Diego Barragán

* Diego Barragán

Doctor en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, Magister en Sociología de la Universidad Nacional de Colombia y Contador Público de la Universidad de Ibagué. Se desempeña en tres campos temáticos: sociología de la educación, organizaciones y relaciones del trabajo y sociología histórica. En docencia, ha trabajando en pregrado y en postgrado, en la actualidad es catedrático en dos universidades de Bogotá. En investigación se desempeña como investigador y como evaluador, en universidades, en instituciones y en redes de investigación nacionales e internacionales

Hace años, en una conferencia en la Universidad del Valle, un profesor canadiense sostenía una hipótesis interesante: el nivel de desarrollo desigual entre Canadá y Colombia se debía a las contribuciones de los ciudadanos a través de sus impuestos. El profesor sostenía que un ciudadano canadiense contribuía con cerca del 35% de sus ingresos anuales por medio de impuestos, principalmente de renta, que eran retribuidos por el Estado a través de seguridad, salud, educación, empleo, infraestructura y, en especial, el bienestar de todos los ciudadanos. Los impuestos eran pagados directamente por las personas, pues consideraban que los recursos entregados al gobierno serían administrados adecuadamente para mantener, en el mediano y en el largo plazo, una aceptable calidad de vida para los ciudadanos.

La tesis del profesor canadiense suscitó una discusión intensa en las personas que estaban presentes. En aquella época, impuestos indirectos como el impuesto al valor agregado – IVA, el impuesto a los combustibles, gasolina y ACPM, o impuestos al consumo, los pagaban los ciudadanos cada vez que utilizaban el transporte público, compraban comida, pagaban los servicios públicos o hacían actividades para subsistir. Los impuestos indirectos son mecanismos que tienen las administraciones públicas para recaudar tributos. A diferencia de los canadienses que tienen ingresos que les permiten, a la mayoría de la población, satisfacer las necesidades básicas y contar con la protección del Estado, los colombianos, en su mayoría, somos pobres, tenemos necesidades insatisfechas (por ejemplo, una ciudad importante como Santa Marta no cuenta con servicio de acueducto para gran parte de la población) y el Estado, generalmente, no cumple con sus funciones básicas. En una sociedad pobre, cobrar impuestos directos a las personas es inadecuado pues están tratando de conseguir dinero para comer, para mantener a su familia, para ir al médico, para poder estudiar, para tener un lugar donde vivir y, además, deben estar atentos a que saliendo o llegando a su casa no los roben. Por ello, se establecieron los impuestos indirectos.

En la reforma tributaria de 2013 se determinó que los ciudadanos que ganaran cerca a 2 millones de pesos pagaran impuesto de renta, un impuesto directo. No solo esta reforma, pues las anteriores han enfatizado en reducir o suprimir los impuestos que pagan los inversionistas extranjeros, compañías locales y algunos agentes de sectores estratégicos de la economía, es decir ciertas personas, y obligar a la mayoría de los ciudadanos a pagar impuestos directos, como el de renta, quienes con unos salarios o ingresos bajos, luchan por subsistir. En los debates en el Congreso se dieron muchas razones, pero lo cierto es que al lado de los gastos cotidianos como salud, pensión, educación, comida, vestido, seguridad privada, transporte, los créditos de la casa y el carro (a 15 o 20 años), la tarjeta de crédito y otros, los colombianos debíamos pagar el impuesto de renta sin tener la capacidad económica para ello.

En la última reforma tributaria el protagonista fue el IVA, un impuesto indirecto que se paga en Colombia desde la década del sesenta. A diferencia del impuesto de renta que pagan los ciudadanos sobre sus ingresos, el IVA lo pagan los ciudadanos sobre sus consumos, que pueden ser bienes o servicios. El sustento del IVA es que al consumir ciertos bienes o disfrutar de servicios, se generan costos sociales que el Estado debe asumir. La mejor ilustración es el alcohol, las bebidas azucaradas, la comida chatarra o el tabaco: los ciudadanos que consumen estas mercancías van a enfermar y el gobierno debe entrar a sobrellevar y a responder por las enfermedades de estas personas.

La implementación de la reforma comenzó en febrero de 2017. En ella, se destacó el aumento de la tarifa y del número de bienes y servicios a los que se aplica el IVA. Los impuestos indirectos, como el IVA, son regresivos por no tratar a todos los ciudadanos por igual; no diferencian las condiciones de vida o la capacidad económica de las personas, paga igual un indigente a un congresista, un desempleado a un gerente de una empresa multinacional, una madre cabeza de familia que gana el mínimo a un presidente de un grupo empresarial. Por la capacidad económica, la proporción de pago afecta a las personas pobres y recae sobre los bienes de primera necesidad (Subgerencia Cultural del Banco de la República, 2015).

Hablando de dinero, el gobierno colombiano afirmó que con la reforma tributaria va a recibir 92 billones de pesos, entre 2017 y 2022, la mayoría será recaudado por IVA, 4×1000, impuesto al consumo y combustibles (Suárez, enero 17 de 2017). El sustento de la reforma es sencillo, ¿qué produce Colombia? Exporta petróleo, biocombustibles, algo de minería, un poco de agricultura; pero lo importante que produce Colombia son personas. En los últimos 45 años la población de Colombia creció de forma alarmante: en 1970 era de 22 millones, en 1980 era de 27,5 millones, en 1990 era de 34,2 millones, en 2010 era de 45 millones y en 2015 era de 48 millones (Population Pyramids, 2017). En 45 años la población creció en 218 %, pasó de 22 a 48 millones de habitantes, la mayoría, desde luego, pobres. Son personas que no pueden contribuir con el impuesto de renta, no tienen los ingresos, o mejor, es imposible que puedan pagarlo, y con impuestos indirectos como el IVA, cada vez que van a la tienda de la esquina a comprar lo del almuerzo deben pagarlo.

Es obvio que los colombianos pagamos la mayor parte de nuestros ingresos en impuestos directos e indirectos. De una forma superficial, sumando el impuesto de renta que oscila en 34% de los ingresos, el IVA que corresponde, salvo casos diferenciales, al 19%, el impuesto a los combustibles, el impuesto al consumo, el 4×1000, el predial, la valorización, el impuesto de vehículos, etc. Podemos decir que un ciudadano colombiano promedio puede estar pagando en impuestos cercar al 50% de sus ingresos en un año. Y, regresando a la inquietud del profesor canadiense, si contribuimos los colombianos con más del 50% de nuestros ingresos ¿por qué seguimos siendo un país pobre y desigual?, ¿por qué el bienestar, las condiciones y la calidad de vida de los ciudadanos, día tras día, están peor? Los impuestos en Colombia son difíciles de entender. Lo que podemos hacer es pagar sin entender qué sucede y cómo nos afecta.

Bibliografía

Subgerencia Cultural del Banco de la República, Impuestos, (Bogotá, Banco de la República, 2015). Recuperado de: http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/economia/impuestos)

Aurelio Suárez, (Enero 17 de 2017), Impuestos indirectos, bajos salarios y champaña en Wall Street. El tiempo. Disponible en: http://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/impuestos-indirectos-bajos-salarios-y-champana-en-wall-street-aurelio-suarez-montoya-columnista-el-tiempo/16788728.

Population Pyramids, (2017). Colombia. (consultado en Febrero 6 de 2017) https://populationpyramid.net/es/colombia/1970/)