Laura Gabriela Gutiérrez

* Laura Gabriela Gutiérrez

Abogada, especialista en Derecho Administrativo y candidata a Magíster en Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia. Es investigadora del área de Justicia Transicional del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad - Dejusticia, en donde se ha especializado en el estudio del desarrollo rural, el proceso de restitución de tierras, tensiones entre políticas de desarrollo y políticas de reparación, y judicialización de las políticas públicas

Marta Lucía Ramírez, una de las voces de aquel No que se autoproclamó como auténtico intérprete de la pasividad post votación del grupo de personas que rechazó el Acuerdo Final, manifestó esta semana en entrevista con Yolanda Ruiz que aun cuando estaban inconformes con el nuevo acuerdo, aplaudían y veían con buenos ojos las modificaciones al punto 1 que establecían un modelo de “competitividad y fomentaban el verdadero desarrollo rural”.

Es inevitable que de entrada esta afirmación tenga un manto de sospecha por provenir de sectores que tradicionalmente se han opuesto a la –esa sí- verdadera y necesaria reforma rural colombiana. Pero más allá del prejuicio, es necesario ahondar en las razones por las cuales tanto la afirmación como las modificaciones del nuevo acuerdo deberían ser motivo de preocupación. En el documento actual, se agregaron dos consignas que no se derivan ni del texto anterior ni de la interpretación que de aquel pudiera hacerse. La primera, hace referencia a la necesidad de impulsar formas de acceso a la tierra como la asignación de derechos de uso y la segunda hace referencia a la promoción de modelos de asociatividad para “(…) garantizar producción a gran escala y competitiva”. Veamos las observaciones que se pueden hacer al respecto:

“Sin perjuicio de lo establecido en el punto 1.1.1 Fondo de Tierras, el Gobierno tramitará una ley con el fin de promover otras formas de acceso a tierras del Estado como la asignación de derechos de uso, en particular para pequeños y medianos productores en forma individual o asociativa solidaria.” A primera vista, esta consigna establecería una alternativa más de acceso a los baldíos del Estado por parte de los campesinos. No obstante, la insistencia en encontrar alternativas de acceder a tierras baldías (además de las establecidas en la Ley 160 de 1994), no deviene del ingenio de quienes conversan en la mesa, sino que es el lastre de la larga lucha que se han dado algunos sectores, principalmente la agroindustria, por hacerle el quite a las restricciones de la ley agraria.

La historia es larga y difícil de resumir, pero la ecuación es fácil: en desarrollo legal del artículo 64 de la Constitución Política, la ley agraria señala que los baldíos de la Nación serán adjudicados a los campesinos sin tierra después de que estos los ocupen por un tiempo y cumplan ciertos requisitos. Como la tierra es un recurso limitado, y los campesinos sin tierra son muchos, el Estado adjudicará porciones bien definidas que permitan a los adjudicatarios derivar de allí su sustento e ir acumulando un pequeño capital. Estas porciones son llamadas Unidades Agrícolas Familiares – UAF.

Entonces, si la propiedad de los baldíos es para los campesinos sin tierra y además una sola persona no puede tener más de una UAF, ¿cómo podría la agroindustria hacerse a predios del Estado y además acumularlos? Llevamos varios años de estrategias sofisticadas y de “ires y venires” de iniciativas tumbadas por la Corte Constitucional que han buscado hacerlo, pero el más reciente intento está vigente en la Ley 1776 de 2016 más conocida como Ley de Zidres, que utiliza la figura de derecho real de superficie para garantizar que aunque los “grandes productores” no puedan ser propietarios de la tierra, se aproximen mucho a esta situación a través de la asignación de derechos de uso, que aun cuando no transfieren la propiedad, pueden ser pactados por periodos extensos, de acuerdo con las necesidades del ciclo productivo y el proyecto que se establezca. Por ejemplo, los cultivos de teca como los de Montes de María, tardan de 20 a 25 años para la producción de madera comercial–y eso que es un gran alivio que ya no tarde más de 80 años, como solía ser-. Según el acuerdo, ahora esta intención hace parte de nuestro modelo de desarrollo rural que hemos pactado para finalizar el conflicto originado, principalmente, en el escenario de la ruralidad.

Si bien es cierto que un buen argumento en contra de esta postura es que los pequeños y medianos productores serían los principales beneficiarios de esta estrategia, el acuerdo no excluye a la agroindustria de esta modalidad de acceso a la tierra y la verdad es que quienes más se benefician de que esto quede explícito en un “gran diálogo nacional” es a los segundos, pues son ellos quienes necesitan regulaciones específicas para hacer usos de los territorios que no son compatibles con las restricciones de la ley agraria vigente y a la Constitución misma, mientras que los campesinos usan la tierra con o sin acuerdo, pero casi siempre de acuerdo con la regulación actual.

Ahora bien, también es posible preguntarse ¿qué tan malo es que algún tercero tenga el uso del suelo mientras los campesinos sigan siendo preferentemente los propietarios? Para la configuración de los sujetos campesinos es una muy mala noticia. Quien tiene el derecho de uso, tiene la potestad de decidir qué y cómo se siembra la tierra, lo cual tiene impactos negativos en términos de soberanía alimentaria, diversificación del uso del suelo y posibilidad de existencia de la economía campesina en medio de un mercado competitivo de agroindustria. Los campesinos se vinculan en la cadena de producción –a través de formas asociativas como las establecidas en el nuevo Acuerdo- cediendo los derechos de uso sobre la tierra de la que son propietarios o como trabajadores en los proyectos productivos, con lo cual se va disipando la identidad campesina y se empieza a constituir el proletariado agrario.

En esta lógica, el campesinado en todo caso podrá acceder a aquel espacio ubicado exactamente en medio del subsuelo que pertenece a la Nación y, por consiguiente, en muchos casos, a quienes solicitan títulos mineros, y la superficie que será aprovechada principalmente por los grandes productores a través de los contratos de uso, pues son quienes, en palabras de Ramírez, fomentarán el verdadero desarrollo rural. Ahora estar entre el subsuelo y la superficie es, literalmente, como estar entre la espada y la pared.