Juliana Robles

* Juliana Robles

Socióloga de la Universidad Nacional de Colombia. Actualmente es estudiante de la maestría en Estudios Culturales de la Universidad de los Andes, donde también se desempeña como asistente graduada del departamento de Lenguas y Cultura. Sus intereses de investigación en este momento son en teoría política contemporánea, especialmente en estudios feministas y de género y nuevas materialidades. Ha trabajado también en historia de la medicina y determinantes sociales de la salud. Es integrante del grupo de investigación en Teoría Política Contemporánea -TEOPOCO-.

La noción de feminicidio, que gracias a un esfuerzo fundamental de movimientos sociales y activistas del derecho ha llegado a discutirse en Colombia, sigue debatiéndose. No es extraño encontrar posiciones que la tildan de “exagerada” o de injusta, al sugerir una distinción entre un homicidio y un feminicidio: “no son hombres ni mujeres, sino humanos”. Estos comentarios hacen necesario reafirmar la importancia de analizar la existencia de este tipo penal desde una perspectiva crítica.

Marcela Lagarde, antropóloga feminista mexicana, ha definido de esta manera el feminicidio: “es un conjunto de delitos de lesa humanidad que contienen los crímenes, los secuestros y las desapariciones de niñas y mujeres en un cuadro de colapso institucional. Se trata de una fractura del Estado de derecho que favorece la impunidad” (2005, p. 21). Para la teórica feminista y ex legisladora mexicana, el feminicidio es un crimen de Estado. Es decir, el término feminicidio tiene una incidencia política y no solo penal: el señalamiento de un culpable no es suficiente, sino que las instituciones y el Estado, que han mantenido impune estas violencias, también son responsables del crímen. Cuando hay una impunidad y un subregistro tan alto, hay una complicidad en aceptar una realidad distópica donde las mujeres pueden ser asesinadas por ser mujeres. Parafraseando a Judith Butler, cuando la violencia se reconoce de manera vaga o se niega, se olvida o se refuta. Es decir, si no señalamos de manera clara las condiciones específicas de esta violencia y los cuerpos sobre los que se está ejerciendo, fácilmente la olvidamos, como se ha hecho históricamente.

En esta línea, una de las impulsoras de la ley de feminicidio en Colombia, la abogada Isabel Agatón afirma de manera muy certera: “lo que no se nombra no existe”. Si no se nombra el feminicidio, hay en cambio un homicidio violento sobre una víctima que coincidencialmente era de sexo femenino… y pare de contar. Hasta ahí llega la investigación y hasta ahí se habla del crímen, se niegan las condiciones y los contextos sobre los que sucedió el hecho y se justifica con la coincidencia. Al nombrar un crimen como feminicidio se están poniendo en discusión los contextos en los que el crimen aconteció, se profundiza sobre la situación de la víctima y sobre todo se comienza a mostrar la sistematicidad de este hecho. No es la única mujer que mataron por el hecho de ser leída como mujer.

En Colombia, después del asesinato, tortura y violación de Rosa Elvira Cely en 2014, en Bogotá, el empuje del movimiento feminista y otras activistas permitió la consolidación en la Ley 1765, la Ley Rosa Elvira Cely. En esta ley se reconoce el tipo penal del feminicidio con el propósito de juzgar con una pena diferenciada estos crímenes. Esta ley busca castigar y “prevenir” los actos de violencia en contra de las mujeres. La relevancia de este tipo penal y su nombramiento está en el reconocimiento de las condiciones materiales diferenciadas de los cuerpos inteligidos como mujeres en el espacio de la casa o la calle y la impunidad de Estado respecto a estos hechos. Profundizaré acá sobre dos puntos para defender la noción de feminicidio: la necesidad de hacer circular la existencia de esta violencia y la increíble incidencia de este tipo de crímenes.

En primer lugar, el hecho de que exista el feminicidio no implica que las vidas de las mujeres valgan más que las vidas de los hombres. El propósito de esta nomeclatura es visibilizar un tipo de violencia específica contra unos cuerpos específicos: el asesinato y la violencia contra las mujeres se caracteriza por tener una relación profunda con las relaciones familiares o sexuales de las víctimas o con su identidad sexual, a las mujeres las asesinan por cumplir de manera “erronea” su papel de mujer y los victimarios son casi siempre personas conocidas o cercanas. Las condiciones en las que asesinan violentamente a los cuerpos inteligidos como hombres son distintas. Además, esta violencia sobre estos cuerpos es una violencia política y sistemática. El cuerpo-otro de las mujeres es significado en el marco y en el contexto de una sociedad patriarcal como un cuerpo disponible, controlable y vulnerable. Un feminicidio no es un hecho aislado, es la presentación máxima del ejercicio de poder patriarcal contra un cuerpo.

En segundo lugar, tan solo las cifras nos señalan qué implica ser mujer en Colombia. Entre 2014 y la primera mitad del 2015, según Medicina Legal, hubo 1.351 casos de feminicidio y solo en la segunda mitad del 2015, asesinaron a 256 mujeres. De esas 256, 200 fueron asesinadas por sus parejas. A las mujeres nos matan en nuestras casas, y antes de la Ley Rosa Elvira Cely no había ningún registro de esto. Anteriormente, las muertes de mujeres se registraban como muerte violenta y cualquier descripción del hecho era mucho pedir. Es justo en este punto donde considero que hay un avance en la constitución penal del delito. Este no se constituye exclusivamente por el crímen, el hecho violento señalable y cuantificable, sino que se constituye a partir de un contexto y unas condiciones específicas. Decir feminicidio no es hablar al azar de UN crímen más; antes bien, es agregarlo a una cadena de crímenes que han sido vistos por encima y que tienen una sistematicidad. Le agrego a esto la importancia de que esta ley tenga sus raíces en reivindicaciones desde abajo, desde los movimientos sociales y desde las mismas mujeres. No es un reclamo institucional, el derecho en esta situación se convierte en un mecanismo de supervivencia.

Hasta aquí, he señalado la importancia y la necesidad de este concepto dentro del sistema penal. Sin embargo, considero que es necesario mantener una doble posición al respecto. El reclamo del feminicidio sigue siendo clave para el señalamiento de una violencia generalizada contra los cuerpos inteligidos como mujeres, es un reclamo político claro y útil que además abre la posibilidad de acciones afirmativas desde el derecho; pero es necesario mantener una perspectiva crítica respecto a este tipo de políticas de la representación. Aparece la pregunta: ¿el reconocimiento legal debería ser el fin de nuestra lucha política?

No. El problema del reconocimiento legal, aunque es simbólicamente importante, supone una intensificación en las formas de normalización. Feminicidio se reconoce en el sentido común como muerte de las mujeres, las mujeres dentro de la norma. Los asesinatos de cuerpos-otros, enmarcados en una violencia sistemática patriarcal que no necesariamente son reconocidos como mujeres, pueden quedar impunes. Aunque la Corte Constitucional afirma que cualquier asesinato en contextos de discriminación por condición sexual se trata con el tipo penal de feminicidio; dentro de comunidades como la trans, no es de común acuerdo la utilización del término. ¿Por qué? Porque utilizar el término feminicidio invisibiliza el carácter específico del contexto en el que se asesina a una trans e invisibiliza la lucha trans. Mejor dicho ¿qué sucede con los lugares irrepresentables dentro de la dicotomía hombre-mujer?

Lo que demuestran estas preguntas es la necesidad de profundizar críticamente sobre la norma. Que la ley reconozca el tipo penal del feminicidio no es suficiente. Hay una estructura estatal-judicial que avala los crímenes contra cuerpos-otros, cuerpos disponibles y vidas que en el régimen ciudadano no necesariamente valen la pena. Así como el reconocimiento del feminicidio es un gran hito para el movimiento de mujeres y feministas, la lucha también debe mantenerse por fuera y en contra de los marcos de lo legítimo-estatal.

No podemos desenmarcar al feminicidio de un sistema jurídico occidental y normalista, que en su impulso universalizante (incluir todo dentro de la norma) termina dejando de lado aquello que no cabe. Es un esquema sencillo en el que no cabe la complejidad de la dominación y la violencia: el victimario asesina a la víctima (que siempre es mujer). Toda la violencia por fuera de la norma, que también puede ser estructural y patriarcal, no queda representadas y queda exlcuida.

El derecho y la norma entonces tienden a excluir todo lo que está por fuera de él y el sistema penal acusatorio se limita al esquema de la criminalización puntual de un hecho. Esto se puede ver claramente en las formas de representar en los medios los asesinatos de mujeres. Más que pensar en el contexto histórico-social sistematizado de este tipo de crímenes, se concentran en el caso específico de una víctima y un victimario. La indignación mediática por el asesinato, violación y tortura de Yuliana Samboní no era para menos, pero esta indignación estaba dirigida exclusivamente al hecho puntual de Yuliana (horrible y tenebroso) y no, también, a las condiciones estructurales que lo permitieron (también horribles y tenebrosas). La disposición patriarcal de una niña-indígena-pobre no parece una condición reprochable en los medios, más indignante se mostraba que el agresor fuera de una clase alta y universitaria, pues no es normal (no está dentro de la norma) que la violencia la provoque un hombre blanco y burgués. Es más normal (dentro de la norma) e incluso menos doloroso cuando una persona de clase popular y racializada comete un crimen. La norma no está escindida de su lugar de producción, este es un lugar institucional, blanco y masculino. Es decir, los esfuerzos por entrar dentro de la lógica jurídica a veces son insuficientes cuando la norma sigue considerando “normal” el hecho de ser criminal y racializado negro y “anormal” que el lugar de dominación y violencia esté encarnado en el cuerpo de un hombre universitario, blanco y con recursos.

No dudo entonces de la utilidad de la norma como forma de des-invisibilización de una violencia sistemática y politica en contra de los cuerpos de las mujeres. Sin embargo pongo en cuestión su eficacia en prevenir crímenes tan cotidianos sobre cuerpos-otros y disponibles (cuerpos que no solo incluyen los de las mujeres). Más cárcel para los feminicidios no hará que la violencia patriarcal, colonial y racista desaparezca. Por eso reafirmo mi doble posición de apoyo a la estrategia política del reconocimiento legal (feminicidio) y de crítica a la exigencia de un reconocimiento universal, pues este puede llevar a nuevas formas de jerarquía sobre el reconocimiento legítimo de una violencia.

Referencias

Lagarde, M. (2005). El feminicidio, delito contra la humanidad. Feminicidio, justicia y derecho.