A diferencia de otros procesos de paz que resultaron fallidos, el llevado a cabo en La Habana entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP pudo ser finalmente acordado por diversos factores; por parte de un sector importante y mayoritario de la dirigencia tradicional: la voluntad genuina de terminar el conflicto armado, el reconocimiento de la necesidad de brindar garantías de participación política legal a la insurgencia y el respaldo institucional de las Fuerzas Armadas. Todo ello supeditado a la convicción económica sobre la rentabilidad y las ventajas de tener un país sin confrontación armada, que permita un incremento de la inversión -principalmente extranjera- para el desarrollo de megaproyectos agroindustriales, minero-energéticos y de infraestructura, entre otros.

Ello no quita el carácter de inmensa victoria para los sectores populares el hecho de haber forzado al establecimiento a la solución política del conflicto armado. Sin embargo, aún no existe una convicción ética de las dirigencias tradicionales de poner fin a las causas que dieron lugar al alzamiento armado y, al contrario, pretenden agudizarlas, como lo demuestran las leyes y proyectos de ley sumamente regresivos proferidos actualmente y en el pasado inmediato, como la ley de ZIDRES y la reforma tributaria.

A la postre, la derrota sufrida el 2 de octubre en el plebiscito no solo fue un triunfo de la extrema derecha, sino terminó también favoreciendo en últimas a sectores de la dirigencia que están con la solución política pero que pretenden imponer un modelo de paz neoliberal.

En ese contexto se ha dado inicio a la implementación del Acuerdo de Paz, nuevo campo de disputa que será tan o más complicado, que los diálogos mismos. Una vez lograda la suscripción del Acuerdo, los esfuerzos deberán centrarse en obligar a respetar el espíritu de lo acordado, exigiendo lealtad en los trámites legislativos pertinentes. El Acuerdo contiene herramientas que posibilitan transformaciones estructurales de la institucionalidad hacia un país más justo, por lo que el establecimiento continuará en su empeño de minimizar o anular tales avances democráticos.

De ahí el papel crucial que la sociedad civil y los procesos populares debemos jugar en la exigencia del cumplimiento y defensa de lo acordado. A partir del tránsito de la insurgencia a la actividad política legal y la consecuente dejación de armas, la correlación de fuerzas se traslada exclusivamente al campo de la movilización social, en todas sus manifestaciones. Creatividad, juventud, nuevas formas de comunicar, serán vitales en este proceso.

Así mismo, la incursión en el escenario político del partido que surja como consecuencia del tránsito de las FARC EP a la legalidad, cuyo congreso fundacional está previsto para finales de mayo, generará una coyuntura sin precedentes que, si logran capitalizar adecuadamente, comunicando sus propuestas amplias, democráticas e incluyentes, en sintonía con el sentir y el lenguaje de las grandes mayorías, los llevará a consolidarse como un factor real de poder en el mediano plazo, en beneficio de los sectores populares y progresistas del país. Para ello es requisito sine qua non la correcta implementación del Acuerdo de La Habana y la consolidación de un movimiento político amplio que lo defienda.

De ahí que sea prioridad contar con un Gobierno en el 2018 que garantice la continuidad del Acuerdo mediante su implementación, así como las condiciones para que se pueda llevar a feliz término el proceso de diálogo con el ELN. Sin embargo, al menos por ahora, es claro que ni el partido político que surja de las FARC EP, ni ninguna otra expresión de las izquierdas, ni todas juntas, tenemos la fuerza necesaria para llegar a ser Poder institucional en 2018. El peor escenario posible, pero aun real y palpable, es el regreso al ejercicio de gobierno de la extrema derecha y los detractores del proceso de paz y la solución política, bien con el uribismo o bien con Vargas Lleras. En muchas regiones la situación es crítica y las amenazas y asesinatos de líderes sociales vienen incrementándose: generar la derrota definitiva de la extrema derecha y el desmantelamiento del paramilitarismo, a través del cumplimiento del Acuerdo de Paz, sigue siendo prioritario en la agenda política nacional.

De esta manera, coincidimos en lo expresado por las FARC, en el sentido de la urgencia de “abrir el diálogo con todas las fuerzas políticas del país y personalidades democráticas en busca de un entendimiento para un gobierno de transición1. Tal diálogo será sumamente complejo y el entendimiento difícil de alcanzar, pero debemos llegar a este.

Pese a ello, luego del revés sufrido en el plebiscito hubo un fortalecimiento en términos cuantitativos y cualitativos de los sectores sociales que estuvieron con el SÍ. Las enormes movilizaciones en las calles, las masivas asambleas ciudadanas que surgieron de forma espontánea y el debate que necesariamente se generó en círculos familiares, laborales, estudiantiles y demás, es un valor agregado al de por sí gran capital político y humano que efectivamente votó en esa oportunidad. Lo sostuvimos anteriormente, el mismo resultado electoral, pese a la derrota, con los 6.371.911 votos a favor, supuso un avance en la posibilidad de construir un nuevo país: democrático, amplio, incluyente y pluralista, con aquellas personas, y las que se sumaron posteriormente, ansiosas de participar de esa construcción.

Por otra parte, tuvieron también lugar una serie de hechos preocupantes que refuerzan la necesidad de garantizar una adecuada implementación de lo acordado: la revuelta militar que se generó en los días y horas previas a la suscripción del nuevo Acuerdo en el teatro Colón, con sus exigencias de incluir una serie de “fe de erratas” para continuar con su respaldo al proceso, muestra que en absoluto éste se haya consolidado por completo2.

En el mismo sentido, la grave situación de amenazas y asesinatos en contra de líderes sociales demuestra la vigencia del paramilitarismo y la consecuente urgencia manifiesta de implementar lo acordado para su desmantelamiento. Preocupante también, los casos recientes de actuaciones ligadas a la criminalidad por parte de elementos descompuestos que hicieron parte de la insurgencia -denunciados por las FARC mismas3– y que deben ser neutralizados con urgencia: cuanto más tiempo tarde la implementación, mayores riesgos se correrán.

La experiencia internacional demuestra que la etapa más compleja y peligrosa de un proceso de paz es su implementación. Es allí donde se pueden ver frustrados, por otras varias generaciones, los justos anhelos, reclamos y expectativas sociales de vivir en un país que cambie hacia mejor. De allí entonces la necesidad de asegurar la conformación de un Gobierno de Transición que permita consolidar el Acuerdo para la Terminación del Conflicto Armado; para a partir de allí, construir las condiciones que materialicen el desarrollo de una Paz Estable y Duradera; hacia un país incluyente, democrático y pluralista. Formidable reto el que nos espera.

  1. http://www.farc-ep.co/comunicado/declaracion-politica-pleno-del-estado-mayor-central-de-las-farc-ep.html
  2. Exigencias de los militares por demás, que pueden terminar por perjudicarlos en forma grave así mismos, por la injustificable asimetría en el tratamiento que pretenden recibir los actores ubicados en la jerarquía de la cadena de mando, dando pie a la intervención de la Corte Penal Internacional, quien mostró su preocupación al respecto recientemente.
  3. http://www.farc-ep.co/comunicado/comunicado-a-la-opinion-publica-las-farc-ep-se-solidarizan-con-familia-de-la-senora-emilsen-manyoma.htm