Desde el anuncio de un nuevo y definitivo acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC, y más aún desde la oficialización de su referendación vía Congreso, las fuerzas políticas más reaccionarias del país, que se autodesignaron como los “voceros” del No al plebiscito, lo han calificado como una grave violación de la democracia colombiana. Apoyándose en el “triunfo” del No en la consulta del pasado 2 de octubre, han llevado a cabo una campaña de denuncia del autoritarismo y de la ilegitimidad del Gobierno que “hizo conejo” a los votantes, hablando incluso de “golpe de Estado”. Si bien no se puede negar que el primer acuerdo de paz fue rechazado en las urnas, es necesario ir más allá de esta interpretación simplista y sesgada, para tratar de acercarse a un análisis global de la situación y determinar en qué medida el nuevo Acuerdo de paz es legítimo, o no, desde un punto de vista democrático.

El plebiscito

Primero que todo, es preciso recordar que el plebiscito no constituía un imperativo para implementar el Acuerdo de La Habana, sino que fue una apuesta personal del presidente Santos. Es más, se puede considerar que la refrendación popular del proceso de paz ya había tenido lugar con ocasión de la segunda vuelta presidencial del 2014, en un momento en que su continuación estaba incluso más en peligro de lo que estaba el pasado 2 de octubre. Es interesante señalar que la votación por Santos fue en ese momento de más de 7.800.000 personas, es decir 1.400.000 por encima de la votación a favor del No en el plebiscito.

En cuanto al plebiscito mismo, no hay que olvidar que el No superó al Sí por apenas 55.000 votos, es decir menos de 0,5% de diferencia. Pero, sobre todo, es imprescindible tomar en cuenta que sólo votó el 37,5% de las personas habilitadas. En otras palabras, fue la abstención la verdadera “ganadora” del día, lo que deja un interrogante fuerte frente a la pertinencia de esta forma de consulta y la legitimidad de su resultado. En este sentido, es permitido pensar que hubiera sido injusto, y poco democrático, que sólo el 18,5% de los electores (el 13,5% de los habitantes de Colombia) hubiera podido acabar con su voto el proceso de paz.

Por otro lado, es necesario volver a reflexionar sobre las motivaciones de ese voto mayoritario por el No. La figura del plebiscito, con sus dos únicas opciones de voto antagonistas, no favorece el debate democrático y argumentativo. Por el contrario, permite la movilización de emociones absolutistas en torno a argumentos simplistas, contrainformaciones y engaños repetidos de manera continúa. En este caso, el debate en torno a la campaña del plebiscito nunca pudo enfocarse realmente sobre el contenido global del Acuerdo, sino que fue “desviado” hacia ciertos elementos, algunos incluso externos al Acuerdo, representados como amenazas. Esto quedó demostrado en las “confesiones” de Juan Carlos Vélez, gerente de la campaña uribista del No, cuando dijo que el objetivo era que la gente saliera a “votar verraca”. Además, la figura del plebiscito suele ser aprovechada por mucha gente para manifestar su molestia general con respecto al rumbo del país, por lo tanto no hay que descartar que una gran parte de las personas que votaron por el No lo hicieron para expresar su inconformidad con la política del gobierno Santos, y no su rechazo a la paz.

La renegociación y los avances democráticos del acuerdo de paz

Como consecuencia del resultado del plebiscito, el presidente Santos decidió recoger las observaciones y las propuestas de modificaciones al Acuerdo hechas por los diferentes sectores considerados como representativos del voto por el No. Paralelamente, las delegaciones de paz en La Habana trabajaron de manera intensa para modificar el contenido del Acuerdo original en función de esas observaciones y propuestas. En este sentido, no cabe duda que lo que tuvo lugar fue una verdadera renegociación, que tomó en consideración muchos elementos planteados por los voceros del No y trajo importantes y numerosas modificaciones con respecto al Acuerdo original. En otras palabras, no se puede afirmar ni que los cambios fueron sólo “cosméticos” ni que el resultado del plebiscito no fue tomado en cuenta. Por lo tanto, el Acuerdo que fue refrendado en el Congreso constituye un verdadero nuevo Acuerdo.

Sin embargo, la legitimidad democrática del Acuerdo de paz reside ante todo en su contenido mismo. En efecto, este contiene varios avances democráticos que permitirían, por ejemplo, mejorar sustancialmente las condiciones de vida en el campo y garantizar una mejor y más segura participación política. Adicionalmente, el Acuerdo traería beneficios humanitarios incontestables e inestimables, y contempla importantes formas de reparación para las víctimas, incluida la verdad sobre los crímenes cometidos en el marco del conflicto armado. Esta posibilidad de saldar, en parte, la deuda del país con las víctimas y evitar que hayan nuevas, constituye sin duda el cumplimiento de un deber de un Estado democrático. Es importante señalar que esos avances democráticos no se dan en detrimento de nadie ni quitan derechos a ningún sector de la sociedad. Por otro lado, la forma misma como se dieron las negociaciones entre las dos delegaciones de paz en La Habana representa de cierta manera un ejemplo democrático, en el sentido de que fueron dos visiones de país muy distintas que dialogaron de manera seria y respetuosa para alcanzar al final un auténtico compromiso.

La ilegitimidad de los “voceros” del No

Luego del “triunfo” del No en el plebiscito, fueron muchos los que dieron la cara para reclamar la victoria, autodesignarse como voceros de los que votaron por el No y ganarse un puesto en los futuros diálogos con el gobierno. Sin embargo, el perfil y la motivación de esos “voceros” del No distan mucho de una supuesta defensa de la democracia. En efecto, sus exigencias sobre las modificaciones al Acuerdo de La Habana, al igual que sus plataformas ideológicas, iban en el sentido de un conservatismo duro, del mantenimiento del statu quo, de la defensa de los privilegios de algunos y en contra de los derechos de otros. En otras palabras, sus reparos estaban relacionados en gran parte con los avances democráticos contenidos en el Acuerdo. Además, su discurso iba en contravía del carácter democrático y realista de las negociaciones, pues negaba a las FARC su naturaleza política y les hacía exigencias inaceptables.

Esta irresponsabilidad de los voceros del No fue simbolizada por la sonrisa de Álvaro Uribe el día en que llegó a la Casa de Nariño para socializar sus demandas al presidente Santos. Contrariamente a lo que pensaron algunos analistas, era imposible esperar que tuviera un papel constructivo en la búsqueda de un consenso nacional a favor de la paz, no sólo por su personalidad y su legado político, sino ante todo porque la oposición de Uribe no es en contra del contenido del Acuerdo de paz sino sobre la existencia misma de las negociaciones. Se trata de una oposición radical y de fondo, basada en la negación del conflicto armado interno. Para Uribe, las FARC siguen siendo un grupo narcoterrorista, y es bien sabido que “con los terroristas no se negocia”. De ahí que el uribismo maneje un discurso binario amigo/enemigo, que niega toda posibilidad a los combatientes de las FARC de “integrarse” a la sociedad, y que es claramente incompatible con una democracia incluyente.

Los voceros del No tienen además una concepción minimalista e instrumental de la democracia. Por ejemplo, antes del 2 de octubre señalaban el plebiscito como ilegítimo, y al día siguiente proclamaron que el resultado legitimaba su concepción de la “paz” como la única válida. Es decir, para ellos la legitimidad democrática se resume toda en las elecciones, pero sólo cuando les son favorables. La coyuntura actual y la polarización en torno a la paz es claramente funcional para ellos, pues sirve a sus intereses políticos y su ambición de volver al poder. En otras palabras, en vez de participar en un verdadero debate democrático sobre la mejor manera de traer la paz al país, aprovechan la situación tensa para adelantar la campaña del 2018 y sabotear el trabajo de la gran coalición política que apoya la implementación del Acuerdo de paz.

La democracia, más allá de las elecciones

Últimamente, varias elecciones, en las cuales podemos ubicar el plebiscito en Colombia, ilustraron la desconfianza de la gente por las plataformas políticas «clásicas» y permitieron el triunfo de propuestas demagógicas y reaccionarias. Esto muestra que se requiere, más que nunca, acceder a una comprensión de la democracia mucho más amplia, que implica derechos esenciales para los ciudadanos y deberes imprescindibles para el Estado. Más allá de solicitar la opinión de los ciudadanos de vez en cuando a través de procedimientos electorales básicos, la democracia debería significar ciertos valores y derechos permanentes que no pueden depender del gobierno de turno. En este sentido, la paz puede ser considerada como el derecho supremo, que condiciona el respeto de los demás derechos y conduce al advenimiento de una verdadera democracia, es decir, ya no sólo formal sino de hecho.

Al contrario, la ola reciente de asesinatos de líderes sociales y activistas por la paz es una muestra explícita y trágica de que en Colombia no sólo hay fallas democráticas, sino de que existen importantes y poderosos sectores que pueden calificarse como antidemocráticos, y que son a la vez enemigos de la paz. Estos asesinatos no son casos aislados entre sí ni se dan por casualidad justo cuando hay un nuevo Acuerdo de paz. Y mientras esto sucede, los voceros del No se abstienen de denunciarlos e impiden la pronta aplicación del mecanismo de garantías de seguridad y lucha contra el paramilitarismo contenido en el Acuerdo. No se puede hablar de verdadera democracia hasta que paren las violaciones masivas y sistemáticas a los derechos humanos. El Acuerdo de paz no sólo reconoce esta premisa sino que constituye un elemento clave para posibilitar su resolución.

Un funcionamiento acertado de la democracia implica igualmente que los individuos aprendan a ir más allá de sus intereses personales y piensen como ciudadanos que hacen parte de una misma comunidad nacional. En cuanto al tema del Acuerdo de paz, esto significa que los individuos en desacuerdo con las “ventajas” que da el Acuerdo a los miembros de las FARC deberían esforzarse para tener una comprensión ciudadana del contenido del Acuerdo y de los beneficios que traerá para el país en su conjunto. En este sentido, las múltiples manifestaciones callejeras espontáneas a favor de la continuación del proceso, que surgieron a raíz del resultado del plebiscito, demuestran la vigencia del compromiso ciudadano por el cumplimiento de la democracia y el entendimiento del bien común y supremo que constituye la paz.

Mientras tanto, los voceros del No siguen intentando presentar la refrendación del Acuerdo de paz como una violación de la democracia y un conejo que le hizo el gobierno al pueblo. Es una manera para ellos de disimular el hecho de que no son los representantes legítimos de todos los ciudadanos que votaron No, que defienden una democracia “restringida”, y que el único y verdadero conejo hubiera sido parar el proceso de paz luego del plebiscito. El Acuerdo entre el gobierno y las FARC no es perfecto, ni traerá de por sí una paz “absoluta” para el país, sin embargo es un paso imprescindible en la “normalización” necesaria para la construcción de una paz estable y duradera y de una auténtica democracia. Mientras cada vez es más claro que las elecciones del 2018 serán una prueba de fuego decisiva, es primordial poner en marcha una rápida y eficaz implementación del Acuerdo, para que tenga efectos positivos y simultáneos sobre la paz y la democracia.