Un nuevo Acuerdo y unos nuevos desacuerdos: Enfoque de género

on Martes, 15 Noviembre 2016. Posted in Artículos, Edición 93, Laura Gabriela Gutiérrez , Plebiscito, Estudios de género, Violencia contra la mujer, Nacional, Desarrollo rural, Proceso de paz

93 Gabriela

El enfoque de género y sus pertinentes reflexiones sobre la construcción de identidades es una herramienta que permite ahondar no solamente en la dimensión pública de los sujetos y su interacción con las instituciones, sino en las circunstancias del ámbito privado que tienen un fuerte impacto en la manera y nivel de relacionamiento con dichas instituciones, y en consecuencia, el mayor o menor impacto de las políticas públicas en la transformación de realidades desventajosas para ciertos grupos poblacionales.

 
 
Laura Gabriela Gutiérrez
Fuente de la imagen: http://www.elcolombiano.com/

El Nuevo Acuerdo al que llegaron el Gobierno Nacional y las Farc en días recientes es la oportunidad perfecta para quienes votamos por el Sí en el plebiscito de volver con más fuerza a intervenir en las discusiones sobre el ‘Gran Pacto’ que, se espera, nos permita transitar del conflicto armado a la reconstrucción del país a través de la discusión por las vías de la democracia. Conocer concretamente cuáles fueron las modificaciones en el texto es la ventaja que nos han devuelto y nuestra posibilidad de alistarnos para una implementación participativa y crítica de dicho acuerdo.

Con esta orientación, he hecho una lectura detenida de las modificaciones o aclaraciones introducidas al primer punto titulado Hacia un nuevo campo colombiano: Reforma Rural Integral, producto de la cual he identificado cuatro puntos que resultan ser, cuanto menos, controversiales por omitir fallas de información y desigualdades históricas de ciertos grupos poblacionales o por incorporar principios y orientaciones de políticas de desarrollo rural que han generado fuertes debates por su choque con el principio constitucional de acceso progresivo a la tierra para los trabajadores agrarios. En concreto, dichos puntos versan sobre: i. La eliminación de la categoría “género” del nuevo texto; ii. La incorporación de la perspectiva asociativa contenida en la Ley 1776 de 2016, más conocida como Ley de Zidres; iii. La regularización de los derechos adquiridos de buena fe; y iv. La creación de una comisión de expertos que se espera haga una serie de recomendaciones para hacer reformas normativas sobre la seguridad de derechos de propiedad en Colombia.

Dada la extensión de cada uno de los puntos, estos serán tratados individualmente en una serie de columnas que serán publicadas en los siguientes días. Por lo tanto, esta primera entrega estará concentrada en el abordaje de los riesgos que se corren con la eliminación de la expresión “género” en el texto sobre el punto agrario.

Desde una lectura ligera, la supresión de la palabra “género” en el Punto Uno no resulta ser demasiado problemática si se tiene en cuenta que se mantienen una serie de frases que reconocen la necesidad de orientar la implementación hacia un acceso igualitario de mujeres y hombres a los beneficios del Acuerdo y las políticas que de este se deriven. No obstante, una orientación en este sentido omite la necesidad y nubla la posibilidad de que institucionalmente se aborden discusiones de cómo la construcción identitaria de las mujeres rurales es la que ha impuesto una serie de obstáculos en relación con su acceso a la tierra, al mercado laboral, al crédito y a la tecnología.

La categoría de mujeres rurales no se nutre ni se encuentra contenida en la ‘natural’ distinción entre sexos, pues un examen así de simple eliminaría la necesidad de construir ese concepto complejo que explica que las mujeres en el campo tienen un rol social, económico y familiar construido e impuesto que las obliga a hacerse cargo de las labores del hogar, el cuidado de familiares, la reproducción, el bienestar de los hombres trabajadores agrarios y el pancoger, entre otros. Luego, un análisis sobre el impacto del sexo en el acceso a oportunidades, desligado del género y de las diversas formas de construir identidades, orienta la construcción de las políticas públicas partiendo de imaginarios incontrovertibles sobre el rol de las mujeres en la ruralidad, esto es, reafirmando un solo estereotipo o una única forma de ser mujer en el contexto rural y dificulta la transformación de los rígidos roles ya imperantes, que permita que las mujeres sean libradas de las cargas atribuidas, puesto que son estas últimas las que realmente mantienen el rezago en el acceso a derechos con respecto a los hombres.

Ya se sabe mucho de qué es ser mujer rural y sin embargo poco se sabe de cómo se llega a serlo. Los datos institucionales y no institucionales no dan cuenta con claridad de cuál es la correlación y cuál es la dirección de la misma si se estudia, por ejemplo, la relación entre las labores de reproducción de las mujeres rurales y la posibilidad de acceder a títulos sobre la tierra; entre las labores de cuidado y la productividad en la parcela o entre la jefatura familiar femenina y el acceso a crédito para inversión en la productividad de la parcela. Descifrar estos y muchos otros asuntos, a través del enfoque de género, es absolutamente necesario si lo que se busca es una política efectiva de acceso igualitario a oportunidades. De lo contrario, quienes implementarán las políticas que se deriven del Acuerdo en esta materia, se enfrentarán a situaciones aparentemente paradójicas como las que revela el más reciente Censo Nacional Agropecuario que aun cuando las mujeres y hombres rurales entre 5 y 16 años tienen un acceso equitativo a la educación, siendo que las primeras reportan un acceso del 80.3% y los segundos reportan un 79.1%, y que entre 17 y 24 años tienen porcentajes de asistencia a la educación de 27% y 25.6% respectivamente, esto no ha tenido un impacto que se pueda intuir ni mucho menos constatar, en el mejoramiento de acceso a oportunidades y derechos de las mujeres rurales o la reducción de la brecha respecto a los hombres.

El enfoque de género y sus pertinentes reflexiones sobre la construcción de identidades es una herramienta que permite ahondar no solamente en la dimensión pública de los sujetos y su interacción con las instituciones, sino en las circunstancias del ámbito privado que tienen un fuerte impacto en la manera y nivel de relacionamiento con dichas instituciones, y en consecuencia, el mayor o menor impacto de las políticas públicas en la transformación de realidades desventajosas para ciertos grupos poblacionales. La transformación del campo pasa necesariamente por entender y trabajar en la apertura de las personas rurales frente a la posibilidad de concebir nuevas formas de organización social y familiar que sean más favorables a la consecución de plenos derechos para las mujeres rurales.

Es evidente que una apuesta de estas dimensiones choca de frente con el imaginario actual de la familia nuclear y el rol de las mujeres en la sociedad en general así como en contextos concretos, fuertemente defendido por los sectores más conservadores y religiosos del No. Por tanto, no es una victoria a penas formal ni un arreglo editorial que deba ser interpretado como una nimiedad concedida para acoger a un sector que se opuso a lo previamente acordado, por el contrario, se trata de un retroceso en la cercana oportunidad de incluir la ruralidad en las actuales discusiones sobre la consecución de un orden social diferente y más adecuado para lograr los cambios estructurales necesarios para materializar las aspiraciones y objetivos contenidos en el Acuerdo.

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