Andrea del Pilar Naranjo

* Andrea del Pilar Naranjo

Investigadora independiente y abogada de la Universidad La Gran Colombia. Con especialización en Derecho Constitucional Universidad de Nuestra Señora del Rosario, Colombia. Maestría en Relaciones Internacionales Iberoamericanas y Doctora en Relaciones Internacionales Iberoamericanas. Universidad Rey Juan Carlos, Madrid-España. Principales líneas investigativas: derechos humanos, políticas públicas e integración regional. Publica en varios portales de internet, entre los que se incluyen el portal de columnas de análisis político e internacional y política exterior The Blue Passport, la revista Chilena Nuevo Ciclo, el Blog de opinión Condistintos acentos editado por el instituto de Iberoamérica de la Universidad de Salamanca y en los portales Colombianos de opinión Razón Pública y la Revista Perspectiva del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga y en su blog personal elpendulocritico.bolgspot.com

La democracia no es una meta que se pueda alcanzar para dedicarse después a otros objetivos; es una condición que sólo se puede mantener si todo ciudadano la defiende

Rigoberta Menchú

Las altas cifras de abstencionismo en la pasada votación para el plebiscito, son solo una sencilla muestra de la crisis democrática, la pérdida de legitimidad del Estado y, lo que es aún más grave, el absoluto desinterés ciudadano sobre el destino de su nación que ahora se debate entre la penumbra y la incertidumbre.

Los resultados de la consulta no solo implicaron la derrota inicial de una alternativa a la salida del conflicto, también demostraron los efectos directos de una guerra de más de sesenta años que ha degradado en la completa insensibilidad de los votantes, en suma un claro signo de la debacle democrática colombiana.

Varios autores entre los que sobresalen Rustow, Laurence Whitehead, Guillermo O’Donnell y Philippe Schmitter1, además de Leonardo Morlino2, han intentado establecer los parámetros para calificar a un Estado con una mínima consolidación democrática, sus variables pueden condensarse en tres puntos:

1. Respeto por los derechos humanos, especialmente aquellos positivados en las constituciones

En primer lugar, a pesar de la profusión de derechos consignados en la Carta Constitucional de 1991, catalogada como entre las más garantistas del Hemisferio, derechos básicos como el acceso a los servicios de salud, educación y vivienda digna continúan siendo ampliamente vulnerados sobre la base de la insuficiencia institucional y de recursos.

Esta última bajo la denominación de “sostenibilidad fiscal”, un mecanismo “orientador” de las ramas y órganos del poder público, que permite por intermedio de un incidente, de una parte, controvertir las decisiones de las altas cortes, donde eventualmente se involucre un gasto que pueda afectar el equilibrio macroeconómico del Estado Colombiano3 (entre las cuales se incluye la Tutela, en especial, cuando las providencias versan sobre derechos sociales, económicos, culturales, ambientales y colectivos4); y de otra, erigirse como el argumento ideal para minimizar la presencia del Estado y disminuir cada vez más las erogaciones para inversión social5.

Medida que además se suma a la negativa de ratificar documentos internacionales tan relevantes como el Protocolo adicional al Pacto de Derechos Sociales Económicos y Culturales (PF-PIDESC), que permitiría la asunción de denuncias individuales ante vulneraciones6; la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes, que en sus 44 artículos aborda todas las dimensiones y generaciones de derechos, conminando a los Estados a desarrollar e implementar políticas públicas juveniles sobre los parámetros de ejercicio pleno y goce de derechos, vinculando a todos los actores sociales en su garantía7; o el Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social, que a pesar de haber sido firmado en 2008 aún no ha sido ratificado ni aplicado por Colombia, y permitiría la configuración de un estatuto integral de regulación de regímenes pensionales y derechos adquiridos, garantizando, por ejemplo, que los trabajadores migrantes pudieran percibir sus prestaciones en cualquier Estado iberoamericano8.

2. Vigencia del Principio de legalidad, es decir, el acatamiento de las reglas procesales y sustanciales del juego democrático por las autoridades y los ciudadanos

Los escándalos electorales y los graves índices de corrupción y clientelismo en todos los niveles de la administración pública, son solo un argumento más para el incremento de la desconfianza en las instituciones. Se estima, de acuerdo a la última medición de Transparencia Internacional, que Colombia es uno de los Estados con mayor índice de percepción de corrupción: en una escala de cero a cien, donde cero es altamente corrupto y cien muy transparente, el país figura con 37 puntos, uno de los más bajos de la región.

El fenómeno no solamente es preocupante en los temas de financiación de campañas, manejo de partidos políticos y acceso a altos cargos, también impacta de manera negativa la garantía directa de derechos como la salud y el saneamiento básico9.

3. Una dinámica permanente entre el ciudadano y la institucionalidad, más allá del mero voto nominal, esporádico y coyuntural

En Colombia no ha existido una verdadera cultura de participación, de manera que la vinculación directa de los ciudadanos con las decisiones que les afectan es prácticamente nula, habida cuenta de la ausencia de políticas públicas de pedagogía de la participación, escasos espacios de capacitación y, en suma, un amplio desinterés institucional a la hora de facilitar una incidencia ciudadana efectiva y con repercusiones sustanciales más allá de la retórica, el discurso y la profusión normativa10.

Así las cosas, el votante desinformado será un sujeto fácil para manipular y, lo que es más peligroso, proclive a una actitud completamente indiferente sobre su entorno, un signo innegable del declive de la democracia.

Basándonos en estos presupuestos es fácil adivinar por qué la desafección política de los votantes y comprender que no se debe solamente al conflicto armado de lustros y a la desinformación generada para la pasada votación.

Su posición pasiva hace parte de un proceso de desconocimiento de su contexto, de progresiva desconfianza hacia sus gobernantes y es la sumatoria de graves problemas estructurales del Estado, que derivan en una corta mirada de la sociedad en conjunto y de la potencialidad de la participación como herramienta para construir una realidad sustancialmente diferente.

  1. Guillermo O’donnell, Philippe C. Schmitter Y Laurence Whitehead (comps.), Los procesos de transición y consolidación democrática en América Latina. Transiciones desde un gobierno autoritario (Buenos Aires, Paidós, 1988).
  2. Leonardo Morlino. “Consolidación democrática, definición, modelos, hipótesis”: Reis: Revista española de investigaciones sociológicas, Nº 35, (1986):7-62.
  3. Ley 1695 del 17 de diciembre 2013 “Por Medio De La Cual Se Desarrolla El Artículo 334 De La Constitución Política Y Se Dictan Otras Disposiciones”, disponible en http://wsp.presidencia.gov.co.
  4. El mecanismo que procede ante cualquier clase de acción frente a fallo de las máximas corporaciones judiciales, inclusive las sentencias de revisión y aquellas proferidas en sede constitucional, Corte Constitucional Sentencia C-288 de 2012 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva disponible en http://www.corteconstitucional.gov.co
  5. Véase por ejemplo la ley Estatutaria de Salud Ley 1751 de 2015, Artículo 6°. Elementos y principios del derecho fundamental a la salud Lit. i: “Sostenibilidad. El Estado dispondrá, por los medios que la ley estime apropiados, los recursos necesarios y suficientes para asegurar progresivamente el goce efectivo del derecho fundamental a la salud, de conformidad con las normas constitucionales de sostenibilidad fiscal”.
  6. Organización de Naciones Unidas, Asamblea general, A/RES/63/117, “Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales” (2008), disponible en http://www2.ohchr.org/.
  7. El documento además recoge las previsiones de los Objetivos de desarrollo del Milenio: eliminación de la pobreza, educación universal, igualdad de géneros, salud y sostenibilidad. Organización Iberoamericana de Juventud, Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes, (2005) en la ciudad española de Badajoz, Disponible en www.oij.org.
  8. Rodríguez Barrigón, Juan Manuel. “La Comunidad Iberoamericana De Naciones Y El Fenómeno Migratorio”. Emigración, actividad empresarial y cooperación española al desarrollo en República Dominicana, José Manuel Azcona Pastor (Dir.), 2011, 93-118 El convenio actualmente ha sido ratificado por Brasil, Chile, Ecuador, El Salvador, España, Portugal, Bolivia y Paraguay. A pesar de haberse firmado en noviembre de 2007 en el seno de la XVII Cumbre de jefes de Estado y de Gobierno celebrada en Santiago de Chile, Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social, 10 de noviembre de 2007.
  9. Véase Transparencia por Colombia, “Matriz de riesgos de corrupción en el proceso de gestión contractual del sector de Agua Potable y Saneamiento Básico: recomendaciones para la prevención de la corrupción” Cuadernos de Transparencia (Mayo de 2014). Disponible en https://www.transparency.org
  10. Véase la relación de las múltiples normas e instituciones de regulación la participación En Fabio Velásquez C. Esperanza González R, ¿Qué Ha Pasado Con La Participación Ciudadana En Colombia?, (Colombia: Fundación Corona, 2003), 112 y ss. Disponible en http://www.dhl.hegoa.ehu.es/.