Eduardo Gudynas

* Eduardo Gudynas

Analista en temas de ambiente y desarrollo. Integrante del Centro Latino Americano de Ecología Social (CLAES); investigador asociado en el Dpto Antropología, Universidad California, Davis; Duggan fellow del Natural Resources Defense Council de EE UU. Docente invitado en universidades de Uruguay y otros países de América Latina, EE UU y Europa. Acompaña organizaciones ciudadanas, desde grupos ambientalistas a federaciones indígenas, en distintos países del continente. Twitter: @EGudynas

La proliferación de emprendimientos extractivistas en Colombia, sigue generando importantes impactos sociales y ambientales, y por ello se multiplican las resistencias ciudadanas y las tensiones políticas. El proceso de paz ofrece muchas opciones para poder democratizar las políticas ambientales, protegiendo tanto a las comunidades locales como a sus ambientes. Pero también encierra muchos riesgos, entre ellos un repotenciamiento de las locomotoras extractivistas.

En ese contexto, hace pocos días atrás, el presidente Juan Manuel Santos brindó un discurso de enorme importancia para entender el futuro inmediato que desea para los extractivismos. Anunció que buscaría apoyarlo económicamente y protegerlo militarmente, mientras compartió sus ideas para controlar y encauzar la resistencia ciudadana. A todas esas revelaciones, de enorme relevancia, le siguió otra todavía más sorprendente: seguirá las sugerencias que le hizo el presidente ecuatoriano Rafael Correa para convertir a las comunidades locales en “cómplices” de los extractivismos. Desembocamos así en una convergencia entre conservadores y progresistas para proteger los extractivismos y controlar la sociedad civil organizada.

El empuje extractivista colombiano

Analicemos el caso, comenzando por describir el contexto en el cual se realizaron estas revelaciones. Todo ocurrió en el acto de inauguración del II Congreso Internacional de la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP), el pasado 29 de septiembre de 2016. Esa asociación nuclea a corporaciones como Chevron, Exxon, Oxy, Pacific, Petrobras, Repsol, Shell y Total, y sus ejecutivos estaban presentes en la sala. El evento contó con 500 asistentes registrados, y el tema en discusión era el “futuro del petróleo y el gas”.

En esa ocasión, Santos defendió el proceso de paz colombiano, y la vez intercaló informaciones y opiniones sobre el sector petrolero y el papel que le asigna en un escenario post-conflicto1. Sus palabras destacaron la importancia de la explotación petrolera para el crecimiento económico del país, con citas a las recaudaciones de impuestos y su uso en distintas obras. Mencionó a la llamada “enfermedad holandesa” (aunque uso el calificativo de “resfrío”), y resaltó el aporte de todo esto para reducir la pobreza.

A juicio de Santos, los problemas que enfrenta ese sector, en el orden que les dio, fueron la caída de los precios internacionales, la protesta social y los bloqueos, las licencias ambientales demoradas y la competitividad. En el plano económico, el presidente colombiano le anunció a las corporaciones que tiene la intención de bajarles los impuestos, incentivar la explotación (con medidas fiscales entre otras) y que su prioridad es apoyar a la extracción.

Avanzó aún más, explicando que si el proceso de paz tiene éxito, entonces las fuerzas armadas que resulten liberadas de sus presentes posiciones para enfrentar a las guerrillas, serían reubicadas para proteger la infraestructura petrolera. Aunque Santos no lo dijo explícitamente, es obvio que esa protección militar se erguirá ante las comunidades locales, tal como se desprende de otros de sus dichos en su discurso.

El mensaje a los empresarios fue muy claro: el gobierno destaca el valor del extractivismo petrolero, apoyará económica y políticamente a las empresas y, si la paz se firma, los militares se desplegarán para protegerlos. Es, por lo tanto, un escenario de profundización de los extractivismos, una situación que muchos ya han alertado dentro de Colombia.

Santos reconoció que hay protestas sociales y las vinculó con un ambientalismo “fundamentalista”. Ahora las ONGs vienen a defender el ambiente, vienen a “atacar” a cualquier empresa, subrayó el presidente. Enseguida reconoció que “infortunadamente, no nos digamos mentiras, la industria petrolera está de primera” en esa lista, “está en la mira”.

La calificación de la resistencia ciudadana como “fundamentalista” es un término que repetidamente vienen usando todos los gobiernos, también los progresistas, para criticar y rechazar las movilizaciones ciudadanas.

Y para enfrentar toda esa problemática, a los “fundamentalistas”, Santos ofreció una receta que no es propia, sino que es la que le aconsejó el presidente de Ecuador, Rafael Correa. Allí está la otra impactante revelación: un progresista le explica a un conservador cómo defender los extractivismos y lidiar con la protesta ciudadana. En efecto, Santos relató que Correa le aconsejó sobre los modos para enfrentar a los ambientalistas “fundamentalistas” e inyectar dinero en las comunidades para que sean “cómplices” de los extractivismos. Consejos que Santos destacó, aceptó y valoró tanto que los compartió con los empresarios petroleros. Quedó confirmada la CPC: una convergencia progresista – conservadora.

Las enseñanzas de Correa a Santos

Esto es lo que dijo Santos: “Yo hablaba con el presidente Correa del Ecuador, sobre las consultas y las protestas, él me decía: mire yo tengo una población muy difícil, en ese sentido, la mayoría, 50% indígenas, muy antipetroleros, e inclusive el gobierno ha sido muy hostil a la industria petrolera en muchos sentidos, así lo percibe mucha gente, pero yo hice algo que ha sido muy, muy efectivo, y es algo muy práctico.

Que en lugar de ir, perforar, y después ir a hablar con las comunidades, lo hago a la inversa. Antes de perforar, antes de hacer cualquier cosa, voy y hablo con las comunidades y les pregunto, ¿cuáles son sus necesidades? ¿ustedes qué quisieran? ¿qué es lo que necesitan?

Entonces las comunidades se ponen de acuerdo, las comunidades se ponen de acuerdo: mire, necesitamos esta carretera, necesitamos este hospital, necesitamos esta cosa. Ah, bueno, esto es posible si podemos perforar aquí, y entonces eso va a producir los recursos para esto.

Que eso cambia totalmente la mentalidad, la agresión de las comunidades, a la complicidad de las comunidades. Eso me lo decía el presidente Correa. Y eso fue muy importante para continuar nosotros en el ejercicio de la exploración y la sísmica en Ecuador”.

Con esto quedaron expuestas muchas cosas. La primera es que para el gobierno de Ecuador, desde una mirada progresistas, los ambientalistas e indígenas también son “fundamentalistas” o “anti-petroleros”. Ese gobierno, además, tiene una estrategia explícita para enfrentarlos. La segunda es que esas prácticas le gustaron mucho a Santos y las valora como un ejemplo a seguir por su propio gobierno en Colombia como modo de superar la resistencia ciudadana a los extractivismos. Le gustó tanto que ya le adelantó a todo el empresariado petrolero colombiano que usará los instrumentos de Correa. O sea, el progresismo le enseña a los conservadores cómo imponer los extractivismos. Esto es, ni más ni menos, que la más clara evidencia de una CPC, una convergencia progresista conservadora.

Las prácticas gubernamentales sean de uno u otro régimen político convergen, por un lado, hacia el control político de los extractivismos para legitimar ante la opinión pública y el electorado la importancia de ese tipo de explotaciones, y por el otro lado, hacia controlar o anular la resistencia ciudadana. Los progresismos y los conservadores aprenden unos de los otros y, más allá de los discursos, conciben de similar manera las oposiciones ciudadanas y convergen hacia similares prácticas. Todo ese intercambio podría llevar a preguntarse si Santos sería el más “progresista” de los gobernantes conservadores, o si Correa representaría al más “conservador” entre los que se autoproclaman como progresistas.

La convergencia hacia los extractivismos

El examen de las estrategias extractivistas en América del Sur muestra un panorama muy particular. Por un lado, existe una amplia diversidad en las justificaciones políticas, que van desde los extractivismos defendidos por gobiernos conservadores a los promovidos bajo ideas progresistas. Sus discursos son extremadamente distintos, en unos casos apoyándose en el mercado y en los otros invocando al socialismo.

Pero, por otro lado, existe una llamativa convergencia en las prácticas concretas para imponer emprendimientos como las explotaciones mineras, petroleras o agrícolas2. En repetidas ocasiones en los últimos años se ha alertado sobre esas similitudes entre progresistas y conservadores. Y de la misma manera, a lo largo de estos años, se alzaron las defensas progresistas que insistían en que esas afirmaciones eran una exageración sin evidencia. Tampoco faltaron quienes eran muy agudos en entender los impactos negativos de los extractivismos dentro de Colombia, pero no lograban advertirlos en países como Ecuador y Bolivia, ensimismándose en la ilusión de un paraíso social y ambiental bajo los progresismos.

Sin embargo, en esas naciones se repite la imposición de emprendimientos mineros, petroleros y agrícolas de todo tipo, se recortan los mecanismos de consulta y participación ciudadana, y no se duda en usar la represión policial. El testimonio de Santos muestra que, en la intimidad, Correa parece creer que su gobierno “dialoga” con las comunidades, que antes de iniciar un proyecto extractivista se acerca a hablar con ellas y que las escucha. Es un entendimiento contrario tanto a lo que señalan muchos actores locales dentro de Ecuador como a un examen del desempeño gubernamental. Basta pensar en el conflicto que todavía persiste en cuanto a la explotación petrolera en el área de Yasuní en la Amazonía o la imposición de emprendimientos mineros.

También se reconoce otro punto sobre el que se ha alertado desde la teoría sobre los extractivismos: los gobiernos usan intencionalmente las compensaciones económicas como un instrumento para justificar los extractivismos, para amortiguar la resistencia ciudadana, e incluso para dividir a las organizaciones locales. El gobierno ecuatoriano le diría a las comunidades locales que para cumplir sus pedidos, por ejemplo de carreteras u hospitales, sólo sería posible si hay extractivismo, según lo que cuenta Santos. Y se apela al dinero, sea en obras o en pagos, para que la “agresión” se convierta en “complicidad”, desnudándose la base conceptual de muchas prácticas: pagar por la aceptación. Este sería el mecanismo que quiere potenciar en el futuro inmediato la administración Santos.

Esas son ideas que deben ser cuestionadas. Es evidente que las responsabilidades estatales de proveer servicios básicos son fines en sí mismos, y no pueden ser reducidas a una mera consecuencia de un extractivismo exitoso. Dicho de otro modo, no se puede extorsionar a las comunidades locales diciéndoles que se les proveerá de infraestructura o servicios solamente si aceptan los impactos y contaminaciones extractivistas. Y de la misma manera, el entregar obras o dineros para que la gente no proteste dista mucho de una verdadera política en justicia social o ambiental. Estamos ante prácticas que convierten la compensación económica en un mecanismo de control y apaciguamiento político.

Tanto se ha insistido con esas ofertas monetarias que, hay que reconocerlo, muchas comunidades locales están divididas. Y también hay que entender esa situación, ya que para muchos comunarios sumidos en la pobreza por décadas, esas mejoras en infraestructura o una ayuda en dinero, pueden tener un enorme impacto en sus vidas. Pero todos esperaríamos que el gobierno no se aprovechara de la condición de pobreza para negociar aceptaciones cómplices.

Aunque estamos frente a una CPC, no se debe caer en confusiones. Es que progresismo y conservadurismo siguen siendo distintos; no es lo mismo el régimen político de gobierno ecuatoriano que el observado en Colombia. Pero en algunas cuestiones clave, tales como el papel de los extractivismos como motor del desarrollo, convergen hacia similares planes de acción, parecidas herramientas políticas y económicas, e incluso semejantes posturas culturales. Se descalifica a quienes alertan o cuestionan tildándolos de “fundamentalistas”. Es por ello que puede hablarse de una situación CPC, donde la convergencia está en los instrumentos y prácticas. Pero los marcos conceptuales bajo las cuales son presentadas siguen siendo diferentes y las metas son distintas.

A su vez esta confluencia sirve para reforzar la distinción entre izquierdas y progresismos3. Es que la utilización de ese tipo de prácticas y acciones para imponer los extractivismos son factores que explican el cambio de las izquierdas iniciales hacia los progresismos actuales en naciones como Ecuador, Bolivia, Argentina o Brasil.

Finalmente, desde el punto de vista de los movimientos sociales no puede pasar desapercibido que este discurso de Santos expresa cristalinamente que para su gobierno, así como para el de Correa, la resistencia ciudadana no es una cuestión de minorías, sino que se ha vuelto tan potente, e incluso eficaz, para terminar siendo un gran dolor de cabeza de ambos gobiernos. En muchos casos, esa resistencia ciudadana cuestiona las bases conceptuales del desarrollo, expresado tanto en extractivismos progresistas como conservadores. Por lo tanto, esos discursos que la tildan de minorías infantiles, no tienen ningún sustento, y ellos lo saben, lo que es de enorme importancia. Debemos tomar nota de esta situación.

  1. El discurso de J.M. Santos está disponible por el servicio de prensa presidencial en https://www.youtube.com/watch?v=b870ezpLm3Y
  2. Sobre los diversos extractivismos ver la entrevista a Eduardo Gudynas, Palabras al Margen, 9 noviembre 2015, http://palabrasalmargen.com/index.php/articulos/nacional/item/entrevista-a-eduardo-gudynas
  3. Sobre la distinción entre progresismo e izquierda, ver Izquierda y progresismo: la gran divergencia, E. Gudynas, ALAI (Agencia Latino Americana de Informaciones), Quito, 23 diciembre 2013, http://www.alainet.org/es/active/70074