Responsabilidad ambiental y social de las actividades extractivas en Colombia

on Miércoles, 13 Agosto 2014. Posted in Artículos, Edición 39, Transnacionales, Ambientalismo, Nacional, Petróleo, Minería, Omar Ramírez

39 Omar

El masivo desarrollo de la actividad extractiva en Colombia, al incorporar componentes de incertidumbre y complejidad, debe integrar la discusión sobre la necesidad de implementar medidas precautorias. Alguien dirá que este ejercicio implica asumir costos elevados, lo cual puede ser cierto, pero ¿cuánto costará (y ha costado en la historia del país) no asumir con responsabilidad perspectivas preventivas y precautorias frente a la devastadora explotación de recursos naturales?

 
Omar Ramírez
Fuente de la imagen: www.ucr.org.ar

Un día después de su reelección, el actual presidente Juan Manuel Santos aseguró que exigirá a las multinacionales mineras y petroleras "responsabilidad ambiental y social frente a las comunidades". Esta aparente postura altruista del primer mandatario es la condición que, desde su gobierno, demandará a los grandes capitales para que puedan explotar los recursos naturales minero- energéticos del país. Pero tal postura flaquea cuando, a renglón seguido, el presidente afirma que la explotación de recursos naturales continuará dentro de sus objetivos y, además, empujará la inversión de otros sectores como el de infraestructura1, lo que pone en duda el nivel de severidad con el que se asumirá dicha exigencia.

Las actividades mineras y petroleras, por su nivel tecnológico, escala y envergadura, son procesos industriales que generan fuertes transformaciones de los ecosistemas. Es decir, su nivel de incidencia llega a generar cambios sustanciales de la estructura, arquitectura y dinámica de éstos, como respuesta del vehemente nivel de apropiación de los elementos naturales. Esta problemática se complejiza cuando los ecosistemas intervenidos se encuentran habitados (como es usual en Colombia), lo que desencadena conflictos sociales. Esto significa, para tenerlo presente como punto de partida, que no se está haciendo referencia a simples actividades económicas que generan un exiguo nivel de afectación sobre el entorno. Por el contrario, sus impactos son profundos y el nivel de alteración es tal, que tanto elementos biofísicos como sociales no logran restablecerse en un periodo de tiempo considerable.

Lo anterior quiere decir que la responsabilidad empresarial de estas industrias debe tomarse con total seriedad, más allá de la estéril y retórica definición de atribuirles el compromiso de atender los impactos socioambientales derivados de sus decisiones y actividades, a través de un comportamiento “transparente” y “ético”. Y, por supuesto, debe trascender la mirada neoliberal de economistas como Milton Friedman, para quien la responsabilidad social de la empresa significa, nada más y nada menos, que incrementar sus propios beneficios.

¿Cómo interpretar, entonces, la responsabilidad social y ambiental de las actividades mineras y petroleras dentro de este orden de ideas?

Sustentabilidad y responsabilidad empresarial

La profunda extracción de recursos naturales (en el segundo país más biodiverso del planeta, en uno de los más ricos en cuanto a disponibilidad de agua en América Latina, pero a su vez es uno de los más desiguales de la región) debe responder, necesariamente, al concepto de sustentabilidad. Este término se entiende como una respuesta a la lógica desarrollista, economicista y tecnocentrista hasta ahora dominante, sesgada por la idea de alcanzar un determinado tipo de progreso de forma ilimitada, a partir de la supuesta existencia de un stock natural igualmente ilimitado.

La respuesta inmersa en el concepto de sustentabilidad exige cambios, alteraciones y subversiones (en el sentido de Fals Borda) de ciertos caminos hasta ahora recorridos que han conducido a circunstancias desfavorables. La sustentabilidad, y por lo tanto la responsabilidad empresarial, debe entenderse como un proceso de construcción social que pasa, entre otras cosas, por cuestionar el sentido de las intervenciones territoriales al vislumbrar sus implicaciones ecológicas y sociales, al reconocer el rostro de los beneficiarios y damnificados, al identificar los impactos a corto, mediano y largo plazo, pero también al analizar en retrospectiva la afligida historia ambiental de los territorios expuestos a estas industrias en manos de grandes capitales. La responsabilidad empresarial, entonces, no debe interpretarse como un estado a alcanzar o como una simple oportunidad de inversión, sino como un proceso de reformulación constante del sentido cualitativo y cuantitativo de la sociedad, particularmente dentro del marco económico predominante.

En este sentido, es necesario que la responsabilidad de estas empresas, siguiendo los contemporáneos postulados de la sustentabilidad, adopte una mirada compleja del tema ambiental, de tal forma que reconozca que al intervenir intensamente alguno de los componentes de los ecosistemas, se altera todo el lugar, incluyendo el entorno sociocultural. Esto implica dejar de lado la idea de que el sistema no se ve afectado por la alteración de algunas de sus partes, pues ello desconoce que los sistemas sociales y naturales se configuran como tal y obtienen sus rasgos particulares como resultado de la interacción entre sus elementos. En otras palabras, la responsabilidad ambiental y social debe asumir que los sistemas intervenidos no se estructuran como simples aglomeraciones de sus unidades constituyentes, sino fundamentalmente son fruto de sus interrelaciones.

Esto llevaría a la necesidad de que la responsabilidad social y ambiental del sector minero y petrolero adopte una “perspectiva termodinámica” de sus intervenciones donde, por un lado, se admita la irreversibilidad de ciertas actuaciones sobre el entorno y, por otro lado, se redireccionen los ritmos y los métodos de extracción de recursos a la luz de sus propiedades finitas, lo que implica no sólo establecer límites temporales y espaciales de las actividades empresariales, sino acatar los escasos límites administrativos definidos por la normatividad ambiental, laboral y tributaria del país.

Ahora bien, muchas veces la responsabilidad social y ambiental aparece dentro del paquete de medidas de compensación de las empresas, lo que significa que ésta tiene lugar cuando se han generado notables impactos ambientales. Las dificultades de esta perspectiva se asocian con la incapacidad de anticipar y evitar las alteraciones indeseadas (ausencia de principios preventivos y precautorios), y a los aprietos económicos, políticos y éticos que trae consigo la tendencia de sustituir, por ejemplo, biodiversidad y daños ambientales y sociales (muchos de ellos irreversibles o sin valor dentro del sistema económico), por obras o acciones sin ninguna relación con los elementos afectados.

Incertidumbre y responsabilidad empresarial

Asumamos un escenario: ¿Qué pasaría si la alta demanda de títulos mineros, solicitados por grandes empresas transnacionales, es aceptada, así como sus correspondientes licencias ambientales? Este panorama no es descabellado, pues se ha venido configurando año tras año con el beneplácito de los últimos gobiernos, por lo que no hay razones para pensar que vaya a cambiar durante el segundo periodo presidencial de Santos.

Ante este caso hipotético vale la pena plantear algunas preguntas: ¿se tiene un conocimiento medianamente congruente del escenario futuro que conllevaría el masivo desarrollo de la minera a cielo abierto en el país? ¿Contamos con algún referente histórico o con la suficiente información de nuestros ecosistemas para tener la certeza de que estas actividades, desarrolladas en bloque, no generarán alteraciones que pongan en alto riesgo la salud de las personas y la continuidad de la base material del lugar? La incertidumbre acompaña las respuestas de estos interrogantes, pero son cuestionamientos que deberían plantearse en el marco de la responsabilidad empresarial del sector extractivo, más aún cuando se tiene la consciencia de que ninguna población del país (ni de ningún país), independientemente de su nivel de complejidad, puede existir en un vacío ambiental ni puede desenvolverse plenamente en un entorno con deplorable calidad.

Así, el masivo desarrollo de la actividad extractiva en Colombia, al incorporar componentes de incertidumbre y complejidad, debe integrar la discusión sobre la necesidad de implementar medidas precautorias. Alguien dirá que este ejercicio implica asumir costos elevados, lo cual puede ser cierto, pero ¿cuánto costará (y ha costado en la historia del país) no asumir con responsabilidad perspectivas preventivas y precautorias frente a la devastadora explotación de recursos naturales?

Es por ello que en un escenario de construcción de paz, la responsabilidad ambiental y social del sector minero y petrolero debería ocupar un lugar central. No como simple estrategia de marketing, sino como una oportunidad de reformulación de aquellas lógicas que han impuesto una voraz racionalidad económica a ultranza y han aplazado, de forma irresponsable, el compromiso de anticiparse a los efectos destructivos de ecosistemas enteros.

Es cierto que la responsabilidad empresarial descrita hasta este momento no llegará de forma armoniosa por iniciativa propia de las empresas. Para ello es necesario fortalecer los mecanismos de monitoreo, seguimiento y sanción de las autoridades, y robustecer en general a las instituciones gubernamentales, pero no con el fin de poner las fuerzas militares al servicio del extractivismo2, ni más faltaba, sino con el objetivo de que dicha estrategia corporativa deje de utilizarse como una alternativa sustituta del abandono estatal en que históricamente han vivido muchas de las regiones del país. De esta forma se desbarataría la ecuación que ha regido hasta la fecha y que perversamente ha beneficiado tanto a grandes corporaciones como a Estados débiles como el colombiano: aceptar una mínima inversión social dentro del esquema de responsabilidad empresarial, como compensación de la ausencia del Estado.

Por lo anterior, si no se logra que los excedentes económicos generados por la intensa extracción de recursos naturales contribuyan de manera efectiva a la sustentabilidad (tema que debe ser parte de toda agenda de responsabilidad social empresarial), es mejor postergar su extracción por grandes compañías hasta que el país, en cumplimiento de su normatividad y en ejercicio de una soberanía nacional efectiva, alcance (en este punto concuerdo con el columnista Juan Pablo Ruiz3) condiciones sociales e institucionales apropiadas que actúen a la altura de los desafíos enfrentados.

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1Ver: http://www.elespectador.com/noticias/politica/juan-manuel-santos-le-reclama-mineras-y-petroleras-resp-articulo-498713
2Ver: http://www.arcoiris.com.co/2014/05/colombia-militarizacion-al-servicio-del-extractivismo/
3Ver: http://www.elespectador.com/opinion/mineria-y-plan-de-desarrollo-2014-2018-columna-501761

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