Martha Cecilia Herrera

* Martha Cecilia Herrera

Magíster en Historia de la Universidad Nacional. Doctora en Filosofía e Historia de la Educación Universidad Estadual de Campinas (Sao Paulo, Brasil). Profesora Emérita y Catedrática Titular de la Universidad Pedagógica Nacional. Fundadora del grupo de investigación Educación y Cultura Política (grupo A1 en Colciencias). Investigadora Senior 2015-2018. Ha contribuido al diseño y puesta en marcha de la Maestría en Educación y del Doctorado Interinstitucional en Educación de la Universidad Pedagógica Nacional. Miembro del Grupo de Trabajo CLACSO "Subjetivaciones, Ciudadanías Críticas y Transformaciones Sociales”. Dentro de sus publicaciones se encuentran: Herrera, Martha Cecilia; Pertuz, Carol. (2016). Educación y políticas de la memoria sobre la historia reciente de América Latina (Revista Colombiana de Educación. No. 71). Herrera, Martha Cecilia (2016). Los entramados de la violencia política en las memorias de maestros y maestras. Apuestas biográficas para su reconfiguración. (Educación y Cultura, Fecode, No. 114). Herrera, Martha Cecilia; Pertuz, Carol. (2015). Narrativa testimonial y memoria pública en el contexto de la violencia política en Colombia. (Kamchatka. Revista de Análisis cultural. No. 6). Herrera, Martha Cecilia; Pertuz, Carol (2015). Testimonio, Subjetividad y lenguajes femeninos en contextos de violencia política en América Latina. (Kamchatka. Revista de Análisis cultural. No. 5). Herrera Martha Cecilia. (2013). ¿Educar el nuevo príncipe: un asunto racial o de ciudadanía?. Bogotá: Universidad Pedagógica Nacional

El transcurrir del siglo XX puso de plano el resurgir de la memoria y las luchas en torno a ella, fenómeno en el cual intervinieron diversos procesos de descolonización que pusieron en entredicho las modalidades políticas y económicas a través de las cuales Occidente y los países hegemónicos dominaron vastos sectores del mundo e impusieron sus cosmovisiones, a la vez que usufructuaron las riquezas de los territorios que fueron sometidos. La eclosión de las memorias que habían sido sofocadas a lo largo de siglos y que irrumpieron con fuerza durante el siglo XX apunta a dos tipos de despliegues que señalan el quiebre de las lógicas coloniales y neocoloniales en el despuntar del siglo XXI.

Uno de ellos alude al ámbito internacional, en donde algunas de las formaciones sociales y políticas sometidas configuraron una conciencia histórica que permitió impugnar la dominación y potenciar diversos repertorios a través de los cuales se recuperaron o configuraron memorias que viabilizaron la consolidación y legitimación de sus identidades y de sus proyectos políticos. El otro se encuadra en el plano de las llamadas minorías sexuales, sociales, confesionales, étnicas o territoriales, entre otras, que mediante sus luchas por conquistar la igualdad de derechos consagrados por el modelo político democrático, postulado como el ideario de las sociedades contemporáneas, reivindicaron sus memorias, en verdad su historia, y propugnaron porque fuesen incluidas como parte de las narrativas que articulan las comunidades políticas imaginadas que configuran los Estados nacionales y hoy en día también los bloques transnacionales (Herrera. Las mentalidades son prisiones de larga duración, Palabras al Margen, No. 87).

Con la consigna “del Acuerdo no nos sacan” los movimientos de mujeres y LGTBI han emprendido la defensa de los puntos consignados en el Acuerdo de La Habana en los que se incluyeron aspectos específicos en torno a dichos grupos, los cuales han sido afectados de manera diferencial durante el conflicto armado que ha signado el país en los últimos cincuenta años. Estas especificidades fueron visibilizadas no sólo por la persistencia de su ocurrencia, sino, justamente, porque las luchas emprendidas por los movimientos sociales en Colombia y en el mundo entero legitimaron la posibilidad de hablar de ellas y consagrarlas como conculcaciones a los derechos humanos, doctrina que regula las relaciones individuo/ciudadano/colectivo con los Estados modernos en el marco de las sociedades contemporáneas.

De este modo, más allá de cualquier adscripción a grupos específicos y a las identidades que de allí se desprenden, llámense de etnia, género, religión o condición sexual, los Estados modernos en su acepción contemporánea tienen la obligación de garantizar el respeto a estas minorías y consignarlo en el orden constitucional, al tiempo que posibilitar condiciones de igualdad en medio de la diferencia para el conjunto de la ciudadanía, como muestra de la laicidad que los debe caracterizar y su apuesta en torno a una comunidad política imaginada en la que todos seamos iguales en medio de la diversidad; diversidad que debe ser garantizada y respetada pero sin erigirla como criterio de homogeneidad, tal como lo habían hecho inicialmente los Estados modernos cuando legitimaron un tipo de ciudadanía masculina, blanca, heterosexual, alfabetizada y con recursos económicos, dejando por fuera a la mayoría de la población.

El Acuerdo de La Habana, complejo entramado que requirió más de cuatro años de negociaciones entre las partes, también hubo de dar cuenta de los pulsos entre las distintas formas de ver el mundo y los proyectos políticos y culturales que las nuclean, en este caso, entre dos actores políticos fundamentales, el Estado y las Farc, negociaciones en las cuales se trenzaron las presencias y las ausencias de las distintas formas de expresión de los grupos que integran de manera diferencial nuestro Estado nacional.

En términos culturales el proyecto político de las Farc, ha mostrado algunos rasgos autoritarios deudores de la misma matriz de cultura política que ha caracterizado la sociedad colombiana marcada por la exclusión del Otro, motivo por el cual en verdad asombra que el Acuerdo de La Habana haya podido aludir a las formas de reparación que requieren grupos específicos afectados por el conflicto, como es el caso de las mujeres y de los grupos LGTBI. Con relación al Estado, los negociadores de La Habana respetaron los postulados de la Constitución de 1991 y se mostraron como representantes de un Estado laico consagrado por dicho orden jurídico, independientemente de que en el bloque de poder persistan diferencias entre las élites.

¿Cómo se llevó a cabo esta alquimia? Nos lo irá contando la historia con el pasar de los años. Pulso de fuerzas en donde la sociedad civil y los representantes de las víctimas también tuvieron algún tipo de incidencia, aunque no es que podamos decir que su voz haya sido fuerte y sus puntos de vista definitivos, pues aunque mucho se habla de que las víctimas están en el centro de las negociaciones, ellas no han configurado hasta el momento una voz autónoma e independiente en el marco de los procesos de negociación.

Hoy en día los resultados del plebiscito en contra de que se implemente el Acuerdo de La Habana, en verdad un empate técnico entre quienes votaron a favor del Sí y quienes lo hicieron a favor del No, ha develado la falta de un consenso nacional a favor de la paz (algo que tal vez ha debido ser propiciado con anterioridad para evitar el torpedeo de los enemigos de esta), lo cual abrió de manera inesperada la Caja de Pandora de la cual emergieron los fantasmas y los asuntos irresueltos en torno a las formas de convivencia democrática, las formas de ver y entender al opositor político, así como el respeto a la diferencia cultural, asuntos consagrados en el orden jurídico y que hoy son cuestionados por sectores que pretenden tierra arrasada con relación al Acuerdo, como si fuese posible echar olímpicamente por la borda la inversión en recursos humanos y económicos y en acercamiento de las partes a lo largo de cuatro años de incansable trabajo, legitimado por el mandato ciudadano conferido a Santos para llevar a cabo la paz después de los exiguos resultados logrados en el mandato dado a Uribe para aniquilar a la guerrilla, quien, aunque obtuvo algunos avances, no consiguió derrotarla militarmente.

Uno de estos gestos de tierra arrasada encuentra en el ex procurador Ordoñez su mayor encarnación, representante de un punto de vista político premoderno que de manera atrevida ha emprendido la defensa del desmonte de lo consagrado en el Acuerdo como si los votos a favor del No le hubiesen conferido a él un mandato como negociador para echar atrás décadas de lucha en torno a la modernización del Estado y a la consagración de su espíritu laico. Es solo escuchar sus palabras y ver su actitud autoritaria en los medios de comunicación al referirse a la necesidad de “purgar” el Acuerdo de lo que irresponsablemente sectores de la oposición han denominado “ideología de género”, cual si se estuviese refiriendo a las iniciativas que las sociedades fascistas o neofascistas llevan a cabo para expurgar al diferente, tal vez evocando las quemas de libros que lideró en su juventud en la ciudad de Bucaramanga al buen estilo de Fahrenheit 451, la profética novela de Bradbury1.

Pero la Caja de Pandora dejó en evidencia que la consagración de los derechos de las minorías no se ha dado gracias a concesiones “bondadosas” sino que, por el contrario, ha dependido de los movimientos sociales y sus luchas por arrancar a los Estados las reivindicaciones que garanticen condiciones de existencia ciudadana que respeten sus particularidades, las cuales están dispuestos a hacer respetar cuando sus derechos sean conculcados.

En este orden de ideas, la oportunidad que la derrota del plebiscito abre referente al logro de un consenso nacional a favor de la paz no se puede dar sacrificando los puntos que en este terreno se lograron en el Acuerdo de La Habana y, con respecto a esto, las organizaciones de mujeres y grupos LGTBI se han puesto en pie de lucha bajo la consigna DEL ACUERDO NO NOS SACAN, con lo cual evocan no sólo sus derechos sino también sus memorias y la legitimad de ellas en clave histórica, es decir como memoria histórica, reivindicando así que en materia de verdad, justicia y reparación se requiere enarbolar la bandera de NUNCA MÁS la discriminación de género y de orientación sexual, provenga de donde provenga.

  1. Ver al respecto: El triste aniversario de la quema de libros. Se cumplen 80 años de la quema nazi y 35 de la que hizo Alejandro Ordóñez en Bucaramanga. Revista Semana, http://www.semana.com/nacion/articulo/el-triste-aniversario-quema-libros/342756-3.