Andrea del Pilar Naranjo

* Andrea del Pilar Naranjo

Investigadora independiente y abogada de la Universidad La Gran Colombia. Con especialización en Derecho Constitucional Universidad de Nuestra Señora del Rosario, Colombia. Maestría en Relaciones Internacionales Iberoamericanas y Doctora en Relaciones Internacionales Iberoamericanas. Universidad Rey Juan Carlos, Madrid-España. Principales líneas investigativas: derechos humanos, políticas públicas e integración regional. Publica en varios portales de internet, entre los que se incluyen el portal de columnas de análisis político e internacional y política exterior The Blue Passport, la revista Chilena Nuevo Ciclo, el Blog de opinión Condistintos acentos editado por el instituto de Iberoamérica de la Universidad de Salamanca y en los portales Colombianos de opinión Razón Pública y la Revista Perspectiva del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga y en su blog personal elpendulocritico.bolgspot.com

Envejecer es como escalar una gran montaña; mientras se sube las fuerzas disminuyen, pero la mirada es más libre, la vista más amplia y serena

Ingmar Bergman

Una de las consecuencias naturales y previsibles del desarrollo médico y la inversión sanitaria es el incremento de la expectativa de vida, fenómeno que demanda no solamente un nuevo marco normativo sino acciones directas y efectivas que permitan el gozo y disfrute de ese período existencial para la población que, de acuerdo con estimaciones de la Organización Mundial de la Salud, “pasará de 900 millones hasta 2000 millones entre 2015 y 2050, lo que representa un aumento del 12% al 22%1.

En este escenario se promulga la Convención Interamericana sobre los Derechos de las Personas Mayores, un documento vinculante que pretende reunir las normas existentes dispersas sobre la garantía de derechos de esta población vulnerable y fortalecer los sistemas de supervisión y veeduría sobre los avances de los Estados en la conservación, el bienestar y la inclusión de la tercera edad.

A continuación se hará una breve descripción de dicho instrumento surgido en el seno de la Organización de Estados Americanos, apelando a los antecedentes y su estructura general, para formular posteriormente un exhorto al gobierno colombiano que aún no ratifica el Acuerdo.

Algo de historia

El documento nace como parte del mandato derivado de la Segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento, celebrada en el año 2002 en Madrid2, que promulga el plan de acción y la declaración política sobre envejecimiento, primer documento que reconoce la necesidad de establecer sociedades que respeten todas las edades y se concentra en tres ámbitos: la relación entre la tercera edad y el desarrollo, el fomento de la salud, el bienestar y la creación de entornos productivos y favorables para la vejez. Como una forma de “reorientar la manera en que sus sociedades perciben a los ciudadanos de edad, se relacionan con ellos y los atienden3.

En esta oportunidad, además, se establecen las bases para la creación de un cuerpo especializado en la Organización de Naciones Unidas, que verá la luz en el año 2010: el grupo de Composición Abierta sobre Envejecimiento4, para establecer la situación del reconocimiento de los derechos de las personas mayores y los modos de fortalecer dichos marcos de protección internacional5.

Por su parte, en la región Americana se promulgará la “Carta de San José sobre los derechos de las personas mayores de América Latina y el Caribe”, durante la Tercera Conferencia Regional Intergubernamental sobre Envejecimiento, celebrada en mayo de 2012, que además de reafirmar los compromisos de protección y construcción de entornos favorables, establece los principios que guiarán la Convención en los temas de seguridad social, salud y servicios sociales6.

La Convención a grandes rasgos

Como parte de dichos trabajos de seguimiento y discusión, y de la presión de varias organizaciones no gubernamentales y sociedades científicas encargadas del cuidado gerontológico, se promulga la Convención Interamericana sobre los Derechos de las Personas Mayores, el primer instrumento vinculante específicamente dedicado a esa población.

El documento se erige sobre dos ejes fundamentales:

1. La responsabilidad intergeneracional: es decir el deber de reconocimiento de la debida protección de las personas mayores por parte de la normativa y la institucionalidad del Estado.

2. La solidaridad: como el necesario reconocimiento social del valor intrínseco de la ancianidad, con acciones de inclusión, respeto, cuidado y acompañamiento.

Con esta perspectiva integra un catálogo de derechos básicos para el goce y el disfrute de este período de la vida, que pueden clasificarse en cuatro bloques, con el matiz de incluir además exhortos de modificación normativa e institucional a los Estados así:

a. Derechos a la vida integridad y seguridad personal: junto con los consabidos derechos a la vida y dignidad, se establece la necesidad de atención integral (prevención atención, rehabilitación y paliativos), mediando consentimiento informado, asistencia social y psiquiátrica.

Instando a la creación de sistemas eficientes de cuidado a largo plazo, con personal especializado y un marco regulatorio y de supervisión efectivo7.

También se establece la necesidad de conformar medidas progresivas para la garantía de la seguridad social en pensiones, la supresión de las barreras laborales y la creación y regulación del empleo para dicha población.

b. Derechos de igualdad: prevé los mecanismos de elección democrática, la participación en la toma de decisiones en todos los niveles de gobierno nacional y territorial, el acceso a la justicia y al debido proceso8.

c. Derechos de libertad: erigidos sobre el concepto de vida independiente y autónoma del anciano, incluyen la obligación para facilitar el acceso a entornos físicos de transporte e infraestructura.

Contemplando un trato diferenciado y favorable para los reclusos migrantes y las mujeres mayores9.

d. Derechos económicos, sociales y culturales: contiene las garantías de adquisición y conservación de la propiedad y el acceso a servicios públicos de agua y saneamiento10. Previendo la inclusión de los mayores a todo el ciclo educativo, así como a los esquemas de capacitación y recreación, la vida cultural, el desarrollo de su potencial artístico y la protección de su propiedad intelectual y la facilitación de los accesos a la información y las nuevas tecnologías, minimizando “la brecha digital, generacional y geográfica (…)11.

Finalmente, el documento establece un mecanismo de verificación y protección, en dos momentos: En primer lugar, con el seguimiento tanto del Comité de Expertos como de la Conferencia de Estados partes; y en segundo término, con la admisión de denuncias y peticiones individuales en la Comisión interamericana, con posibilidad de presentación del caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, previa aceptación de competencia12.

Colombia y los derechos de sus ancianos

En Colombia existe una gran cantidad de planes, normas y garantías legales de protección de la ancianidad, emanadas del reconocimiento del carácter fundamental de los derechos de los mayores como sujetos de especial protección13 y derivadas de los mandatos de protección y promoción de asistencia a las personas de tercera edad, consagrados en el artículo 46 constitucional, los lineamientos de la política nacional de envejecimiento y vejez contenidos en el documento del Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES) 2793 de 1995 y, finalmente, las bases de la política nacional de envejecimiento y vejez 2007-201914.

Sin embargo, la desprotección con dicha población sigue siendo cada vez más alarmante. Así, por ejemplo, en el tema de seguridad alimentaria 3.899 adultos mayores murieron por desnutrición durante los años 2012 al 2015, superando casi tres veces la cifra de infantes en ese período15.

Lo que a su vez contrasta con la condición de pobreza derivada de recursos propios que en dicha población es de más del 40%16 y los bajísimos niveles de cobertura en seguridad social en salud y pensión en un esquema laboral caracterizado por la informalidad17.

A modo de Conclusión

Por tanto, es fundamental que el Estado reconozca los derechos derivados de la edad y construya una política social integral, transversal y generacional efectiva, lo que a su vez incluye asumir internacionalmente una responsabilidad cierta con la ratificación no solo de la Convención Interamericana sobre los Derechos de las Personas Mayores18, sino de instrumentos como el Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social y el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PF-PIDESC).

Además exige una aplicación y ejecución de esquemas eficientes y efectivos de cuidado y respeto hacia la ancianidad bajo la promoción del “reconocimiento de la experiencia, la sabiduría la productividad y la contribución al desarrollo que la persona mayor brinda a la sociedad en su conjunto19.

  1. Organización Mundial de Salud, datos Septiembre de 2015, disponible en http://www.who.int/es/
  2. Segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento Madrid, España, 8 a 12 de abril de 2002: Plan de acción internacional sobre envejecimiento.
  3. Kofi A. Annan, Declaración Segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento Madrid, España, 8 a 12 de abril de 2002: Plan de acción internacional sobre envejecimiento.
  4. Asamblea General de Naciones Unidas, Resolución 65/182 el 21 de diciembre de 2010.
  5. Véase además Asamblea General de Naciones Unidas, “Hacia un instrumento jurídico internacional amplio e integral para promover y proteger los derechos y la dignidad de las personas de edad” A/RES/67/139.
  6. Conferencia regional intergubernamental sobre envejecimiento en América Latina y el Caribe, Carta De San José sobre los Derechos de las Personas Mayores de América Latina y el Caribe, San José de Costa Rica, del 8 al 11 de mayo de 2012. Disponible en http://fiapam.org.
  7. Organización de Estados Americanos, “Convención Interamericana sobre los Derechos de las Personas Mayores”. Washington, D.C., Estados Unidos (15 de junio de 2015). Art 12. Disponible en http://www.oas.org/.
  8. Organización de Estados Americanos “Convención Interamericana…” Art 30.
  9. Organización de Estados Americanos “Convención Interamericana…”Art 26.
  10. Organización de Estados Americanos “Convención Interamericana…” Art. 23.
  11. Organización de Estados Americanos “Convención Interamericana…” Art 20 Lit. d.
  12. Organización de Estados Americanos “Convención Interamericana…” Art. 36.
  13. Véase concepto en sentencia Corte Constitucional T- 463 de 2003 M.P. Eduardo Montealegre Lynett. Reiterada en Sentencia C- 177 de 2016, Magistrado Ponente: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
  14. Disponible en https://www.minsalud.gov.co.
  15. Datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (Dane), recuperados del portal eltiempo.com, 5 de noviembre de 2016.
  16. Véase Elisa Dulcey-Ruiz y otros, “Estudio envejecimiento y vejez en Colombia”, Ministerio de Protección social, (Agosto de 2013), disponible en https://www.minsalud.gov.co.
  17. De acuerdo al informe Envejecer en Colombia, entre un 22% y un 25% de los adultos mayores de 60 a 65 años reciben una pensión en Colombia, de las cuales el 75% no superan un salario mínimo, véase Envejecer en Colombia, Pablo Rodríguez Jiménez ed. (Colombia, Universidad Externado de Colombia, 2015).
  18. Instrumento que a la fecha solamente ha sido ratificado por dos Estados: Uruguay y Costa Rica.
  19. “Convención Interamericana…” At 33. Lit e.