Julie Massal

* Julie Massal

Doctorado en Ciencia Política, Universidad Aix-Marseille III, Instituto de Estudios Políticos de Aix-en- Provence (Francia). Post-doctorado de la U. Rovira i Virgili, Tarragona (España). Becaria Lavoisier (2001-2002) del Ministerio de Asuntos Exteriores (Francia). Investigadora y profesora del IEPRI-UN desde 2005 e investigadora asociada de FLACSO-Ecuador (desde1999). Ha trabajado sobre los movimientos sociales indígenas y su participación en los procesos de democratización en el Área Andina (Bolivia y Ecuador especialmente). También ha trabajado (postdoctorado y proyectos) en el tema de la migración latino-americana a Europa. Titular de la Maestria Profesional en Oficios de libro de la Universidad de Bourgogne en Dijon, Francia, 2017 (mencion Bien).

Un reciente escándalo surgió en Colombia a raíz de la publicación de las fotos de algunos observadores de la misión de verificación de la ONU bailando con guerrilleras de las FARC durante las fiestas de fin de año. Se consideró en algunas esferas del poder que no era apropiado dicho comportamiento porque rompía con la neutralidad esperada de miembros de un organismo internacional encargado de apoyar el proceso de paz y en particular la desmovilización guerrillera. No deja de sorprender que este llamado a la neutralidad ocurra hacia un organismo que trabaja en la reinserción de un grupo guerrillero que ha firmado no uno sino dos acuerdos de paz en el lapso de los últimos cuatro meses, el segundo siendo aún menos conforme a sus intereses, para lograr al fin la paz después de décadas de guerra. Un grupo que dejó, por tanto, de ser un enemigo, y que, sin embargo, sigue siendo objeto de sospecha o de cierta estigmatización. ¿Viejos reflejos de guerra?

Esa neutralidad no parece ser una preocupación de todos los funcionarios colombianos, pues hemos visto al fiscal general de la nación, Néstor Humberto Martínez, afirmar que el homicidio de los líderes sociales en Colombia no es “sistemático”. Declaración que, además de incorrecta desde el punto de vista analítico, es políticamente todo menos neutral  -y mucho menos objetiva- pues implica una enorme cantidad de silencios oficiales y de encubrimiento sobre ciertas realidades que el poder político se niega, sino a ver, al menos a reconocer y entender en toda su magnitud.

Datos inciertos pero disímiles

Para empezar es necesario recordar otro “baile”, mucho más macabro ese sí: el de los datos referidos a esos homicidios de líderes sociales. Pues, según las fuentes, las cifras difieren considerablemente. Solo para el año 2016 tenemos las siguientes evaluaciones: según Paula Gaviria, consejera presidencial en derechos humanos, basándose en los datos “averiguados” de cuatro organismos1, son 57 los líderes sociales asesinados en Colombia2. El fiscal general habla por su parte de 58 personas. Las organizaciones sociales, por su parte, también avanzan cifras distintas, pero mucho más elevadas –aunque 57 o 58 ya sea de por sí una cifra preocupante. Así, la Cumbre Agraria evoca 94 homicidios; la ONG Somos Defensores habla de 78, y Marcha Patriótica ha mencionado alrededor de 125 miembros asesinados3. Finalmente El Espectador4 se ha referido a un “informe basado en diversas fuentes”5 que menciona 114 asesinatos. Como se puede inferir, los datos no solo difieren, en su alcance y metodología de obtención, sino también en su significado. Así que es preciso ir más allá y recordar las diferentes “hipótesis” (o comentarios más bien) que se han construido en torno a esas cifras. Y allí aparecen claramente las divergencias en la interpretación.

Interpretaciones divergentes

Para el Fiscal General de la Nación, las muertes ocurren en “zonas de consolidación de posconflicto”, es decir zonas de donde las Farc se han estado retirando en los meses pasados, durante la negociación y la firma de la paz. Esta interpretación es la que recoge, por ejemplo, un artículo del diario El Espectador del 6 de enero de 2017.  Así se señala que desde la Fiscalía General de la Nación: “se identificaron ocho zonas de “consolidación del posconflicto” en donde los homicidios van en aumento frente a 2015: Amazonas con un 46 %, Norte de Santander 45 %, Chocó 38 %, Córdoba 34 %, Tolima 29 %, Antioquia 25 %, Nariño 20 % y Huila 16 %. Al cruzar datos, se hace evidente que en cinco de esos departamentos hay veredas designadas para campamentos de los guerrilleros que van a entregar las armas: Antioquia, Córdoba, Norte de Santander, Tolima y Nariño6. Estos datos se han propuesto por parte del CERAC (Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos) en la Universidad Javeriana7, pero no así su interpretación. Pues su director, Jorge Restrepo, cuestiona la noción de zonas “en consolidación de posconflicto” y señala que, a su juicio, el factor clave es la reconquista de estos territorios por el Eln, que ha estado cada vez más presente y activo en ellos.

Otra interpretación, la que predomina entre las organizaciones sociales, es la persecución que proviene de la ultraderecha, es decir de los grupos paramilitares desmovilizados y reconstituidos, que mantienen un alto contenido ideológico antisubversivo y contrainsurgente, y que se diferencian de las “bacrim”. Paramilitares que han proferido amenazas contra  ex miembros de la Unión Patriótica que sobrevivieron, contra futuros potenciales candidatos de las Farc en procesos electorales y contra actuales miembros de organizaciones sociales que denuncian sus actividades y amenazan sus intereses. Esta interpretación choca, sin embargo, con la reiterada afirmación gubernamental de la desaparición del paramilitarismo y sus secuaces, a pesar de las amenazas de las que han sido víctimas varios sectores de la sociedad y de la academia en Colombia.

De allí que la afirmación del fiscal general Martínez, según la cual el homicidio de los líderes sociales, aunque sean “solo” 58, no es “sistemática”, no solo indigna, preocupa y asombra, como bien lo ha denunciado Francisco Gutiérrez8. También es reveladora de la falta de coraje político del Estado y de la Fiscalía para reconocer plenamente la presencia y el afianzamiento del paramilitarismo, que no solo no desapareció sino que se ha vuelto a fortalecer, como lo han denunciado varias ONG y  centros de investigación en el país9. Su responsabilidad en la represión de los movimientos sociales y de los defensores de los derechos humanos es fehaciente.

Un debate incipiente versus viejos esquemas

Tal vez al Gobierno y a algunas instituciones gubernamentales les cuesta admitir esta realidad, aunque ya no la nieguen del todo como en pasadas administraciones, porque las denuncias también van contra miembros de la Fuerza Pública. La ONG Somos Defensores, por ejemplo, ha demostrado en reiterados boletines e informes que los casos perpetrados por la Fuerza Pública y los paramilitares eran la mayoría, frente a una minoría de casos perpetrados por las Farc y el Eln10.

Aunque es todavía difícil conseguir datos claros y reconocidos por todas las partes, el nivel de homicidio y amenaza de los líderes sociales y defensores de los derechos humanos se ha vuelto objeto de atención tanto de la prensa más mediática como del Gobierno, que al menos lo menciona y lo discute, aunque le falta construir políticas públicas para la resolución de tan preocupante asunto. El hecho que este problema tan preocupante se haya hecho presente en el debate público en sí mismo es un avance destacable, aunque falta mucho camino por recorrer.

Para la academia y la sociedad colombiana, esto es un avance también pues será un debate político fundamental en el camino hacia la paz y la reconstrucción social. Pero se debe dejar claro que este asunto no es, ni era, un simple “daño colateral” de la guerra y, por ende, no es un tema del pasado. La cifra de asesinatos y amenazas aumentó durante la negociación, en particular respecto a líderes sociales que promovían la paz en sus territorios y que han sido asesinados por este motivo, antes y después de la firma de la paz. De hecho, las investigaciones emprendidas hace poco por la Fiscalía se refieren a  homicidios recientes, entre agosto y octubre de 2016. Pero no hay que olvidar los casos anteriores, muchos de los cuales han quedado impunes, y muchos más ni siquiera investigados. O bien han sido minimizados por el poder como si fueran casos aislados, desvirtuando la magnitud y el significado político de algunos asesinatos, como el de Carlos Pedraza, entre muchos otros. Así que urge una política consistente y sistemática de lucha contra la impunidad y contra la matanza de líderes sociales, defensores de derechos humanos, periodistas y demás pensadores críticos en Colombia, para no repetir el genocidio de la Unión Patriótica.

A contracorriente de estos avances, por más tenues que sean, el asunto del baile de los observadores de la ONU es revelador de un clima ambíguo y hostil, en ciertas esferas del poder que aún siguen apegadas a los viejos esquemas de guerra. No deja de ser altamente preocupante que sectores del poder y del uribismo hayan coincidido en su denuncia del baile de la nochevieja, arriesgando incluso la participación de las Farc en el proceso de desarme y desmovilización y dando la equivocada señal de que las Farc en proceso de desmovilización siguen siendo objeto de estigmatización. Esto no propicia la reinserción de los futuros ex guerrilleros. Menos mal las Farc no perdieron los cabales. Pero la ONU perdió una excelente oportunidad de demostrar su pertinencia, manteniendo a su personal, que ganó la confianza de los guerrilleros, en la Guajira. Pues el baile de nochevieja y la matanza de líderes sociales tienen lazos estrechos: no se puede esperar menos asesinatos mientras se propicia un clima hostil a la reinserción de las Farc a la vida civil y a la feliz banalidad de la fiesta cotidiana.

 

  1. Estos son : Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh), Organización Somos Defensores, Marcha Patriótica y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar). Sin embargo, organizaciones como Somos defensores o Marcha patriótica proponen otras cifras.
  2. Fuente citada en: El Espectador, 4-01-2017, “Las cifras inciertas del número de líderes asesinados en 2016”:  http://colombia2020.elespectador.com/pais/lideres-sociales-sigue-la-zozobra. Ver también cifras oficiales en El Espectador, 6-01-2017  (consultados el 7-01-2017).
  3. Fuentes citadas en El Espectador, 4-01-2017, op. cit.
  4. El Espectador, 17-12-2016. http://www.elespectador.com/opinion/editorial/los-estan-matando-articulo-670851
  5. La cifra es imposible de comprobar o cotejar con otros datos pues no se especifican ni la fecha, ni los datos técnicos del informe, ni la fuente  usada, ni el momento exacto de la investigación, ni la metodología de la misma.
  6. Negritas mías. Cita del El Espectador, 6-01-2017.
  7. CERAC se describe como una organización no partidaria y no gubernamental y a la vez como un centro privado de investigación, reconocido por Colciencias: http://www.cerac.org.co/en/
  8. Gutierrez F. “Sistematicidad” (columna): El Espectador, 22-12-2016.
  9. En particular el CINEP: Véase la entrevista con el Padre Giraldo en Semana, el 15 de abril de 2016: “El paramilitarismo sigue vivo”: http://www.cinep.org.co/Home2/component/k2/item/227-el-paramilitarismo-sigue-vivo.html
  10. Datos que ya fueron analizados y presentados en pasados artículos por Palabras al Margen, en especial por Regis Bar (edición 78 en marzo de 2016; edición 53 en marzo de 2015) y por mí misma (edición 62, Julio de 2015), entre otros.