“Un delincuente de barrio ante la justicia” C.U.I: 0000-000-0000-00, N.I.:000.000*

on Miércoles, 29 Marzo 2017. Posted in Artículos, Edición 102, Antonio José Pinzón, Derecho penal, Cultura colombiana, Nacional

102 Antonio

No hay alternativa a la privación de la libertad en la prisión. Miyer pasa a ser uno más, uno de los casi 120.000 internos intramurales de Colombia, otro delincuente que entra a llenar esos contenedores de seres humanos infestados de indignidad que se supone serían remediados, en alguna medida, por la nueva ley.

 

Antonio José Pinzón
Fuente de la imagen: http://www.uninorte.edu.co/

“Las políticas dominantes no miran ni apelan a los buenos sentimientos. No apuntan, tampoco, a la conciencia del que se ha equivocado, tratando de persuadirlo, tratando de que advierta su falta y la remedie, o se convenza de la necesidad de abandonar el camino criminal en el que ha ingresado. Tales políticas no miran a la comunidad y su relación con el que ha delinquido. No tratan de reparar puentes rotos, sino impedir que vuelva a cruzarlos. (…) No están interesadas en la reparación, sino en la venganza; su insumo no es la generosidad sino el miedo”

Roberto Gargarella

Dos hombres y dos mujeres mayores, de entre 55 y 65 años esperan en los bancos de la sala de audiencias. A la llegada de la Juez, todos se ponen de pie, y se anuncia a los carceleros que traigan al recluso de las celdas del sótano: es el día de la sentencia de Miyer.

Esposado, con la cabeza baja y angustia en sus ojos, un joven de 20 ó 21 años entra en la sala a la espera de su destino. Desde el día de su captura, ya lleva algunos meses en La Picota, y la incertidumbre y desesperanza parecen tenerle al límite. Se sienta en medio de su defensor, uno público por supuesto, y la fiscal. Se trata de una mujer joven, refinada y con un buen uso del lenguaje y de las rígidas formas del derecho que hoy le asignarán un nuevo estatus a su vida: el de delincuente.

De acuerdo con el relato de los hechos, en septiembre del año pasado, Miyer, junto con su hermana y otro amigo fueron capturados en una casa en Kennedy durante una redada de la policía donde les encontraron en posesión de una cantidad de bolsas de marihuana distribuidas en sus ropas y en varias caletas de la casa que excedían la dosis permitida para el consumo personal según una ley que escuchamos todos los días en anuncios. La casa donde admitieron haber almacenado y distribuido marihuana era una de las tantas “ollas” que se encuentran en la ciudad de Bogotá, que aparecen y desaparecen tan pronto como se despliegan los operativos policiales, y la demanda de vicio y las necesidades de los vendedores van desarrollándose.

Tan pronto como se les retuvo, se les presentó ante un juez, donde se les ofreció un descuento en la pena si aceptaban su responsabilidad, en una transacción donde ellos ponían su libertad e inocencia, y la administración de justicia ganaba algo de eficiencia. Este era entonces el día en que se impondría la condena.

Pero no todo estaba perdido. Su familia, esas cuatro personas que posiblemente se presentaban por primera vez ante la excelencia de la justicia, parecían tener la esperanza de que con el anuncio del “nuevo Código Penitenciario”1, el cual, según se dijo en noticias, sería en parte una solución a la crisis y a la sobrepoblación carcelaria, la juez podría tener en cuenta el hecho de que Miyer contaba con arraigo –un lugar permanente de residencia-, que se había desempeñado como trabajador de la construcción y tenía recomendaciones de antiguos patrones, o de que su padre había sufrido recientemente un derrame cerebral para establecer una pena distinta de la prisión. Ni Miyer, ni su familia, querían que él retornara a ese lugar. Su abogado defensor tal vez sabía lo inútil de su esfuerzo al recoger documentos que verificaban la información mencionada en una carpeta con buena presentación, pero allí reposaba su única esperanza, y tal vez valdría la pena. Tal vez esta juez tomaría una decisión distinta.

En un primer momento se anuncia el sentido del fallo: condenatorio. Miyer pasa a ser, por el momento, uno más de la población delincuente del país; un narcotraficante de barrio; una persona que no es de fiar y que posiblemente no logrará retornar a los cauces normales de la vida social y económica; un ser humano doblemente marginado. Ahora, la imposición de la pena. Con un mínimo de 64 meses de prisión, se establece la sanción en ese punto. ¿Y el descuento prometido tras la captura? Será de hasta un 12,5% de la pena, por disposición de la Ley de Seguridad Ciudadana2, en este caso, hasta 8 meses, por lo que la pena queda en 56 meses de prisión. Más de 1900 días y noches, más de cuatro años y medio encerrado en condiciones infrahumanas: esa es la condena por haber roto el pacto. ¿Y qué tal si no tuvo otra opción? ¿Qué tal si no hubo más ofertas para seguir trabajando en la construcción? ¿Qué tal si los deseos de tener niveles de consumo como los que se nos imponen a diario a través de los medios sólo podían ser satisfechos para este joven involucrándose en este negocio? ¿Tuvo oportunidad de ir a la universidad, o de “tener éxito” a través de medios socialmente aceptados? Eso no parece ser algo que le incumba a la administración de justicia de una sociedad que clama venganza contra los pocos que selecciona como criminales (ya sea porque caen en un operativo, por estar en el lugar y en la hora equivocados, por no contar con buena defensa, o porque el juez se levantó de malas pulgas).

Así se cierra el círculo y las esperanzas. La posibilidad de “una domiciliaria” o “una suspensión” ya están descartadas hace más de tres años para delincuentes que como Miyer fueron tan desconsiderados al cometer el delito por el que algún congresista o gobernante negoció que “tienen que pagar cárcel”3. No hay alternativa a la privación de la libertad en la prisión. Miyer pasa a ser uno más, uno de los casi 120.000 internos intramurales de Colombia4, otro delincuente que entra a llenar esos contenedores de seres humanos infestados de indignidad que se supone serían remediados, en alguna medida, por la nueva ley.

Tras 20 ó 30 minutos de fórmulas jurídicas que con el paso del tiempo serán el tema diario de conversación -“cuánto me falta para las 72 horas, para la domiciliaria, cuánto he descontado…”, suelen preguntarse los internos todo el tiempo-, se cierra la audiencia. El guardián toma a Miyer y lo lleva de nuevo al calabozo.

A las 5 de la tarde arranca el camión de regreso a su nuevo hogar. Ni siquiera logra despedirse de los espectadores, quienes parecen quedarse atónitos sin comprender o asimilar lo que acaba de ocurrir.

***

*C.U.I. “Código Único de Investigación” y N.I. “Número de Interno” son series de números con los que se identifican a los procesos penales y las personas involucrados en ellos. Con estas series se suele identificar los casos de las personas que caen en las redes del sistema penal, dando cuenta de la deshumanización tras convertirse en un expediente más en un sistema de información.

1Acá se hace referencia a la Ley 1709 de 2014, que entre otros aspectos pretendió flexibilizar los requisitos para que las personas accedan a la prisión domiciliaria o la libertad condicional, paradójicamente, excluyendo de esta posibilidad a los autores de algunos de los delitos que más se encuentran (sobre) representados en la población privada de la libertad en Colombia.

2La ley 1453 de 2011, “ley de seguridad ciudadana”, en su artículo 357 redujo a una cuarta parte los descuentos de pena que podrían obtener las personas por colaborar con la justicia en las distintas etapas procesales cuando sean capturadas en flagrancia, es decir, cometiendo el delito.

3En efecto la Ley 1709 de 2014 incorpora una amplísima lista de delitos frente a la cual sin tener ninguna relación clara entre sí se imposibilita la posibilidad de que las personas sancionadas por ellos puedan acceder a una medida alternativa a la prisión.

4Según el INPEC, en Colombia hay una población reclusa de 118.925 personas intramurales a enero de 2017, con un hacinamiento del 51,7%.

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