Derecho penal

“Un delincuente de barrio ante la justicia” C.U.I: 0000-000-0000-00, N.I.:000.000*

on Miércoles, 29 Marzo 2017. Posted in Artículos, Edición 102, Antonio José Pinzón, Derecho penal, Cultura colombiana, Nacional

102 Antonio

No hay alternativa a la privación de la libertad en la prisión. Miyer pasa a ser uno más, uno de los casi 120.000 internos intramurales de Colombia, otro delincuente que entra a llenar esos contenedores de seres humanos infestados de indignidad que se supone serían remediados, en alguna medida, por la nueva ley.

 

Antonio José Pinzón
Fuente de la imagen: http://www.uninorte.edu.co/

“Las políticas dominantes no miran ni apelan a los buenos sentimientos. No apuntan, tampoco, a la conciencia del que se ha equivocado, tratando de persuadirlo, tratando de que advierta su falta y la remedie, o se convenza de la necesidad de abandonar el camino criminal en el que ha ingresado. Tales políticas no miran a la comunidad y su relación con el que ha delinquido. No tratan de reparar puentes rotos, sino impedir que vuelva a cruzarlos. (…) No están interesadas en la reparación, sino en la venganza; su insumo no es la generosidad sino el miedo”

Roberto Gargarella

Dos hombres y dos mujeres mayores, de entre 55 y 65 años esperan en los bancos de la sala de audiencias. A la llegada de la Juez, todos se ponen de pie, y se anuncia a los carceleros que traigan al recluso de las celdas del sótano: es el día de la sentencia de Miyer.

“Una medida de aseguramiento no se le niega a nadie”

on Martes, 14 Marzo 2017. Posted in Artículos, Edición 101, Antonio José Pinzón, Derecho penal, Nacional, Medios de comunicación

101 Antonio

Más allá del posible desliz terminológico en la forma en que los medios presentaron la noticia al confundir la captura con la imposición de una medida de aseguramiento (esto partiendo de la buena fe de quien advirtió el peligro que representa esta iniciativa), lo cierto es que esta manifestación pone en evidencia una forma particular de interpretar el papel de la prisión en la sociedad y una noción de seguridad separada de las realidades sociales e institucionales de nuestro contexto y del respeto por los Derechos Humanos.

 

Antonio Pinzón
Fuente de la imagen: http://caracol.com.co/

Encabezo este escrito con una afirmación bastante difundida entre los abogados litigantes y funcionarios que se desempeñan alrededor de los procesos penales. En Colombia, de manera similar a lo que ocurre en el resto de la región, las medidas de aseguramiento, particularmente la de detención preventiva en centro de reclusión, suelen funcionar como regla general y no como excepción. En nuestro caso, por ejemplo, 38.356 personas se encuentran privadas de la libertad en calidad de procesadas, esto es, un 32,3% del total de la población de centros de reclusión a cargo del INPEC1. Sin entrar en detalle sobre este y otros aspectos relativos a la realidad de nuestro sistema penal y penitenciario, quisiera hacer referencia a una noticia reciente que hace parte de su agenda mediática en el país: el viernes 03 de marzo, desde Pereira, el Fiscal General Néstor Humberto Martínez invitó al nuevo Ministro de Justicia a retirar un Proyecto de Ley que desde su punto de vista pondría en riesgo la seguridad ciudadana al impedir, según algunos medios, que se capture a una persona sin un certificado del INPEC que garantice que se le recluirá en condiciones de dignidad2.

El derecho penal de los medios de comunicación

on Miércoles, 22 Febrero 2017. Posted in Artículos, David Torres, Edición 100, Derecho penal, Nacional, Medios de comunicación

100 David

Los medios no pueden erigirse como jueces y la sociedad no debe quedarse quieta mientras nos meten la mano en la boca a contarnos los dientes. Derecho penal no es solo prisión y odio.

 

David Torres
Fuente de la imagen: https://acedicilsa.com/

A propósito de los medios de comunicación, términos como “demanda penal”, “impunidad”, “dejar libre”, entre muchos otros, han venido construyendo un imaginario colectivo en torno a lo que es el derecho penal, específicamente, pena, delito y proceso.

Justicia penal y restauración ambiental

on Miércoles, 30 Noviembre 2016. Posted in Artículos, Adolfo Franco Caicedo, Edición 94, Justicia, Derecho penal, Ambientalismo, Nacional

94 Adolfo

Necesitamos datos de entidades públicas y privadas sobre temas ambientales. La falta de éstos es un obstáculo para el ejercicio ciudadano de la defensa del ambiente, pues nos obliga a la confianza ciega de que la administración estatal lo está haciendo y de manera óptima.

 

 
Adolfo Franco Caicedo
Fuente de la imagen: http://www.lookfordiagnosis.com/

Bastante se ha discutido sobre la orientación cada vez más restaurativa –en vez de retributiva- que debería asumir el sistema penal. De acuerdo con la definición que propuso el Consejo Económico y Social de la Organización de las Naciones Unidas, el modelo de justicia restaurativa es “todo proceso en que la víctima, el delincuente y, cuando proceda, cualesquiera otras personas o miembros de la comunidad afectados por un delito, participen conjuntamente de forma activa en la resolución de cuestiones derivadas del delito, por lo general con la ayuda de un facilitador. Entre los procesos restaurativos se puede incluir la mediación, la conciliación, la celebración de conversaciones y las reuniones para decidir sentencias”1.

Llover sobre lo mojado: la demanda de prisión luego de la experiencia de la Ley de Justicia y Paz

on Lunes, 14 Noviembre 2016. Posted in Artículos, Edición 93, Adriana Romero Sánchez, Cárcel, Justicia transicional, Derecho penal, Nacional, Proceso de Justicia y Paz

93 Adriana

En el marco de la justicia transicional, la pena debe cumplir, antes que nada, unos fines restaurativos frente a las víctimas, y otros orientados a la reincorporación a la comunidad. Sin embargo, una lectura de la experiencia de resocialización de los postulados de Justicia y Paz mostró la incapacidad de generar escenarios materiales de restauración y condiciones óptimas para la reconstrucción del tejido social y comunitario con víctimas y comunidades, así como una respuesta inoportuna en términos de tratamiento penitenciario.

 
 
Adriana Romero Sánchez
Fuente de la imagen: www.newsghana.com.gh

Uno de los puntos más polémicos y con mayores resistencias dentro del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera fue el de la justicia transicional, y en especial las sanciones alternativas imponibles por el Tribunal Especial para la Paz. Además del diseño institucional que establecía el Acuerdo para el estudio y la imposición de las consecuencias jurídicas alternativas frente a las violaciones a derechos humanos en el marco del conflicto armado por parte de los distintos actores, la discusión alrededor de la impunidad ha estado constantemente ligada a la existencia, o no, de una pena privativa de la libertad en un establecimiento penitenciario.

¿Superar el hacinamiento?

on Jueves, 15 Mayo 2014. Posted in Artículos, Antonio José Pinzón, Política criminal, Código Penitenciario, Edición 33, Derecho penal, Nacional

33 AntonioLo que se puede afirmar es que existiendo una política que privilegia la criminalización como respuesta a las situaciones de marginación, resulta prácticamente imposible esperar un cambio significativo en lo cuantitativo, y menos en lo cualitativo, en términos de superar el hacinamiento y que la prisión tenga un impacto positivo en las personas que la llegan a habitar.
 
Antonio José Pinzón
Fuente de la imagen: http://www.vanguardia.com

En enero de este año se informaba que con la entrada en vigencia del “nuevo Código Penitenciario” se acabaría, o al menos se reduciría de una manera significativa, el problema del hacinamiento carcelario con la posibilidad de acceso a la libertad de entre 7.000 y 9.000 personas1. Además de eso, se pregonaba también el mejoramiento de las condiciones de acceso a la justicia, la salud y condiciones laborales dignas para las personas privadas de la libertad. Algunas de las críticas a la reforma se enfocaron en el problema de que esta “ola de libertades” podría incrementar repentinamente las situaciones de violencia y criminalidad en el país o dar pie a la impunidad, a lo que las autoridades respondieron que esto no ocurriría, porque la Policía colaboraría con el INPEC en la vigilancia a quienes salieran con ocasión de la reforma2, y en principio no se concederían libertades, sino que las condenas se cumplirían en los domicilios de estas  personas3. Así mismo, el Ministro de Justicia sostuvo que no se darían libertades a diestra y siniestra, sino que habría criterios relativos a la gravedad de la conducta para su concesión.

Proceso de paz y sanción penal

on Viernes, 29 Noviembre 2013. Posted in Artículos, Derecho penal, Juan Camilo Sánchez‏, Edición 22, Nacional, Proceso de paz

22 JuanCamiloNo debería plantearse entonces como lo hace el Procurador que “el anhelo de paz no puede ser alcanzado a cualquier precio” sino que la paz, como reclamo generalizado de la sociedad colombiana, debe ser atendida como hecho social para que las normas que se aplican y, en general las decisiones gubernamentales, no sean simples disparates que buscan castigar o hacer caso omiso a problemas estructurales, sino medios adecuados para un fin legítimo.
 
Juan Camilo Sánchez
 

A un año de iniciadas las conversaciones entre el gobierno de Santos y la guerrilla de las FARC se han presentado acuerdos generales sobre temas que con seguridad habrá que desarrollar después. Sin embargo, también se van viendo cuáles serán los grandes escollos a superar a medida que avanza el proceso.

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