Camilo Salcedo

* Camilo Salcedo

Cursa estudios de maestría en Sociología y Antropología en la Universidad Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) y es politólogo de la Universidad Nacional de Colombia. Sus áreas de trabajo son: 1) mundo del trabajo y conflictos laborales; y 2) procesos de transformación social de campesinos y trabajadores rurales. Es miembro del grupo de investigación de Política y derecho ambiental (PODEA), donde hace parte de la línea tierra, territorio y ambiente. Trabaja actualmente sobre la estructura de la propiedad de la tierra y las re-configuraciones sociales que se están presentando en el centro del departamento del Huila, Colombia, con la llegada de diversos proyectos de infraestructura energética

Tres generaciones de colombianos y colombianas hemos vivido la guerra. Nuestros abuelos que desde el asesinato de Gaitán en 1948 vivieron una guerra civil no declarada en los años cincuenta y el nacimiento de las guerrillas en los sesenta. Muchos de ellos se desplazaron del campo a las ciudades, mientras otros se quedaron en el campo y abrieron trochas en medio de las selvas. Nuestros padres, que inmersos en la guerra, continuaron en las ciudades o en el campo, vivieron en su juventud el intento de Reforma Agraria de los setenta, el paro cívico nacional de 1977, y el genocidio de partidos y movimientos políticos en los años ochenta. Mientras tanto, una tercera generación, tiene recuerdos de infancia y adolescencia marcada por la violencia de finales de los años ochenta, las masacres paramilitares de los noventa, el asesinato de Jaime Garzón en 1999, la zona de distención, el secuestro y el fortalecimiento de las Fuerzas Militares en la primera década del siglo XXI.

El pasado 26 de septiembre, los sobrevivientes de la guerra firmaron un acuerdo para la culminación del conflicto armado y el domingo 2 de octubre, quienes vivimos de esas generaciones, tenemos la responsabilidad de empezar a construir un camino que no está exento de contradicciones, tensiones y continuidades del violento pasado, pero que podrá ser la posibilidad de contarle a la generación siguiente que la guerra del conflicto armado fue un hecho histórico que vivimos con nuestros padres y abuelos.

El respaldo internacional al proceso de paz muestra la importancia geopolítica de Colombia a nivel regional y mundial. La presencia de diversos países de América Latina (Cuba, Chile, Ecuador, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, México, Argentina), un enviado permanente de Estados Unidos, el respaldo de los gobiernos de Noruega y Alemania, junto con instituciones internacionales como el Fondo Monetario Internacional -FMI- y el Banco Mundial -BM- lo muestra.

Las posiciones de quienes respaldan y hacen parte de los acuerdos no están exentas de contradicciones, pero los acuerdos se hacen entre partes que no concuerdan, tal como dijo en una entrevista Humberto de la Calle (jefe negociador del Gobierno colombiano):

“Una negociación implica ponerse en los zapatos del otro, pero no usarlos. Eso era lo que me decía a mí mismo en las noches: trato de entender las razones de las Farc, pero no voy a caminar con sus zapatos”1.

Entender y respetar al otro es parte del espíritu de estos acuerdos, es decir, su objetivo principal es cambiar radicalmente el método para buscar los cambios: de las armas a los votos y la palabra. Esto hace que la paz no tenga un mismo significado para los actores que están negociando o que los apoyan.

En los cuatro años de negociación en La Habana-Cuba (Agosto de 2012-Septiembre de 2016) podría distinguirse internamente tres grandes posiciones frente a la paz. La primera, la empresarial, que apoya los acuerdos, en la medida que garantiza la propiedad privada y “libera” áreas para la inversión. La segunda, de población en las áreas de conflicto y de parte de la sociedad colombiana, que cuenta con un vínculo solidario o generacional con quienes viven en el campo o fueron víctimas de la violencia, ellos y ellas aspiran a que el final de la guerra en las áreas rurales del país posibilite que campesinos accedan o retornen a la tierra y se puedan proteger sus ecosistemas. Y la tercera, defendida por la extrema derecha, para quienes la paz debe hacerse mediante la humillación y sumisión absoluta del enemigo, este grupo ha crecido política y económicamente por medio de la guerra y cuenta con seguidores dentro de la población.

Las posiciones que existen sobre los acuerdos, parecen mostrar alianzas y disidencias por un nuevo pacto social. Así, sectores de la política tradicional parecen comprometerse a lo que vendrá con los acuerdos, mientras otra se niega a aceptarlos.

La posición empresarial: “integrar” áreas “desintegradas” al capital extractivo

En los diálogos de paz, uno de los frentes al que el Gobierno prestó especial atención fue el empresarial. A medida que la delegación de paz negociaba en Cuba con la guerrilla, también lo hacía con los gremios empresariales nacionales y Estados Unidos. Así, uno de los inamovibles en la negociación fue la defensa de la propiedad privada.

La propuesta agraria fue crear el Fondo Nacional de Tierras para regularizar tierras, distribuirlas a campesinos y fortalecer la institucionalidad del campo mediante políticas públicas dirigidas a pequeños productores. Con el acuerdo, el Estado busca integrar áreas que antes estaban fuera de su control, cambiando las dinámicas regionales locales y abriendo la posibilidad para nuevas formas de tramitar los conflictos.

Uno de sus objetivos es que, mediante el Estado, empresas entren con inversión y megaproyectos a áreas donde antes no podían. El ex-ministro de Hacienda y presidente de la Empresa Colombiana de Petróleos – Ecopetrol – Juan Carlos Echeverri así lo expresó en una entrevista:

“Con la paz esperaríamos tener la posibilidad de entrar a Caquetá mucho más fuerte, a Putumayo, a Catatumbo, sitios donde antes era difícil acceder. La paz nos debe permitir no solamente a Ecopetrol, sino a todas las petroleras del país, generando desarrollo en las regiones, sacar más petróleo”2.

Para este grupo, las áreas de conflicto parecieran estar “deshabitadas” y la paz no se relaciona con las poblaciones que allí han construido sus vidas. Existen historias y prácticas que no son las mismas que las de empresarios y trasnacionales. Las propuestas ligadas a formas de vida de quienes se mantienen en los territorios y de los que buscan retornar a ella, se enfrentan a la llegada de grandes proyectos de inversión. La resistencia civil frente a la explotación de petróleo en la Macarena (Meta), muestra una nueva forma de cómo enfrentarse a la llegada de estos proyectos extractivos.

Conflictos y movilizaciones de poblaciones contra la extracción de petróleo en municipios del Caquetá como Paujil y Valparaíso, y las montañas de Garzón y Gigante en Huila, las movilizaciones del paro agrario del 2013 en el Catatumbo-Norte de Santander, las acciones jurídicas y de movilización social contra la gran minería en La Colosa en Cajamarca-Tolima, o tantas otras en la áreas del país como Putumayo y Nariño en el sur, o el Caribe (con la problemática del Carbón) y el Pacífico Colombiano, muestran que las palabras de Echeverri abren un nuevo capítulo (que lleva décadas) en la conflictividad social en Colombia.

Las áreas del conflicto y la sociedad colombiana: posibilidad de movilización y reivindicación de derechos

No obstante, el grueso de quienes votarán por el “sí” el próximo 2 de octubre no son empresarios, su voto no los enriquecerá o empobrecerá, pero es clave su solidaridad para pensar que áreas del país que no contaban con atención por parte del Estado, tengan una institucionalidad que permita que poblaciones locales logren discutir sus problemáticas sin la mediación de las armas. Es decir, que el país nacional incluya áreas que antes no estaban dentro de él y abra la posibilidad de la expresión social para la reivindicación de derechos de poblaciones que no aparecían en la opinión pública por las armas y los retenes.

La apertura democrática debe permitir que tanto movimientos sociales reactivos por la llegada de proyectos de infraestructura, como reivindicaciones sociales se expresen en un nuevo escenario. Los ambientalistas que se enfrentan a la llegada de estos megaproyectos pasan a ocupar un nuevo lugar en las actuales áreas de conflicto armado.

Así, aunque parece lejana la Reforma Agraria de la “tierra para el que la trabaja”, que en los años setenta reivindicaba la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC), estabilizar lo que antes se tenía sería un avance para preservar lo que aún queda en el campo. Se abre la posibilidad de nuevas alianzas dentro de propuestas alternativas y desde abajo, la participación de las mujeres guerrilleras y la apertura a la discusión de las relaciones de género, muestra un avance significativo de la ortodoxia de los años sesenta y construye posibilidades de acción política a grupos de la sociedad del campo que todavía no han sido reconocidos, pero son centrales en la vida campesina y nacional del país.

Votar a favor del “sí” el próximo 2 de octubre, también es pensar, recordar y rendirle un homenaje al conjunto de víctimas del conflicto armado. No solo se requiere que el Estado reconozca al otro por medio de la firma de un acuerdo, sino que sea la misma sociedad la que lo haga. La voluntad del voto es una forma de recordar a las víctimas y aislar a la extrema derecha de su posición en el campo político, es no dejar en la impunidad social a las víctimas de genocidios de partidos políticos como la Unión Patriótica (UP) y de movimientos políticos como A Luchar.

La oposición a los acuerdos de la extrema derecha

¿Por qué existe oposición de la extrema derecha a los acuerdos de paz? Para ellos lo que está en juego, no es la justicia, las víctimas, ni el presupuesto nacional, sino la forma como la paz se realiza. Su propuesta de paz está mediada por la continuación de la guerra para la rendición y la humillación del enemigo. Una forma que solo genera mayor resentimiento y espirales de violencia.

Independientemente del resultado, ellos seguirán teniendo seguidores, al mismo tiempo que construyen una doble estrategia: por un lado, la campaña por el “no” busca mostrar su fuerza política y, por otro lado, buscan desconocer y sabotear los acuerdos y la democracia representativa. Sería ingenuo pensar que el poder de la extrema derecha está en las urnas y se acabará porque sean derrotados por el voto popular. Ellos cuentan con control de territorios, manejo de poder local, alianzas, dinero, ejércitos privados.

Los hechos muestran que a pesar de refrendar los acuerdos de paz popularmente, la violencia contra líderes sociales no se detendrá, ya van 52 activistas asesinados para septiembre de 20163, según cifras de organizaciones de derechos humanos.

Pero ¿qué significa que frente a estos asesinatos gane el “sí” o el “no” en el plebiscito? Votar por el “sí”, es cubrir de voluntad popular a la vida y defender que la diferencia justifica el asesinato de nadie. Por otro lado, el que gane el “no”, solo cubriría bajo el manto de la legitimidad las muertes que están pasando y que vendrán; y daría aliento a estas fuerzas y grupos para la expansión de su poder regional y nacional.

No es una cuestión secundaria para Colombia el plebiscito del próximo 2 de octubre. La heterogeneidad de posiciones, ambigüedades y contradicciones en relación al discurso de quienes defienden votar por la paz se expresarían en nuevos escenarios. Mientras tanto, la extrema derecha busca cómo incentivar la guerra y romper la nueva forma como se busca tramitar los conflictos que hay y que vendrán.

  1. ‘En cuatro años de negociación, hubo varias tensiones’: De la Calle http://www.eltiempo.com/bocas/humberto-de-la-calle-en-entrevista-con-revista-bocas/16705492
  2. “La paz nos va a permitir sacar más petróleo de zonas vedadas por el conflicto” (14/04/2016) http://www.elespectador.com/noticias/economia/paz-nos-va-permitir-sacar-mas-petroleo-de-zonas-vedadas-articulo-627058
  3. Los enemigos del proceso de paz en Colombia se lanzan a por activistas y líderes sociales (15.09.2016). ttp://www.publico.es/internacional/enemigos-del-proceso-paz-colombia.html