La solución política que resuelva el impase sufrido el 2 de octubre con la pérdida en el plebiscito está cerca. Pese al complejo panorama y a la crisis desatada en su momento, los hechos políticos venideros -internos y externos- permiten asumir que el Acuerdo para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, con algunas precisiones y ajustes, saldrá adelante. Los objetivos estratégicos respecto a la paz se han postergado, pero son una realidad ineludible y cercana.

En efecto, el mismo resultado electoral, pese a la derrota, supone un gran avance en la posibilidad de construir un nuevo país: democrático, amplio, incluyente y pluralista. Tras los seis millones 371.911 votos a favor del SÍ no hubo prebendas, coacción ni fraudes de ningún tipo: fue un voto consciente. Resultó evidente que el Gobierno Nacional, sus aliados regionales y los clanes familiares comprometidos con la criminalidad que los respaldan, no movilizaron su poder corruptor en favor del SÍ, como lo hacen tradicionalmente en cualquier elección popular. Así, los casi 6 millones y medio de votos provienen en su gran mayoría de sectores cada vez más politizados que dieron un salto cualitativo en su empoderamiento, principalmente en las regiones: campesinado, comunidades étnicas y juventudes. Hay allí entonces un gran capital humano y político con el cual construir propuestas alternativas de concepción y ejercicio del poder.

Muestra inmediata de ello es que en los 10 días siguientes al 2 de octubre la Plaza de Bolívar se llenó varias veces, en dos movilizaciones distintas, cada una con su particularidad, por personas que, en su mayoría, no suelen manifestarse en las calles comúnmente. La pedagogía que faltó hacer antes del plebiscito se ha fortalecido últimamente, así como las dinámicas comunitarias y organizativas en torno a la paz, en primera medida, y al devenir de los asuntos públicos, en general: asistimos, sin duda, a una nueva etapa de la vida nacional, en donde hasta los más enconados guerreristas de la extrema derecha se han visto forzados a decir que están a favor de la paz. Hoy ya ningún sector político puede hablar de la continuidad de la guerra: esa es una victoria estratégica definitiva sin antecedentes.

En ese sentido, un factor trascendente ha sido el respaldo mayoritario que los militares han dado al proceso de paz y el hecho de que, luego del 2 de octubre, de manera enfática un sector importante de quienes están condenados por crímenes de guerra y de lesa humanidad, agrupados en la “Fundación Fuimos Héroes”, hayan dicho claramente que el Centro Democrático no los representa y que, al contrario, desean aportar a la verdad y comparecer al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición, pactado en La Habana. En igual sentido, las declaraciones previas y posteriores al 2 de octubre, del comandante del Ejército permiten evidenciar que, en su mayoría, las Fuerzas Armadas están con el Acuerdo. O, al menos, sin ambages, dicen estarlo. Eso es determinante.

El Nobel entregado a Santos, es en reconocimiento al proceso de paz (lo que incluye, evidentemente, a ambas partes) y a las víctimas; y supone un respaldo definitivo por parte de la comunidad internacional, que presiona al Gobierno Nacional a ahondar y redoblar esfuerzos para lograr el Acuerdo cuanto antes, y es un gran revés para los sectores que pretenden boicotearlo.

Por otra parte, al interior del No, las fuerzas más retardatarias y mafiosas son solo un sector de esa corriente; e incluso, dentro de sí misma, tampoco hay una unidad y cohesión absoluta. Sin duda alguna, el uribismo obtuvo una victoria el 2 de octubre, que, sin embargo, no es suya exclusivamente como pretenden que lo sea; y es, además, una victoria efímera que hasta a ellos mismos les tomó por sorpresa. Siguen siendo un factor real de poder, pero cada vez más disminuido y -al menos de momento- derrotado políticamente. La insólita confesión de parte de Juan Carlos Vélez Uribe sobre las maniobras fraudulentas de su campaña y el dicho de Francisco Santos respecto a que en el interior de su colectividad hay personas que no quieren que avance el proceso y pretenden “tirarlo por la borda” (lo que demuestra la intención de un sector mayoritario del Centro Democrático de dilatar los diálogos hasta el 2018 para hacer de ello su campaña presidencial y arruinar el proceso de paz), le da al Gobierno Nacional un margen de maniobra mayor para disminuir los impactos adversos del resultado del plebiscito y desechar las propuestas de imposible realización que pide ese sector para su implementación.

En este punto se debe tener la total claridad de que, sea cual sea el texto definitivo del Acuerdo final, Álvaro Uribe, su círculo más cercano y los sectores políticos con más vínculos con el paramilitarismo y la criminalidad, pretenderán sabotearlo, decir que hubo un fraude y hacer llamamientos irresponsables a incendiar el país: no habrá Acuerdo que le sirva a ese sector. Para forzarlos a la paz y a la reconciliación nacional, los procesos penales y de esclarecimiento de la verdad histórica en contra de ellos deben avanzar, nacional e internacionalmente, con plenas garantías al debido proceso, por supuesto; y con absoluta contundencia probatoria, dogmática y rigurosidad intelectual. No es momento de hacer concesiones jurídicas ni políticas, sino de presionarlos, debilitarlos y aislarlos más, hasta tanto tomen la decisión de sumar genuinamente.

El riesgo de que haya un recrudecimiento de la guerra sucia porque sectores poderosos del país no se sientan recogidos en el Acuerdo final es latente e inminente. Sin embargo, el paramilitarismo pudo hacer lo que hizo y sigue haciendo porque tuvo siempre el respaldo institucional de autoridades civiles, militares y de policía. El proceso al que asistimos tiene la característica sin antecedentes de contar con la voluntad del establecimiento en ejercicio de gobierno de poner fin a la confrontación armada. En esa medida, tales grupos deberían ser fácilmente neutralizados mediante el poder coercitivo del Estado, si el Acuerdo se asume con rigurosidad.

Ahora bien, la insurgencia cumplió con su papel en la mesa de diálogo y la sociedad civil está cumpliendo con el suyo, mediante la movilización social y la exigencia del cumplimiento de los acuerdos y la terminación de la guerra; le compete al Gobierno Nacional implementar lo acordado, cuantos antes, con los ajustes y precisiones que se requieran.

En ese sentido, debemos advertir que nunca fue una necesidad jurídica para dar validez al Acuerdo de La Habana la refrendación popular mediante un plebiscito. No lo era antes del 2 de octubre, ni lo es ahora. El plebiscito fue un asunto político que tuvo el conocido desenlace pero no era, ni es, una herramienta jurídica indispensable ni necesaria. El Presidente mantiene incólume sus facultades y deberes constitucionales como garante del orden público y puede celebrar acuerdos de paz con organizaciones alzadas en armas: eso no ha cambiado. El artículo 22 de la Constitución Política, que concibe la Paz como un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento se encuentra vigente y su materialización no requiere de la consulta o aceptación popular, por ser intrínseco a la dignidad humana y necesario para la realización del resto de derechos fundamentales. Finalmente, el Acuerdo de La Habana fue suscrito como un Acuerdo Especial, consecuente con las costumbres del derecho internacional, en desarrollo principalmente del Artículo 3 del Protocolo II adicional a los 4 convenios de Ginebra, relativo a los conflictos armados de carácter no internacional; y, en esa medida, es un tratado internacional válido jurídicamente, inclusive, con jerarquía o rango constitucional.

En ese contexto, no parecen convenientes, ni necesarias, ni pertinentes, ni ágiles, las propuestas bien intencionadas de realizar consultas populares o convocar a un nuevo plebiscito; tampoco buscar la solución en audaces figuras jurídicas que se realicen en el seno del Congreso o en sentencias o autos de la Corte Constitucional. La solución está en las calles y en la movilización popular. Insisto: el deber jurídico y la responsabilidad política de dar validez al Acuerdo corresponde al Gobierno Nacional y principalmente al Presidente de la República, quien, como se dijo, conserva todas las facultades jurídicas que le permiten implementarlo. La decisión es política, tiene un contexto favorable para tomarla y es urgente que lo haga cuanto antes. Debemos exigírselo.

En este momento el Gobierno Nacional y las FARC-EP se encuentran discutiendo las propuestas elevadas por los distintos sectores del No. Tales diálogos deberían hacerse por una única vez y agotarse cuanto antes. Cuando se llegue a un Acuerdo, la implementación de este podría y debería hacerse exactamente de la misma manera a como se tenía pensado implementar el suscrito el 26 de septiembre, sin tener que cumplir con el ritual de validarlo en las urnas: la refrendación popular se ha venido dando mediante las enormes movilizaciones ciudadanas que deben continuar y seguir creciendo. “Unión, iniciativa y creatividad”: marchas, plantones, asambleas en las calles, campamentos, vigilias, performances, festivales, carnavales y demás expresiones populares para exigir y ganar en las calles la implementación de lo acordado, la terminación del conflicto y la construcción de la paz estable y duradera. Lo vamos a lograr.