Reacciones colectivas a la violencia sexual y de género

Impulsada por organizaciones sociales, sindicales y barriales autónomas de mujeres y feministas, la manifestación #NiUnaMenos más reciente fue convocada con menos de una semana de anticipación, en repudio al asesinato de la adolescente Lucía Pérez (16 años) en la ciudad de Mar del Plata (Buenos Aires), y se replicó en ciudades de América Latina, Europa y Estados Unidos. Su precedente bajo la misma consigna fue el 3 de junio de 2015 tras el asesinato de Chiara Páez (14 años, embarazada) por su novio y con la complicidad de parte de su familia, en Ruffino (Santa Fé) el 11 de abril de ese año. Esa primera marcha se inició a través de las redes sociales por un grupo de periodistas, artistas y activistas feministas y reunió a una enorme multitud en la Plaza de los dos Congresos de la ciudad de Buenos Aires, así como en otras ciudades del país. Un año después de esa primera marcha, y tras 275 femicidios más, las mujeres volvieron a las calles para expresar el hartazgo ante la violencia machista cuyo número y crueldad parecen crecer ante las protestas. Este 19 de octubre se convocó además a un paro de mujeres entre las 13 y las 14 horas. Bajo la consigna #NosotrasParamos, se cumplió tanto para las actividades productivas como de reproducción (domesticidad y tareas de cuidado no remuneradas), facilitando la participación y visibilización del lugar subordinado de las mujeres en la sociedad: “Si mi vida no vale, produzcan sin mí” fue una de las frases citadas en carteles y banderas.

Las sucesivas marchas trajeron también el recuerdo de las “marchas del silencio” por el esclarecimiento del asesinato de María Soledad Morales (17 años) en 1990 en San Fernando del Valle de Catamarca. Aquellas marchas, organizadas por compañeras del colegio y por la monja Martha Pelloni, impulsaron la resolución del crimen, ligado a las prácticas violentas de la élite provincial, y provocaron una debacle del partido Justicialista gobernante, como una muestra más de que “lo personal es político”.

Una Ley contra la violencia hacia las mujeres ¿es suficiente?

Argentina promulgó en 2009 una “Ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales” (Ley 26.485) de amplio alcance. Por otra parte, en 2012 se modificó el Código Penal a través de la Ley 26.791 que incluye agravantes por violencia de género y la figura de “femicidio” con penas de reclusión perpetua. Sin embargo, pese a lo innovador de ambas medidas, las demoras en su reglamentación y la carencia de presupuesto que asegure su cumplimiento efectivo hacen posible la continuidad de las violencias que se dice querer prevenir y erradicar.

El día que asesinaron a Lucía Pérez se realizaba en la ciudad de Rosario (Santa Fe) el 31° Encuentro de Mujeres de Argentina. Cada año se reúnen en los Encuentros de Mujeres un número creciente de mujeres de todos los sectores sociales, de diferentes pertenencias partidarias e institucionales, de organizaciones de mujeres y feministas, autónomas y curiosas se reúnen para discutir cuestiones que afectan su vida cotidiana: la desigualdad salarial y la discriminación laboral; las dificultades de recibir atención médica posaborto aunque existan protocolos de atención en hospitales estatales de carácter obligatorio; la desigualdad en la representación política e institucional; la ausencia de políticas serias de protección ante la violencia; la falta de cumplimiento de políticas de salud sexual y responsabilidad reproductiva, una lista del abandono o la violencia institucional que las leyes no han logrado aún poner en jaque. La Marcha de Cierre en Rosario, la noche del 9 de octubre, fue reprimida por la policía en las cercanías de la Catedral para evitar que pintaran consignas políticas, al igual que fueron reprimidas el año anterior en el 30° Encuentro en Mar Del Plata tras la violencia desatada por un grupo fascista de varones.

Uno de los reclamos más persistentes en cada Encuentro, así como en las marchas por #NiUnaMenos, es por el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, es decir, por la despenalización y legalización del aborto que el Código Penal (1921) argentino prohíbe, con las únicas excepciones de los abortos para evitar un peligro para la salud o para la vida de la mujer, cuando el embarazo provenga de una violación, o cuando provenga de un “atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente” (sic). El cumplimiento de la atención médica bajo dichas excepciones debió ser convalidado por un Fallo de la Corte Suprema de la Nación de 2012 (“A. F. s/medida autosatisfactiva”) para evitar la judicialización continua de estos casos.

Esta forma de violencia institucional que impide la atención de los casos de aborto comprendidos como excepciones ha sido denunciada desde los Encuentros de Rosario (2003) y Mendoza (2004) que articularon la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito bajo el lema “Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir”. Mientras el Congreso ha pospuesto y suspendido la discusión de proyectos de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo presentados desde 2008, todo parece indicar que el nuevo gobierno de Macri no permitirá tampoco este año su tratamiento parlamentario. Las cifras de muertes por aborto, una práctica ilegal que realizan entre 460 mil y 600 mil mujeres por año en la clandestinidad, es la primera causa de muerte materna, se estiman desde hace años en torno a las 100 muertes por año, según datos de la Campaña Nacional.

Las cifras y los casos de la violencia machista

Los casos de femicidio y violaciones, así como las marchas #NiUnaMenos, reciben una importante cobertura periodística. Pese a este “interés”, no contamos con datos certeros sobre los números y las condiciones de la violencia machista en Argentina.

Existen diversas instancias estatales y no-estatales que intentan dar respuesta a las denuncias y recolectar e interpretar datos estadísticos, como el Consejo Nacional de las Mujeres (CNM) creado en 1992 en la Jefatura de Gabinete de Presidencia de la Nación, que tiene por tarea monitorear el cumplimiento de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia “Convención de Belém do Parà”, ambas con rango constitucional desde 1994. Sin embargo, recién en 2015 se creó un “Registro Único de Casos de Violencia contra la Mujer” (RUCVM) que articula el trabajo del CNM, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales.

Los datos muy limitados de este Registro se basan solo en denuncias y consultas realizadas ante organismos nacionales (Ministerios y Secretarías de los tres poderes y jurisdicciones estatales). Tanto en su versión de compilado plurianual (enero 2013- julio 2015), como en sus versiones anuales (2015) y mensuales (2015 y 2016), los datos del RUVCM confirman de manera consistente los datos recogidos por otras dependencias estatales (Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y Observatorios de Violencia de Género de niveles provinciales) y organizaciones de mujeres (La Casa del Encuentro y Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, entre otras) construidos sobre informes de prensa:

-La casi totalidad de las personas bajo situación de violencia son mujeres (99%);

-Las edades de las personas bajo situación de violencia de género y sexual se concentran entre los 18 y los 40 años (en torno al 65% de los casos denunciados o de las consultas realizadas);

-Alrededor del 80% de las mujeres informan vínculos de pareja (presentes o pasados) con sus agresores;

-Los agresores son mayoritariamente varones (más del 90%) y conviven con sus víctimas (más del 50% de los casos);

-Las denuncias y consultas realizadas se refieren a todos los tipos de violencia categorizados en la Ley 26.485, pero la modalidad mayoritaria se refiere a la “violencia doméstica” (en el hogar de las denunciantes/consultantes);

-La mayoría de quienes denuncian son las propias personas en situación de violencia (alrededor del 70%), mientras que la frecuencia con que la sufren corresponde a la categoría “más de una vez” (95%), y la cantidad de tiempo transcurrido desde la primera vez va de “1 a 5 años” (39%) a “más de 10 años” (más del 20%).

-Entre el 70 y 80% de los ataques femicidas ocurre en presencia de menores (recién nacidos a adolescentes), y el 21% de las víctimas están embarazadas.

Estas cifras del horror y las marchas de junio de 2015 y 2016 rodearon el anuncio del nuevo gobierno en julio de este año sobre la creación de un ambicioso y necesario primer “Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las mujeres (2017-2019)”. Este Plan espera aún la aprobación presupuestaria correspondiente, en el marco de políticas de ajuste económico y despidos de equipos técnicos en los Ministerios de Educación y de Salud a cargo de programas específicos de educación sexual y de procreación responsable.

“Nosotras tenemos que salir de nuestras casas para que no nos maten”

Así resume Diana Maffía en una nota reciente la enorme brecha de ciudadanía que subsume a las mujeres en el trabajo, la representación política y la participación en espacios de decisión tanto en los Parlamentos como las organizaciones sindicales, la academia y la Justicia. Como mujeres, parecemos estar atadas al dispositivo de la amenaza de violencia y dominación sexual masculina que nos enuncia “a disposición”, aunque solo sea de forma metafórica o como invitación morbosa en las fotos de las mujeres asesinadas de la prensa del escándalo. Detrás de las fotos y de los titulares amarillistas se borronean las historias pretéritas de las violencias padecidas por las mujeres asesinadas, y sobre todo se desconocen los pedidos de auxilio ante los poderes estatales o, pared de por medio, a los vecinos que “no escucharon nada” o “nunca supieron”.

De los sucesivos relatos del horror que acompañan cada caso hay quizás solo un elemento común: las mujeres han enunciado antes un “NO” al deseo del asesino abusador o violador, se han negado a sostener otro deseo que el suyo propio, han buscado otro lugar donde vivir con sus hijos e hijas, han elegido otra/otro a quien amar, tienen nuevos proyectos de vida.

Una mujer -de cualquier edad, de cualquier lugar, de cualquier lengua- dice “NO”. ¿Qué resulta insoportable en ese “NO”? ¿Podemos como sociedad, esta sociedad donde tanta vida y tanta muerte han marcado a fuego el pasado más reciente, continuar negando nuestra obscena incapacidad o incluso nuestro rechazo a escuchar el deseo de decir “NO” de una mujer?

Existe la esperanza de que nuestros cuerpos movilizados y denunciando en las calles la violencia que nos rodea resulte en un cambio que vaya más allá de las leyes y su aplicación siempre acotada a la represión social, para conmover a la sociedad como co-responsable de la protección de nuestras vidas.

Entonces contra la “pedagogía de la crueldad” de la violencia femicida quizás solo podamos oponer (por ahora) nuestros cuerpos en las calles y sus nombres, sus nombres propios, esos nombres que, portan un rostro, una historia que recuerdan quienes las amaron y esperaron y ahora piden justicia por/para ellas. La lista es, por supuesto, incompleta y desordenada, ninguna cronología puede dar sentido a estas muertes: Oriel Briant (1984); Natalia “Pepa” Gaitán (2010); Alicia Muñiz (1988); Verónica Romero (2013); Marcela Crelz (2016); Silvana Eiriz y su hija Valeria Gioffre (2013); Beatriz Valencia Parra (2016); Melina Romero (2014); Evelyn Rojas (2016); Nora Dalmasso (2006); Gladys Mac Donald, su madre Elena Arreche y sus hijas Cecilia y Adriana Barreda (1992); Verónica Di Bernardi (2015); Paola Acosta (2014); Candela Sol Rodríguez Labrador (2011); Jimena Hernández (1988); Natalia Melmann (2001); Yesica Mariela Martínez y Mónica Vega (2003); Nair Mostafá (1990); Diana Sacayán (2015); Laura Moyano (2015); María Soledad Morales (1990); las amigas Houria Moumni y Cassandre Bouvier (2011); Daiana García (2015), Rosana Galliano (2008); Claudia Arias, su tía Susana Ortíz y su bisabuela, Silda Díaz (23/10/2016)…

REFERENCIAS

Françoise Collin, “Espacio doméstico, espacio público, vida privada”, en Ciudad y Mujer, (Madrid: Seminario Permanente ‘Ciudad y Mujer’, 1994) 231-237.