El Acuerdo de La Habana después del plebiscito es un documento políticamente legítimo y jurídicamente viable.

Desde que se conoció el resultado plebiscitario sobre el acuerdo de La Habana el pasado 3 de octubre, Colombia atraviesa por un momento de gran incertidumbre en cuanto a la posibilidad de consolidar una salida negociada al conflicto, que cuente con suficiente respaldo popular.

Los factores que generaron esta incertidumbre son bien conocidos: el margen de abstención del 63 por ciento; la falta de garantías en algunas regiones para participar en la jornada electoral; el triunfo relativo de una campaña basada en la desinformación; el establecimiento intempestivo de una mesa paralela de negociación (fraccionada, con cuestionable legitimidad política y que ha venido presentando una serie de propuestas a cuenta gotas, en gran parte sobre aspectos difícilmente renegociables); y, finalmente, las diversas acciones interpuestas ante la justicia constitucional y electoral que en cualquier momento podrían dar una nueva orientación a la coyuntura. Todo esto en detrimento de la materialización de un proceso de negociación de más de cuatro años que -aun con sus indeterminaciones e imperfecciones– no fue una apuesta improvisada.

El triunfo del NO nos tomó a todos por sorpresa y ha dado pie para que políticos y juristas se aventuren rápidamente a proponer un variopinto catálogo de soluciones jurídico-políticas para la conclusión del proceso, sin que ninguna de ellas haya logrado imponerse ni por su coercibilidad jurídica ni por su legitimidad política.

El limbo jurídico y político en el que parecía sumirse el acuerdo al conocerse los resultados, rápidamente fue vislumbrado por el gobierno y los diversos sectores de la sociedad como una oportunidad de crear un mayor espacio de concertación y legitimidad política en torno a lo acordado. Sin embargo, con el pasar de los días se ha vuelto a revelar como un escenario riesgoso –independientemente de las declaraciones de “buena voluntad” de las diferentes partes–, marcado por la dificultad para establecer al corto plazo un acuerdo definitivo y que involucre a todos los que hoy reclaman participación en el marco de una renegociación.

Por lo anterior, sin ánimo de desconocer la pertinencia de este intento de renegociación, es importante tener presente que lo ya acordado en La Habana –aun después de los resultados plebiscitarios– sigue teniendo fundamento político y jurídico.

Desde el punto de vista político, el impasse generado por estos resultados ha permitido en un tiempo record: 1) optimizar el proceso de socialización de lo acordado, 2) aclarar las confusiones originadas por la campaña de desinformación liderada por uno de los sectores opuestos al Acuerdo, 3) involucrar a los apáticos, 4) conocer el respaldo casi unánime de las víctimas y de las zonas que han sufrido con mayor rigor el horror de la guerra al acuerdo (comunidades minoritarias en términos electorales pero que por su naturaleza están llamadas a ser prioritariamente escuchadas), y 5) recibir algunas propuestas concretas de quienes se habían limitado hasta el momento a criticar el proceso de paz.

Igualmente, el gran apoyo de la comunidad internacional –que se traduce en acompañamiento técnico, destinación de recursos y verificación del cumplimiento de lo acordado– y las multitudinarias manifestaciones ciudadanas –que han salido a la calle a vigorizar el proceso de paz y a presionar la concretización rápida del Acuerdo– constituyen formas de aprobación alternativas con las que no se contaba y que sin embargo están allí al día de hoy, dotando de mayor legitimidad política de la esperada al proceso y al Acuerdo ya realizado.

En el mismo sentido, pero desde el punto de vista jurídico, el impasse de los resultados plebiscitarios está lejos de ser definitivo. Si bien es cierto que la inclusión de los acuerdos al bloque de constitucionalidad como “tratado o acuerdo especial” de conformidad al artículo 3 de los Convenios de Ginebra había estado condicionado a la refrendación popular, ese acuerdo de La Habana fue adelantado en el marco de la Constitución Política y cuenta con un fundamento jurídico y político que no debe ser desconocido:

1) La Paz es un derecho, un deber y un valor fundamental, contra mayoritario. Esto significa que no puede estar sujeto a la decisión de las mayorías y que por tanto lo que se sometió al escrutinio popular no fue el contenido del derecho a la paz en si mismo, sino la manera de hacerlo efectivo.

2) En las pasadas elecciones presidenciales el electorado colombiano apostó mayoritariamente a la propuesta de Santos de alcanzar una solución negociada al conflicto. Su reelección constituyó, en este sentido, un mandato político.

3) La experiencia comparada demuestra que no es necesaria la refrendación popular para dotar de legitimidad este tipo de acuerdos.

4) El margen tan estrecho con el que logró imponerse el NO sugiere un empate técnico, y no un triunfo en estricto sentido.

5) Una vez conocidos los resultados, rápidamente se conformó un consenso entre quienes lideraron la campaña del NO, en cuanto a que ese voto no fue una manifestación en contra de la salida negociada al conflicto, ni de la totalidad de los Acuerdos entre las Farc y el gobierno, sino de rechazo a algunos apartes puntuales que se pensaban fácilmente renegociables.

6) La Corte Constitucional, al pronunciarse sobre la constitucionalidad del mecanismo de refrendación diseñado de manera especial para este caso específico1, determinó que el Acuerdo de La Habana era una decisión política cuyos efectos –tratándose de un Plebiscito aprobatorio y no consultativo– vinculan solo al Presidente de la República. Es decir, que aunque un resultado adverso del plebiscito le impediría implementar el acuerdo de la Habana directamente y a través del un procedimiento legislativo especial que había sido diseñado para el caso (fast track), no impide a las otras ramas del poder buscar vías jurídicas alternativas tendientes a la implementación del Acuerdo original. Tampoco restringe la facultad del presidente de seguir buscando alternativas para su implementación.

7) El Acuerdo de La Habana no es una norma jurídica sino una decisión política y como tal puede ser políticamente reformulada.

Sin embargo, esta segunda fase de negociación pormenoriza los tintes de ilegitimidad hoy revelados de los nuevos integrantes de la mesa. Y, asimismo, renegocia de espaldas de la sociedad –sin un marco temático predeterminado, ni unos mínimos plazos establecidos. Permitir la prolongación indefinida de esta improvisada fase de negociación en las mencionadas circunstancias, es un acto políticamente suicida que pone en riesgo la concretización del proceso iniciado hace cuatro años. Algo que, al fin de cuentas, parece haber comprendido la sociedad colombiana cuando decidió salir del letargo, superar la apatía e ir a respaldar masivamente en las calles el Acuerdo.

Muchas de estas voces habían permanecidos en silencio. Otras creían en la facilidad de lograr una mejor negociación. Las restantes –seguramente mayoritarias– se habían confiado en las encuestas y en la consolidación del proceso. Pero hoy, en vista de los resultados, están ahí para exigir que sin más dilaciones se tome la vía que sea necesaria para superar el impasse y hacer entrar en vigencia el Acuerdo.

El Acuerdo de La Habana es políticamente legítimo y jurídicamente viable. El derecho no debería ser obstáculo al clamor de una sociedad que busca refundarse en torno a un ideal de paz y de reconciliación. Si el proceso de paz se estaba saliendo de las manos de los juristas y políticos, el respaldo popular que se está gestando en las calles es un espaldarazo y un llamado a sacarlo adelante. Si no sabían quien podría ahora defender el Acuerdo de La Habana, era porque ¡no contaban con el pueblo!

  1. Ver Sentencia 379/16