Andrés Felipe López

* Andrés Felipe López

Arquitecto de la Universidad Nacional de Colombia. Realizó un Máster en Urbanismo, Ordenamiento y Transportes en la Universidad Paris-Est. Actualmente se encuentra adelantando estudios doctorales en Geografía y Ordenamiento en la Universidad Toulouse II sobre la propuesta territorial y organizativa de las Zonas de Reserva Campesina

El espacio político abierto por las negociaciones en La Habana y el Acuerdo de paz entre Gobierno y FARC debería ser aprovechado de cara a lo que viene. Lo que viene en lo inmediato es (esperamos) la apertura oficial de negociaciones directas entre el ELN y el Gobierno Nacional, la defensa de los acuerdos de La Habana en el Congreso a través del movimiento ciudadano “Voces de Paz ” y, más aún, lo que siempre hemos denominado implementación de los Acuerdos, que no significa otra cosa que la puesta en práctica de esa apertura política en las diferentes regiones.

Hablaré más de este tercer punto porque de alguna manera su desarrollo puede afectar los dos primeros. Es decir, la denominada “Apertura democrática para construir la paz” pasa de ser un título dentro de uno de los componentes del Acuerdo a una realidad palpable. Las denuncias sobre la continuidad de asesinatos y amenazas a líderes sociales de la Marcha Patriótica –e igualmente de otras organizaciones defensoras de derechos humanos y activistas ambientales–, el poco avance en la construcción de infraestructuras para las Zonas Veredales Transitorias y la misma denuncia de alimentos en descomposición1, muestran que no se ha dimensionado plenamente el aterrizaje de los Acuerdos.

Prefiero entenderlo en este momento como un no dimensionamiento y no como una actitud alevosa de parte del establecimiento colombiano hacia lo que podríamos llamar oposición política. Sea esta armada, en proceso de desarme o reconocida dentro del espacio político público. Y esto lo digo no por querer darle concesiones a un establecimiento que no escatimará esfuerzos en disminuir todas las expresiones que quieran discutir su modelo de “desarrollo”, sino porque dentro de ese mismo cuerpo se han podido reconocer sectores que ven en la concretización real de una “paz territorial” una oportunidad para implementar aún con mayor fuerza el modelo económico. Es decir, no entiendo este proceso como una intención diáfana de querer reconocer derechos políticos, distribuir la tierra, establecer tribunales transicionales de justicia para todos los bandos, sino como una estrategia que, por la coyuntura política actual, entienden les puede ser beneficiosa.

Necesario plantear una estrategia propia

Identificar esto creo que es necesario para pasar a un segundo momento, el de plantear claramente y sin ambivalencias una estrategia propia para este nuevo tiempo que empieza a abrirse: la implementación y la transición. Porque la implementación no se limita solamente al tiempo que corre en este momento hasta el día D+180 de dejación de armas (DA), sino que va mucho más allá. Es decir, el momento actual nos ha ido mostrando que la realidad sobre el terreno es bastante delicada en lo referente a garantías para los excombatientes y las comunidades que han permanecido históricamente en estas regiones de confrontación. Pero el período que sigue posterior a esa DA, el que se abrirá a partir del día D+181, se anuncia clave para lo que viene en el largo plazo. Esto es, ¿cómo se crean las condiciones para “preparar la institucionalidad y al país para la Reincorporación de las FARC-EP a la vida civil”2 en regiones dónde existen autoridades y estructuras armadas denominadas en el mismo acuerdo como “sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo»?

Estamos viendo que así como existen sectores de lo que hemos llamado establecimiento que le están apostando a la concretización de la llamada “Paz territorial”3, existen otros que se han volcado claramente en un afán de boicotear el proceso de reincorporación y de implementación que hasta ahora empieza. Comenzando por grandes medios de comunicación que se indignan cuando aparece un video en que aparecen bailando miembros del componente internacional del Mecanismo de Monitoreo y Verificación (MM&V) de la ONU con guerrilleros de las FARC.

Acá es donde creo necesario definir una estrategia propia para el momento actual. Inicialmente para garantizar que efectivamente se creen las condiciones para garantizar la vida e integridad de personas y organizaciones que están en una apuesta política clara y a la espera de que la contraparte les cumpla. Segundo, entender que el cumplimiento y la implementación del Acuerdo final es en sí un programa no sólo para terminar definitivamente las hostilidades entre dos bandos que se enfrentaron por más de cincuenta años, sino para abrir un espacio democrático con una serie de condiciones que hasta ahora no han existido.

El camino hacia la transición es aún largo…

Reconocer esto me parece fundamental para entender la propuesta de “un gobierno de transición” del que varios sectores del país venían hablando y que fue mencionada por “Timoleón Jiménez” (Rodrigo Londoño), máximo Comandante de las FARC el día de la firma del Nuevo Acuerdo en Bogotá. La apertura de este espacio democrático, lo vemos con claridad hoy, no será decretada con la firma de los Acuerdos y tampoco es algo que dependa solamente de las “buenas” intenciones del Estado central. Es una posibilidad que debe ser defendida por el grueso de las organizaciones sociales y políticas que entienden que es fundamental que ésta se dé.

¿Cómo se defiende esta apertura? Por un lado con movilización social, que es el espacio histórico de conquista de derechos; pero también y fijando el horizonte hacia lo que viene: la creación de un nuevo espacio político en medio de la implementación y las elecciones del 2018. Es claro que la implementación de dos de los puntos clave en las zonas prioritarias, Reforma Rural Integral y solución al problema de drogas ilícitas tardarán mínimo 10 y hasta 15 o 20 años4; la victoria en el 2018 de un sector del establecimiento contrario a los Acuerdos a poco más de un año de la implementación de estos en los territorios sería bastante grave para garantizar su continuidad. Podría significar una reversa total en las medidas tomadas, un nuevo recrudecimiento de la persecución y bloqueo a esas nuevas fuerzas políticas que estarían apenas dando sus primeros pasos.

Creo que este momento pasa por identificar qué sectores están dispuestos a trabajar en pro de construir una transición democrática y a partir de la elaboración de un programa que tenga como base fundamental el Acuerdo de La Habana y los posibles avances de negociación con otras fuerzas armadas de oposición, apostar por este gobierno de transición que fije como base primera una verdadera apertura democrática. Apertura de la cuál su primer paso es que se “proscriba la utilización de las armas en el ejercicio de la política”, aunque se vea pequeño, un primer paso hacia una futura transición política.

Nota: Ricardo Perea fue un profesor de una zona rural en Colombia que murió hace tres semanas exiliado en Hamburgo. El reconocimiento de garantías para las víctimas del conflicto debe ser integral para todas ellas, incluidos los exiliados y las garantías plenas para su retorno. ¡Buen viaje Ricardo!

  1. Nota de NC Noticias en una de las Zonas Campamentarias de las FARC-EP https://www.youtube.com/watch?v=XAEYVNl1k3Y&index=5&list=PLw5jxLJMHoB1tbiiNx86SNOIke_86XXas
  2. Pág. 57. Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera 12.11.2016 punto 3.1.2 Objetivo.
  3. Término empleado por los negociadores del gobierno en La Habana. Diferente de los iniciales TERREPAZ o territorios de paz propuestos por las FARC durante la negociación.
  4. Entrevista a César Jerez, Vocero Nacional de ANZORC http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/01-2017-sustitucion-de-cultivos-de-coca-podria-tomar-10-anos-jerez