Asamblea Constituyente: un nuevo pulso en La Habana

on Martes, 15 Octubre 2013. Posted in Artículos, Edición 19, Marya Hinira Sáenz , TEOPOCO, Nacional, Asamblea constituyente, Proceso de paz

19 TeopocoComo lo hicieron durante los ciclos de conversaciones sobre desarrollo rural, con el inicio de los diálogos acerca del segundo punto de la agenda, las FARC presentaron un comunicado que contenía sus primeras propuestas sobre el tema. En el documento, titulado Participación política para la democratización real, la paz con justicia social y la reconciliación nacional. Diez propuestas mínimas, el grupo guerrillero expresó su intención «avanzar  hacia  el  necesario  e  inaplazable  proceso  de democratización real del Estado y del régimen político colombiano».
 
Marya Hinira Sáenz
Fuente: www.semana.com

Con el logro del primer acuerdo entre el Gobierno y las FARC, Hacia un nuevo campo colombiano: Reforma Rural Integral, y el inicio de las discusiones sobre participación política, como era de esperarse, cambió el eje de los pronunciamientos acerca del proceso de paz. En el mes de junio, las dos partes estuvieron concentradas en debatir los alcances del segundo punto de la agenda de conversaciones y en la necesidad de establecer el mecanismo más adecuado para refrendar los acuerdos en el evento de una conclusión exitosa de los diálogos en La Habana.

En las primeras semanas de junio, los distintos actores que se pronunciaron sobre el proceso de paz hicieron énfasis, en su mayoría, en la poca o mucha importancia que el acuerdo sobre el primer punto de la agenda tenía para la negociación, sin que se presentaran diferencias significativas frente a lo que reseñamos en el anterior artículo del Observatorio1. Entonces señalamos que mientras para algunos el acuerdo permitió fortalecer la mesa de conversaciones, para otros fue sólo un intento de calmar las críticas por la falta de resultados después de seis meses de diálogos. No obstante, a mediados del mes, el centro de las discusiones se desplazó del desarrollo rural hacia la participación política y el mecanismo de refrendación de los acuerdos, como consecuencia, en primer lugar, del inicio de los diálogos sobre el segundo punto de la agenda y, adicionalmente, porque las FARC presentaron sus propuesta sobre este tema en estrecha relación con la convocatoria a una Asamblea Constituyente.

Como lo hicieron durante los ciclos de conversaciones sobre desarrollo rural, con el inicio de los diálogos acerca del segundo punto de la agenda, las FARC presentaron un comunicado que contenía sus primeras propuestas sobre el tema. En el documento, titulado Participación política para la democratización real, la paz con justicia social y la reconciliación nacional. Diez propuestas mínimas, el grupo guerrillero expresó su intención «avanzar hacia el necesario e inaplazable proceso de democratización real del Estado y del régimen político colombiano»2. Para ello consideran que debe garantizarse la inclusión de los grupos guerrilleros en espacios políticos si llega a firmarse un acuerdo final y que es necesario transformar la estructura institucional del Estado y las condiciones que limitan la participación política de distintas organizaciones de oposición.

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Quienes se oponen a la negociación reaccionaron de forma negativa frente a estas propuestas. En sus pronunciamientos rechazan la posibilidad de que las FARC participen en política una vez se termine el conflicto, consideran moralmente inaceptable que un grupo al margen de la ley opine sobre el tema e interpretan estos comunicados como estrategias dilatorias del proceso. Otros simplemente señalaron que el decálogo sobrepasaba los puntos establecidos en el Acuerdo General o que las propuestas no contribuían a solucionar los problemas del ordenamiento político país y, por el contrario, podrían debilitarlo más3. Por otra parte, quienes apoyan el proceso de paz afirman que es necesario que un acuerdo final lleve a la inclusión de esta guerrilla en espacios políticos legales4. Incluso, para algunos es necesario ir más allá y garantizar la ampliación del sistema político que permita la participación de sectores tradicionalmente excluidos5.

A pesar del decálogo propuesto por las FARC, las posturas de los distintos actores no marcaron diferencias importantes sobre el fondo del tema en relación con lo que habían manifestado meses atrás, pues la tensión por la posibilidad de ampliar los espacios de participación política ya había sido anunciada en los meses de marzo y abril6. Como se verá a continuación, lo realmente importante de la presentación de las propuestas de las FARC fue que funcionó como detonante de la discusión sobre el posible mecanismo de refrendación de los acuerdos.

Asamblea Constituyente: un nuevo pulso en La Habana

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En el sexto punto del Acuerdo General de la mesa de conversaciones, las partes convinieron en la necesidad de recurrir a un mecanismo de refrendación de lo concertado en el proceso, sin especificar su naturaleza o explicitar de cuál se trataría. En el mes de enero el presidente Juan Manuel Santos afirmó que de ser necesario, los acuerdos serán refrendados popularmente, excluyendo desde el principio la posibilidad de convocar una Asamblea Nacional Constituyente. Por su parte, las FARC reaccionaron diciendo que ésta es la única vía para darle la legitimidad y seguridad jurídica que requiere la negociación.

Aunque ambas posiciones fueron reiteradas en diversas ocasiones y escenarios, generando distintas opiniones en el país, fue con el inicio de los diálogos sobre participación política que el tema se convirtió en el articulador de las posiciones frente al proceso de paz. Así, en el mes de junio la discusión por el mecanismo de refrendación más apropiado estuvo marcada por tres preguntas: ¿Cuál es la dimensión de la transformación del orden político del país que se pretende alcanzar con la terminación del conflicto? ¿Cuál debe ser la forma de participación de la sociedad civil en el proceso? ¿Cómo puede influir la relación actual entre las fuerzas políticas del país en el resultado de una posible Constituyente?

El Gobierno ha insistido en que uno de los resultados de los diálogos debe ser que las FARC acepten «cambiar las balas por votos», en un escenario en que se amplíen los espacios de participación política (para el grupo guerrillero y los grupos de oposición en general) que no implique sustituir el marco constitucional actual. En este sentido sus representantes han señalado que la Constitución de 1991, que califican como una de las más progresistas de América Latina, permite que se realicen las transformaciones necesarias que garanticen una mayor participación de distintas organizaciones y partidos políticos. Aunque las FARC comparten este propósito general, se distancian del Gobierno al considerar que no se trata solamente de ampliar espacios dentro del actual orden político, sino de transformar las instituciones y las condiciones que posibilitan el funcionamiento de este orden. En su opinión, esto sólo puede ser garantizado con una Asamblea Constituyente «como tratado de paz y nuevo contrato social»7.

Además, en la lectura del grupo guerrillero, la Constitución de 1991 no tiene la vigencia política que le atribuyen otros actores, incluidos los voceros del Gobierno (en especial Humberto de la Calle y el exministro Fernando Carrillo, quienes estuvieron involucrados en la pasada Asamblea Nacional Constituyente), pues las numerosas reformas la han desdibujado y, además, porque al quedar excluida esta guerrilla en su discusión y redacción no se contó con la participación de toda la sociedad.

Por otra parte, para esta guerrilla, la Asamblea Constituyente es el escenario idóneo para que distintos sectores de la sociedad civil puedan expresar sus ideas sobre el proceso de paz y con ello contribuir a la construcción de los acuerdos; en otras palabras, para el grupo, la Constituyente es la manifestación del poder soberano del pueblo y «es el espacio que define la paz»8. Sin embargo, para el Gobierno, acudir a este mecanismo es restarle sentido a los diálogos, pues este es en sí mismo un nuevo espacio de deliberación en el que incluso los acuerdos de la mesa de conversaciones pueden ser rechazados. Adicionalmente, los representantes del gobierno de Santos y algunos sectores de opinión ven un riesgo en que, así como pasó en 1990, la Constituyente se autoproclame soberana, y discuta temas que sobrepasan los establecidos en el Acuerdo general para terminación del conflicto.

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Al temor por el alcance la Asamblea se agrega el siguiente: las relaciones de fuerza presentes en el país hace posible que una convocatoria a una Constituyente sea un escenario de contrarreforma de los logros que se le atribuyen a la Constitución de 1991, en especial los relacionados con la apertura política y los derechos humanos9. En efecto, una preocupación recurrente expresada por muchos de los actores que apoyan el proceso y que no consideran oportuno convocar a una carta constitucional, es la posibilidad de que en las condiciones políticas actuales el uribismo y la derecha radical puedan obtener un porcentaje altamente representativo en la Asamblea, lo que dejaría en peligro no sólo los acuerdos sino los elementos progresistas de la Constitución de 1991, como ya se anotó. En contraste, las FARC, a pesar de ser uno de los actores principales de la negociación, lograrían una representación minoritaria10.

Esta inquietud encuentra sustento en la reticencia que el proceso de paz genera en muchos sectores de la sociedad, en las posiciones muchas veces polarizadas que hay alrededor del tema, en el alto impacto mediático que conserva el expresidente Uribe y en la ambigüedad con la que el uribismo se ha posicionado respecto a este punto concreto de la agenda. Por una parte, en meses pasados Juan Carlos Vélez, precandidato presidencial del Centro Democrático, se mostró favorable a la convocatoria a una Constituyente, pues esta, en su opinión, favorecería ampliamente al sector político al que pertenece. Sin embargo, dentro de este espectro político no hay una única opinión sobre el tema. Mientras algunos omiten pronunciarse (lo que no debe pasar inadvertido, pues los integrantes de dicha colectividad han opinado a manera de crítica, rechazo o deslegitimación, casi con los mismos argumentos, sobre el resto de los temas del proceso que han sido discutidos)11 otros rechazan tajantemente la propuesta de las FARC, no solo por la legitimidad que rodea a la Constitución de 1991 o porque le permitiría a las FARC participar en política sin reparar a las víctimas, sino, sobre todo, porque afirman que ese grupo guerrillero tiene una representación muy pequeña en la población colombiana que no amerita que le sea concedida la convocatoria a una Asamblea12.

Son muchos los argumentos a favor y en contra de la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente que no alcanzan a ser presentados, pero que seguramente volverán a aparecer en los meses siguientes. Por ahora nos interesa destacar, por una parte, las distintas concepciones que se hicieron visibles en junio sobre la profunda transformación política que se llevaría a cabo en el país, si las FARC y el Gobierno terminan exitosamente el actual proceso. Por otra parte, la preocupación expresada por varios actores porque un mecanismo para terminar el conflicto termine favoreciendo a un sector político que continuamente se ha opuesto a la solución concertada de éste.

Para concluir, es importante destacar que así como ha sucedido con las demás discusiones que se han desatado en el marco del proceso de paz, en esta ocasión tampoco hubo un punto final; por el contrario, hubo una amplia variedad de propuestas para refrendar los acuerdos: asamblea constituyente, asamblea constitucional, referendo, plebiscito, autorización de facultades extraordinarias otorgadas por el Congreso al presidente y declaración del estado de excepción. A pesar de la centralidad de este tema y de la continuidad de las rondas de conversación dedicadas a la participación política, los debates alrededor de las negociaciones se desplazarán en julio y agosto hacia el tema de víctimas, impulsado fundamentalmente la audiencia pública convocada por la Corte Constitucional sobre el Marco Jurídico para la Paz.

***

1«Desarrollo rural: ¿avance o estancamiento del proceso?».

http://www.palabrasalmargen.com/index.php/articulos/item/desarrollo-rural-avance-o-estancamiento-del-proceso?category_id=173

2Participación política para la democratización real, la paz con justicia social y la reconciliación nacional. Diez propuestas mínimas. En:

http://www.observatorioddr.unal.edu.co/construccion_de_paz/delegacion_paz_farc-ep/participacion_politica_para_democratizacion_real.pdf?utm_source=Proceso+de++Paz%2C+nuevos+comunicados%2C+19+de+junio+de+2013

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3Fueron cercanos a esta opinión los columnistas Mario Fernando Prado, Carlos Andrés Pérez y María Isabel Rueda y el exministro del Interior, Fernando Carrillo.
4Así se manifestaron Enrique Peñalosa, Carlos Gaviria Díaz, Angelino Garzón, Carlos Ariel Sánchez, Alfonso Valdivieso; el director del Centro de Pensamiento y Seguimiento al Proceso de Paz de la Universidad Nacional, Alejo Vargas; los congresistas Roy Barreras y Simón Gaviria; y el periódico El Tiempo.
5Es el caso del columnista Mario Morales y el congresista Iván Cepeda.
6«Desarrollo rural, víctimas y participación política. Miedos y esperanzas del proceso de paz».http://www.palabrasalmargen.com/index.php/articulos/item/desarrollo-rural-victimas-y-participacion-politica-miedos-y-esperanzas-del-proceso-de-paz?category_id=173

7http://www.semana.com/nacion/articulo/de-calle-dice-no-farc-por-que/346491-3
8http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-12877944
9Así se expresaron Fernando Carrillo, el exministro del interior; Rodrigo Uprimny y César Rodríguez Garavito, miembros de Dejusticia; el congresista Guillermo Rivera y los columnistas Francisco Gutiérrez Sanín, María Elvira Samper y Patricia Lara.
10Se pronunciaron en este sentido los columnistas Sergio Ocampo Madrid, Óscar López Pulecio y Guillermo Perry; el profesor Mauricio García Villegas, y Antonio Navarro Wolf.
11No sobra recordar que durante su gobierno, el expresidente Uribe autorizó a que en el escenario de un diálogo exitoso con las FARC se convocara a una Asamblea Constituyente.
12Estas opiniones fueron manifestadas por el profesor y columnista Darío Acevedo Carmona, los columnistas Mauricio Vargas y Luis Guillermo Restrepo Satizábal.

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