“Cambiemos” en Argentina, y la política de memoria, verdad y justicia: las dudas persisten

on Lunes, 30 Noviembre 2015. Posted in Artículos, Mauricio Macri, Cambiemos, Cristina Fernández de Kirchner, Daniel Scioli, Edición 70, Argentina, Camilo Andrés Galindo, Internacional, Memoria histórica

70 Camilo

Si bien la política de memoria, verdad y justicia en Argentina ha podido avanzar por decisiones del poder político y judicial, fue el rol activo del movimiento de derechos humanos el que permitió e impulsó que esta agenda fuera asumida como política de Estado y, tal y como señaló el presidente de la Corte Suprema de la Nación, hoy sea considerada como parte del contrato social de la sociedad argentina.

 
Camilo Andrés Galindo
Fuente de la imagen: www.biblioteca.fadu.uba.ar

La elección de Mauricio Macri, candidato del partido conservador “Propuesta Republicana” (PRO), como presidente de Argentina por un cerrado margen frente al candidato oficialista, Daniel Scioli, ha generado múltiples preocupaciones en sectores sociales y actores políticos por una eventual revisión y desmantelamiento de los juicios contra los responsables de delitos de lesa humanidad en la última dictadura cívico-militar en ese país, así como de la política de memoria, verdad y justicia que impulsaron durante sus mandatos Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner.

Un reciente editorial del diario derechista La Nación, en el cual este medio de comunicación hace un llamado al nuevo gobierno nacional para que revise estos temas, dado que, según su opinión, la política de memoria, verdad y justicia no es más que una venganza contra los militares, sirvió como excusa para poner en el debate público la posición del nuevo poder ejecutivo respecto de esta cuestión. Durante la campaña presidencial, Macri había guardado silencio sobre estos temas (ejemplo claro de esto fue que en el único debate televisivo, las respuestas sobre seguridad y los juicios de lesa humanidad de los dos candidatos se centraron en la primera cuestión, omitiendo la segunda) y una de las pocas alusiones al tema fue para señalar que con su elección se acabaría “el curro (trabajo) de los derechos humanos”, por lo cual era urgente aclarar cuál iba a ser la línea en este tema: la respuesta fue que los juicios de lesa humanidad seguirán y que el poder judicial tendrá toda la independencia para seguir su tarea.

La necesidad de tomar una posición en este aspecto no era menor. Las cifras presentadas por el Ministerio Público Fiscal en Argentina demuestran la envergadura del proceso de justicia, por lo cual cualquier decisión que pusiera en duda su continuidad afectaría la legitimidad política con la cual el gobierno Macri pretende iniciar esta nueva gestión nacional. A septiembre de 2015, existen 147 causas judiciales con sentencia, 116 con llamado a juicio, 18 en juicio actual y otras 233 están en etapa de instrucción (etapa previa al juicio en la cual se centra la investigación iniciada en las etapas preliminares). Hay 622 personas condenadas por este tipo de delitos, 883 procesadas, 11 sobreseídas y 57 absueltas1.

Ahora bien, a pesar de lo importante que significa que el presidente electo señale expresamente que los juicios seguirán, su respuesta es muy limitada y deja abierta otra serie de dudas en torno a la continuidad de la política de memoria, verdad y justicia o, por lo menos, su alcance. En primer lugar, porque la independencia judicial, como carta de garantía para el avance de los juicios, se choca con una realidad en la cual la conformación del poder judicial no siempre está sustentado sobre criterios de meritocracia e independencia, sino que, en muchas ocasiones, está condicionado por relaciones con el poder político y económico, así como la pertenencia de los funcionarios (o pretensión de pertenencia) a sectores hegemónicos. Para la investigadora argentina, María José Sarrabayrouse, “la carrera judicial, entendida como espacio de formación y adiestramiento profesional de los empleados y funcionarios judiciales, no existe, lo que sí existe (…) es una serie bastante amplia de obstáculos, “toques”, contactos y ascensos por los que deberán pasar aquellos que pretendan llegar a jueces2.

Lo anterior cobra especial importancia en la coyuntura actual, en la cual el proceso de justicia se está enfocando en la investigación y juzgamiento de civiles que participaron en la última dictadura, muchos de los cuales pertenecieron y pertenecen a sectores como el empresarial, eclesial y judicial. En este último caso es donde la independencia de los jueces, de la cual toma mano Macri para sustentar su posición, puede llegar a constituir un obstáculo para el avance de estos casos, pues, por un lado, el poder judicial en Argentina ha sido altamente endogámico y corporativo, lo que condiciona las actuaciones de funcionarios judiciales cuando se trata de investigar y juzgar a otros de su misma procedencia. Y, por el otro, la no intervención de los poderes políticos en el proceso de memoria, verdad y justicia (como podría interpretarse la posición macrista cuando se refiere al respeto de la independencia), lejos de garantizar que los juicios avancen, podría constituir una delegación de dicha política a un poder que, como el judicial, ha sido altamente impermeable a los controles políticos, jurisdiccionales y ciudadanos.

En segundo lugar, porque en la campaña política no hubo ninguna referencia a cuáles serán las propuestas legislativas y ejecutivas para mantener la política de memoria, verdad y justicia. En este aspecto los antecedentes son preocupantes, pues el PRO fue el único partido político que se abstuvo de votar una ley impulsada por el Frente para la Victoria (Cristina Fernández de Kirchner) en la cual se prohibieron las amnistías e indultos para delitos de lesa humanidad. La explicación que dio en su momento esta fuerza política fue bastante pobre: que este tipo de decisiones son potestad del poder ejecutivo, por lo cual plasmar dicha prohibición en una ley era usurpar sus funciones.

En tercer lugar, porque hay decisiones administrativas que están en cabeza del gobierno nacional, que dependen discrecionalmente de su voluntad política, por ejemplo, la gestión de los espacios de memoria. Eduardo Jozami, director del “Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti” ha planteado que los espacios que eran administrados por la ciudad de Buenos Aires (mientras era jefe de gobierno –alcalde-, Mauricio Macri) fueron traslados a la órbita del poder ejecutivo nacional en notable estado de abandono, lo cual no es un antecedente positivo si tomamos en cuenta que ahora deberá ser él, como presidente, quien debe administrarlos y gestionarlos.

A pesar de estas preocupaciones, lo cierto es que, si bien la política de memoria, verdad y justicia en Argentina ha podido avanzar por decisiones del poder político y judicial, fue el rol activo del movimiento de derechos humanos el que permitió e impulsó que esta agenda fuera asumida como política de Estado y, tal y como señaló el presidente de la Corte Suprema de la Nación, hoy sea considerada como parte del contrato social de la sociedad argentina.

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1Ministerio Público Fiscal. Procuración General de la Nación, “El estado de las causas por delitos de lesa humanidad en Argentina. Datos actualizados a 30 de septiembre de 2015”, Buenos Aires, Argentina, octubre de 2015, pp. 5-11.

2Sarrabayrouse, María José, “Poder judicial y dictadura. El caso de la morque”, Buenos Aires, Argentina, Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), 2001, p. 84.

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