Adriana Romero

* Adriana Romero

Abogada de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en Derecho con profundización en Sociología y Política Criminal y especialista en análisis espacial de la misma institución. Investigadora sobre problemas de interés alrededor de la política criminal, la justicia transicional y políticas públicas y docente en investigación, criminología y derecho penal

Uno de los puntos más polémicos y con mayores resistencias dentro del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera fue el de la justicia transicional, y en especial las sanciones alternativas imponibles por el Tribunal Especial para la Paz. Además del diseño institucional que establecía el Acuerdo para el estudio y la imposición de las consecuencias jurídicas alternativas frente a las violaciones a derechos humanos en el marco del conflicto armado por parte de los distintos actores, la discusión alrededor de la impunidad ha estado constantemente ligada a la existencia, o no, de una pena privativa de la libertad en un establecimiento penitenciario.

En varias oportunidades distintas voces se han pronunciado sobre la inconveniencia de asociar impunidad con la ausencia de cárcel, más aún cuando se trata de un mecanismo de justicia transicional1, o simplemente para defender que es posible pensar en un modelo de justicia sin este tipo de sanciones2. Más allá de la discusión sobre el arraigo de la figura de la prisión en la sociedad colombiana y muchas otras en el mundo, sorprende profundamente que todavía se discuta sobre su pertinencia en el marco de la justicia transicional, a partir de la experiencia de Justicia y Paz.

En términos generales, se ha afirmado que la experiencia de Justicia y Paz ha representado un gran fracaso. Las principales críticas a este proceso han estado orientadas a la lentitud en la producción de los fallos en los primeros años, la mala administración de los bienes entregados por los paramilitares, los obstáculos generados por la extradición de varios miembros representantes y comandantes para la reparación de las víctimas y la construcción de la verdad, así como la incapacidad institucional para dar respuesta a los desafíos en materia de investigación y no repetición.

Además de contar actualmente con una institucionalidad robustecida en términos de atención y reparación integral de víctimas, la Fiscalía General de la Nación es una de las instituciones que más ha podido aprender de las experiencias de este proceso. Dos manifestaciones claras de esto se han dado con la creación de la Dirección Nacional de Análisis y Contexto y la formulación de la estrategia de priorización, investigación y gestión en materia penal. No sólo se evidenció la necesidad de contar con investigaciones que dieran cuenta de la complejidad de fenómenos criminales, sino también la importancia de contar con un mecanismo de gestión y organización institucional de los casos que debían ser investigados.

¿Qué ha pasado con la prisión en Justicia y Paz?

Menos conocida es la situación de la ejecución de la pena y las actuales negociaciones de paz deberían evitar caer en las mismas equivocaciones de entonces. El artículo 30 de la Ley de Justicia y Paz establecía que ésta tendría que ser ejecutada en un establecimiento penitenciario del INPEC, que cumpliera las “condiciones de seguridad y austeridad”, es decir, de acuerdo con los parámetros establecidos en la legislación penitenciaria vigente para entonces. Si bien eso no se encuentra documentado, ni en el Acuerdo de Santafé de Ralito, ni en el Acuerdo de Fátima, era un entendido, al menos para los paramilitares, que iban a estar en condiciones especiales de reclusión en colonias agrícolas, en regiones previamente establecidas3.

El primer error se dio, como ocurre en muchas ocasiones, al no quedar el compromiso por escrito y, al contrario de todos los aspectos procesales, no se le prestó importancia al régimen de ejecución de penas (más aún cuando éstas serían alternativas). Esto generó una gran pérdida de credibilidad del Estado en la implementación del régimen de privación de la libertad.

En segundo lugar, el artículo 31 de esta Ley también reconocía la posibilidad de computar el tiempo que hubieran permanecido en las zonas de concentración. Sin embargo, la Corte Constitucional en sentencia C-370 de 2006 declaró este artículo inexequible y definió como punto de partida para el conteo de la privación de la libertad el momento en que los postulados privados de la libertad quedaran a disposición del INPEC4. Por supuesto, esto aumentó la insatisfacción por la inseguridad jurídica sobre el cumplimiento de la pena.

Hasta 2009, los postulados de Justicia y Paz disfrutaban de condiciones de privación de la libertad con “amplias prerrogativas”, y éstas fueron gradualmente desmontadas para dar paso a la Resolución 06305 de 20095, lo cual generó mucha resistencia por parte de los postulados6. Este instrumento estableció fundamentalmente como elementos de las condiciones especiales de reclusión la visita de los miércoles, la tenencia de celulares y computadores para miembros representantes o comandantes con algún tipo de jerarquía y la existencia de una sala de internet. En la práctica, se redujeron a tener una mayor comodidad en el acceso a las visitas, si el núcleo familiar y personal se encuentra cerca del lugar de reclusión, y de unas condiciones comparativamente más dignas de reclusión. Nuevamente, la incertidumbre acerca de la situación jurídica aplicable generó incertidumbre y molestia por sentidos incumplimientos por parte del Gobierno Nacional.

Pero el problema de la ejecución de la pena en Justicia y Paz no resulta únicamente de vacíos en la reglamentación y problemas en su implementación, ni siquiera del hecho de que el INPEC no haya recibido financiación específica para el desarrollo de estas actividades. Las condiciones y las dinámicas de las prisiones en Colombia, como la grave y masiva violación de derechos fundamentales que se ha reconocido, entre otros, por tres sentencias de la Corte Constitucional, y que se materializa en un desbordado hacinamiento, graves problemas en la atención en salud, escasos recursos destinados para la atención en tratamiento penitenciario, entre otros aspectos que ya han sido previamente descritos en este sitio7, han sido sustanciales para evidenciar los límites de estas instituciones para participar en un proceso de construcción paz.

Los efectos de la prisión, conocidos en muchas ocasiones como prisionización o prisionalización, tienen un impacto especial sobre los excombatientes, quienes llegan al sistema penitenciario con múltiples necesidades de atención psicosocial. Se señala que la prisión tiene efectos criminógenos y desocializadores8. La capacidad del sistema penitenciario de tramitar asuntos de alta conflictividad es limitada, y se ha evidenciado históricamente.

Por otra parte, la utilidad de la prisión y los fines de la pena en Justicia y Paz han sido ampliamente cuestionados. En el marco de la justicia transicional, la pena debe cumplir, antes que nada, unos fines restaurativos frente a las víctimas, y otros orientados a la reincorporación a la comunidad. Sin embargo, una lectura de la experiencia de resocialización de los postulados de Justicia y Paz mostró la incapacidad de generar escenarios materiales de restauración y condiciones óptimas para la reconstrucción del tejido social y comunitario con víctimas y comunidades, así como una respuesta inoportuna en términos de tratamiento penitenciario. Las propuestas tradicionales de los programas de resocialización se evidenciaron como insuficientes para atender las necesidades psico-sociales y de preparación para la vida libre, y en términos de prevención terciaria como garantía de no repetición.

Los acuerdos que se logren deben recurrir a estas lecciones para contribuir a la construcción de paz. Por ejemplo, ahora es más claro que debe garantizarse la seguridad jurídica en lo pactado, reglamentarse con detalle y resolver participativamente los vacíos y contradicciones que se presenten en las condiciones de ejecución de las sanciones. También que cada uno de los esfuerzos orientados hacia la ejecución de las sanciones, desde un enfoque restaurativo y reintegrador, y no retributivo o vengativo, es esencial para la garantía de los derechos de las víctimas y el desarrollo de procesos de reintegración y gestión de conflictos. Desde esta perspectiva, la prisión no parece ser el instrumento idóneo para cumplir con esos propósitos.

  1. Bar, Régis. “Votar sí al mejor acuerdo posible y con la esperanza de una Colombia mejor” Columna de Opinión publicada el 29 de septiembre de 2016. En: http://palabrasalmargen.com/index.php/articulos/nacional/item/votar-si-al-mejor-acuerdo-posible-y-con-la-esperanza-de-una-colombia-mejor; Parra Ayala, Andrés Felipe. “¿De verdad hay razones para votar “no”?” Columna de Opinión publicada el 29 de septiembre de 2016. En: http://palabrasalmargen.com/index.php/articulos/nacional/item/de-verdad-hay-razones-para-votar-no
  2. Uprimny, Rodrigo. “Cárcel, justicia y paz” Columna de Opinión publicada el 3 de septiembre de 2016. En: http://www.elespectador.com/opinion/carcel-justicia-y-paz
  3. Observatorio de Procesos de Desarme, Desmovilización y Reintegración (2011). “Privación de la libertad de excombatientes de las Autodefensas postulados a la Ley de Justicia y Paz”. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia – Embajada de Suecia. En: http://www.humanas.unal.edu.co/observapazyconflicto/files/3214/3594/0623/ODDR_privacion_libertad_excombatientes_autodefensas.pdf, (pp. 6-7). Como lo ilustra este texto, las colonias penales se ubicarían, según los bloques en desmovilización, en “1) en el Magdalena Medio, para los de Puerto Boyacá y Cundinamarca; 2) en el Bajo Cauca antioqueño, para el Bloque Central Bolívar; 3) en los Llanos Orientales, para el Bloque Centauros, Meta y Vichada (Alianza Oriente); 4) en la costa Caribe, para las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) y el Bloque Norte; 5) y en el Urabá, para el Bloque Élmer Cárdenas” (p. 7).
  4. Las distintas posibilidades de postulación que fueron surgiendo gradualmente con la implementación del proceso hicieron aún más complejo este panorama, lo cual merecería un análisis detallado aparte.
  5. En: https://www.minjusticia.gov.co/portals/0/MJD/docs/resolucion_inpec_6305_2009.htm
  6. El Mundo. “El silencio reina en ex-AUC”, publicada el 5 de mayo de 2009.
  7. Jiménez, Nicolás. “Cárceles, participación y transformaciones para la paz” Columna de Opinión publicada el 30 de junio de 2016. En: http://palabrasalmargen.com/index.php/articulos/nacional/item/carceles-participacion-y-transformaciones-para-la-paz; Pinzón, Antonio. “¿Superar el hacinamiento?” Columna de Opinión publicada el 15 de mayo de 2014. En: http://palabrasalmargen.com/index.php/articulos/nacional/item/superar-el-hacinamiento
  8. Conpes 3828 de 2015, “Política Penitenciaria y Carcelaria”.