Marcela Rodríguez

* Marcela Rodríguez

Abogada de la Universidad Nacional de Colombia, defensora de derechos humanos y educadora de Paz en la Corporación Otra Escuela. Especialista en temas de empresas y derechos humanos, protección del ambiente y permanencia en el territorio. Candidata a magíster en Desarrollo Rural de la Universidad Javeriana

La firma de los nuevos acuerdos de la Mesa de Negociación Gobierno- FARC- estuvo antecedida por un fin de semana bañado en sangre de militantes del movimiento social, particularmente de Marcha Patriótica, que ha denunciado más de 124 asesinatos de sus miembros desde su fundación.

Las estadísticas suelen verse mezquinas cuando en cada número se esconden historias de todos los rincones del país, en donde la gente –muchas veces, la que menos tiene- lo da todo para lucharse un país distinto, o al menos más decente. Cada una de estas historias entrañan, además, la insistencia de los sectores poderosos de excluirnos políticamente y mantenernos en la marginalidad. No les bastó una guerra de 52 años para entender que justamente es esta exclusión la madre del conflicto armado. Han elegido inundarnos de ejércitos paramilitares y masacrar a todo un pueblo, antes de entregar una hectárea de tierra o deliberar públicamente propuestas alternativas.

El paramilitarismo sigue siendo su estrategia. Además de los ataques contra los movimientos sociales, la semana pasada en varias veredas y barrios de todos los lugares de Colombia circularon panfletos amenazantes de paramilitares, quienes se hacen llamar Autodefensas Unidas de Colombia, Autodefensas Gaitanistas, Urabeños, Rastrojos, Ejércitos Antirrestitución, Águilas Negras, etc. El paramilitarismo continúa controlando los territorios, imponiendo toques de queda, y sobre todo, amenazando la oportunidad de terminar el conflicto armado en nuestro país.

La firma de los Acuerdos con las FARC, debería permitir que el conflicto social y político se tramitara por caminos distintos a la violencia. Que las organizaciones campesinas gestionaran la tierra y la agricultura, y no denunciaran desplazamientos. Que los estudiantes pudieran exigir la educación, y no la libertad de sus militantes. Que los sindicalistas pudieran luchar por mejores condiciones salariales, y no por la justicia a quienes los han exterminado. En fin, que el silencio de los fusiles permitiera que nuestras voces fueran escuchadas.

Por eso la persistencia del paramilitarismo pone la paz en jaque. Envía un perverso mensaje de falta de garantías a los guerrilleros de las FARC que han visto con recelo los diálogos en La Habana; mina la confianza que el ELN pueda tener en iniciar procesos de paz con el Gobierno para ampliar la participación de la sociedad y abrir espacios a discusiones más profundas sobre el modelo de desarrollo; y aterroriza a los movimientos sociales y políticos que buscan superar la exclusión política y la concentración de la tierra, como causas estructurales del conflicto armado. Es decir, el desmonte del paramilitarismo es la más urgente de las garantías de no repetición de los ciclos de violencia y guerra en los que hemos estado inmersos durante el último siglo.

Nada de esto es ajeno a nuestra historia

Como mucho se ha dicho, este genocidio es un continuum de guerra sucia desde el exterminio del Movimiento Gaitanista y los diálogos de paz con Guadalupe Salcedo, cuando varios líderes sociales y guerrilleros liberales fueron asesinados y perseguidos por órdenes oficiales, incluidos los mismos Salcedo y Gaitán. Décadas más tarde, el genocidio se repitió contra la Unión Patriótica, partido al que, en menos de 10 años, le asesinaron cerca de 4 mil militantes, y el Movimiento Político A Luchar, que denunció torturas, desapariciones y exterminio de cientos de sus integrantes.

Y aunque la impunidad sigue siendo la reina, está más que documentado que planes como “El Baile Rojo” o la “Operación Relámpago” fueron concertados entre la Fuerza Pública, las oficinas de inteligencia, políticos y el aparato paramilitar. Está más que probado que estos graves crímenes hacen parte de una política de terrorismo de Estado, basada en la Doctrina de Seguridad Nacional y el “Enemigo Interno”, aun vigentes en los manuales de la Fuerza Pública colombiana.

Discursos que legitiman la guerra sucia

Las FARC han insistido en que “quienes están detrás de estos asesinatos selectivos y de carácter político, son los mismos que han cosechado dinero, poder y privilegios, gracias a la guerra fratricida que por más de 52 años ha desangrado al país”. Sin duda alguna, se refieren a estos oscuros círculos de poder que han fraguado la guerra sucia, se han beneficiado de ella y sobre los cuales existen cientos de compulsas de copias y señalamientos en los procesos judiciales por los más graves crímenes de lesa humanidad.

Son justamente ellos quienes han mantenido un discurso de negación a la justicia social y han señalado al movimiento social y de derechos humanos como una estrategia más de la lucha subversiva. Hoy, en su mayoría, circundan el Centro Democrático, fundaciones de víctimas de la guerrilla y gremios empresariales, que sin escrúpulos ponen en riesgo la vida de comunidades y legitiman los ataques del paramilitarismo.

El genocidio político que se encuentra en marcha es su responsabilidad política, tanto como la del Ministro de Gobierno, Carlos Lemos Simmonds, quien en 1989 afirmó que los líderes de la Unión Patriótica eran “testaferros políticos de la guerrilla”, meses antes del asesinato de Bernardo Jaramillo Osa a manos de paramilitares.

Lo anterior enseña que estos discursos de intolerancia no son solo retórica, sino que tienen consecuencias directas en la vida e integridad de los militantes. En varias ocasiones, paramilitares rasos, militares y agentes de inteligencia de bajo rango han justificado sus crímenes haciendo alusión a “las órdenes” que recibían mediante los discursos agresivos de presidentes, generales, ministros y senadores.

Por ello me resulta de valentía y pertinencia el reclamo de Aída Avella, como presidenta de la Unión Patriótica, al Alcalde de San Vicente del Caguán por los ataques del pasado fin de semana. El Alcalde ha sido denunciado por señalar a organizaciones campesinas de tener nexos con la subversión, perseguir a funcionarios que optaron por votar Sí en el plebiscito e imponer medidas absurdas en su entidad -como no utilizar la palabra “compañero”.

Las autoridades son quienes habrán de establecer la responsabilidad de estos crímenes; sin embargo, es necesario dejar claro que el Estado colombiano y todos sus funcionarios (incluyendo aquellos elegidos popularmente) tienen la obligación de abstenerse de señalar a las organizaciones sociales y defensores de derechos humanos. Así mismo, deben rechazar el despliegue de los discursos legitimadores de la guerra sucia. En particular, discursos de aquellos líderes que con amplio cubrimiento mediático no reparan en señalar a nuestras organizaciones sociales.

El cese de estos ataques mediáticos y discursivos es un primer paso para generar medidas de no repetición de los genocidios políticos. Muchas de las medidas de protección que realmente necesitan las organizaciones sociales no dependen de los esquemas de seguridad que se disputan los políticos o que algunos usan como símbolo de ascenso social. Entre otras cosas, porque hemos constatado que el Estado colombiano ha usado estos mismos esquemas para realizar acciones de inteligencia e incluso atentar contra la vida de las y los líderes. Las garantías de no repetición hacen referencia a aspectos más profundos que desde hace varios años el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado –MOVICE- ha venido construyendo.

Depurar los archivos de inteligencia; juzgar, sancionar y apartar a los miembros de la Fuerza Pública que se han visto inmersos en crímenes de lesa humanidad; transformar la Doctrina de Seguridad del Estado, en donde se califica a las organizaciones sociales de enemigos internos, se promueven grupos paramilitares, se auspician crímenes y actividades ilícitas, son algunas de estas medidas que deberían ser abordadas de manera estructural en la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad contemplada en los Acuerdos de La Habana (punto 3.4).

De otro lado, no se debe perder de vista que el Estado colombiano mantiene una investigación preliminar abierta en la Corte Penal Internacional por los delitos cometidos desde la vigencia del Estatuto de Roma. De manera que si la Fiscalía decide dejar en la impunidad todos estos ataques a los movimientos sociales y políticos, estos casos serán de competencia de la Corte Internacional, en donde –por fortuna y a diferencia de lo que ocurre en la Jurisdicción Especial para la Paz- no están excluidos de investigación y sanción los presidentes y ex presidentes.