario, no solo en el campo político sino también en el campo intelectual y moral. De ahí la expresión de Gramsci según la cual no se toma el Estado, se deviene Estado.

América Latina se encuentra ante una encrucijada, un empate de fuerzas, o para utilizar la expresión de García Linera, un “punto de bifurcación”. Todos los que nos dedicamos al trabajo con las palabras, tuvimos, tenemos y vamos a tener una gran responsabilidad. Los trabajadores de la ciencia y la cultura, de las universidades y el arte, hemos tenido un rol importante en el sostenimiento de los proyectos políticos que se llevaron adelante en estos años; y también tuvimos una cierta responsabilidad, en los errores, en los límites de los distintos proyectos, en la imposibilidad de continuarlos, en la dificultad para establecer auto-críticas sin que estas puedan ser utilizadas por las derechas en un campo político sumamente polarizado. Es momento de procesarlo, de convertirlo en experiencia: en nuestros debates políticos-académicos, en la elección de nuestros objetos de investigación, en nuestras formas de escritura, en nuestros modos de comunicación, en nuestros tipos de intervenciones, en nuestras formas de la conversación pública. He aquí un enorme desafío.