Camilo Galindo

* Camilo Galindo

Abogado de la Universidad Nacional de Colombia con estudios de maestría en derecho (perfil investigativo) de la misma institución y candidato a magister en Derecho Internacional de los Derechos Humanos de la Universidad de Buenos Aires. Se ha desempeñado como investigador y consultor en materia de derechos humanos en diversas ONG y agencias de cooperación internacional. Actualmente, es integrante del Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) en Argentina

En días recientes, la Corte Constitucional emitió el comunicado de prensa relativo a la sentencia C-699 de 2016, en la cual se analizó la constitucionalidad del Acto Legislativo 1 de 2016, “por medio del cual se establecen instrumentos para facilitar y asegurar la construcción de una paz estable y duradera”. La demanda contra esta reforma constitucional buscaba que el mencionado tribunal declarara contrarios a la Constitución Política dos artículos de la misma en los cuales (i) se crea un procedimiento legislativo especial para la paz, cuya finalidad es que, de manera transitoria y excepcional, se puedan tramitar reformas constitucionales en cuatro debates en una sola vuelta (actualmente, se requieren ocho debates en dos vueltas), y (ii) se le otorga al Presidente de la República facultades para expedir decretos con fuerza de ley cuyo objeto sea facilitar y asegurar la implementación y desarrollo del Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera.

La demanda en contra de esta reforma no incluyó cargos de inconstitucionalidad contra otros de sus artículos, por lo cual la incógnita hasta el día del comunicado de prensa era si la Corte Constitucional se pronunciaría solamente contra las dos normas impugnadas o si incluiría un análisis sobre las otras que lo conforman, en particular, su artículo 5°, el cual condiciona estos mecanismos excepcionales a la refrendación popular del citado Acuerdo Final. La importancia sobre este pronunciamiento radicaba en que, sin la certeza sobre si la refrendación realizada por el Congreso de la República del Acuerdo Final, luego de la renegociación entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP, era suficiente para activar dicha reforma, la implementación del Acuerdo estaba estancada.

Según varios críticos de la reforma constitucional, esta preocupación no era válida, pues el Congreso y el Presidente de la República seguían teniendo las facultades constitucionales y legales para implementar el Acuerdo Final por la vía ordinaria, tal y como se había realizado en otros procesos, en particular, la negociación entre el gobierno Uribe y los grupos paramilitares.

¿Pero qué tan válida era esta crítica? A pesar de que es cierto que las facultades ordinarias están intactas, aun cuando el plebiscito del 2 de octubre no avaló el acuerdo inicial entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP, es impreciso igualar estos dos procesos de paz y considerar que, porque uno se implementó por la vía ordinaria, el otro también debe serlo. Las razones son las siguientes:

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Tal y como se ve en el anterior cuadro, mientras que el proceso con los paramilitares se redujo a la expedición de una ley que permitiera legalizar sus bienes y reducir o eliminar sus sanciones penales, el proceso con las FARC-EP exige una serie de reformas sociales y políticas, y la implementación de mecanismos de justicia transicional que difícilmente pueden reducirse a una sola ley, sino que requieren un conjunto de reformas constitucionales, leyes y decisiones administrativas complejas.

Por esto que la decisión de la Corte Constitucional es vital para la salud del proceso de paz. Al considerar que la refrendación popular exigida en el artículo 5 de la reforma constitucional no es un acto único y estático, sino que se compone de diferentes etapas que iniciaron con el acuerdo inicial, transitaron la refrendación popular, la renegociación y una nueva validación (esta vez por una autoridad democrática), se activan las facultades extraordinarias y el procedimiento legislativo especial. Si bien no entró a determinar la constitucionalidad del artículo que exigía la refrendación popular, consideró que el análisis de las normas demandadas debía incluir una interpretación del artículo 5, dado que “define las condiciones de vigencia integral del Acto Legislativo 1 de 2016, y determina el contexto en el cual deben entenderse las normas acusadas1

En síntesis, el carácter político del proceso de paz con las FARC-EP complejiza la implementación de los acuerdos, por lo que los mecanismos ordinarios (como los usados con la desmovilización de los grupos paramilitares) son insuficientes. Al verse suspendida la reforma constitucional que incluía mecanismos excepcionales para hacer una implementación que dé cuenta de dicha complejidad con ocasión del resultado del plebiscito, la decisión de la Corte sobre la refrendación popular es coherente con las dificultades que se han sorteado para adelantar el proceso, pues establece que la refrendación popular para este caso se compone de diferentes decisiones democráticas directas e indirectas interconectadas como un proceso y no un momento único.

  1. Corte Constitucional. Comunicado de prensa n° 52, diciembre 13 de 2016, relativo a la sentencia C-699 de 2016, Magistrada ponente María Victoria Calle Correa.