Restitución de tierras e igualdad en el campo: horizonte común en el fin del conflicto

on Jueves, 14 Julio 2016. Posted in Artículos, Andrés Mauricio Guzmán , Edición 85, Restitución de tierras , Posconflicto, Acuerdos de la Habana, Nacional, Desarrollo rural

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Una de las cuestiones medulares del pacto social en Colombia es la tierra, el conflicto armado ha estado asociado a la desigualdad, la concentración de la propiedad, el daño ambiental y la exclusión histórica de las comunidades en la configuración política y económica de los territorios.

 
Andrés Mauricio Guzmán
Docente investigador de la Facultad de Derecho de la Universidad Libre
Fuente de la imagen: https://www.elmundo.com

Probablemente lo acordado en La Habana el pasado 23 de junio entre el Gobierno Nacional y las Farc, puede ser considerado como uno de los acontecimientos más importantes de la historia reciente del país. Pareciera que, después de tantos años de degradación, triunfa la vía civilizada frente a la idea del aniquilamiento como vehículo para resolver las diferencias políticas. Sin embargo aún estamos lejos de la sociedad donde brotan ríos de miel, los retos son enormes de cara a convertir la paz en un instrumento de democracia y justicia que evite de forma definitiva la vuelta a la violencia. Una de las cuestiones medulares del pacto social en Colombia es la tierra, el conflicto armado ha estado asociado a la desigualdad, la concentración de la propiedad, el daño ambiental y la exclusión histórica de las comunidades en la configuración política y económica de los territorios. Por eso el futuro de la paz depende de la superación de estas problemáticas, garantizando a la vez el mayor nivel de reparación integral a las víctimas despojadas de sus tierras por causa del conflicto armado.

Restitución de tierras y justicia social en el campo comparten entonces un horizonte común que las hace interdependientes, esto se expresa claramente en la normatividad internacional. Así por ejemplo, de los denominados “Principios Phineiro” es posible inferir que la primera en últimas debe aportar al logro de una paz sostenible, que promueva el desarrollo social y económico, y en esa medida permita la integración de estas reflexiones en un marco bajo el cual se promueva la reconciliación. En ese sentido, Naciones Unidas ha reconocido la importancia de la restitución en la consecución de soluciones duraderas que permitan a las víctimas superar la pobreza y la dependencia como consecuencia de los hechos victimizantes. Mientras que, por otra parte, instrumentos como las directrices voluntarias sobre la gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, suscritas por Naciones Unidas, cuyo objetivo principal es el logro de la seguridad alimentaria, prescriben a los Estados una serie de medidas que guardan relación directa con la restitución de tierras en sociedades donde persiste el conflicto.

La convergencia e interdependencia entre restitución y justicia social en el campo se expresa también en los acuerdos de La Habana. Si se estudia el capítulo sobre la cuestión agraria allí no solo se reafirman los objetivos de una restitución de tierras efectiva y sostenible, sino que se promueve democratizar el acceso a la tierra a partir de varias iniciativas tales como i) la actualización del catastro de tierras, ii) el fortalecimiento de la financiación de la política rural iii) la configuración de una auténtica jurisdicción agraria iv) el apoyo a las economías campesinas y v) la adopción del enfoque territorial y de género. La puesta en marcha de estos objetivos implica medidas de “doble propósito”1 como por ejemplo lograr que efectivamente los bienes arrebatados a las mafias o a los grupos armados ilegales, fortalezcan el fondo de tierras y financien restitución y política social, o aprovechar el diseño y la capacidad institucional de la restitución de tierras para conformar una jurisdicción agraria especializada que en un futuro ayude a resolver estos conflictos, aplicando un marco jurídico diseñado en favor de los campesinos, por poner tan solo un par de ejemplos.

Por el lado del movimiento social, se identifican iniciativas que van en la vía de esta necesaria convergencia, tales como el reconocimiento del campesino como sujeto político y las exigencias de democratización y participación en la configuración de las estructuras sociales agrarias, aspecto que ha sido abordado por Naciones Unidas a través de su estudio sobre la promoción de los derechos de los campesinos y de otras personas que trabajan en las zonas rurales. Esta perspectiva que se materializa en una propuesta de reforma a la Constitución, busca superar la estrecha concepción del campesino como “trabajador agrario” que trae el artículo 64 de la Constitución actual, bajo el cual en la práctica se le margina de las decisiones importantes, relegando los destinos del campo a los intereses de las economías transnacionales y de las clases poderosas2.

Sin embargo, y en contravía de las tendencias integradoras que hemos descrito suscintamente, en el contexto actual también es posible apreciar concepciones que descalifican la restitución de tierra o pretenden darle un alcance limitado que impida la transformación de la estructura social agraria. Esto se puede evidenciar en la postura que defienden abiertamente el dirigente gremial José Félix Lafaurie y la senadora María Fernanda Cabal, apoyados por el hoy Procurador General Alejandro Ordoñez, quienes han llegado a plantear que la restitución de tierras es una forma encubierta de darle beneficios a la subversión o que las víctimas que interponen solicitudes de restitución son unos oportunistas. Estas afirmaciones se dan en un contexto en el que se adelantan procesos de restitución en zonas donde ha habido un evidente predominio paramilitar, en las que hoy en día algunas de las personas, que guardaron relación con estos grupos o que se beneficiaron del despojo o del abandono, se oponen a decisiones judiciales que los obligan a devolver la tierra.

En un sentido similar, por ejemplo, el senador Antonio Guerra de la Espriella ha propuesto una reforma a la Ley 1448 de 2011, con la finalidad de disminuir algunos estándares establecidos por esta norma en favor de las víctimas, y en su lugar relegar de la carga de la prueba de despojo o abandono de predios a los terceros que se encuentren en los predios objeto de restitución y exonerarlos de la demostración de la buena fe exenta de culpa, requisito que actualmente contempla esta norma, para que proceda la compensación. La propuesta busca reforzar una visión limitada de la restitución de tierras, ya que en buena medida intenta blindar los predios en poder de terceros que posiblemente se beneficiaron de la situación de violencia, haciendo más difícil la labor de demostrar que accedieron a estos legítimamente3. Afortunadamente, la Corte Constitucional en un fallo de constitucionalidad por estos días, y desde una aproximación integradora, de forma contraria a lo que se ha planteado en este proyecto de ley, ha sostenido que las exigencias procesales y probatorias que exige la ley de víctimas deben ser mantenidas como regla general y que solo frente a poseedores vulnerables sin relación con hechos victimizantes es posible adoptar tratos diferenciados para que puedan acceder a medidas de atención o lograr la compensación y de esta forma favorecer la reconciliación al interior de los territorios y reactivar la economía campesina4.

El camino hacia la superación del conflicto armado es complicado, la reflexión sobre la cuestión rural debe continuar el curso de la proximidad e integración, dando cabida a las posiciones heterogéneas que dentro de esta se formulen. Aquí tan solo se han dado pistas de ese horizonte común, que a su vez deja en evidencia los riesgos de posturas minimalistas que descalifican o escinden restitución y justicia social, como se acaba de mostrar, y que ponen en riesgo el logro de una paz sostenible. El momento actual nos exige insistir en un consenso frente a este tema que evite por todos los medios el regreso a la violencia.

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1Cfr. Elster, J. (2012). Tierra, justicia y paz. En M. Bergsmo, C. Rodríguez & P. Kalmanovitz, (Eds.). Distributive Justice in Transitions. (pág. 15-24). Oslo: Torkel Opsahl Publisher, International Peace Research Institute.

2Castilla, A. (2016). Exposición de motivos del proyecto de acto legislativo “Por medio del cual se reconoce al campesinado como sujeto de derechos, se reconoce el derecho a la tierra y a la territorialidad campesina y se adoptan disposiciones sobre la consulta popular”. Bogotá: Congreso de la República.

3Guerra, A. (2015) Exposición de motivos del proyecto de ley número 148 de 2015 “Por medio de la cual se modifican los Artículos 78º, 88º, 89º y se adiciona un Parágrafo al Artículo 91º de la ley 1448 de 2011”.

4Aun no hay sentencia disponible. Al respecto: Revista Semana, “Blindaje a campesinos pobres que deben devolver tierras a desplazados”, Bogotá, 26 de junio de 2016. http://www.semana.com/nacion/articulo/restitucion-corte-protege-a-campesinos-pobres-que-poseen-tierras-de-desplazados/479488

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