Abordaje integral de los problemas de DESC en las Américas

on Jueves, 01 Mayo 2014. Posted in Artículos, Edición 32, Derechos económicos, sociales y culturales, Camilo Andrés Galindo, Nacional, Derechos Humanos

32 GalindoEs importante saludar que la CIDH genere un espacio especializado en temáticas como los DESC, a la vez que su consolidación la esté haciendo con la participación de organizaciones sociales de la región.
 
Camilo Andrés Galindo
Fuente de la imagen: https://servindi.lamula.pe 

En el mes de abril de 2014, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) estableció la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC), la cual, según señaló la presidenta de este órgano, comisionada Tracy Robinson, “refleja la importancia fundamental que la Comisión Interamericana otorga a la protección y promoción de los derechos económicos, sociales y culturales en la región. Una Relatoría Especial implica que el Relator o la Relatora tendrá dedicación a tiempo completo, lo cual permitirá profundizar el trabajo transversal que la Comisión viene realizando en esta materia1.

Desde 1990, la CIDH creó relatorías temáticas para abordar con una mayor dedicación las problemáticas que afectan a grupos y poblaciones que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad y discriminación estructural en el continente. Actualmente, existen nueve relatorías que responden a los siguientes temas: pueblos indígenas (creada en 1990), mujeres (1994), población migrante (1996), libertad de expresión (1997), niñez (1998), defensoras y defensores de derechos humanos (2001), personas privadas de la libertad (2004), afrodescendientes y discriminación racial (2005), y personas lesbianas, gais, bisexuales, trans e intersexuales (2011). De estas relatorías, la dedicada a la libertad de expresión ostenta el carácter de “especial”, lo que implica que, a diferencia de las otras, donde su conducción es asumida por uno de los comisionados que integran la CIDH, la misma cuenta con una relatora a tiempo completo, presupuesto específico y un equipo de trabajo que le permite desarrollar un trabajo más profundo.

La Relatoría sobre DESC también tendrá el carácter de “especial”, lo que significa que funcionará con un equipo y presupuesto propio, coordinado por una relatora o relator con dedicación completa para el cumplimiento de sus funciones. Hasta el momento en el que entre en funcionamiento esta relatoría, las problemáticas relacionadas con este grupo de derechos están siendo trabajadas por una unidad, la cual ha venido realizando una serie de consultas en diferentes países sobre el rol que debe cumplir y los retos que tiene en relación al cumplimiento por parte de los Estados de la región de las diferentes obligaciones que han adquirido en virtud de instrumentos como el Protocolo Adicional a la Convención Americana en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (“Protocolo de San Salvador”).

En este escenario, es importante que la Unidad/Relatoría responda adecuadamente a las problemáticas que afectan con mayor impacto el goce efectivo de estos derechos en las Américas. Precisamente, en la primera consulta realizada por la Unidad, ocurrida en la ciudad de Buenos Aires en abril de 2013, representantes de organizaciones sindicales, campesinas, indígenas y populares plantearon la necesidad de que esta instancia aborde las violaciones a este grupo de derechos desde una perspectiva que dé cuenta de la multiplicidad de factores que las causan, los actores estatales y no estatales responsables, y su impacto, no sólo en el plano individual, sino también en el colectivo, de las comunidades y las organizaciones sociales.

Para los sindicatos, una intervención novedosa de la Unidad/Relatoría debería ser capaz de conceptualizar la afectación colectiva que tienen las violaciones a los derechos de las trabajadoras y trabajadores en relación con el movimiento sindical y, en este sentido, promover que en los casos en donde se trate esta problemática no se considere a las víctimas solamente desde su plano individual, sino que se tenga en cuenta que el desconocimiento de los derechos laborales y, en general, la violencia antisindical generan impactos negativos sobre el grueso del movimiento.

Este sector también señaló como importante que la Unidad/Relatoría profundice en la responsabilidad de actores no estatales por violaciones de derechos humanos. Casos como el de Colombia son un triste ejemplo de cómo el Estado, los paramilitares y algunas empresas privadas han cometido, en muchos casos coordinadamente, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas y otros crímenes graves en contra de sindicalistas, los cuales, a su vez, han causado un fuerte debilitamiento del movimiento sindical y la consolidación de un imaginario social “antisindical2.

Desde una perspectiva similar, representantes de organizaciones campesinas e indígenas señalaron que la consolidación del agronegocio configura una de las problemáticas más graves que debería abordar la Unidad/Relatoría. La industrialización del campo ha generado que las familias campesinas que dependen de la producción a pequeña escala (muchas veces, limitada a unidades agrícolas familiares) no logren ninguna rentabilidad por los productos trabajados3 y, en algunos casos, ni siquiera suplan sus propias necesidades alimenticias4. Esto tiene como consecuencia el aumento en los niveles de pobreza y pobreza extrema de los y las campesinas, su transformación en trabajadores y trabajadoras precarizadas en la industria agrícola de gran escala5 y la pérdida de sus tierras6.

Las organizaciones rurales también plantearon la necesidad de que la Unidad/Relatoría asuma la discusión de las obligaciones extraterritoriales de los Estados en materia de derechos humanos. Uno de los principales ejemplos en este sentido es la industria extractiva en la región, la cual está liderada por empresas provenientes de Estados como Canadá. En este aspecto, mientras que en el interior de dichos Estados las empresas tienen fuertes restricciones para realizar actividades que afecten comunidades locales o al medio ambiente, los mismos promueven que éstas las desarrollen en otros países de la región, desentendiéndose de los impactos que causan en las comunidades rurales.

Teniendo en cuenta lo anterior, es importante saludar que la CIDH genere un espacio especializado en temáticas como los DESC, a la vez que su consolidación la esté haciendo con la participación de organizaciones sociales de la región. En todo caso, es imperante que los planteamientos antes señalados sirvan como hoja de ruta para que esta nueva instancia internacional pueda desarrollar una intervención estratégica que dé cuenta de los impactos individuales y colectivos que tienen las violaciones de estos derechos.

***

1Ver, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “CIDH decide crear Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales”, 3 de abril de 2014, en http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2014/034.asp
2Comisión Colombiana de Juristas y Escuela Nacional Sindical, “Imperceptiblemente nos encerraron: Exclusión del sindicalismo y lógicas de la violencia antisindical en Colombia, 1979-2010”, Bogotá, Colombia, junio 2012, pp. 155-206.
3Relator Especial sobre el Derecho a la Alimentación, “El derecho a la alimentación”, Asamblea General de las Naciones Unidas, A/65/281, 11 de agosto de 2010, párr. 1.
4Herreño, Libardo, “Desc y Desarrollo. Visiones hegemónicas y alternativas””, Bogotá, Colombia, ILSA, octubre de 2008, p. 29
5Relator Especial sobre el Derecho a la Alimentación, “El derecho a la alimentación”, Asamblea General de las Naciones Unidas, A/65/281, 11 de agosto de 2010, párr. 7.
6Relator Especial sobre el Derecho a una Vivienda Adecuada, A/HRC/4/18, párr. 31.

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