De la mano de Dios al imperio de la Ley: El proyecto de la “paz territorial” en tiempos de agroindustria y neoextractivismo

on Martes, 14 Junio 2016. Posted in Artículos, Bronx , Paz territorial, Edición 83, Postextractivismo, Extractivismo, Edgar Ricardo Naranjo, Paro agrario, Paro nacional, Nacional, Desarrollo rural

83 Ricardo

La paz territorial se construye desde lo local, desde lo comunitario. Su alcance debe delimitar, frenar e imposibilitar el avance de la violencia institucional, gamonal, paramilitar y empresarial, combatiendo el neoextractivismo, redefiniendo la “paz territorial” desde la puesta en marcha de los territorios de paz.

 
Edgardo Ricardo Naranjo 
Fuente de la imagen: https://elmundo.com

Siéntese en un sillón, recuéstese en su cama, relájese y aprecie el espectáculo, el show mediático de la realidad que día tras día se nos presenta en las noticias, en esa prensa nacional tan ávida de información instantánea. Escuche, sí, escuche la grandilocuencia de los(as) presentadores(as), de los(as) analistas invitados(as), de los(as) reporteros(as). Quédese perplejo ante el drama que se presenta en la pantalla, admire los libretos y disfrute las imágenes de acción cercanas a la ciencia ficción.

Concéntrese y fije su mirada en los encabezados de noticias tan objetivas en los tiempos de defensa de la gestión del gobierno de Peñalosa, la recuperación de la imagen de la policía y la búsqueda incesante de la paz por parte del gobierno nacional. En los dos primeros casos, documéntese y tenga a su alcance toda la información que lo lleve a reflexionar acerca de por qué el lugar conocido como el Bronx no fue intervenido en el gobierno de Petro y sí en el de Peñalosa. Aprecie con emotividad el despliegue de fuerza policial y militar organizado para combatir el delito del microtráfico, llevar la institucionalidad y desplazar a los habitantes de calle. En cuanto al tema recurrente de la paz, escuche con atención los discursos cargados de voluntad política del gobierno nacional, si le genera risa, ríase hasta que su estómago le duela, porque de tanto discurso democrático liberal para construir paz, estamos llorando a nuestros compañeros asesinados por el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) y estamos esperando la ratificación de nuevas concesiones mineras en el marco del “posconflicto”.

Al dejar de lado esta popular presentación mediatizada de la realidad nacional, quisiera que focalizáramos nuestra atención en dos aspectos: en primer lugar, se hace necesario problematizar la coyuntura del Bronx la cual no puede llegar a leerse como un gran golpe al crimen organizado y, en segundo lugar, debemos prestarle mayor atención a las manifestaciones de los campesinos, afrodescendientes e indígenas, las cuales reflejan el estadio actual de las múltiples violencias institucionales.

En este sentido, nos estamos enfrentando ante el reforzamiento de la política del despojo territorial, cuyo objeto ha pretendido y pretenderá limpiar y despejar espacios urbanos o rurales para hacerlos productivos. En el caso del Bronx se habla de demolición para que en este lugar se construya una estación del metro o un imponente edificio gubernamental, mientras que en las áreas rurales la promoción del proyecto de la “paz territorial” intenta crear un marco legal para materializar la presencia institucional en las regiones e incentivar un modelo de desarrollo económico.

De este modo, la propuesta gubernamental conocida como la “paz territorial” al reforzar la visión de la territorialidad institucional, desconoce la historicidad territorial local, cuya comprensión va más allá del restablecimiento de los derechos individuales y la aplicación de la justicia en un determinado lugar. Una vez más la invención gubernamental del territorio niega la apropiación comunitaria de la población sobre el espacio que habita, reconoce-significa y en el marco del sutil argumento que determina el conflicto armado como el suceso más problemático de la historia del país, invisibiliza el sin número de violencias institucionales producidas-promovidas en el marco de la implementación de programas de desarrollo económico. Cabría preguntarse entonces, ¿los territorios se conciben para la paz o para el capital financiero?

Anteriormente, en los albores del siglo XX, muchos territorios fueron catalogados como salvajes y la presencia institucional se vio representada en la Iglesia Católica, ya que los funcionarios del naciente Estado colombiano no podrían administrar la justica en lugares en los cuales la mano de Dios y de la razón no había tocado las conciencias de las mujeres y los hombres (Serje, 2005). De repente esta condición comenzó a cambiar y los tan mencionados “territorios salvajes” se convirtieron en los espacios indicados para focalizar las nuevas políticas de desarrollo agrícola, allí debía llegar el Estado con sus instituciones, de allí debían salir los misioneros religiosos (Naranjo, 2015).

Esta situación no se diferencia en nada de aquella propuesta gubernamental de la “paz territorial”, en donde en el nombre de la presencia institucional, el reconocimiento de los derechos individuales y la aplicación de la justicia, los territorios “olvidados” serán reconocidos y acobijados por el imperio de la Ley. En el documento oficial firmado por Sergio Jaramillo, Alto Comisionado para la paz (2015), podemos encontrar un entramado de palabras que van y vienen para enarbolar la bandera de la aplicación de la justicia en los diferentes territorios. Aquí la tesis principal comienza con el reconocimiento del conflicto armado como factor responsable de la baja institucionalidad, elemento que debe corregirse con la firma de la paz. Bajo este supuesto, para buscar la paz territorial se deben fortalecer las instituciones, garantizar los derechos constitucionales, incentivar las políticas de desarrollo rural, incrementar la participación política y “hacer justicia en el territorio de la manera más amplia posible” (Jaramillo, 2015).

Como en todo documento oficial, tan lleno de buenas intenciones, los vacíos que se pueden encontrar son suficientes para evidenciar la debilidad de un simple y rutinario discurso gubernamental. De acuerdo a esto, me gustaría concentrarme en el punto nodal que determina la argumentación de la tan anhelada “paz territorial”: la aplicación de la justicia en los territorios. Si revisamos la historicidad de las regiones en Colombia, se puede apreciar una constante en la que la aplicación de la justicia ha tenido varias transiciones, desde el poder local hacendatario y electoral, hasta el poder paramilitar y económico agroindustrial-minero energético.

En función de esta dinámica, ¿cómo propagar esta idea idílica de la justica en los territorios en donde se siguen concentrando este tipo de poderes? Ahora bien, en el marco de la discusión sobre la política de restitución de tierras, ¿cuál es la población que tiene prioridad de atención en el marco de la restitución?, ¿quiénes son legítimamente reconocidos por el Estado colombiano o por los caciques regionales y los actores armados que hoy en día siguen haciendo presencia en las regiones?

Si bien hace unos pocos meses se dio viabilidad para la restitución de tierras en todo el país, la prevalencia de grupos anti restitución, liderados por figuras públicas como el procurador Alejandro Ordóñez, y el expresidente de Fedegán, José Félix Lafaurie, amenazan el proceso de restitución en los territorios afectados por el impacto del conflicto armado (Molano, 2016). En este mismo sentido y con la promulgación de la ley de Zonas de Interés de Desarrollo Rural Económico y Social (ZIDRES), el arrendamiento de los baldíos y su paulatina acumulación, legitima el proceso de promoción de un modelo económico agroindustrial que imposibilita la asignación equitativa de los predios a los campesinos, indígenas y afrodescendientes víctimas del conflicto armado (Medina, 2015).

En este sentido, podríamos preguntarnos si este es el modelo de desarrollo rural que propone la mencionada “paz territorial”, cuyo objeto no se podrá desligar de un modelo económico que en sus últimas fases ha dependido de la concentración y extracción de los recursos del subsuelo. La progresiva evolución del sistema económico ha focalizado su atención en la demanda de materias primas, factor central que posibilitó el auge de una política extractivista creciente en América Latina entre el fin del siglo XX y el comienzo del siglo XXI. En esta medida, el aumento de las exportaciones mineras ha asegurado el incremento porcentual del ingreso de cualquier Estado, aspecto que lleva a definir el extractivismo como un modo de producción masivo centrado en la exportación, el cual necesita constituir enclaves trasnacionales en lugares alejados a partir de un respaldo legal y financiero, que le permita implementar nuevos conocimientos, tecnologías e infraestructura. Con base en esto y al tener en cuenta que este modo de producción se encuentra enfocado en una visión cortoplacista, las cifras reflejan un crecimiento económico inmediato, pero la degradación ambiental a mediano y largo plazo pone en riesgo a las poblaciones que al ser desplazadas de sus tierras y territorios son incluidas en este modelo de reconfiguración territorial, sustentado en el acaparamiento de la tierra y la explotación de nuevos recursos naturales (Gobel y Ulloa, 2014).

Volviendo a la “paz territorial” y su perspectiva de justicia, la coyuntura de la propuesta no parece distanciarse de una serie de recursos legales como el Decreto 4633 que reconoce la victimización del territorio. La promulgación de normas y la materialización de programas y políticas públicas en este tema transversal, queda incompleta, corta y profundamente vacía ante la consolidación de políticas económicas de alcance global. Por este motivo, las soluciones no pueden recaer plenamente en la legitimidad institucional, aspecto que permanentemente han revisado las comunidades, quienes han construido a la par del agudizamiento del conflicto armado, sendas estrategias de protección y salvaguarda territorial para constituir territorios de paz, como el caso de la María Piendamo en el departamento del Cauca. En esta medida la paz territorial se construye desde lo local, desde lo comunitario. Su alcance debe delimitar, frenar e imposibilitar el avance de la violencia institucional, gamonal, paramilitar y empresarial, combatiendo el neoextractivismo, redefiniendo la “paz territorial” desde la puesta en marcha de los territorios de paz.

Referencias

Serje, Margarita (2005). El revés de la Nación. Territorios Salvajes, fronteras y tierras de nadie, Universidad de los Andes; CESO: Bogotá D.C.

Naranjo, Edgar Ricardo (2015), “El cerro Inarwa: Despojo Territorial vs Reclamación Autonómica Arhuaca”. Tesis de Maestría con mención honorifica, CIESAS SURESTE: México.

Jaramillo, Sergio (2015). Paz Territorial, Oficina del Alto comisionado para la paz. Presidencia de la Reublica: Colombia. Disponible en: http://equipopazgobierno.presidencia.gov.co/prensa/declaraciones/Paginas/paz-territorial-sergio-jaramillo-alto-comisionado-paz-proceso-paz.aspx

Gobel, Barbara y Ulloa Astrid (2014) “Colombia y el extractivismo en América Latina”, en: Extractivismo minero en Colombia y América Latina, Ibero-Amerikanisches Institut; Universidad Nacional de Colombia: Bogotá.

Molano, Alfredo (2016). El nuevo mapa de la restitución de tierras, El Espectador: Colombia. Disponible en : http://www.elespectador.com/noticias/politica/el-nuevo-mapa-de-restitucion-de-tierras-articulo-630320

Medina, Alejandra. (2016). Así quedó la ley de Zidres, el Espectador: Colombia. Disponible en: http://www.elespectador.com/noticias/politica/asi-quedo-ley-de-zidres-articulo-606601

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