Análisis de la participación de Colombia en la negociación del acuerdo regional para la aplicación del principio 10 sobre medio ambiente

on Lunes, 13 Febrero 2017. Posted in Artículos, Adolfo Franco Caicedo, Edición 99, Ambientalismo, Nacional, Participación social

99 1 Adolfo

La delegación colombiana en la negociación del Acuerdo para aplicar el Principio 10 se encargó de presentar algunas sugerencias que debilitan el contenido de los derechos de acceso y que postergan su goce efectivo. Esta delegación debe ser consciente de que su apuesta por la flexibilización de tales derechos puede tener eco y estar inspirando una política de opacidad y no de transparencia en materia de datos ambientales en toda la región.

 

Adolfo Franco Caicedo
Fuente de la imagen: http://www.actualidadambiental.pe/

La semana del 21 al 25 de noviembre de 2016 sesionó en Santiago de Chile el Comité de Negociación del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe. Se trató de la quinta reunión de negociación entre los delegados de los veintidós países signatarios de la Declaración de 2012 sobre la Aplicación del Principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo; entre estos Estados se encuentra Colombia, que suscribió su adhesión en 2013.

En la anterior columna expuse de qué se trataba el Principio 10 y de su importancia para la defensa del ambiente. En esta oportunidad me interesa resaltar cómo fue la participación de la delegación del Estado colombiano en la quinta reunión, teniendo como fuente el documento publicado en diciembre de 2016 por la CEPAL en su página web1, con el interés de indagar cuál es la utilidad de lo que están proponiendo en nuestro nombre.

Lo primero que debemos saber es que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible expidió la Resolución 2247 de 2015 mediante la que creó la Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible –UGCA, encargándole –entre otras labores- la de promover la apertura de espacios para la participación social2. Gracias a un documento publicado por esta Unidad Coordinadora, en el que sintetiza la estrategia participativa del Principio 10, sabemos que se creó el Comité Estratégico que ha estado coordinando a los representantes de los diferentes sectores sociales y de Gobierno para la discusión del texto que se negocia en la región3:

- Gobierno: Min. Ambiente y Cancillería.

- Sociedad civil: Asociación Ambiente y Sociedad, y la Red de Justicia Ambiental.

- Sector privado: Asociación Nacional de Empresarios de Colombia –ANDI.

- Academia: Universidad de Medellín, Universidad del Rosario y Universidad Manuela Beltrán.

Dos cosas me llaman la atención de la conformación de este Comité: por el lado del Gobierno, la ausencia del Ministerio de Justicia y del Derecho del que se espera un liderazgo en temas relacionados con justicia ambiental, por ejemplo en política pública de prevención y gestión de conflictos. Y por el lado de los representantes de la Academia, la ausencia total de universidades públicas, lo que podría estar desbalanceando al Comité y sus productos, y además genera la sospecha de si los insumos para las negociaciones diplomáticas se están construyendo con un enfoque privatista o un enfoque debilitado de lo público, cuando lo público debería prevalecer en las discusiones ambientales.

En todo caso, la delegación de Colombia participó de manera activa en esta quinta sesión de negociaciones, o al menos así lo demuestran las 111 intervenciones registradas que se pueden comparar con delegaciones como la de México (90 intervenciones registradas), Argentina (87), Brasil (66) o Perú (50). Las intervenciones registradas pueden dividirse en tres conjuntos: (i) sugerencias de adición, (ii) de supresión, y (iii) manifestaciones de reserva. Es claro que en esta columna no podría agotar el análisis de todas las intervenciones colombianas, por lo que decidí resaltar aquellas adiciones y supresiones que se relacionan con la sospecha señalada:

i. Sugerencias de adición

La delegación colombiana sugirió la adopción del principio de progresividad4 lo cual cambia el tipo de obligación al que se comprometerían los stados que vayan a ser signatarios del Acuerdo, pues no se obligan con resultados puntuales de goce efectivo de derechos al acceso a información, a la participación pública y al acceso a la justicia ambiental, sino con la creación de medios que progresivamente concluyan en esos resultados. Esta sugerencia ampara varias de las intervenciones registradas, por ejemplo en el numeral 12 del Preámbulo, pero mucho más claro en el art. 1: “El objetivo de este Acuerdo es asegurar la aplicación plena y efectiva [Colombia: plena y efectiva progresiva] de los derechos de acceso consagrados en el Principio 10 de la Declaración de Río de 1992 (…)”.

Otra sugerencia de adición tiene que ver con la definición de “autoridad competente” para garantizar derechos de acceso. La definición discutida contempla que las entidades privadas a las que se les haya delegado funciones públicas (v.gr. contratistas) también son responsables de garantizar el acceso a información; no obstante, la delegación colombiana (junto con la mexicana) persiste en que solamente deban ser las entidades públicas, a pesar de que el sector privado interviene cada vez más en la explotación de los recursos naturales y ha sido declarado responsable de daños ecológicos en varios procesos judiciales.

Finalmente, una de las más preocupantes sugerencias de adición se relaciona con las causales de denegación de información. La regla general es que toda información debe ser pública (bien sea disponible para consulta libre, o bajo solicitud), exceptuando la información clasificada como reservada o confidencial. No obstante, se establecen algunos criterios orientadores para los casos en que la legislación de cada país no cuente con estas clasificaciones. Uno de estos criterios es que la divulgación de la información afecte la seguridad nacional, la salud pública o las relaciones internacionales, y a esto la delegación colombiana agregó la economía nacional. Ninguna delegación secundó a la colombiana en esta sugerencia. En el documento de la CEPAL no aparecen las razones por las cuáles la delegación colombiana sugirió esta adición; sin embargo, la vaguedad del criterio de afectación a la economía nacional permitiría a las autoridades competentes denegar cualquier información relacionada, por ejemplo, con los resultados de la locomotora minero energética del Gobierno, de modo que la excepción se vuelve regla y como ciudadanía podríamos perder la posibilidad histórica de que un instrumento de derecho internacional nos dé herramientas para examinar a fondo el impacto ambiental de las políticas económicas.

ii. Sugerencias de supresión

Para las delegaciones de Brasil, México y Colombia, “la erradicación de la pobreza, la igualdad y la preservación y el manejo adecuado del medio ambiente en beneficio de las generaciones presentes y futuras”, no hacen parte consustancial del derecho a un ambiente sano, como sí lo es el desarrollo sostenible; por esto sugieren que se retire la expresión entrecomillas de la declaración 8 del Preámbulo. Desconozco si la delegación colombiana fue quien propuso o respaldó esta sugerencia, pero lo cierto es que con ella se pretende desconocer que la explotación inequitativa de recursos naturales contribuye con la pobreza, que los riesgos por intervenciones ambientales deben mitigarse por igual para todas las clases sociales, o que como especie nos encontramos en un contexto ambiental deteriorado por la acción y omisión de las generaciones que nos precedieron.

Otra sugerencia de supresión tiene que ver con la definición de “toma de decisiones en asuntos ambientales” que se encuentra en el art. 2 del documento. Para la delegación colombiana esta definición debe suprimirse, a pesar de que allí se determinan los espacios de deliberación que deben ser susceptibles de acceso público en los casos que afecten al ambiente o el uso de sus recursos naturales. En este mismo sentido, en el numeral 16 del art. 8 (relacionado con el derecho de participación), podemos encontrar que la delegación nacional sugiere se suprima la palabra “informada” cuando hace referencia al tipo de participación (participación informada) que deberá facilitar la autoridad competente al público directamente afectado por un proyecto. De ser adoptadas por el Comité de Negociación solamente estas dos sugerencias, se restringiría bastante la capacidad de incidencia de la sociedad en los lugares o escenarios de decisión.

Lastimosamente, la delegación colombiana en la negociación del Acuerdo para aplicar el Principio 10 se encargó de presentar algunas sugerencias que debilitan el contenido de los derechos de acceso y que postergan su goce efectivo. Si bien se sospecha del enfoque privatista de los insumos suministrados por el Comité Estratégico de la UGCA a la delegación que viajó a Chile presidida por la Cancillería, acá lo grave es la capacidad de influencia política que puede tener Colombia para incidir en el contenido de las obligaciones internacionales que allí quedarán recogidas, de modo que la delegación colombiana debe ser consciente de que su apuesta por la flexibilización de los derechos de acceso puede tener eco y estar inspirando una política de opacidad y no de transparencia en materia de datos ambientales en toda la región.

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1CEPAL, Texto compilado por la mesa directiva que incluye las propuestas de texto de los países relativas al preámbulo y los artículos 1 al 10 del documento preliminar del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe. Quinta versión, 2016. Disponible en línea: http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/39050/S1601327_es.pdf?sequence=13&isAllowed=y Como podrán notar, el documento precisa qué adiciona, elimina o frente qué guardan reservas la delegación representante de cada Estado, por lo que ustedes mismos podrían verificar o contrastar entre países.

2Min. Ambiente, Resolución 2247 de 22 de octubre de 2015. Disponible en línea: http://www.minambiente.gov.co/images/normativa/app/resoluciones/3a-res_2247_oct_2015.pdf

3UGCA, Estrategia Participativa del Principio 10 en Colombia, 2016. Disponible en línea: http://www.minambiente.gov.co/images/asuntos-internacionales/pdf/principio_10/MIDA_-_Actualizaci%C3%B3n_micrositio_-_24_de_noviembre_de_2016.pdf

4Consiste básicamente en que un Estado puede impulsar el cumplimiento de ciertos derechos teniendo como objetivo su goce efectivo en el futuro, de modo que si bien no puede garantizar inmediatamente el goce de un determinado derecho, le es permitido acondicionar la normatividad e institucionalidad para que de manera progresiva empiecen a darse las circunstancias que permitan ese goce efectivo. Este principio connota la prohibición de regresividad según la cual si el Estado ya ha empezado a trabajar para el goce progresivo de derechos, no puede generar obstáculos o circunstancias que retrocedan tal labor.

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