El acuerdo fundamental en la dirigencia de “la campaña del NO” es el negacionismo y la más sobresaliente de las negaciones es la existencia del conflicto armado en Colombia. Uribe presidente incluso prohibió a los funcionarios hablar del conflicto interno, que no era otra cosa que una “amenaza terrorista” contra la población y el Estado, de parte de bandas narcoterroristas que debían ser sometidas. Si no hay conflicto, no hay causas que lo justifiquen, o aunque sea que lo expliquen, ni tampoco “actores de la violencia”, que es la manera colombiana de señalar las prácticas irregulares de las agencias de seguridad del Estado, y la participación de políticos y empresarios en la financiación y apoyo de los ejércitos contrainsurgentes.

Para los negacionistas, la violencia surge con la fundación de las guerrillas y la persistencia de los ejércitos irregulares se debe a la rentabilidad de las acciones delincuenciales. Ni el Estado, ni el sistema político o las inequidades socio territoriales, tienen responsabilidad alguna en el conflicto interno, diferente a ser víctimas y quizás pecar por una falta de confrontación directa y persistente contra los enemigos de la sociedad. En un momento de honestidad conceptual con el negacionismo, el escudero de Uribe, José Obdulio Gaviria, negó la existencia de los desplazados forzados a los que trató de migrantes, así como calificó los procesos por los asesinatos de jóvenes civiles vestidos de guerrilleros por el ejército, de “falsos positivos judiciales”.

Son numerosas las incoherencias morales de los negacionistas. Para ellos es inmoral que los guerrilleros de las FARC hagan política después de abandonar la lucha armada, “porque no hay que premiar al delito”, pero tienen en sus huestes al senador Ever Bustamante, ex guerrillero del M-19. La mayoría política que apoya el proceso de paz es descalificada moralmente por su mero interés en “la mermelada” y los contratos, pero dos ministros del gobierno negacionista están en la cárcel por ofrecer notarías y contratos a los congresistas, con el fin de forzar un cambio constitucional que permitiera la reelección de Uribe.

Dicen defender la Constitución de 1991, pero ésta nunca recibió tantos ataques a la separación de poderes mediante la descalificación y persecución de magistrados, como durante el gobierno del jefe negacionista. Se rasgan las vestiduras por la participación ciudadana, pero se oponen a la consulta previa a las comunidades campesinas e indígenas, cuyos territorios fueron licitados y entregados a explotadores de los recursos naturales, principalmente durante los dos periodos de Uribe. Dicen defender la propiedad privada, supuestamente amenazada por los acuerdos de paz, pero se oponen a la restitución de las tierras a los 8 millones de campesinos expropiados violentamente. Hablan a nombre de la defensa de la legalidad, pero impugnan la formalización de 3 millones de hectáreas rurales. Exigen reparación a las víctimas de las FARC, pero callan sobre las 220.000 víctimas mortales del conflicto interno y los 8 millones de desplazados forzados. Se indignan contra las supuestas riquezas acumuladas por las FARC, pero no exigen la restitución de las tierras expropiadas y de las riquezas ilícitas acumuladas por los propiciadores de la guerra irregular.

Conocidos son los videos y escritos mediante los cuales el ex presidente Uribe ofreció representación política a las FARC en el Congreso, amnistía incluso para delitos atroces, despeje territorial para negociar sin agenda previa y cambios de la Constitución para facilitar la inserción de la guerrilla en la política. En abierta incoherencia calificó el actual acuerdo de paz de “sometimiento del país al terrorismo” y de “entrega de la Constitución a los delincuentes”, por otorgar la participación política a las FARC, amnistía a las bases guerrilleras y un tribunal de justicia transicional a los responsables de delitos atroces. Más aún, la negociación con los jefes paramilitares no produjo texto conocido, no contó con acompañamiento internacional, no recibió demandas de ningún sector social y menos de las víctimas, no fue sometida a refrendación popular, no obligó reparación de las víctimas, ni exigió entrega de los bienes mal habidos. Sin embargo, a pesar de que la negociación con las FARC, garantizó todo de lo que careció aquella de Uribe, con abierto cinismo los negacionistas critican todo el proceso, debido a una supuesta agenda oculta con concesiones inconfesables, una absoluta impunidad y una carencia de defensa de las víctimas.

Las incoherencias morales y políticas están al servicio de intereses programáticos, más aún, es a través de ellas que los negacionistas defienden sus políticas. Los grandes reparos al texto modificado de paz son suficiente ilustración. Los negacionistas siempre se opusieron a la negociación del gobierno de Santos con las FARC, porque consideraron que tras 8 años de confrontación abierta durante Uribe, la guerrilla estaba debilitada y los intereses que representaba el gobierno se habían fortalecido en el campo económico y político. Ya no había que negociar, mejor era continuar con la confrontación abierta, hasta forzar la renuncia de la causa insurgente, sin ceder nada a cambio. Más aún, la victoria militar garantizaría la impunidad por los crímenes cometidos al fragor de la guerra, la protección de los bienes mal habidos durante la confrontación y las bases políticas para estabilizar un régimen autoritario de larga duración. Estos son los objetivos para los cuales se creó el negacionismo.

Durante los últimos 6 años han rechazado la negociación y a cambio exigido el sometimiento y la humillación, para negar los derechos políticos y civiles de los vencidos y de aquellos que pueden ser representados por estos. Aunque se incorporaron modificaciones a 56 de las 57 demandas de los representantes del NO, el texto es rechazado porque otorga participación política a las FARC y abre la puerta para que el narcotráfico sea considerado delito conexo de la rebelión. Para los negacionistas, lo ideal es que nadie represente políticamente las causas estructurales de las insurgencias armadas e insubordinaciones sociales. En consecuencia, nada mejor que tratar a los que tal pretensión tienen como terroristas narcotraficantes, para los cuales el único tratamiento de justicia válido es la prisión y la extradición.

En consecuencia con el repudio a la legitimidad del acuerdo de paz, los negacionistas critican que los compromisos no puedan ser modificados y se inscriban en la constitución. En vez de acuerdo de Estado, legal y constitucionalmente amparado, además de registrado internacionalmente, el texto de paz debiera tratarse como una mera política errada de un presidente efímero, que no compromete de manera estable al Estado. Esto explica además, la campaña de difamación de los países acompañantes del proceso de paz, calificados los unos de “castro chavistas” y los otros de interesados e inmorales mercaderes que apoyan el proceso de paz, solo para garantizar contratos para sus países y empresas.

Temor como ningún otro genera en el bloque negacionista la justicia transicional. Es un temor justificado en la medida en que los 6.000 agentes del Estado con procesos judiciales pueden decidir contar verdad, garantizar no repetición y eventualmente reparar a las víctimas, a cambio de favorecerse con penas reducidas y sin privación de la libertad. Pánico genera un posible efecto dominó, mediante el cual los subalternos comprometan a sus superiores y estos a los empresarios y políticos que han promovido la guerra, como estrategia de enriquecimiento y acumulación de poder político, dentro y fuera del Estado. Este es el motivo por el que los negacionistas temen más a la paz que a la continuación de la guerra, la cual después de todo, se hace a través de cuerpo ajeno, el de los campesinos. “Falsas delaciones para beneficios ciertos” es la consiga que ya empezaron a agitar para deslegitimar la extensión de la justicia transicional hacia el Ejército, la Policía y más allá, a los actores civiles de la guerra irregular.

Finalmente, se oponen a la actualización de los catastros rurales y al aumento del predial, así como critican la formalización de los predios. Con tales demandas los negacionistas “pelaron el cobre”, confiesan que sus bases sociales y de cultura política son los terratenientes y los rentistas de valores ligados a la tierra; anuncian además que, a pesar de que Colombia tiene ya una de las mayores concentraciones de la tierra en el mundo, este sector va por más, rechaza la formalización de los predios campesinos y prefiere seguir considerando que el país que falta por apropiar son tierras baldías a conquistar.

En el año 2016 van 70 líderes asesinados del movimiento político Marcha Patriótica y más de 230 heridos obligados con sus familias al desplazamiento forzado. Un ruidoso silencio se oye en el movimiento negacionista, interrumpido ocasionalmente por un jefe de la policía que niega la existencia de una campaña de exterminio que ya comenzó y por algunos políticos de provincia sindicando personas que luego son asesinadas, por su defensa de los derechos humanos, de la restitución de tierras, de un pliego sindical o de una comunidad campesina. Hay sectores que han decidido, al término de la confrontación militar con las FARC, desatar una guerra social y política contra la implementación de los acuerdos de paz. Correrán ríos de sangre ignorados y minimizados, cuando no justificados por los negacionistas. Estamos advertidos.

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*Darío Restrepo es profesor de la Universidad Nacional de Colombia