Algunas cuestiones sobre la decisión del Tribunal de Cundinamarca en el caso Petro

on Miércoles, 15 Enero 2014. Posted in Artículos, Tribunal de Cundinamarca , Edición 25, Camilo Andrés Galindo, Gustavo Petro, Nacional, Procurador General

25 GalindoUno de los riesgos que siempre trae consigo la judicialización de los conflictos es la reducción de las luchas al plano de lo jurídico, el cual, como vemos en este caso, puede invisibilizar cuestiones de fondo, como la ofensiva de las fuerzas conservadoras contra el avance político de diversas propuestas de izquierda.
 
Camilo Andrés Galindo
Fuente: www.elespectador.com 

El día de ayer, el Tribunal Superior de Cundinamarca decidió admitir una acción de tutela presentada por el ciudadano José Gotardo Pérez, en la cual alega que la decisión de destituir e inhabilitar por el periodo de 15 años para el ejercicio de cargos públicos al Alcalde Mayor de Bogotá vulnera sus derechos fundamentales a elegir y ser elegido, y de participación en el ejercicio político, así como los del mismo funcionario. En el auto donde se admite la acción el magistrado José María Armenta consideró que, mientras el Tribunal decide de fondo sobre ésta, es necesaria la "suspensión provisional del fallo disciplinario (...)" y su reciente confirmación por parte del Procurador General de la Nación. Los motivos de esta suspensión pueden sintetizarse de la siguiente manera:

En primer lugar, señala que el procurador no tiene competencia para destituir funcionarios públicos elegidos popularmente, pues a éstos se les debe garantizar su derecho a la igualdad con relación a los congresistas, quienes tienen un procedimiento especial de pérdida de investidura en cabeza del Consejo de Estado. Si bien el procurador insiste en que puede sancionarlos y la Corte Constitucional avaló esta tesis en la tutela sobre el caso de la exsenadora Piedad Córdoba, para el magistrado este procedimiento especial también debe garantizarse para el resto de funcionarios elegidos.

La principal razón para sustentar este punto es que el derecho a la igualdad sería una “disposición fundante de la Constitución”, lo cual implicaría que otros artículos constitucionales, como el que le otorga funciones disciplinarias al procurador sobre funcionarios elegidos popularmente, tienen una menor fuerza vinculante. En este sentido, su desvinculación del cargo al cual fue elegido solo procedería mediante procesos jurídicos, como el de la pérdida de investidura, o políticos, como la revocatoria del mandato.

En segundo lugar, el auto de admisión acude a la figura de control de convencionalidad, la cual significa que los jueces y, en general, los funcionarios públicos, también deben tener en cuenta las convenciones y tratados internacionales al momento de emitir alguna decisión. En este caso, el magistrado cita el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el cual es claro en señalar que los derechos políticos de los ciudadanos solo podrán ser restringidos, entre otras razones, por una decisión penal definitiva tomada por un juez competente, cargo que no ostenta el Procurador General de la Nación, quien es un funcionario administrativo.

En tercer lugar, considera que las decisiones administrativas que tomen funcionarios elegidos popularmente, sean o no acertadas, hacen parte de un programa de gobierno que deberá ser evaluado por aquellos órganos que tienen funciones de control político (por ejemplo, los Concejos o Asambleas Departamentales) y, en todo caso, el pueblo mediante su poder soberano. En este sentido, organismos como la Procuraduría o la Contraloría no pueden atribuirse estas competencias, tal y como lo hace en el fallo suspendido provisionalmente.

Sobre las motivaciones antes expuestas caben varios comentarios. Con relación a la tesis según la cual existen unas “disposiciones fundantes” en la Constitución Política, las cuales le darían una mayor fuerza vinculante a una parte de la Constitución sobre otra, lo cierto es que la totalidad de la Carta Política tiene fuerza vinculante y no existe una jerarquía de normas a su interior. Adicionalmente, la lectura que hace del derecho a la igualdad entre congresistas y los demás funcionarios públicos elegidos popularmente es confusa ya que el establecimiento de mayores recursos para unos funcionarios (como la investidura y el proceso para su pérdida) fue una decisión soberana del constituyente del 91, la cual parece tener una fuerte relación con la necesidad de proteger a personas elegidas popularmente para cargos de carácter nacional.

A pesar de esto, la lectura que hace el Tribunal acerca de la prevalencia de ciertos artículos constitucionales sobre otros tiene ciertas similitudes a una figura que ha aplicado la Corte Constitucional en casos de inconstitucionalidad de Actos legislativos: la prohibición de sustitución de la Constitución por parte del constituyente derivado. En síntesis, esta significa que la Carta Política tiene ciertos elementos que la caracterizan y le dan su esencia, los cuales solo pueden ser reformados por el constituyente primario, pues en caso que lo haga el Congreso, esta reforma configuraría una sustitución material de la misma, lo cual solo puede hacer el pueblo mediante la convocatoria a una nueva asamblea constituyente.

El valor de esta figura para el caso del auto que protege al Alcalde Petro es que da cuenta de una especie de jerarquía dentro de la Constitución en la cual normas como las que reconocen los derechos fundamentales, la soberanía popular, o el Estado Social y Democrático de Derecho tendrían una especie de protección reforzada sobre otras que también tienen rango constitucional. Tal sería el caso, tal y como lo señala el Tribunal, del derecho a la igualdad.

Con relación al control de convencionalidad, aquí el auto es mucho más fuerte. En efecto, el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos establece que restricciones a los derechos políticos, como el elegir y ser elegido, solo pueden darse por medio de fallo penal de un juez competente. En este caso, es claro que el procurador no es un juez, sino un funcionario administrativo cuyas decisiones deben estar sometidas al control de legalidad.

Precisamente, éste ha sido el principal argumento de los abogados del Alcalde Petro para solicitar medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos mientras tramitan la denuncia formal por la violación de sus derechos políticos por parte de la decisión del procurador. En una reciente entrevista el exsecretario ejecutivo de este órgano, Santiago Cantón, señaló que están dadas todas las condiciones para que el caso se resuelva a favor del Alcalde, así como para que la Comisión le otorgue estas medidas con el fin de evitar un daño irreparable mientras hay una decisión de fondo.

Con relación al tercer punto, relativo al control político, el auto del Tribunal es muy valiente en visibilizar que la decisión de la Procuraduría General no se basa en la prueba certera de delitos o faltas disciplinarias, sino que su esencia es política y, abusando de sus facultades constitucionales y legales, este organismo está haciendo un control político de una decisión de gobierno que, si bien a algunos no puede gustar o favorecer, fue tomada por un funcionario elegido popularmente para que desarrollara su programa. Es importante recordar que para el procurador, entre otras cosas, el Distrito falló porque afectó la propiedad de unas empresas privadas, sin tener en cuenta, primero, la libertad que tiene el Alcalde para tomar medidas que busquen el bien común y, segundo, que la propiedad en Colombia no es absoluta y prima su función social.

Para finalizar, es importante que el auto no se dirija al procurador para que suspenda la notificación de su decisión, sino que le ordene directamente al presidente que se abstenga de ejecutarla. En este punto, parece que toma partido por la interpretación que ha hecho el Alcalde Petro y ha defendido el Fiscal General de la Nación, según la cual el Presidente de la República no es un simple notario dentro de este tipo de procesos disciplinarios, sino que su tiene un papel relevante que supondría aceptar su discrecionalidad para no firmar la destitución.

En todo caso, es necesario que el Alcalde y las múltiples fuerzas democráticas que lo apoyan o simplemente se encuentran en contra de decisiones arbitrarias y antidemocráticas, como la tomada por la Procuraduría, continúen acompañando las diferentes acciones jurídicas con estrategias políticas y sociales. Uno de los riesgos que siempre trae consigo la judicialización de los conflictos es la reducción de las luchas al plano de lo jurídico, el cual, como vemos en este caso, puede invisibilizar cuestiones de fondo, como la ofensiva de las fuerzas conservadoras contra el avance político de diversas propuestas de izquierda.

Comentarios (0)

Déje un comentario

Estás comentando como invitado. Autentificación opcional debajo.

Ediciones anteriores

Ver más ediciones