Laura Gabriela Gutiérrez

* Laura Gabriela Gutiérrez

Abogada, especialista en Derecho Administrativo y candidata a Magíster en Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia. Es investigadora del área de Justicia Transicional del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad – Dejusticia, en donde se ha especializado en el estudio del desarrollo rural, el proceso de restitución de tierras, tensiones entre políticas de desarrollo y políticas de reparación, y judicialización de las políticas públicas

En una columna anterior, la penúltima de esta serie sobre las modificaciones al Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las Farc, mencionaba los eventuales riesgos de la creación de una comisión de expertos en asuntos de tierras que formule recomendaciones de reformas normativas y de política pública, por el impacto que estas podrían tener en la Ley 1448 de 2011 (Restitución de Tierras) y en la Ley 160 de 1994 (Regulación Agraria). Habiendo evacuado el tema de restitución, me concentraré en esta última columna en los riesgos de la reforma a la Ley 160.

La pregunta fundamental en este asunto es si vale la pena reformar la regulación agraria vigente en Colombia, frente a lo cual no hay una respuesta unívoca y depende del actor al que se le pregunte. En primer lugar, las partes (Gobierno y Farc) no han sido suficientemente explícitas en este asunto. En el primer Acuerdo no había una intención expresa de reforma, así que es posible intuir que las partes no lo consideraron necesario, porque en cambio sí han tomado varias de las medidas de la ley agraria para garantizar la consecución de lo que el Acuerdo llama la “Reforma Rural Integral – RRI”.

En segundo lugar, la derecha que intervino en el Nuevo Acuerdo, no tuvo suficiente ventaja para hacer explícita la reforma a la ley, pero logró dejar abierta la posibilidad de hacer reformas con base en las propuestas de la comisión de expertos que deben ser “(…) discutida[s] entre los sectores interesados para lograr los consensos más amplios posibles(…)”.

En tercer lugar, nos encontramos los nostálgicos de la “verdadera reforma rural” que rechazamos la mayoría de intentos de modificación a la Ley 160, en parte por nostalgia, pero principalmente porque es el único piso jurídico que nos ha permitido proteger algunos vestigios de los derechos del campesinado y su acceso a la tierra, aunque en voz baja reconocemos que el modelo sobre el cual está basada es el de un mercado de tierras activo para desincentivar la acumulación y la proliferación de tierras incultas, más que un verdadero proceso de redistribución.

En cuarto lugar, están quienes tradicionalmente han querido derogar la Ley mientras afirman que es obsoleta por promover modelos de producción de pequeña escala que son ineficientes, cuando esconden que, como lo señalé en una columna sobre Zidres, necesitan romper las limitaciones existentes para acumular Unidades Agrícolas Familiares.

Y finalmente, se encuentran algunos sectores progresistas que son partidarios de una armonización de las ventajas de un modelo de agroindustria con la protección de la economía campesina, dependiendo de una determinación seria de las necesidades de producción de ciertas zonas del país.

Esta discusión sobre la modificación del actual modelo de desarrollo rural se dio durante la aprobación de la Ley de Zidres en el Congreso de la República. Quienes promovieron esta iniciativa hicieron una presentación maniquea de los bajos resultados de la Ley 160 en la consecución de sus propios objetivos, principalmente el de dotación de tierras, y concluyeron que había que descartarla como modelo de regulación y adjudicación de la propiedad rural. Entre tanto, los detractores de las Zidres desvirtuaron estas afirmaciones a través de estudios serios que daban cuenta de que el problema de la ley agraria no es el modelo sino su falta de ejecución y la corrupción del Incoder en la adjudicación de las tierras1

Bajo este panorama se llega a una conclusión obvia: todo depende de la ejecución de lo acordado. Quedamos en manos de lo que concluya la comisión de expertos y esto depende en gran medida de quiénes sean las personas que la conformen y de lo que se entienda por el “consenso más amplio posible”. El problema fundamental allí es si la Ley 160 de 1994 continúa siendo el piso desde el cual se consigan otra serie de reformas para garantizar los derechos del campesinado dentro y fuera de lo pactado en el Punto 1, o si esta norma va a quedar por fuera de la discusión y nuestro nuevo piso vuelve a ser lo establecido en los Artículos 64 y 65 de la Constitución Política y lo que se derive de la interpretación del Nuevo Acuerdo. Esto a la vez depende en gran medida de las fuerzas políticas que haya para ejecutarlo y no de quienes se sentaron a conversar, sabiendo que en materia agraria siempre han triunfado las fuerzas más retardatarias, por encima de los “campesinistas” y el campesinado más radical, y obviamente, por encima de los progresistas bien intencionados.

  1. Ver al respecto: Gacetas de discusión en Cámara de Representantes y Senado de la Ley de Zidres.