Edwin Cruz Rodríguez

* Edwin Cruz Rodríguez

Politólogo, especialista en Análisis de políticas públicas de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en Análisis de problemas políticos, económicos e internacionales contemporáneos de la Universidad Externado de Colombia, candidato a doctor en Estudios políticos y relaciones internacionales e integrante del Grupo de Investigación en Teoría Política Contemporánea de la Universidad Nacional de Colombia. Ha publicado varios artículos en revistas especializadas de distintos países. En 2011 obtuvo el primer lugar en el premio de ensayo sobre América Latina (categoría estudiante de doctorado) del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Alcalá

Tras la refrendación del Acuerdo de paz en el Congreso, quedó en el ambiente cierta incertidumbre producto, por una parte, de la decisión que tomará la Corte Constitucional acerca del denominado “fast track”, mecanismo que permite dar rápido trámite a la legislación necesaria para la implementación y, por otra, por las propuestas, no sólo de los uribistas, de convocar otra consulta, referendo o plebiscito, como un mecanismo de refrendación adicional.

Si bien algunas de esas propuestas son razonables, en vista del déficit de legitimidad con el que arranca la implementación, no es seguro que las consultas sean mecanismos eficaces para proveer mayor legitimidad.

De acuerdo a las argumentaciones que las sustentan y los intereses que representan, podría distinguirse dos posiciones sobre este problema: primero, el uribismo que se ha manifestado por el No al Acuerdo; y segundo, los sectores, pragmáticos o idealistas, que ven en la consulta una forma de superar el déficit de legitimidad o esperan que aporte el consenso que le falta a la paz.

Como es sabido, los uribistas partidarios del No al Acuerdo no sólo se retiraron del recinto al momento de votar sino también dijeron que el Gobierno había hecho “conejo” y propusieron un referendo para consultar al “constituyente primario”.

En realidad no hubo “conejo”, puesto que el Gobierno renegoció el anterior acuerdo con las FARC y hubo cambios sustanciales. Además, no podría haber “conejo” porque quienes apoyaron el No en el plebiscito nunca tuvieron claro cuáles eran sus demandas y, sobre todo, porque el resultado de esas votaciones no les confiere a quienes se autoerigieron como “voceros” un poder de veto sobre el Acuerdo. El argumento, entonces, es falaz, y oportunista.

Falaz, porque un plebiscito o referendo difícilmente puede expresar la voluntad del mentado “constituyente primario”. Ese tipo de mecanismos tienen una gama restringida de posibilidades para decidir, y generalmente se reducen a una elección entre sí o no. En cambio, el poder del constituyente primario es ilimitado, no puede estar restringido a priori. Desde el punto de vista de la teoría constitucional incluso cabría la discusión sobre si una Asamblea Constituyente expresa el poder del “constituyente primario”, si se tiene en cuenta que se trata de un mecanismo representativo que también está limitado en el tiempo y en los procedimientos1. Lo cierto es que tanto el plebiscito como la representación en el Congreso suponen la separación entre la titularidad y el ejercicio del poder, al menos si se acepta que en sociedades complejas la democracia sólo puede ser representativa. En ambos casos el pueblo o el “constituyente primario” es el titular del poder pero no lo ejerce, lo ejercen sus representantes en el parlamento o quienes diseñan las preguntas de la consulta, el plebiscito o el referendo.

El argumento de la oposición al Acuerdo de paz también es oportunista, porque como se ha dicho tantas veces, el principal propósito del uribismo es prolongar la guerra, porque es lo único que los puede mantener políticamente a flote de aquí a 2018, cuando disputarán nuevamente el gobierno para influir desde allí en todas las ramas del Estado, empezando por la justicia. Incluso los “nuevos uribistas”, ese conjunto de objetores del Acuerdo que recientemente se sumaron con vehemencia a los partidarios del No, aprovechan la coyuntura para hacerse notar y circular en los medios de comunicación en una apuesta, ojalá errónea, por obtener un mejor posicionamiento político. Por lo demás, resulta cuando menos curioso que ahora una consulta les parezca legítima cuando hasta el 1 de octubre por la noche su plan era desconocer los resultados del día siguiente.

Las otras dos posiciones en el debate, a diferencia de los defensores del No, son favorables al plebiscito para fortalecer el proceso de paz, de manera que una consulta tipo plebiscito o referendo sería el mecanismo idóneo para superar el déficit de legitimidad del Acuerdo. En realidad, a esa propuesta se llega desde distintas perspectivas, desde aquellos que sostienen que el “mal” causado con el plebiscito del 2 de octubre debe deshacerse de la misma manera que se hizo, esto es, sin subordinar el derecho a la política mediante argucias jurídicas, hasta aquellos que, ante la guerra sucia que avanza contra las organizaciones sociales, concluyen que la refrendación congresional no será suficiente para garantizar la implementación del Acuerdo.

Tal vez el principal problema es que el contexto político no parece haber cambiado lo suficiente desde la victoria del No como para suponer que con otra consulta el Sí tendrá las de ganar. Para no ir más lejos, la oposición sigue teniendo resonancia en un canal y medio de televisión privada, sin mencionar que a los líderes religiosos que los acompañan no parece afectarles para nada la continua inconsecuencia de su conducta. Es más, producto del legado de los ocho nefastos años de erosión de la poca moral pública que existía en el país, los mismos votantes de a pie parecen ver con buenos ojos el maquiavelismo con que los opositores de la paz echan mano de todo tipo de medios con tal de conseguir sus fines. ¿Qué pasa si se pierde otro plebiscito o referendo? ¿Es conveniente abrir de nuevo esa puerta hacia las tinieblas?

La verdad es que el plebiscito como mecanismo de refrendación fue un error desde el principio, como bien lo advirtieron varios formadores de opinión. El problema de los referendos radica en que sus resultados son de suma cero: no se elige por alguien que va a decidir (así los voceros del No lo pretendan de esa forma) sino que se toma una decisión definitiva pero, como la elección es entre sí y no, lo que gane uno lo pierde el otro. Por consiguiente, los referendos o plebiscitos no son mecanismos recomendables para tomar decisiones en situaciones de polarización como la refrendación de la paz: “En las sociedades segmentadas (divididas por, y entre, intensas minorías religiosas, étnicas o de otro tipo), así como sobre cuestiones “calientes” (como, por ejemplo, la integración racial) el referéndum es contraproducente: no acaba con los conflictos, sino que, por el contrario, los agrava”2. Por lo tanto, otro plebiscito produciría una polarización igual o superior a la que produjo el anterior, no la legitimidad ni mucho menos el consenso necesario para implementar en mejores condiciones el Acuerdo de paz.

En fin, cabe poner en cuestión el argumento un tanto idealista según el cual la paz hace necesaria la construcción de un consenso y otra consulta podría contribuir a alcanzarlo. Es obvio que la paz requiere algún tipo de consenso, pero no puede pretenderse que sea un consenso absoluto. ¿No es acaso el intento por hacer que todos seamos, pensemos y actuemos de la misma forma lo que nos ha llevado a la guerra? Por el contrario, debe ser un acuerdo “sobre lo fundamental” como diría Álvaro Gómez respecto de la Constituyente de 1991.

Por esa razón, quienes hoy están en deuda con la paz no son las FARC ni es el Gobierno de Santos, sino los partidarios del No al Acuerdo. Su cuestionamiento, con argumentos falaces pero sonoros y escandalosos, a cualquier iniciativa que contribuya a la paz, evidencia que sólo ellos continúan pensando la política bajo el esquema amigo-enemigo; tanto que ni siquiera han tenido la delicadeza de rechazar con el ahínco que los caracteriza la guerra sucia en contra de los líderes sociales, la misma que pelecha en el ambiente de odio y venganza que su discurso contribuye a crear. En esas circunstancias, una consulta, plebiscito o referendo únicamente podría contribuir a mantener esa crispación tan funcional a sus intereses políticos y tan adversa para la paz.

  1. Sigo a Negri Antonio (1994). El poder constituyente. Ensayo sobre las alternativas de la modernidad. Madrid: Libertarias.
  2. Sartori Giovanni (1992) Elementos de teoría política. Madrid: Alianza, p. 53.